LA PARADOJA LIBERAL

David Villena Saldaña

Hace cuarenta años Amartya Sen afirmó haber demostrado que el liberalismo se encuentra en irremediable conflicto con criterios mínimos de eficiencia[1]. En este sentido, una sociedad liberal estaría condenada a ser ineficiente, y, por lo mismo, quienes aspiran a construir una sociedad de acuerdo con parámetros de eficiencia no podrían permitirse la promoción de valores liberales.

La tesis es en lo absoluto trivial. El argumento es, sin embargo, suscinto y concluyente. Según éste, una sociedad es liberal si satisface la condición (L*).

(L*)Hay al menos dos individuos tales que para cada uno de ellos, hay al menos un par de alternativas sobre las cuales él es decisivo, esto es, hay un par de x,y, tales que si él prefiere x sobre y, entonces la sociedad debe preferir x sobre y, y siél prefiere y sobre x, entonces la sociedad debe preferir y sobre x.

(L*) supone al menos una situación en donde el individuo tenga libertad de elegir. Así, por ejemplo, que yo duerma de lado o boca arriba es algo que cae exclusivamente dentro de mi ámbito de decisión. Yo soy decisivo sobre este punto y, por tanto, mi preferencia debe en último término ser suscrita por la sociedad – o, dicho en otras palabras, nadie puede obligarme a actuar en contra de mis preferencias en ámbitos en donde yo tengo libertad.Si prefiero dormir de lado que boca arriba, la sociedad debe preferir que duerma de lado a que lo haga boca arriba.

(L*) define una versión debilitada y poco comprehensiva del liberalismo.El dominio de individuos libres que componen la sociedad liberal hipotética no se asume irrestricto o cuantioso. Se trata únicamente de dos sujetos – obviamente, si queremos reducir el número de individuos libres a uno, no podría hablarse más de sociedad liberal, habría, en todo caso, una especie de tiranía.Tampoco se habla de varias libertades. Hay tan sólo una libertad. La virtud del argumento de Sen es precisamente ésta. Pues si el liberalismo presenta problemas en su versión más reducida, también deberá presentarlos en las concepciones más globales, donde haya más individuos y libertades en juego.

La eficiencia social se define en función de (P*).

(P*) Si todo individuo prefiere cualquier alternativa x sobre otra alternativa y, entonces la sociedad debe preferir x sobre y.

(P*) es una versión debilitada del Principio de Pareto. Sen muestra que (L*) está en conflicto con (P*).

Considérese que los individuos referidos en (L*) son (1) y (2), y que los dos pares de alternativas correspondientes son (x,y) y (z,w). Pensemos, además, que las alternativas son diferentes entre sí. (1) prefiere a x sobre y; mientras que (2), a z sobre w. Todos en la sociedad, incluyendo a (1) y (2), prefieren a w sobre x, así como a y sobre z. Entonces, tenemos:

(1): x>y

(2): z>w

Sociedad incluyendo (1) y (2): w> x

Sociedad incluyendo (1) y (2): y>z

Por tanto:

(1): w>x>y>z

(2): y>z>w>x

Por (L*) la sociedad debe preferir x>y, z>w

Por (P*) la sociedad debe preferir w>x, y>z. (Pues todos incluyendo a (1) y (2) consideran preferible a w sobre x y a y sobre z.)

En consecuencia, (L*) sugiere favorecer a x y z sobre yyw, mientras que (P*) sugiere hacer precisamente lo contrario, es decir preferir a w e y sobre x y z. Hay, en estos términos, una manifiesta contradicción entre el liberalismo y el principio de eficiencia. Una sociedad liberal no será óptima en sentido paretianoy una sociedad paretiana no será liberal. Esto no es inocuo. La demostración nos coloca frente a un dilema: o buscamos la eficiencia o procuramos la libertad individual.

Ahora bien, reparemos en (L*), aunque tal como se le ha interpretado es una condición mínima, resulta también ambiciosa en algún sentido.La lectura de Sen parece indicar que en una sociedad liberal tener derecho a x, significa que x debe darse y no y. Perosi yo prefiero ax sobre y, ello quiere decir únicamente que tengo derecho a que la sociedad no me obligue a hacer y, al tiempo de que no trabe de modo alguno mi realización de x. Tener derecho a x, no quiere decir que x se debe dar, sino que no exista obstáculos deliberados para que yo o alguien más lo ponga en acto. Esta concepción de libertad es negativa. Si Sen pretende pintar un cuadro mínimo del liberalismo, éste debe tener anexo un concepto negativo y no positivo de libertad.

Que yo prefiera dormir boca arriba antes que hacerlo de lado, implica que tengo derecho a dormir boca arriba. Este derecho me asegura que nadie impedirá que yo duerma como me place. De este modo, los medios que me procura el derecho son negativos, no efectivos. Al exigir el derecho de dormir boca arriba, no reclamo el estado de dormir boca arriba, sino que nadie me lo impida en caso de que esté a mi alcance – si, por ejemplo, está a mi disposición una superficie lo suficientemente amplia para alojar mi espalda.

La paradoja se disuelve. Como suele ocurrir en estos casos, la deducción ha sido limpia. El problema se encuentra, más bien, en las definiciones a partir de las cuales se ha realizado.Pues sucede que la relación de preferencia no es equivalente entre individuo y sociedad. Por tanto, la combinación de categorías es imposible. Cuando el individuo prefiere un estado sobre otro, no pasa que la sociedad lo secunde prefiriendo aquél sobre éste. Ella no prefiere nada. Su rol es negativo. Se limita a no impedir la consecución de los objetivos del individuo. Permite acciones, no concede estados[2]. Si éste es el liberalismo mínimo, sobre él no se puede aplicar las operaciones lógicas sugeridas por Sen, y, así, resulta inviable arrastrar desde este marco la acusaciónde ineficiente a toda otra forma liberal.

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[1] Cf. Amartya Sen, “The Impossibility of a Paretian Liberal,” en Journal of Political Economy 78:1 (1970): 152-157.

[2] Cf. Keith Dowding, “Social Choice and the Grammar of Rights and Liberties,” en: Political Studies, 52 (2004): 144-161.

CREONTE Y LA CEGUERA VOLUNTARIA. UNA NOTA SOBRE "ANTÍGONA"

Gonzalo Gamio Gehri

Hace un tiempo – con ocasión de una discusión interesante en torno a la epistemología de las ciencias sociales – examinamos lo que describimos como el Principio de lucidez, que nos exige considerar los matices y claroscuros que presenta la realidad como la base de nuestro discernimiento. Constituye un principio práctico crucial, y en su momento sostuvimos que procede de los griegos. Efectivamente, tanto en la tragedia como en la Ética de Aristóteles encontramos este principio implícito, por ejemplo, en la crítica de toda concepción ética que no toma en cuenta los objetos de experiencia - tà phainómena - como elemento para la deliberación. No observar el Principio de lucidez implica incurrir en hybris.

Quizá uno de los más célebres trasgresores de este principio es Creonte, el rey de Tebas, cuñado de Edipo y protagonista de Antígona. Él ordena dejar insepulto el cadáver de Polinices, quien había matado a su hermano Eteocles, en un contexto en que lideraba una invasión argiva contra su propia patria. Hemos hablado de las terribles consecuencias de la prohibición del duelo y del entierro en el mundo helénico. Como Antígona se rehúsa a acatar el edicto, en estricta observancia de las leyes de la Hélade, que ordenan enterrar al muerto, más allá de sus deudas con la comunidad. Primero Hemón, el coro de ancianos tebanos y luego Tiresias intentan hacerlo recapacitar, mostrando ante sus ojos la realidad y los posibles efectos de su decisión. Sin embargo, él elige no ver lo que está en juego. El adivino indica con claridad cómo los ciudadanos y los propios dioses desaprueban su actitud, al punto que su tozudez está precipitando a la comunidad misma a la ruina, enemistándola con los dioses que protegen la familia:

“La ciudad sufre (…) a causa de tu decisión. En efecto, nuestros altares públicos y privados, todos ellos, están infectados por el pasto obtenido por aves y perros del desgraciado hijo de Edipo que yace muerto. Y, por ello, los dioses no aceptan ya de nosotros súplicas en los sacrificios, ni fuego consumiendo muslos de víctimas, y los pájaros no hacen resonar ya sus cantos favorables por haber devorado grasa de sangre de un cadáver”[1].

Lo que describe Tiresias es una situación de sacrilegio que se sigue de los actos arbitrarios de Creonte, y que afecta a todos al interior de la pólis. Creonte descubre tarde la gravedad de su error, los terribles costos de su nula disposición a la reflexión, a reparar en aquello que no ha tomado en cuenta a la hora de decidir, y que constituye la ‘medida correcta’ para la acción. Sufrirá por su ceguera. Los espectadores de la obra, por su parte, recordarán en qué medida – como dice Tiresias – la buena deliberación es la mayor de las riquezas. A juicio de Sófocles, no existe forma de excelencia humana que no pase por la ponderación racional de lo que es verdadero y pertinente, según la proporción correcta. Saber reconocer cuál es esa proporción (en cada uno de los asuntos de la vida) constituye a la vez el secreto y la clave de la recta deliberación.

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[1] Sófocles, Antígona 1015 – 23.

CASO PUCP: NOTA DE PRENSA DEL RECTORADO

Ante la inmensa presión ejercida contra el Poder Judicial a fin de que no se administre justicia en los casos que debaten el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero, nuestro Rectorado publica la siguiente nota de prensa.

Presión indebida sobre el Poder Judicial

Durante la semana pasada hemos asistido a una inmensa presión ejercidacontra el Poder Judicial, a fin de que no se administre justicia en los casos que debaten el Arzobispado de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero.

La presión ha sido aplicada contra el Juzgado Civil de Lima, que lleva adelante dos procesos iniciados paralelamente por el Arzobispado y por la Universidad. Se ha pretendido que se den por concluidos los juicios que actualmente se tramitan y se apliquen los considerandos de la sentencia emitida hace casi cuatro meses por el Tribunal Constitucional en un amparo llevado adelante por las mismas partes.

Esta es una presión contraria a las reglas de la ética más elemental y, además, es ilícita. Al Tribunal Constitucional no le corresponde interpretar testamentos y sus fallos al respecto no pueden ser vinculantes. Nadie, sino las partes en conflicto, debe intervenir ante un juzgado para que se decida un proceso. La Pontificia Universidad Católica del Perú exige que se actúe conrespeto a la independencia del Poder Judicial y que cese esta ilícita presión sobre él.

Como parte de esta presión, cuatro miembros del Tribunal Constitucional —quienes aprobaron por mayoría la sentencia dada en el proceso de amparo entre el Arzobispado y la Universidad antes mencionada— dictaron una resolución publicada el pasado 23 de julio. Cabe resaltar que estos cuatro miembros del Tribunal Constitucional han actuado al margen de las reglas que rigenel proceso de amparo: han resuelto ellos sin convocar a los siete miembros del pleno; han procedido con abierta extemporaneidad y sin tener el expediente bajo su competencia; han hecho pasar como “aclaración de la sentencia” dictada tres meses atrás una resolución que lo que pretende es imponer una determinada forma de resolver el juicio al Juzgado Civil que lo lleva adelante.

Además, han pretendido que se establezcan sanciones contra el abogado de la Universidad, Dr. Martín Mejorada, por su defensa en un proceso que no corresponde al Tribunal Constitucional sino al Poder Judicial. Todo esto es una conducta jurídica abiertamente irregular de los cuatro miembros aludidos del Tribunal Constitucional, que debe cesar por el bien del Estado de derecho en el Perú.

A pesar de estas situaciones irregulares, la Universidad está conduciendo su defensa por los cauces de la ley y mantiene su confianza en el Poder Judicial y en que los procedimientos no serán trastornados, como pretende la campaña que aquí denunciamos.

Lima, 10 de agosto de 2010.

Rectorado

LA SANTA ALIANZA: TEXTO DE G. GORRITI

A continuación, un polémico e interesante artículo del periodista Gustavo Gorriti, en el que se examina un cuestionado comunicado (que yo he comentado críticamente en un post anterior). Un severo ejercicio de memoria y reflexión crítica sobre la situación de los derechos humanos y los grupos de poder afines al autoritarismo en el Perú. Aconsejo poner atención en las declaraciones que consigna, que hablan por sí mismas. Lo publico en este blog para abrir la discusión: todas las opiniones razonadas son bienvenidas.

Gustavo Gorriti

Durante los días de Fiestas Patrias apareció un curioso aviso en El Comercio. Una escarapela adornaba el título: “Saludamos al señor cardenal Juan Luis Cipriani”, y debajo del texto panegírico figuraba una colección de nombres como para avivar el interés hasta del analista más curtido por la cínica realidad.

¿A qué venía la oportunidad de dedicarle un homenaje de página completa a Cipriani en los días de unas Fiestas Patrias que celebran la creación de una república inspirada en las ideas de libertad de la Ilustración, la revolución estadounidense y, sobre todo, la francesa? ¿Danton (me refiero a Georges-Jacques) inspira, al fin, al cardenal? ¿El espíritu de la Logia Lautaro quizá?

Parece que no. Pero cuando se trata de abusar la bandera nuestra, creada para representar el anhelo y la lucha de nuestro pueblo por la libertad, hay gente que siempre puede alucinarla presidiendo desfiles de camisas negras en ruta hacia un auto de fe.

En medio de la prosa laudatoria, el aviso infiltró dos mensajes profundamente partidarios y acendradamente terrenales. El primero, sobre el litigio con la Católica, por el manejo de la universidad y sus bienes; y el segundo –el más cínico–, sobre los hechos, las tragedias y los excesos de la guerra interna en el Perú.

“Nos alegra, y reconocemos su sacrificada entrega a la causa de la pacificación en nuestro país, especialmente en su abnegada tarea evangelizadora en Ayacucho…”, empieza el segundo de los cuatro cortos párrafos del aviso. Les alegra a los señores firmantes… ¿qué les alegra? ¿Lo que hizo Juan Luis Cipriani en Ayacucho? ¿Quizá su sacrificada decisión de prohibir toda actividad del CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social) en Ayacucho durante los años más duros de la guerra interna? ¿La abnegada adjetivación de llamar a la Coordinadora de Derechos Humanos “una cojudez”? ¿Su entrega a la siguiente opinión: “En un contexto violento como el de Ayacucho, las muertes, desapariciones y abusos son parte del enfrentamiento de la guerra. Los defensores de los derechos humanos le llamarán guerra sucia. Yo creo que la Fuerza Armada tuvo que utilizar mecanismos para conocer cómo y dónde ocurrían esos asuntos” (Caretas, 14-4-94)? ¡Cuánta abnegación y sacrificio se necesita, ¿verdad? para defender la tortura, los asesinatos y las desapariciones!

Me pregunto ¿cuántos de los firmantes que aparecen en ese aviso hubieran promovido un aviso similar para celebrar la entrega y la abnegación del añorado cardenal Vargas Alzamora a lo largo de su esforzada lucha por la libertad y en especial contra la corrupta dictadura de Montesinos y Fujimori? Ni lo hicieron ni lo hubieran hecho.

Alguno preguntará que quién soy yo, agnóstico y judío, para opinar sobre las opiniones y los hechos de un cardenal. Contesto que jamás me meteré en asuntos propios de la religión, ni en cultos ni en liturgias. Pero cuando un sacerdote se mete en política, es un ciudadano más. Y cuando es un mal ciudadano, debe ser criticado como tal.

En los años aún recientes de insurgencias y contrainsurgencias en América Latina, la iglesia católica produjo magníficos apóstoles de los derechos humanos, denodados defensores de las víctimas en unos países, mientras que en otros emergían capellanes de paredón y encubridores de torturas. En Chile y El Salvador, por ejemplo, la Iglesia defendió a las víctimas con inmensa entereza y, aquí sí, con abnegación. Ello supuso el martirio de monseñor Óscar Romero y de los seis sacerdotes jesuitas (entre los cuales el eminente Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, que podría mas no quiere decir Universidad Católica). Pero en Argentina, la jerarquía católica fue cómplice, salvo excepciones, de los crímenes de los Videla, Menéndez, Massera (este último tan admirado por Rafael Rey, a quien este gobierno, con su virtuosa capacidad de perpetrar el acto político perverso, puso como ministro de Defensa).

Aquí en el Perú, la Iglesia se dividió, en una pugna sorda y tenaz, entre quienes defendían los derechos humanos y los herederos de Torquemada y el cura Menvielle. El Perú es uno de los países que tuvo mayor cantidad de obispos jesuitas y tiene ahora mayor cantidad de obispos del Opus Dei. Cipriani y Vargas Alzamora representaron en su momento esta pugna. Es cierto que ambos coincidieron, en 1990, en rechazar la candidatura de Fujimori. El entonces presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis, Cipriani, escribió entonces una ‘carta abierta al pueblo peruano’ para que ‘no se deje manipular por los grupos evangélicos que apoyan la candidatura del ingeniero Fujimori’. Algo parecido dijo Vargas Alzamora.

Pero cuando Montesinos sacó las garras, Fujimori sacó las uñas y convirtieron al Perú en la dictadura de ladrones y matones que gobernó desde el 5 de abril de 1992, Cipriani olvidó sus cartas abiertas o cerradas y se puso al servicio de ese régimen. Vargas Alzamora, en cambio, lo enfrentó y colaboró en la lucha contra él hasta el final inesperado, verdaderamente inesperado, de su vida.

Pese a la caída de la dictadura fujimorista, Cipriani mantiene a buena parte de la Iglesia en el Perú con la “cara al Sol, mientras el resto calla. Así como está claro que Cipriani fue un activo colaborador de la dictadura, es igualmente claro que continúa siéndolo con quienes bregan o complotan por su retorno.

Por eso, no me sorprende ver entre los firmantes de ese aviso psicosocial a personas como, digamos, Dionisio Romero Seminario, como no me sorprendió verlo en el vídeo en el que negocia con Montesinos hasta las lealtades de sus allegados. Tampoco sorprende, por supuesto, ver ahí a Jaime Yoshiyama, a Francisco Tudela o a Rafael Rey, cuya diversidad fluctúa entre el ‘chino, chino, chino’ y la camisa negra.

Hay, sí, uno que otro firmante que sorprende. Una que otra persona que luchó por la democracia, que conspiró contra Fujimori. ¿Se tratará de un homónimo? Porque si no lo fuera, ¿cómo mirarse la cara sin que se le caiga el espejo?Y cuando uno ya está casi al final de la lista, de repente los ve, juntitos en la uve, a Vega y a Villa, y ahí sí que la cosa se malea. ¿Qué hace el loco Villa firmando ese documento? ¿Se ha olvidado que es Javier Villa Stein, todavía presidente de la Corte Suprema, que aún no es el candidato presidencial que alucina será, y que no debe ni puede declarar lealtades tan obviamente partidarias, por más farisaico que sea el lenguaje?

¿Y qué decir de César Vega Vega, ex-socio de bufete y de muy interesantes casos con el actual presidente Alan García y hoy presidente de la Corte Superior? ¿Tanta indulgencia necesita en el confesionario, que se olvida, junto con Villa Stein, del grosero conflicto de intereses que representa su firma en ese documento?

Hay varias maneras de perder batallas, y guerras también. Se las puede perder peleando, y eso es triste pero digno; y se las puede perder también por puro acojudamiento. Y yo veo que quienes preparan el retorno del fujimorato tienen cómplices, alcahuetes pero, sobre todo, estrategias y plan. Y en el lado de quienes lucharon contra la dictadura o, sin haber luchado, quieren vivir en democracia (la razón de ser y el destino de nuestra nación), hay acojudamiento, apocamiento y en varios casos, signos tempranos de cobardía.

Ya es tiempo de empezar a despercudirse. En los meses siguientes, paulatinamente cerca del momento decisivo para nuestro destino que serán las elecciones del próximo año, ha de ser vital que vuelvan a emerger las grandes mayorías, con líderes que hablen y actúen claro, conscientes de que definiremos entonces, por difícil que sea imaginarlo, algo sin lo cual nuestra gastronomía pierde sabor y nuestro crecimiento pierde sentido: el derecho a ser libres y a hacer crecer en nuestra nación las fronteras de la libertad.

(publicado en Caretas)

CASO PUCP: ESCRIBE ALBERTO ADRIANZÉN

(Tomado de La República)

La cruz, la espada y la PUCP

Alberto Adrianzén M.

El otro hecho importante esta semana, además del discurso presidencial, ha sido un comunicado publicado en la página tres del diario El Comercio (27/07/10) en el cual un poco más de 150 personas dan su aval político y religioso al cardenal Cipriani. Semanas atrás, otro comunicado, esta vez firmado por obispos de varios lugares del país, también hacía lo mismo. Estos y otros hechos ratifican que el cardenal está decidido a dar una dura batalla por el control de la PUCP, pero también por construir un frente conservador conducido por el Opus Dei.

El comunicado en mención no solo es, como dicen los firmantes, un gesto de solidaridad, simpatía y desagravio sino también un aval político y religioso a Cipriani por su labor pastoral. Sería bueno que los firmantes lean la sección del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) referida al papel nefasto que tuvo la iglesia ayacuchana, conducida por Cipriani, durante los años de la violencia política, para que concluyan cuán lejos están de la verdad. Cipriani, y hay que recordarlo siempre, fue uno de los pocos obispos que decidieron clavar en la puerta de su iglesia un letrero que decía que ahí no se atendían temas vinculados a los derechos humanos. Por esos mismos años, cuando colaboraba activamente con la dictadura fujimorista y con los militares, dijo que la Coordinadora de los Derechos Humanos era una cojudez.

No hay sorpresas entre quienes firman: militantes del Opus, fujimoristas, dirigentes empresariales, periodistas, dueños de medios, señoras de la alta sociedad, dirigentes apristas y familiares del cardenal, acompañados de unos pocos políticos que se autocalifican de liberales o socialdemócratas. Firma, el presidente del PJ, Javier Villa Stein, quien, cuando menos, debió abstenerse puesto que el contencioso que la PUCP mantiene con Cipriani aún se ventila en los tribunales. Firmar ese comunicado de alguna manera es adelantar opinión.

Avalar el indigno comportamiento de Cipriani en Ayacucho; legitimar su pretensión de intervenir y apoderarse de la PUCP para convertirla en un reducto del Opus Dei; apoyar una pastoral que se fundamenta en un conjunto de valores francamente conservadores y antimodernos; convertirlo en una suerte de héroe nacional y víctima al mismo tiempo de los sectores progresistas; además de ser vergonzoso y reaccionario, es un indicador de que, para los firmantes, la PUCP no es el único objetivo. También lo son los miembros de la CVR, principalmente Salomón Lerner Febres, su informe final y todos aquellos que, de una u otra manera, hemos apoyado esa labor y que defendemos los DDHH y una democracia plural. Lo que se busca es convertir a Cipriani en uno de los voceros, acaso el principal, de un discurso político autoritario y emblema de los sectores más conservadores de este país.

Tampoco es extraño que este comunicado salga a los pocos días de conocerse una nueva y cuestionable (por no decir ilegal) resolución del Tribunal Constitucional (12/07/10), que le ordena al PJ acatar el fallo sobre la PUCP. Lo que busca el TC (y el gobierno) es intervenir en un proceso judicial en marcha para apresurar la entrega de este centro universitario a Cipriani. Dicho en pocas palabras, que la intervención del Opus Dei se produzca durante este gobierno, que le ha dado no solo espacio sino también protección política a este grupo religioso derechista y al propio Cardenal.

Se puede tener discrepancias, como las tengo, con la PUCP; sin embargo, creo que entregar esta universidad a manos del Opus Dei y del señor Cipriani sería una derrota cultural y política y eso es sin duda lo que está buscando este sector. Significaría el triunfo del fundamentalismo y, por lo tanto, del oscurantismo sobre el pensamiento crítico y libre. Pero sería también la derrota de una elite que se niega a ser liberal y que se somete, una vez más, al tutelaje, como diría Sartori, de la cruz y la espada.

CASO PUCP: ARTÍCULO DE RICARDO VÁSQUEZ KUNZE

En un agudo artículo, escrito con singular ironía, Ricardo Vásquez Kunze denuncia cómo autoridades del PJ comprometen gravemente la neutralidad de un proceso judicial al suscribir comunicados en favor de una de las partes en el litigio entre la PUCP y el Arzobispado, hecho que califica acertadamente como "un triste precedente para la administración de justicia".

(Publicado hoy en Perú 21)

PUCP vs Cardenal: ¡Caso cerrado!

Ricardo Vásquez Kunze

El martes 27 de julio, en frías vísperas de Fiestas Patrias, apareció en la Sección A3 del diario El Comercio, un aviso pagado a toda página. Llevaba por título “Saludamos al señor cardenal Juan Luis Cipriani”. Lo firmaban una serie de personalidades, más de cien en total, de los más diversos ámbitos del quehacer nacional. Empresarios, intelectuales, políticos, periodistas, abogados y hasta ex presidiarios hacían público su reconocimiento al “Arzobispo de Lima y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú (las cursivas son mías), con un sentido de simpatía, solidaridad y desagravio”. Acto seguido, los firmantes le agradecen su servicio pastoral y social desde los tiempos en que el monseñor se desempeñaba como obispo de Ayacucho, relevando su trayectoria y felicitándolo por las condecoraciones con que, en fecha reciente, el Gobierno Nacional y el Municipal de Lima lo distinguieran.

Es obvio que el Cardenal tiene queridos y poderosos amigos. Eso está muy bien teniendo en cuenta que también tiene implacables y a veces insidiosos enemigos. Como este Cardenal en particular representa en realidad mucho más que una labor pastoral, me refiero a una visión del mundo y de la Iglesia bastante conservadora, quienes no comulgan con su forma de ver las cosas no se han ahorrado críticas de todo tipo, muchas veces injustas y hasta manipuladoras. De ahí que es perfectamente lícito que, en el plano de las ideas, se produzcan estos tour de force entre quienes apoyan las ideas que el Cardenal representa y quienes las rechazan, amén de que con ello arrastren a la Iglesia en una disputa ideológica.

Sin embargo, este saludo y reconocimiento a su Eminencia el Cardenal va, sin duda, más allá de sus legítimas posiciones ideológicas. Porque al saludar y reconocer también al “Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, un título honorífico y desconocido que sólo tiene sentido hoy en razón del pleito legal entre el Cardenal y la susodicha Universidad, quienes firman el saludo por Fiestas Patrias están tomando partido explícito e innegable por la causa judicial del Cardenal. Simpatizan con su causa, se solidarizan con ella y lo desagravian, lo que quiere decir que la causa de la Universidad es, en realidad, un agravio a lo que los firmantes entienden por justicia.

Y así las cosas conviene decir algo respecto de los firmantes. No existe objeción alguna a que quienes no desempeñen una labor pública rubriquen una adhesión al Cardenal en su pleito con la Universidad. Ya es más cuestionable que algún periodista, máxime si no es de opinión, tome partido.

Lo que sí resulta inaceptable, independientemente de quién tiene razón en ese pleito judicial es, precisamente, que quienes encabezan la Judicatura se encuentren entre los firmantes. Javier Villa Stein, Presidente de la Corte Suprema de la República y César Vega Vega, Presidente de la Corte Superior de Lima, al firmar por el Cardenal y “Gran Canciller del PUCP”, han declarado prácticamente el caso cerrado, cuando este todavía se encuentra en los tribunales ordinarios. Felicidad para el Cardenal, pero un triste precedente para la administración de justicia el de este saludo por Fiestas Patrias.

EN TORNO A LA VALORACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Gonzalo Gamio Gehri

Me llama mucho la atención el “arduo” trabajo que realizan los 'anónimos' en mi blog. Una de las cosas que más me asombra es el esfuerzo que despliegan para encubrir su identidad, cuando resulta tan fácil reconocer quiénes son – por su redacción, su ortografía, sus calificaciones recurrentes, sus obsesiones, los diarios que citan, etc. -, cuáles son sus blogs , etc. En fin, esos son detalles que quedan para la anécdota, para las reflexiones de sobremesa. Finalmente, eso no es tan importante, me figuro, para el lector. Lo que me resulta sorprendente es la acusación recurrente de que quienes valoramos los derechos humanos en el plano del concepto y en el de la práctica somos “activistas fanáticos” que predicamos la “intolerancia” y el “pensamiento único”, que imponemos una “ideología”. En fin, la observación es cacofónica y poco original. También se la puede encontrar en las “Chiquititas”, las “Carnecitas” y en un sinnúmero de monocordes columnas en los diarios de ultraderecha. Sobre este tema quisiera decir un par de cosas hoy.

Mi respuesta es clara. Me parece que tal acusación es conceptualmente defectuosa y revela una grave falta de información hisórica. Para empezar, los derechos humanos constituyen una categoría que es fruto de la cultura política liberal, una categoría que tiene su origen en la necesidad de establecer mecanismos legales y políticos que conjuren los males generados por las guerras de religión en los siglos XVI y XVII. Se trata de herramientas propias de la razón pública que procuran proteger a los individuos en su vida, libertad, propiedad, etc., de modo que puedan coexistir pacíficamente en sociedad. No es una construcción “marxista” o “socialista” (de hecho, muchos marxistas ortodoxos del pasado – y del presente – han sostenido que se trata de los “derechos del hombre burgués”). No obstante, se trata de una concepción que busca convertirse en un universal concreto, que pueda generar un sistema de normas e instituciones que cuente con el respaldo de diversas doctrinas morales, religiosas y sociales – en términos de lo que John Rawls llama un ‘consenso superpuesto’ -, y de movimientos de distinto signo político. Si la izquierda ha profundizado en esta categoría y en sus consecuencias en el espacio público, esto no constituye un obstáculo para que, por ejemplo, grupos de derecha o incluso conservadores 'blandos' no pudieran asumir el discurso y la práctica de los derechos humanos. Deberían hacerlo. Si la derecha peruana ha asumido casi en bloque una actitud hostil frente al discurso y la práctica de los derechos humanos – incluso próxima a la defensa de la impunidad - ello revela el sentido de su agenda política, y en muchos casos, simple indiferencia frente al destino de las víctimas.

Es curioso que, cuando uno pregunta al académico conservador cuál es su objeción fundamental al discurso y a la práctica de los derechos humanos – la razón por la que afirma que “no existen” – la respuesta pretende ser ‘filosófica’. Se nos dice que los derechos humanos se fundan en una “metafísica densa” que presupone la idea ilustrada de razón científica, una antropología atomista, una comprensión mecanicista de la naturaleza e incluso, de la sociedad y de la historia. Es decir, una versión moderna, racionalista, del derecho natural. Uno no sabe si tomar en serio esa objeción, porque equivale a sostener que si uno cree en los derechos humanos está obligado a ser un kantiano ortodoxo o un contractualista clásico. Como si la discusión académica se hubiese detenido en los siglos XVII y XVIII, y no existiesen otras posibilidades de justificación filosófica. No debería sorprendernos, si muchos de estos censores de la modernidad política plantean como alternativa el retorno al Estado confesional o al Antiguo Régimen con todas sus formas de discriminación y violencia. Uno siente la tentación de recomendarles a estos críticos bibliografía reciente sobre el tema. Porque es posible encontrar buenas justificaciones de los derechos humanos en clave pragmatista, hermenéutica o postmoderna, o lecturas centradas en las capacidades, en el sentido de Nussbaum y Sen. Es absurdo pensar que quien defiende los derechos humanos tiene que ser necesariamente un iusnaturalista ilustrado.

Pero estos objetores no están buscando un cambio de ontología. Si observamos sus escritos sobre temas públicos, veremos que su crítica a la metafísica moderna, al laicismo, al individualismo, etc., parece tener su correlato práctico local en su rechazo a la recuperación de la memoria, la defensa de los derechos de las víctimas, etc (curiosamente, combinan esta vocación por el olvido y por la impunidad con una presunta preocupación febril por el rigor religioso, combinación bastante contradictoria, la verdad); son los que defendieron la Amnistía en los noventa, y comandaron la campaña mediática contra la CVR y el gobierno de transición. A veces, ellos intentan responder a este cuestionamiento arguyendo que quienes defienden los derechos humanos en el Perú intentan imponer una forma puntual de memoria histórica (el Informe de la CVR) sobre otras posibles. Sin embargo, ellos no han elaborado una investigación detallada sobre el asunto (de hecho, se opusieron a toda exploración de la tragedia vivida). La CVR aportó un estudio interdisciplinario, riguroso, sobre los años del conflicto interno; allí están los testimonios, el diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones. Cuando les pedimos a los políticos y académicos conservadores un pronunciamiento claro sobre el Informe Final, terminamos dándonos cuenta de que simplemente ¡No lo han leído!

En fin. Lo he dicho varias veces. Pienso que el respeto de los derechos humanos constituye un signo de civilización, un valor que tendría que trascender cualquier tipo de cantera ideológica, de derecha o de izquierda. Pienso que el discurso y la práctica de los derechos humanos constituyen herramientas sociales sólidas y eficaces para promover el bienestar y las libertades de los individuos y las comunidades, y reducir el sufrimiento. Pienso que estos derechos pueden convertirse en foco de un consenso intercultural en esta materia. Que no necesitamos comprometernos con el iusnaturalismo medieval o moderno para suscribir los derechos humanos. Y que contamos con todos los recursos conceptuales para reconocer la manipulación interesada de este discurso (p.e., el caso de Bush en Irak). Defender estos derechos – una especie de ‘mínimo normativo’ básico para la convivencia local y global – no me parece un asunto que encienda fanatismos de viejo o nuevo cuño. Me da la impresión de que se trata de una expresión secular de una preocupación elemental por el prójimo.