miércoles, 1 de septiembre de 2010

¿QUIÉN (DIJO QUE) ERA LIBERAL?



Gonzalo Gamio Gehri


Sorprenden los dos últimos editoriales de Correo. No por la cuestionada calidad de sus argumentos, sino por lo reveladores que son, pues ponen de manifiesto los espantosos prejuicios de su autor. Se explica porqué es el “líder de opinión” más querido por quienes cultivan el conservadurismo político de corte autoritario y el militarismo, los religiosos ultramontanos "reaccionarios", los fujimoristas nostálgicos, los predicadores de Facebook contra los derechos humanos, etc. Probablemente estas dos notas muestran de un modo particularmente cristalino el antiliberalismo del autor.

Las dos columnas han sido escritas contra la candidatura de Susana Villarán, que está consolidándose en las dos últimas semanas. Aunque está en un segundo lugar, a cierto sector de la opinión pública le aterra la posibilidad de que Villarán se convierta en alcaldesa de Lima (paradójicamente, ese pánico refuerza su posición y legítimas pretensiones políticas). Inicialmente, Villarán era blanco de bromas generadas desde ese diario inspiradas en el improvisado rótulo “caviar”. Se la sindicaba como izquierdista Light, como una lideresa de una izquierda que había abandonado la seriedad del marxismo para abrazar “causas cívicas”, consideraciones ecológicas, etc. Ahora, cuando la campaña arrecia, han cambiado la estrategia: se la acusa de cavernaria, marxista “premoderna”, supuestamente próxima a los sectores pro-subversivos. Quien lea Correo con frecuencia podrá detectar el cambio de discurso con precisión.

En la columna del 31, el periodista se lamenta con cierta desesperación de que un segmento del “sector A” tenga pensado votar por Villarán. Primero se apela al viejo argumento (‘comunista’) de la “conciencia de clase”: el 'sector A' no debería votar contra sus intereses (de clase), pues sería un “voto suicida”. Luego intenta “explicar” esa actitud “argumentando” (en realidad, no ofrece ninguna prueba para sustentar sus "intuiciones") que ese sector acomodado de la población ha practicado la endogamia, que se han reproducido entre ellos, generando una serie de “taras” físicas y mentales (por eso describe ofensivamente a ese grupo como “el otro electarado”). Es decir, pretende “explicar” una posición política que no comparte invocando espurias hipótesis “biológicas”. La presunta victoria final de la materia sobre el espíritu. Esta clase de discurso ligero, infundado y agresivo resulta no sólo cuestionable, sino francamente irresponsable y de una mala fe infame. Estas opiniones suyas han sido calificadas como racistas; Gustavo Faverón las ha identificado con el punto de vista de una especie de Goebbles inarticulado. Las penosas consideraciones "genéticas" de Mariátegui son torpes y malintencionadas. Sea como sea, no se trata de una interpretación que calce - para nada - con los principios del liberalismo político.

En la nota de hoy, el director de Correo intenta sostener que Villarán es una radical que levanta el puño como Abimael Guzmán. Así de simple y de invertebrada es su "idea". Ni una palabra sobre su plan para Lima (descalifica sus ideas, pero no dedica ni una línea a exponer su crítica). Su posición ha sido descrita con razón como macartista, pues apunta a descalificar a Villarán etiquetándola como “izquierdista”, incluso intentando mezclarla maliciosamente con grupos vinculados a la subversión. Pretende que imponerle el rótulo bastará para descartar su candidatura como una alternativa política con sentido. La trayectoria de Villarán revela su compromiso con la paz y los derechos humanos, no tiene sentido intentar erosionar su candidatura apelando a ese tipo de murmuraciones, que ensombrecen esta campaña. Del mismo modo, animalizar a quien discrepa constituye una argucia malsana que nada tiene que ver con la deliberación liberal. Olvida Mariátegui que el liberalismo político intenta configurar un espacio público en el que estén presentes todas las ideologías y concepciones de la vida (“doctrinas comprensivas”) que suscriban una concepción política de la justicia fundada en los principios del estado constitucional de derecho (incluidos los derechos humanos y las libertades públicas). Quedan excluidos aquellos grupos que predican la violencia como método para la captura - o la preservación - del poder. En ese sentido, realmente se sitúan fuera del juego democrático tanto la extrema izquierda como la extrema derecha. Si lo que el autor busca es confrontar a Susana Villarán, que recurra a otra estrategia, que discuta su programa. En lugar de intentar atemorizar a la población con el "cuco socialista", debería examinar las ideas y las propuestas. El antiliberalismo de sus últimas notas se divisa desde lejos.

viernes, 27 de agosto de 2010

IF CVR: SIETE AÑOS Y MUCHAS BATALLAS PENDIENTES




Gonzalo Gamio Gehri


Hoy se cumple un año más de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Muchos ciudadanos reacuerdan el hecho con interés y a la vez con preocupación, dada la abierta hostilidad de nuestra “clase política” frente a los temas de derechos humanos y reparaciones. El trabajo de la Comisión ha sido sin duda importante. La CVR configuró un espacio para la construcción de la memoria de las víctimas, particularmente en las Audiencias Públicas. Dichos testimonios fueron contrastados con otras versiones de los hechos y con el trabajo de los especialistas en antropología forense, psicología, ciencias sociales, derecho y otras formas de investigación científica sobre la violencia y sus efectos, de modo que el relato final que la Comisión entregó a la ciudadanía reconstruyese con una mayor fidelidad lo sucedido en esos años de dolor y terror. Por supuesto, el Informe aportó a su vez una interpretación general del conflicto armado interno – revisable, perfectible, pero rigurosa – que se nutrió de los testimonios y de los estudios empíricos.

La recuperación crítica de la memoria desarrollada en los procesos de justicia transicional se diferencia de las “historias oficiales”, básicamente, en virtud de dos puntos. En primer lugar, por su carácter crítico, en tanto pretende a la vez acercarse a la ‘verdad’ en su sentido práctico, el imperativo de retratar de manera fidedigna la injusticia sufrida – desenmascarando mitos y formas de manipulación explícita del pasado –, con el fin de conjurar la injusticia y establecer medidas de naturaleza legal y política para garantizar la paz y la inclusión de las víctimas en la vida cívica. En segundo lugar, por su carácter público, dado que la memoria se configura a través de la deliberación de los ciudadanos en espacios compartidos. Mientras una “historia oficial” es elaborada por pocas mentes y en nombre de propósitos de conducción política (en el sentido del ejercicio y la conservación del poder), la recuperación pública de la memoria convoca a las diversas voces presentes en la sociedad, en particular – aunque no de manera exclusiva – las de las víctimas.

Ese ha sido el propósito de la CVR. Lamentablemente, en los últimos años –particularmente con el ascenso de Alan García y el APRA al poder en 2006– las políticas transicionales en el Perú experimentan un serio retroceso, tanto en materia de reparaciones como en relación a las formas de reconstrucción de la memoria. Salomón Lerner ha sostenido con suma claridad que en el Perú de hoy opera un proceso de “indisimulada restauración conservadora” en materia de políticas de derechos humanos que cuenta con el respaldo del gobierno actual y de un sector importante de los políticos en actividad[1]. La judicialización de los casos de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado es un proceso que se ha estancado. La Comisión de Reparaciones no cuenta ya con un presupuesto razonable que le permita concluir con la elaboración de un necesario Registro Único de Víctimas. Los intentos por incorporar las conclusiones del Informe Final de la CVR como tema de discusión en la escuela pública han sido bloqueados desde el poder ejecutivo y el Congreso. Incluso el proyecto de construcción de un Lugar de Memoria en el que se recuerde a las víctimas del conflicto armado interno y se dialogue en torno al destino de las políticas de derechos humanos en el Perú –que contaba con financiamiento del Estado alemán – estuvo a punto de ser rechazado por el gobierno peruano.


[1] Cfr. Lerner, Salomón, “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación, Hatun Willakuy, op.cit., pp. I-X.

miércoles, 25 de agosto de 2010

REFLEXIONES DE PROFESORES DE LA PUCP EN TORNO A LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD


Los doctores Walter Albán, Fidel Tubino, Catalina Romero y Marcial Blondet comentan el masivo apoyo de los más de 600 docentes de la Católica que respaldan la posición de la Universidad en el conflicto con el Arzobispo de Lima.


“Está en juego un modelo de universidad”
DR. WALTER ALBÁN
Decano de la Facultad de Derecho

“Los docentes hemos seguido con mucha atención el conflicto. Si alguno todavía dudaba de una expresión más pública de lo que opinábamos, comunicados aparecidos en las últimas semanas terminaron de persuadir de que no era lógico mantener en casa este sentimiento compartido. Nos referimos al comunicado de un grupo de obispos y al que apareció para Fiestas Patrias. Este último fue un comunicado extraño, donde figuraban no solo reconocidos hombres de empresa, sino también políticos e incluso autoridades jurisdiccionales como el presidente del Poder Judicial y el de la Corte de Lima. Por todo esto, se hacía necesaria también la voz de los profesores.

Esta iniciativa surge desde los propios profesores, no de las autoridades de la PUCP. Más o menos 600 profesores firmaron el pronunciamiento, pero estoy recibiendo reclamos e interrogantes de docentes que habían hecho llegar sus firmas, pero no aparecieron por motivos logísticos. Calculo que tranquilamente estaríamos hablando de más de 700 docentes. Además, se publicarán en la web más firmas que se están recibiendo en estos días. Muchos no se han enterado porque ha habido vacaciones.
Independientemente de las cuestiones jurídicas, lo más importante para el país es lo que está en juego: un modelo de universidad que profesores y estudiantes defendemos. No es un tema exclusivamente patrimonial o judicial. Hemos construido un modelo de universidad que hoy amenazan.

Iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: es una decisión. El ingreso del caso a esta entidad tendrá un efecto jurídico importante. Jurídicamente, significará que la decisión del Tribunal Constitucional será revisada en el sistema internacional. Esto implica que entonces no hay nada resuelto, como se ha insistido majaderamente. El proceso continúa conforme a canales que la Constitución ha previsto”.


“Por ser católica no deja de ser universidad”
DR. FIDEL TUBINO
Decano de Estudios Generales Letras

“Los profesores creemos que el tipo de universidad en el que creemos y queremos continuar construyendo está en jaque por el diferendo con el Arzobispado. Estamos por una universidad que por ser católica no deja de ser universidad. Es decir, un espacio dedicado a la investigación y la formación integral, crítica y reflexiva. Solo se puede hacer si hay pluralismo y libertad. Es lo propio de la universidad: la confrontación respetuosa de ideas. Se debe preservar esto tanto en investigación como formación.

Además, no solo es importante hablar de democracia, sino practicarla. La universidad es una escuela de democracia. Que se autogobierne a través de representantes designados en elecciones transparentes y libres es inherente al modelo que hemos optado. Eso también está en jaque. Queremos que se preserve y se perfeccione, no retroceder a un modelo jerárquico y autoritario de universidad. Asimismo, creemos que es muy importante el compromiso de la Universidad con la justicia y el desarrollo inclusivo del país. Por eso, expresamos nuestro apoyo a la posición de la Universidad.

No estamos esperando algo específico. En el fondo, buscamos que se conozca la posición de los profesores y que nuestras autoridades cuentan con nuestro respaldo en la posición que la Universidad tiene en este conflicto. Además, es una muestra de respaldo que debe tener la Universidad ahora que iremos a un tribunal internacional.

A los estudiantes, les diría que estén atentos, alertas, que se informen, discutan y se involucren. Es importante no solo para ellos sino para el país. Un tipo de universidad democrática, al servicio del desarrollo y la justicia, donde se privilegia la excelencia académica, tanto en la formación como en la investigación, es algo que el país necesita que se extienda. La universidad no es un espacio de adoctrinamiento. La ideologización es la negación de la formación universitaria, en cualquier sentido.

Quienes consideran que nos estamos peleando por un predio, se están quedando en un nivel muy aparente, pero hay niveles más profundos. Por eso hay una preocupación y adhesiones. Pero también hay la confianza de que saldremos fortalecidos. Todo esto nos ha unido y nos ha obligado a repensar la universidad”.


“La Universidad está siendo fortalecida en sus principios”
DRA. CATALINA ROMERO
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales

“Las actuales circunstancias nos han hecho pensar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Nos sentimos parte de una comunidad universitaria, de docentes, estudiantes y trabajadores, con un modelo educativo que toma en cuenta los diferentes aspectos del país, que busca ser inclusivo, abierto a todos y que se desarrolla en el respeto a las maneras de pensar de todos, con valores de pluralismo. Es importante remarcar la identidad católica de la Universidad, también por nuestro contacto con iglesias locales, a las que aportamos de distintas maneras a su trabajo pastoral, pero sobre todo desde nuestros saberes, que son importantes para ellos.

Nuestro pronunciamiento recoge una reflexión sobre lo que hacemos. No es un tema de coyuntura, sino algo que nos cuestiona y reafirma en lo que hacemos. Tenemos una manera particular de ser universidad católica que es reconocida internacionalmente, porque tiene muy buenos resultados. Somos muy rigurosos en la investigación y el saber científico. Además, somos plurales y tenemos un gobierno autónomo. Somos una comunidad laica que se autogobierna y lo hacemos bien, guardando relación con la Iglesia. El problema que atravesamos ahora es duro para nosotros. Nos da pena que se apele a un tema de herencia, algo que estaba saldado, reconocido, solucionado y se reabre, desconociendo todo lo que se estaba avanzando.

Se espera que la comunidad universitaria y la sociedad civil entiendan que somos una comunidad docente confiable, de alto nivel, con valores cristianos. El pronunciamiento es un respaldo a nuestras autoridades democráticamente elegidas. Están conduciendo este proceso muy bien y cuentan con nuestro respaldo. Cada uno seguirá expresándose como lo ha hecho hasta ahora y si surge otra iniciativa que nos convoca a todos, se conversará”.


“No podemos ser indiferentes”
ING. MARCIAL BLONDET
Decano de la Escuela de Posgrado

“La Universidad está en peligro. Lo menos que podemos hacer los profesores es apoyar al equipo rectoral en este conflicto. Nos sentimos completamente identificados con la cultura institucional que tiene la Universidad, donde no hay ninguna restricción respecto a las ideas. Hay libertad de cátedra total. Se respira un aire de libertad y armonía. Todo esto está amenazado y debemos trabajar para proteger la Universidad.

Ya era hora de que los profesores nos pronunciemos. Venimos conversando esta idea varios meses. No hemos sido indiferentes; al contrario, entre los profesores hay una preocupación muy grande por este problema. Primero, hay un cariño y compromiso enorme con la Universidad. Luego, una identificación con la forma como el rectorado está enfrentando este problema. Ahora que el juzgado está recibiendo muchas presiones, era un buen momento para decir que estamos con nuestro equipo rectoral.

Lo importante es que haya una buena campaña de comunicación acerca del conflicto y las posibles consecuencias. La comunicación debe ser más fluida, transparente, menos técnica, para que todos entiendan y decidan libremente. Obviamente, buscamos energizar a la comunidad en apoyo de nuestra Universidad. Quiero contribuir a que la posición de la Católica se conozca mejor y reciba el mayor apoyo posible. La incertidumbre nos acongoja, pero con la verdad y una información continua y clara, estaremos más tranquilos. Estamos convencidos de que tenemos la razón.

Esto tiene para largo y los profesores seguiremos trabajando para apoyar a la Universidad. No obligaremos a nadie: ese es el espíritu de la casa. Pero seguiremos organizados, vigilantes, informados y nos pondremos a disposición del Rectorado para trabajar juntos en lo que sea necesario. Si se necesita otro comunicado o lo que sea, lo haremos. No vamos a quedarnos sentados sin hacer nada”.



(Fuente: Punto Edu)

domingo, 22 de agosto de 2010

UN ARTÍCULO DE CARLOS GARATEA SOBRE LA PUCP Y LOS TESTAMENTOS DE RIVA-AGUERO


CHISMES SOBRE DON JOSÉ








Carlos Garatea G.




Lima es una ciudad chismosa. A los limeños nos gusta el chisme. Hay chismes de todo tipo. Ellos se renuevan con impresionante velocidad. Lo penoso es cuando un chisme, de repetido, es tomado como un hecho real, algo cierto.


Digo penoso porque ello no le hace bien a una sociedad ni a un país. Muchas veces es la vía para el agravio personal y la manipulación; en otras, solo muestra mala fe o ignorancia. Se vio con claridad en relación con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin haberlo leído, algunos políticos lanzaron afirmaciones que de repetidas y repetidas parecen ahora verdades inamovibles aunque no tengan un ápice de sustento. Jugaron con los chismes y se los creyeron ellos mismos.


También ocurre ahora con la voluntad de Riva-Agüero. Muchos de los que hablaron mal de la CVR, hablan mal ahora de la PUCP. ¿Simple coincidencia? Opinan sin leer el texto o solo repiten lo que otros dicen que dijo Riva-Agüero. La última voluntad de don José está en sus testamentos. Para empezar, son dos testamentos los que están en el centro del problema. Uno de 1933, otro de 1938; el primero, emitido ante el notario Agustín Rivero, tiene una parte abierta y otra cerrada; el segundo es el llamado ológrafo. El chisme dice que solo vale el último. ¿Qué quería Riva-Agüero? Como es obvio, él sabía que dejaba más de un testamento y, como buen abogado, sabía también qué significaba ello y dominaba qué era ser heredero, propietario y el significado de usufructo. Riva-Agüero indica qué hacer ante sus testamentos. Copio textualmente del ológrafo, es decir, el de 1938: “(…) otorgo este mi testamento ológrafo, para que amplíe y modifique mi anterior testamento que otorgué hace años ante el Notario Rivero Hurtado (…) Las disposiciones de este testamento cerrado quedan vigentes en cuanto no se opongan a las del presente (…)”. El párrafo es claro. No es un chisme, es la regla que da Riva-Agüero. Es su voluntad. Quiere que sus testamentos se integren en lo que no se opongan.


Un ejemplo de oposición. En el de 1933, establece que, entre los tres integrantes de la Junta Administradora, uno será “un representante del Arzobispo de Lima” (Cláusula 19); en el de 1938, da una lista de personas que se sucederán y solo “cuando hubieren muerto o estuvieren impedidos todos los mencionados” entrarán el rector de la Universidad y el “designado por el Arzobispo de Lima” (Cláusula 5). La oposición es evidente y, de acuerdo con la regla señalada por él, vale el último; es decir, la junta tiene una persona designada por el arzobispo. No es ya su representante. Lo que se mantiene es que Riva-Agüero no quiere que el arzobispo integre la junta; incluso, en 1938, lo desvincula del funcionamiento de ella cuando deja atrás a la persona que representa al arzobispo y, en su lugar, incorpora a una que este únicamente designa.


La supuesta controversia viene de lo siguiente. El testamento de 1933, dice a la letra: “Instituyo por mi heredera a la Universidad Católica del Perú, la que tendrá el usufructo de mis bienes, recibiendo sus productos de la Junta Administradora; y los adquirirá en propiedad absoluta dicha Universidad Católica del Perú, entregándoselos la Junta Administradora solo si la Universidad Católica existiere el vigésimo año contado desde el día de mi fallecimiento” (Cláusula 7). Fue claro don José. Una junta por veinte años. Pasados estos, la Universidad adquiere la propiedad absoluta. La junta cesa. ¿Y si antes desaparecía la Universidad? Dice Riva Agüero: “Si al cumplirse el vigésimo año de mi muerte, no existiere en forma alguna la Universidad Católica del Perú […] cesará la junta administradora y pasarán mis bienes, en una mitad, a la fundación de becas […]” (Cláusula 21). Otra vez, veinte años como tiempo de vida de la junta. De manera que luego de veinte años, con o sin Universidad, la junta termina.


En el testamento de 1938, dice: “Para el sostenimiento de la Universidad Católica de Lima, a la que instituyo por principal heredera y para los demás encargos, legados y mandas, que en mis testamentos cerrados establezco, pongo como condición insustituible y nombro como administradora perpetua de mis bienes, una junta que será al propio tiempo la de mi albaceazgo mancomunado, por indeterminado plazo, que se lo concedo y prorrogo de modo expreso […] Si por cualquier caso o disposición legal, no pudiere heredar la Universidad Católica, la misma junta antedicha será la Fundación que me heredará […]” (Cláusula 5).


¿Se oponen ambas cláusulas? No. Por tanto, la voluntad de don José era integrarlas. ¿Qué se mantiene? Que la Universidad Católica es la principal heredera y que será propietaria absoluta. ¿Cuándo? Veinte años después de la muerte de Riva-Agüero. Durante esos veinte años, solo tiene el usufructo, según el testamento de 1933, y la junta le dará los productos que le sirvan para su sostenimiento, como dice en 1938. ¿Qué se modifica? La temporalidad de la junta. En el testamento de 1933, es de veinte años; en el de 1938, es perpetua. ¿Es permanente también para la Universidad Católica? No. Administra todos los bienes pero, pasados veinte años, la Universidad deja de estar bajo su dominio porque adquiere la propiedad absoluta, y sigue para lo demás, a diferencia del testamento de 1933, que a los veinte años cesaba indefectiblemente. ¿Riva-Agüero quiere eso? Sin duda que sí, solo así se entiende que al final de la cláusula 5 del testamento de 1938 se ponga en el caso de que no se consume la herencia, es decir, la transferencia de propiedad, a la Universidad, y, en ese supuesto, la misma junta antedicha será la Fundación que me heredará (sic). Es el mismo supuesto señalado en 1933 ante la posibilidad de que la Universidad no existiera a los veinte años de su muerte. Entonces, para Riva-Agüero, ¿cuándo se consuma la transferencia? A los veinte años, como dice en 1933. Por tanto, ¿por cuántos años encarga a la junta los bienes heredados a la Universidad? Por veinte años. Esta es la voluntad de Riva-Agüero. La pone por escrito. Lo demás son chismes o mala fe.

miércoles, 18 de agosto de 2010

LA PARADOJA LIBERAL


David Villena Saldaña


Hace cuarenta años Amartya Sen afirmó haber demostrado que el liberalismo se encuentra en irremediable conflicto con criterios mínimos de eficiencia[1]. En este sentido, una sociedad liberal estaría condenada a ser ineficiente, y, por lo mismo, quienes aspiran a construir una sociedad de acuerdo con parámetros de eficiencia no podrían permitirse la promoción de valores liberales.

La tesis es en lo absoluto trivial. El argumento es, sin embargo, suscinto y concluyente. Según éste, una sociedad es liberal si satisface la condición (L*).

(L*)Hay al menos dos individuos tales que para cada uno de ellos, hay al menos un par de alternativas sobre las cuales él es decisivo, esto es, hay un par de x,y, tales que si él prefiere x sobre y, entonces la sociedad debe preferir x sobre y, y siél prefiere y sobre x, entonces la sociedad debe preferir y sobre x.

(L*) supone al menos una situación en donde el individuo tenga libertad de elegir. Así, por ejemplo, que yo duerma de lado o boca arriba es algo que cae exclusivamente dentro de mi ámbito de decisión. Yo soy decisivo sobre este punto y, por tanto, mi preferencia debe en último término ser suscrita por la sociedad – o, dicho en otras palabras, nadie puede obligarme a actuar en contra de mis preferencias en ámbitos en donde yo tengo libertad.Si prefiero dormir de lado que boca arriba, la sociedad debe preferir que duerma de lado a que lo haga boca arriba.

(L*) define una versión debilitada y poco comprehensiva del liberalismo.El dominio de individuos libres que componen la sociedad liberal hipotética no se asume irrestricto o cuantioso. Se trata únicamente de dos sujetos – obviamente, si queremos reducir el número de individuos libres a uno, no podría hablarse más de sociedad liberal, habría, en todo caso, una especie de tiranía.Tampoco se habla de varias libertades. Hay tan sólo una libertad. La virtud del argumento de Sen es precisamente ésta. Pues si el liberalismo presenta problemas en su versión más reducida, también deberá presentarlos en las concepciones más globales, donde haya más individuos y libertades en juego.

La eficiencia social se define en función de (P*).

(P*) Si todo individuo prefiere cualquier alternativa x sobre otra alternativa y, entonces la sociedad debe preferir x sobre y.

(P*) es una versión debilitada del Principio de Pareto. Sen muestra que (L*) está en conflicto con (P*).

Considérese que los individuos referidos en (L*) son (1) y (2), y que los dos pares de alternativas correspondientes son (x,y) y (z,w). Pensemos, además, que las alternativas son diferentes entre sí. (1) prefiere a x sobre y; mientras que (2), a z sobre w. Todos en la sociedad, incluyendo a (1) y (2), prefieren a w sobre x, así como a y sobre z. Entonces, tenemos:

(1): x>y

(2): z>w

Sociedad incluyendo (1) y (2): w> x

Sociedad incluyendo (1) y (2): y>z

Por tanto:

(1): w>x>y>z

(2): y>z>w>x

Por (L*) la sociedad debe preferir x>y, z>w

Por (P*) la sociedad debe preferir w>x, y>z. (Pues todos incluyendo a (1) y (2) consideran preferible a w sobre x y a y sobre z.)

En consecuencia, (L*) sugiere favorecer a x y z sobre yyw, mientras que (P*) sugiere hacer precisamente lo contrario, es decir preferir a w e y sobre x y z. Hay, en estos términos, una manifiesta contradicción entre el liberalismo y el principio de eficiencia. Una sociedad liberal no será óptima en sentido paretianoy una sociedad paretiana no será liberal. Esto no es inocuo. La demostración nos coloca frente a un dilema: o buscamos la eficiencia o procuramos la libertad individual.

Ahora bien, reparemos en (L*), aunque tal como se le ha interpretado es una condición mínima, resulta también ambiciosa en algún sentido.La lectura de Sen parece indicar que en una sociedad liberal tener derecho a x, significa que x debe darse y no y. Perosi yo prefiero ax sobre y, ello quiere decir únicamente que tengo derecho a que la sociedad no me obligue a hacer y, al tiempo de que no trabe de modo alguno mi realización de x. Tener derecho a x, no quiere decir que x se debe dar, sino que no exista obstáculos deliberados para que yo o alguien más lo ponga en acto. Esta concepción de libertad es negativa. Si Sen pretende pintar un cuadro mínimo del liberalismo, éste debe tener anexo un concepto negativo y no positivo de libertad.

Que yo prefiera dormir boca arriba antes que hacerlo de lado, implica que tengo derecho a dormir boca arriba. Este derecho me asegura que nadie impedirá que yo duerma como me place. De este modo, los medios que me procura el derecho son negativos, no efectivos. Al exigir el derecho de dormir boca arriba, no reclamo el estado de dormir boca arriba, sino que nadie me lo impida en caso de que esté a mi alcance – si, por ejemplo, está a mi disposición una superficie lo suficientemente amplia para alojar mi espalda.

La paradoja se disuelve. Como suele ocurrir en estos casos, la deducción ha sido limpia. El problema se encuentra, más bien, en las definiciones a partir de las cuales se ha realizado.Pues sucede que la relación de preferencia no es equivalente entre individuo y sociedad. Por tanto, la combinación de categorías es imposible. Cuando el individuo prefiere un estado sobre otro, no pasa que la sociedad lo secunde prefiriendo aquél sobre éste. Ella no prefiere nada. Su rol es negativo. Se limita a no impedir la consecución de los objetivos del individuo. Permite acciones, no concede estados[2]. Si éste es el liberalismo mínimo, sobre él no se puede aplicar las operaciones lógicas sugeridas por Sen, y, así, resulta inviable arrastrar desde este marco la acusaciónde ineficiente a toda otra forma liberal.


[1] Cf. Amartya Sen, “The Impossibility of a Paretian Liberal,” en Journal of Political Economy 78:1 (1970): 152-157.

[2] Cf. Keith Dowding, “Social Choice and the Grammar of Rights and Liberties,” en: Political Studies, 52 (2004): 144-161.

miércoles, 11 de agosto de 2010

CREONTE Y LA CEGUERA VOLUNTARIA. UNA NOTA SOBRE "ANTÍGONA"


Gonzalo Gamio Gehri

Hace un tiempo – con ocasión de una discusión interesante en torno a la epistemología de las ciencias sociales – examinamos lo que describimos como el Principio de lucidez, que nos exige considerar los matices y claroscuros que presenta la realidad como la base de nuestro discernimiento. Constituye un principio práctico crucial, y en su momento sostuvimos que procede de los griegos. Efectivamente, tanto en la tragedia como en la Ética de Aristóteles encontramos este principio implícito, por ejemplo, en la crítica de toda concepción ética que no toma en cuenta los objetos de experiencia - tà phainómena - como elemento para la deliberación. No observar el Principio de lucidez implica incurrir en hybris.

Quizá uno de los más célebres trasgresores de este principio es Creonte, el rey de Tebas, cuñado de Edipo y protagonista de Antígona. Él ordena dejar insepulto el cadáver de Polinices, quien había matado a su hermano Eteocles, en un contexto en que lideraba una invasión argiva contra su propia patria. Hemos hablado de las terribles consecuencias de la prohibición del duelo y del entierro en el mundo helénico. Como Antígona se rehúsa a acatar el edicto, en estricta observancia de las leyes de la Hélade, que ordenan enterrar al muerto, más allá de sus deudas con la comunidad. Primero Hemón, el coro de ancianos tebanos y luego Tiresias intentan hacerlo recapacitar, mostrando ante sus ojos la realidad y los posibles efectos de su decisión. Sin embargo, él elige no ver lo que está en juego. El adivino indica con claridad cómo los ciudadanos y los propios dioses desaprueban su actitud, al punto que su tozudez está precipitando a la comunidad misma a la ruina, enemistándola con los dioses que protegen la familia:

“La ciudad sufre (…) a causa de tu decisión. En efecto, nuestros altares públicos y privados, todos ellos, están infectados por el pasto obtenido por aves y perros del desgraciado hijo de Edipo que yace muerto. Y, por ello, los dioses no aceptan ya de nosotros súplicas en los sacrificios, ni fuego consumiendo muslos de víctimas, y los pájaros no hacen resonar ya sus cantos favorables por haber devorado grasa de sangre de un cadáver”[1].

Lo que describe Tiresias es una situación de sacrilegio que se sigue de los actos arbitrarios de Creonte, y que afecta a todos al interior de la pólis. Creonte descubre tarde la gravedad de su error, los terribles costos de su nula disposición a la reflexión, a reparar en aquello que no ha tomado en cuenta a la hora de decidir, y que constituye la ‘medida correcta’ para la acción. Sufrirá por su ceguera. Los espectadores de la obra, por su parte, recordarán en qué medida – como dice Tiresias – la buena deliberación es la mayor de las riquezas. A juicio de Sófocles, no existe forma de excelencia humana que no pase por la ponderación racional de lo que es verdadero y pertinente, según la proporción correcta. Saber reconocer cuál es esa proporción (en cada uno de los asuntos de la vida) constituye a la vez el secreto y la clave de la recta deliberación.



[1] Sófocles, Antígona 1015 – 23.

CASO PUCP: NOTA DE PRENSA DEL RECTORADO


Ante la inmensa presión ejercida contra el Poder Judicial a fin de que no se administre justicia en los casos que debaten el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero, nuestro Rectorado publica la siguiente nota de prensa.


Presión indebida sobre el Poder Judicial


Durante la semana pasada hemos asistido a una inmensa presión ejercidacontra el Poder Judicial, a fin de que no se administre justicia en los casos que debaten el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero.

La presión ha sido aplicada contra el Juzgado Civil de Lima, que lleva adelante dos procesos iniciados paralelamente por el Arzobispado y por la Universidad. Se ha pretendido que se den por concluidos los juicios que actualmente se tramitan y se apliquen los considerandos de la sentencia emitida hace casi cuatro meses por el Tribunal Constitucional en un amparo llevado adelante por las mismas partes.

Esta es una presión contraria a las reglas de la ética más elemental y, además, es ilícita. Al Tribunal Constitucional no le corresponde interpretar testamentos y sus fallos al respecto no pueden ser vinculantes. Nadie, sino las partes en conflicto, debe intervenir ante un juzgado para que se decida un proceso. La Pontificia Universidad Católica del Perú exige que se actúe conrespeto a la independencia del Poder Judicial y que cese esta ilícita presión sobre él.

Como parte de esta presión, cuatro miembros del Tribunal Constitucional —quienes aprobaron por mayoría la sentencia dada en el proceso de amparo entre el Arzobispado y la Universidad antes mencionada— dictaron una resolución publicada el pasado 23 de julio. Cabe resaltar que estos cuatro miembros del Tribunal Constitucional han actuado al margen de las reglas que rigenel proceso de amparo: han resuelto ellos sin convocar a los siete miembros del pleno; han procedido con abierta extemporaneidad y sin tener el expediente bajo su competencia; han hecho pasar como “aclaración de la sentencia” dictada tres meses atrás una resolución que lo que pretende es imponer una determinada forma de resolver el juicio al Juzgado Civil que lo lleva adelante.

Además, han pretendido que se establezcan sanciones contra el abogado de la Universidad, Dr. Martín Mejorada, por su defensa en un proceso que no corresponde al Tribunal Constitucional sino al Poder Judicial. Todo esto es una conducta jurídica abiertamente irregular de los cuatro miembros aludidos del Tribunal Constitucional, que debe cesar por el bien del Estado de derecho en el Perú.

A pesar de estas situaciones irregulares, la Universidad está conduciendo su defensa por los cauces de la ley y mantiene su confianza en el Poder Judicial y en que los procedimientos no serán trastornados, como pretende la campaña que aquí denunciamos.


Lima, 10 de agosto de 2010.

Rectorado