IGLESIAS Y ESTADO: EN TORNO A LOS CIMIENTOS ÉTICOS DE LA SEPARACIÓN*

Gonzalo Gamio Gehri

La separación entre las instituciones religiosas y el Estado constituye uno de los logros más importantes de la cultura liberal, un principio que ha sido incorporado acertadamente en el ideario político de la democracia. La expresa formulación filosófico-política de esta tesis data del siglo XVII y responde a la trágica experiencia histórica de las guerras de religión en Europa. John Locke sostuvo con claridad que al Estado le correspondía proteger las libertades y derechos de los ciudadanos, pero en ningún caso velar por la corrección religiosa de las personas: si existe Dios, si es una persona o muchas, es un asunto que concierne a la fe del creyente y a su capacidad de reflexión, y que le interesa al individuo mismo o a las organizaciones en las que el individuo ha elegido participar. Nadie puede obligar a los seres humanos a salvar sus almas; se trata de un asunto de conciencia y de libertad personal.

Desde entonces se considera que el Estado debe garantizar la tolerancia religiosa y el derecho de cada cual a creer o no creer en una sociedad libre, abierta a todos los credos, y dispuesta a ofrecer espacios para el diálogo y el debate en torno a la fuente de sentido para la vida (tanto en una clave religiosa como secular). Se pretende erradicar así la persecución por motivos confesionales – tan común en las comunidades premodernas – en las que se suponía que un gobernante responsable debía asegurar la salvación de las almas de sus súbditos. Instituciones lamentables como la Inquisición o funestas medidas como la extirpación de idolatrías fueron desactivadas definitivamente. Con el tiempo, el Estado liberal se concibió a sí mismo “neutral” en materia confesional – o mejor, comprometido con el pluralismo ético y el respeto de la diversidad religiosa -, de modo que no se pronuncia a favor o en contra de creencia alguna, siempre y cuando ésta opere en el marco del respeto a la ley. En esta perspectiva, en una sociedad democrática y liberal no existe una “religión oficial”. Declarar una adhesión, simpatía particular o relación especial con algún credo implicaría ejercer una inaceptable discriminación entre los ciudadanos, que deben ser tratados sin excepciones como individuos libres e iguales.

La separación Iglesias / Estado pretende combatir la politización de la fe tanto como la sacralización de la política, así como sus perniciosos efectos sobre la esfera pública. Constituye una expresión de respeto a la exclusiva potestad de las personas de discernir, discutir y elegir sus creencias y planes de vida. En ocasiones, sectores religiosos conservadores han sugerido que medidas como éstas contribuyen a minar el ‘sentido de trascendencia’ entre las personas y a promover una suerte de “retirada espiritual”. Deslizan la idea de que esta clase de posiciones tiene a minimizar el lugar de la religión en la vida de la gente. Todo lo contrario. La separación liberal reconoce el gran valor que tiene la religión para muchas personas; por lo mismo, plantea que los ciudadanos deben contar con un espacio de libertad para examinar ese valor, deliberar sobre lo que le asignaría sentido a la vida, y cultivar (si así lo deciden) genuinas prácticas de fe. La coacción estatal sólo dañaría gravemente esa reflexión e impondría arbitrariamente un catálogo único de creencias.

Sostener que el espacio de la fe está fuera del ámbito de influencia del Estado no implica “privatizar la fe”. Resulta fundamental que las personas encuentren lugares en los que se pueda debatir rigurosa y honestamente los puntos de divergencia y encuentro de los diferentes credos, en un clima de tolerancia y apertura dialógica a las razones del otro. Estos escenarios sociales están disponibles en las propias comunidades religiosas y en las instituciones de la sociedad civil. La Universidad, por ejemplo, constituye un espacio relevante para la meditación académica sobre el valor del diálogo interreligioso, la prevención del fanatismo y el rol de las múltiples confesiones en la cimentación de una “ética mundial”, para utilizar la feliz expresión de Hans Küng. Sostener que estos lugares son extra-estatales no equivale a propugnar una suerte de atomización de la fe.

En el Perú, el camino hacia la afirmación de una cultura de separación entre Iglesias y Estado es todavía largo. Por ejemplo, la existencia de un Concordato con la Santa Sede que establece que en los colegios públicos se imparta un curso de catequesis católica es incompatible con lo que venimos señalando. En un Estado realmente laico, tal curso no existe en la escuela pública, porque la formación religiosa es responsabilidad de las familias y las parroquias. O, si existe, se trata de un curso de historia de las religiones (un curso sobre el ‘hecho’ religioso), no una asignatura de carácter apologético. Consolidar la separación en nuestro país – por el bien de la política y por el bien de las religiones – es una tarea democrática que debería tomarse en serio.

* Una versión corregida de este breve texto será publicada en la revista Intercambio.