Gonzalo Gamio Gehri
En más de una ocasión hemos escuchado – por boca de los políticos, los militares en retiro, alguna autoridad eclesiástica o algunos periodistas – la tesis según la cual “la CVR no ha reconciliado a los peruanos; antes bien, los ha dividido más”. Incluso vuelven a aparecer esas expresiones en esa suerte de colofón al debate sobre el Museo de la Memoria que han querido escribir a su manera el Vicepresidente Giampietri y el inefable Congresista Núñez pidiendo un Museo dedicado a la memoria de los militares caídos en el conflicto. Se presupone que "asegurar" la reconciliación era una misión de la CVR: no es así en sentido estricto, esta afirmación no se sostiene desde una lectura atenta del Informe y pretende confundir a la opinión pública. Para variar, los “censores” del documento no se tomaron la molestia de revisar qué decía el Informe en esta materia. Ni siquiera revisaron el texto mandato que dio vida a la Comisión. La CVR concibe la reconciliación como un proceso histórico de largo aliento que precisa del concurso de los ciudadanos y las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Las recomendaciones y reformas institucionales que plantea la CVR se proponen en parte sentar las bases de este proceso que requiere el trabajo de la memoria y el de la justicia.
El Informe Final de la CVR ha planteado una idea de reconciliación sumamente precisa, que evita conscientemente las invocaciones al silencio o a la anulación de los conflictos que hemos examinado en otras entradas en torno al caso de los analistas Hugo Neira, Prieto Celi y otros. Pone énfasis en la violencia como un factor corrosivo de los vínculos sociales que vertebran una comunidad nacional, pero también señala la precariedad de tales vínculos al interior de una sociedad en la que imperaba la pobreza, la discriminación, el centralismo y el desamparo estatal las zonas más alejadas de la serranía y la selva del Perú.
“La CVR entiende por ‘reconciliación’ el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido, en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. El proceso de reconciliación es posible, y es necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años – tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos como a la explicación de las causas que los produjeron – así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia.”[1]
El texto pone de relieve numerosos elementos que es preciso tomar en cuenta. En primer lugar – como hemos estado señalando – la reconciliación es un proceso histórico que, en el mejor de los casos, se inicia con la transición democrática. La publicación del Informe Final de la CVR representa uno de sus elementos fundacionales, en tanto destaca la necesidad de someter a crítica la memoria de la violencia vivida, así como las formas sociales y políticas que tendrían que configurarse para evitar que esta clase de conflictos violentos pudiesen repetirse en el futuro. Se trata entonces no sólo de atender a la prevención de las situaciones de violencia directa - en las que es posible identificar a sus gestores, individuos o grupos – sino de conjurar sus causas sociales, económicas y culturales, vale decir, las formas de violencia estructural y violencia cultural – usando la terminología de Johan Galtung[2] -, que constituyen el caldo de cultivo de la violencia social. Aunque la CVR señala que el origen del conflicto armado es la declaratoria de guerra de Sendero Luminoso al Estado peruano, y que la gravedad de sus efectos indisociable de la vesania de sus métodos y el fanatismo de su ideología, la sociedad peruana ase hallaba en una situación de singular vulnerabilidad, que las huestes terroristas aprovecharon al máximo.
En segundo lugar, el texto pone de manifiesto que el esclarecimiento de la verdad en torno a la tragedia vivida y la acción de la justicia – tanto en materia de judicialización de los casos como respecto de la reparación de las víctimas – constituyen condiciones esenciales para poner en marcha este proceso de reconstrucción de los lazos sociales. Este es el elemento del concepto de reconciliación que los enemigos de la CVR pretenden recusar. Ni el silencio ni la impunidad reconcilian, qué duda cabe. Al fin y al cabo, no se trata de retornar al tipo de sociedad con que contábamos antes de la emergencia del conflicto armado – el propio Informe nos habla de una sociedad en crisis – sino de una nueva sociedad democrática que ha pasado por las reformas institucionales y por las políticas de reparación. Una sociedad que ha restituido a las víctimas los derechos ciudadanos que les fueron arrebatados en medio de la insania senderista o de la represión militar.
Ciertamente, esta clase de tareas involucran a todos los miembros de la sociedad peruana. La reconciliación – tal y como la concibe la CVR – requiere de un compromiso ciudadano particularmente intenso. El sujeto de la reconciliación es la sociedad – en la persona de sus ciudadanos e instituciones -, no los actores de la violencia directa: los subversivos y los agentes del Estado que perpetraron crímenes deben ser procesados y castigados. Los peruanos que afrontamos el proceso y padecimos sus efectos debemos deliberar en torno a nuestra situación en aquellos años de crisis. No se trata de una tarea sencilla. Mirarse en el espejo de la historia no supone únicamente discernir la responsabilidad de los actores del conflicto y de las autoridades políticas y sociales que ejercieron algún tipo de poder en los años de la violencia; se trata de contemplar nuestra propia posición – en los diferentes espacios vitales en los que nos movíamos – ante el “doble escándalo” que denuncia Salomón Lerner en su discurso ante el Congreso el día de la entrega del Informe Final: el de la muerte y el de la indolencia frente al sufrimiento del prójimo. Indeterminadas circunstancias, nosotros pudimos hacer más por nuestras instituciones, pero preferimos mirar hacia otro lado. La visión de lo que hicimos o dejamos de hacer para evitar el tiempo de miedo que se desató en el país a lo largo de dos décadas constituye un primer paso para conseguir involucrarnos en el proceso de la reconciliación. Sin sentido de ciudadanía y sin compromisos con la sociedad dañada no es posible reconstruir el tejido social ni fortalecer nuestras instituciones.
El documento señala que el proceso de reconciliación tendría que asumir tres frentes diferentes: 1) el plano político, pues el Estado y la sociedad quebraron sus vínculos de mutuo reconocimiento y confianza; lazos que deben reconstituirse a partir de las reformas institucionales que apunten a una mayor presencia del Estado y a la construcción de ciudadanía; 2) el plano social, de acuerdo con el cual la sociedad recupera nuevamente en los escenarios de la sociedad civil los espacios de deliberación y agencia cívica que perdió en medio de un clima de miedo, desconfianza y violencia; 3) el plano interpersonal, en tanto el conflicto armado propició el enfrentamiento y la actitud de sospecha y enemistad al interior de las comunidades mismas, que en muchos casos la migración debilitó o dividió, y que hoy – después del conflicto – afrontan el largo y difícil camino de la recomposición social[3].
“La CVR entiende por ‘reconciliación’ el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido, en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. El proceso de reconciliación es posible, y es necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años – tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos como a la explicación de las causas que los produjeron – así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia.”[1]
El texto pone de relieve numerosos elementos que es preciso tomar en cuenta. En primer lugar – como hemos estado señalando – la reconciliación es un proceso histórico que, en el mejor de los casos, se inicia con la transición democrática. La publicación del Informe Final de la CVR representa uno de sus elementos fundacionales, en tanto destaca la necesidad de someter a crítica la memoria de la violencia vivida, así como las formas sociales y políticas que tendrían que configurarse para evitar que esta clase de conflictos violentos pudiesen repetirse en el futuro. Se trata entonces no sólo de atender a la prevención de las situaciones de violencia directa - en las que es posible identificar a sus gestores, individuos o grupos – sino de conjurar sus causas sociales, económicas y culturales, vale decir, las formas de violencia estructural y violencia cultural – usando la terminología de Johan Galtung[2] -, que constituyen el caldo de cultivo de la violencia social. Aunque la CVR señala que el origen del conflicto armado es la declaratoria de guerra de Sendero Luminoso al Estado peruano, y que la gravedad de sus efectos indisociable de la vesania de sus métodos y el fanatismo de su ideología, la sociedad peruana ase hallaba en una situación de singular vulnerabilidad, que las huestes terroristas aprovecharon al máximo.
En segundo lugar, el texto pone de manifiesto que el esclarecimiento de la verdad en torno a la tragedia vivida y la acción de la justicia – tanto en materia de judicialización de los casos como respecto de la reparación de las víctimas – constituyen condiciones esenciales para poner en marcha este proceso de reconstrucción de los lazos sociales. Este es el elemento del concepto de reconciliación que los enemigos de la CVR pretenden recusar. Ni el silencio ni la impunidad reconcilian, qué duda cabe. Al fin y al cabo, no se trata de retornar al tipo de sociedad con que contábamos antes de la emergencia del conflicto armado – el propio Informe nos habla de una sociedad en crisis – sino de una nueva sociedad democrática que ha pasado por las reformas institucionales y por las políticas de reparación. Una sociedad que ha restituido a las víctimas los derechos ciudadanos que les fueron arrebatados en medio de la insania senderista o de la represión militar.
Ciertamente, esta clase de tareas involucran a todos los miembros de la sociedad peruana. La reconciliación – tal y como la concibe la CVR – requiere de un compromiso ciudadano particularmente intenso. El sujeto de la reconciliación es la sociedad – en la persona de sus ciudadanos e instituciones -, no los actores de la violencia directa: los subversivos y los agentes del Estado que perpetraron crímenes deben ser procesados y castigados. Los peruanos que afrontamos el proceso y padecimos sus efectos debemos deliberar en torno a nuestra situación en aquellos años de crisis. No se trata de una tarea sencilla. Mirarse en el espejo de la historia no supone únicamente discernir la responsabilidad de los actores del conflicto y de las autoridades políticas y sociales que ejercieron algún tipo de poder en los años de la violencia; se trata de contemplar nuestra propia posición – en los diferentes espacios vitales en los que nos movíamos – ante el “doble escándalo” que denuncia Salomón Lerner en su discurso ante el Congreso el día de la entrega del Informe Final: el de la muerte y el de la indolencia frente al sufrimiento del prójimo. Indeterminadas circunstancias, nosotros pudimos hacer más por nuestras instituciones, pero preferimos mirar hacia otro lado. La visión de lo que hicimos o dejamos de hacer para evitar el tiempo de miedo que se desató en el país a lo largo de dos décadas constituye un primer paso para conseguir involucrarnos en el proceso de la reconciliación. Sin sentido de ciudadanía y sin compromisos con la sociedad dañada no es posible reconstruir el tejido social ni fortalecer nuestras instituciones.
El documento señala que el proceso de reconciliación tendría que asumir tres frentes diferentes: 1) el plano político, pues el Estado y la sociedad quebraron sus vínculos de mutuo reconocimiento y confianza; lazos que deben reconstituirse a partir de las reformas institucionales que apunten a una mayor presencia del Estado y a la construcción de ciudadanía; 2) el plano social, de acuerdo con el cual la sociedad recupera nuevamente en los escenarios de la sociedad civil los espacios de deliberación y agencia cívica que perdió en medio de un clima de miedo, desconfianza y violencia; 3) el plano interpersonal, en tanto el conflicto armado propició el enfrentamiento y la actitud de sospecha y enemistad al interior de las comunidades mismas, que en muchos casos la migración debilitó o dividió, y que hoy – después del conflicto – afrontan el largo y difícil camino de la recomposición social[3].
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1 comentario:
Oportuno el envío, sobre todo porque hay un detalle que es necesario ponerle luces: Cuando estalló el terrorismo senderista, pues ni la partidocracia ni la doctina militar estaba actualizada con los tiempos. La partidocracia astutamente y en su desesperación apeló y hecho mano del asesinato legal con unas fuerzas armadas y policiales desfasadas y sin doctrina ni preparación sobre el punto. Luego de las matanzas en contra de las poblaciones más humildes (eso desnuda nuestra fuerte veta racista y discriminadora) la partidocracia cual Poncio Pilatos se lava las manos y culpabiliza a las FFAA y Policiales. Y las FFAA y PNP como no pueden irse contra el Estado ni contra el gobierno pelean con los molinos de viento que son las ONGs ¿?. Pues bien, aquí los grandes responsables de tan terrible situación han sido y son los partidos políticos que nunca tuvieron la grandeza de planificar un país democrático para 25 o 30 años, además, han sido y son los culpables que el Perú se encuentra aún atrasado y sin despegue significativo industrial hasta la fecha. Las FFAA para mayor desgracia fueron totalmente corrompidas y derechizadas durante la cleptocracia sistemática del Fujimontesinismo, y ahora ha quedado un sistema castrense perverso que se alimenta de la corrupción y del un perverso elitismo grosero. Existe mucho miedo por parte de la partidocracia de arreglar las cosas en meritocracia dentro de las FFAA y PNP porque la posición de las mismas puede ser muy dura y muy crítica contra la partidocracia que ahora más que nunca está OBLIGADA a perpetuar la mafia y la corrupción para poder subsistiendo. Estamos montados sobre un tigre, mucho cuidado.
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