Gonzalo
Gamio Gehri [1]
Es común
que en nuestro país las comunidades religiosas pretendan intervenir en el
desarrollo de las políticas públicas. Sus líderes intentan justificar su acción
aduciendo que estas iglesias representan el punto de vista de millones de
peruanos. En ciertas ocasiones, exhiben su importante nivel de convocatoria con
marchas y eventos en los que formulan sus juicios sobre la materia ante sus
fieles. Esta clase de situaciones de conflicto nos lleva a preguntarnos cuál
habría de ser el lugar de las religiones y sus instituciones en una sociedad
democrática.
Las
sociedades liberales suelen erigir Estados laicos o aconfesionales. Se trata de
sistemas legales y políticos que no cuentan con una “religión oficial”, sino
que se comprometen a proteger rigurosamente la libertad y el derecho de los
ciudadanos a creer y a no creer, a ingresar en iglesias o a abandonar las
comunidades religiosas o cosmovisionales de acuerdo con los dictámenes de su
conciencia. Estas sociedades reconocen una clara frontera institucional entre
los fueros del Estado y los de las iglesias. La política pública no debe ser
diseñada a partir de las canteras doctrinales de un credo en particular, dado
que el Estado democrático actúa en conformidad con la satisfacción de los
derechos y las oportunidades de cada persona, y no privilegia exclusivamente
las expectativas de un grupo social, aunque éste sea mayoritario. Atender de
manera prioritaria a la voz de un colectivo confesional puntual implicaría
discriminar a los demás.
Los
conservadores religiosos sostienen que esta defensa de la laicidad constituye
una invitación a una suerte de rechazo de lo espiritual en la vida social, una
especie de institucionalización del desplazamiento de la esfera de la fe hacia
lo meramente individual. Esa suposición es falsa. El tema espiritual no es
estrictamente “privado”; es un asunto específicamente social. Cuando se señala
que el Estado democrático debe garantizar las libertades de creencia religiosa
y de visión del mundo - en tanto se declara ‘neutral’ en términos doctrinales -
no se está pretendiendo acallar la voz de las religiones y las visiones del
mundo en materia de justicia. Se sostiene acertadamente que el lugar de la
creencia religiosa y de visión del mundo es la sociedad civil, los espacios de
deliberación y formación de juicio común en materia de construcción de saber,
el discernimiento del sentido de la vida, el mundo del trabajo, etc. Las Universidades,
los colegios profesionales, los sindicatos, las organizaciones no
gubernamentales, las iglesias, son instituciones que pertenecen a este ámbito
social. Es perfectamente posible que desde estas organizaciones se
construyan argumentos, o se reivindiquen derechos y libertades que puedan ser
recogidos por la instancia política, en la medida en que se formulen en el
registro del lenguaje de la razón pública,
el léxico de una cultura política que involucra a todos los ciudadanos que
actúan y reflexionan al interior de una comunidad democrática, simétrica e
inclusiva. Es precisamente lo que hizo Martin Luther King Jr. en los Estados
Unidos en el contexto de la lucha por los derechos civiles de los
afroamericanos en los años sesenta: su mensaje planteó una serie de exigencias
de justicia básica y florecimiento humano que se nutrían de una fuente bíblica
– los libros proféticos, el propio Evangelio -, pero que asumían estrictamente el
lenguaje cívico de la igualdad y la libertad universales, presente en la carta
constitucional, en la cultura de los derechos humanos y en el legado ético –
político de las democracias. Este mensaje inclusivo convocaba a todos los
ciudadanos, no solamente a los creyentes.
En el
Perú, la afirmación del Estado democrático como laico es aún una tarea
inacabada. Se defiende con frecuencia la neutralidad estatal en materia
religiosa y de visión del mundo, pero se mantienen prácticas que son
expresamente incompatibles con este principio, como establecer que en el plan
de estudios de las escuelas públicas se dicte en curso de religión planteado en
términos de difusión de un credo particular, o permitir que las festividades
nacionales incluyan (en un nivel institucional) la celebración de un ritual
religioso puntual, como la célebre Misa y Te
Deum. El discurso del reconocimiento de “instituciones tutelares” de la
patria – Fuerza Armada e Iglesia Católica – forma parte todavía –
lamentablemente – del imaginario implícito de buena parte de nuestros “sectores
dirigentes”, a pesar de ser expresión de un sistema ideológico autoritario, completamente
incompatible con el ethos
democrático, basado en la idea de la autonomía de los ciudadanos. Se trata de
un discurso reaccionario, que alimenta la exclusión social y política en un
país de instituciones frágiles. Necesitamos examinar rigurosamente las diversas
aristas nuestra cultura política ordinaria, para construir una genuina ética
cívica, fundada en el irrestricto derecho al autogobierno. Se trata de un
aspecto fundamental del proceso mismo de edificación estricta de una auténtica
democracia liberal.
(Publicado en Ideele).
[1] Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia
de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad
Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
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