CIUDADANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Gonzalo Gamio Gehri

I

El miércoles 24 di una conferencia en la ONPE, en el contexto de las jornadas de Diálogo Electoral que este organismo lleva a cabo dos veces al mes. Estaba dirigida a representantes de los partidos políticos, profesores y estudiantes universitarios y periodistas. Quisiera ofrecer una reflexión resumida de esta sesión, sesión que me resultó muy interesante por el diálogo que suscitó. El tema general que se me propuso fue Ética en la política peruana, que yo abordé en la perspectiva de los retos que la agenda de la transición había dejado planteados a los ciudadanos y a los partidos políticos. La conferencia salió muy bien, y debo decir que me encontré con preguntas de muy buena calidad, que propiciaron un diálogo fluido e intelectualmente estimulante (la nota graciosa y pintoresca – ya finalizado el evento, cuando los asistentes se retiraban – la pusieron dos señoras fujimoristas, que sugirieron entre dientes que, como el ponente (es decir, yo) había participado en la marcha de los Cuatro Suyos, podría tratarse de un “antiguo camarada comunista”. No pude evitar soltar una sonora carcajada).

De modo que la conferencia versó sobre los compromisos pendientes en materia de lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos, y en los espacios con los que el ciudadano común podría contar si se interesa por asumir estos temas como motivación para la acción. Me detuve inicialmente en describir cómo – a escasos años de la caída del fujimorato – hoy en día tantos personajes vinculados al sistema de corruptelas de Fujimori y Montesinos se habían reciclado en el escenario de la política criolla, y habían vuelto a los sets de televisión esbozando la mejor de sus sonrisas. Cómo una serie de prácticas y estrategias típicas del régimen de los noventa se reeditaban sin mayores complicaciones, por ejemplo, con el caso de la huida de Crousillat, y su difícilmente “implacable” persecución. En fin, más de un analista escéptico se pregunta si no habremos vuelto a nuestra crepuscular “normalidad política”.

Dije que los ciudadanos son parte del problema o parte de la solución. Estamos acostumbrados a contemplar lo que sucede en la política como si fuésemos espectadores de una función teatral (a menudo de género tragicómico), pero no intervenimos como agentes. Sin embargo, la agencia política requiere de espacios. El primero es, por cierto, el abierto por los partidos políticos. Sabemos, no obstante, que estos están en crisis, que la mayoría de ellos no cuenta con una matriz ideológica clara, que no están efectivamente organizados, que carecen de presencia nacional y que no por lo general siguen procedimientos democráticos en lo relativo, por ejemplo, a la renovación de liderazgos. Es común hoy en día que – en tiempos pre-electorales – individuos se paseen por diversos movimientos y partidos a la expectativa de lograr una curul en el congreso. Si no encuentran un lugar interesante aquí, prueban por allá. O pensemos en la patética (pero no infrecuente) situación en la que un “experimentado” político pone “su” partido “a disposición” del outsider de turno, ante la posibilidad que esto le reporte beneficios políticos. Así no se fomenta la institucionalidad, evidentemente. Ni se hace política en sentido estricto.

Los foros de la sociedad civil constituyen espacios para la actividad ciudadana. Es cierto que no podemos hablar en sentido estricto de la existencia de un sistema plenamente democrático sin partidos políticos sólidos, pero tampoco podemos hacerlo si carecemos de una sociedad civil organizada. No se trata de espacios de representación o de administración del poder, al menos en el sentido moderno de esta expresión. Son espacios de vigilancia y control democrático tanto como espacios de construcción de opinión pública. Hasta ahora, la agenda de la transición se plantea y discute en estos escenarios – universidades, ONG, comunidades religiosas, sindicatos, etc. – en parte porque se trata de uno de los lugares propicios para ello, en parte porque los partidos que tienen representación parlamentaria no tienen mayor interés ni en el sistema anticorrupción ni en los derechos humanos. Hay que reconocer que estas instituciones han mantenido vivo el debate sobre estos asuntos, y creo que eso es algo que hay que saludar.

II

Leo con preocupación que se ha suscitado un nuevio conflicto entre un sector de la jerarquía católica y un sector del gobierno. El cardenal Cipriani ha solicitado públicamente al Presidente de la República que el ministro de salud Oscar Ugarte sea cesado de su cargo a causa de la controversia sobre la llamada “píldora del día siguiente” (AOE). Tal invocación ha sido interpretada como una ingerencia de una autoridad eclesiástica en el espacio político, específicamente secular. La pradera no ha tardado en arder: Ugarte ha replicado que la actitud del prelado constituye un atentado contra la autonomía del presidente García. Nuevamente, la necesaria separación entre los fueros de la Iglesia y del Estado – un principio democrático-liberal básico, que asimismo posee resonancias bíblicas – se plantea como tema de discusión pública.

Se ha dicho con razón que las políticas públicas en materia de salud no son de carácter confesional, que vivimos en un Estado laico y en una sociedad plural. El Estado legisla y diseña políticas que tienen como destinatarios a todos los ciudadanos peruanos, los que creen en una religión puntual o en otra, y los que no tienen confesión alguna. Apelar a, por ejemplo, a la idea de un supuesto "influjo real" de la Iglesia católica en la sociedad peruana no legitimaría, en ningún caso, saltar la frontera entre los dos fueros, como a veces sugieren algunos políticos tradicionales locales. Ello no significa, por supuesto, que representantes de diversas religiones no deban pronunciarse sobre temas reproductivos o temas morales de otra índole en los espacios propios de sus comunidades religiosas particulares, a través de la prédica o la reflexión teológica, o teológico-moral. Están en todo su derecho y en ejercicio de su rol. Los creyentes deliberarán y asumirán una posición personal sobre la materia (me permito recordar que la libertad de conciencia es un principio cristiano, lo digo como creyente). Sólo un arrebato conservador de mala retórica podría sugerir que ello implica condenar ese mensaje al silencio; lo único que se recuerda es que el locus de enunciación del mismo es la comunidad religiosa puntual. El problema emerge cuando una autoridad eclesiástica se pronuncia como tal y pide airada el retiro de un funcionario público. Dicha actitud es juzgada como invasiva respecto del espacio público, como un acto de presión en un ámbito completamente externo al fuero eclesiástico; una cosa es dirigirse a los creyentes en el templo y referirse al tema moral de la AOE - incluyendo criticar al ministro - y otra muy distinta solicitar ante los medios el despido inmediato de un ministro. En una sociedad democrática, ambos fueros están estrictamente delimitados, de modo que el punto de vista de una autoridad religiosa en el ámbito público constituye la respetable opinión de un ciudadano. Ya hemos discutido este tema antes desde la filosofía política - comentando un manifiesto fundamentalista bastante deficiente - y hemos sostenido que la separación de política y religión resulta beneficiosa para la salud de la política y para la salud de la propia fe.

Los temas vinculados al plano reproductivo son delicados y siempre lo serán. He comentado antes que, en principio, soy expresamente contrario al aborto por razones ético-filosóficas y también soy partidario del derecho de todos a una información completa en materia de sexualidad. También creo que esta clase de ácida confrontaciones no han considerado la distinción democrática de fueros, y no contribuyen en absoluto a generar un debate informado sobre la corrección o incorrección las políticas de salud. Creo que esta clase de incidentes sólo enturbian el panorama y soslayan el tema de fondo. El tema de fondo es 1) si la “píldora del día siguiente” es abortiva o no, si tiene efectos negativos sobre el óvulo fecundado (como se sabe, el aborto está prohibido en el Perú); 2) si las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud en torno a la pastilla – que sostienen que ésta no es abortiva – deben ser tomadas en cuenta para revisar el fallo del Tribunal Constitucional y distribuir gratuitamente o no la píldora. Lo que queremos saber finalmente es si la AOE es o no abortiva. Se trata de un tema de discusión estrictamente científico que trasciende completamente el juego de fuerzas entre la autoridad eclesiástica y el ministro: es o no es abortiva, la respuesta no es política, es científica. Las respuestas a estas dos preguntas determinarán el sentido de las políticas de salud sobre el fármaco en cuestión. El lamentable intercambio de palabras quedará, en ese sentido, en el terreno de las anécdotas de nuestra siempre convulsionada arena política. Será el propio Estado el que tome la decisión sobre la distribución de la AOE.

Actualización:

Interesantes reflexiones de Raúl Zegarra sobre este tema aquí y aquí.

Actualización 2:

Véase este artículo de Augusto Álvarez Rodrich sobre el aparente apoyo del Cardenal a la candidatura de Kouri, a partir de su crítica a introducir el tema de la decencia y la corrupción en el debate electoral.

El tema de la ética pública - a nuestro juicio muy personal - siempre será crucial para saber cómo votar. No podemos sino discrepar en esta materia. Necesitamos recuperar la densidad ética en la política.