SOBRE EL COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS: SESENTA AÑOS DESPUÉS

Gonzalo Gamio Gehri

Este 2008 se cumplen se cumplen sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno podría pensar que se trata de una celebración “natural” en sociedades democráticas que han asumido tales principios como un foco de consenso en el mundo post-holocausto (para decirlo con Richard Rorty). El hecho que concibamos a todos los individuos – más allá de su raza, cultura, religión, género y hábitos sexuales – como fines y no exclusivamente medios, titulares de inmunidades y prerrogativas en torno a la vida y la libertad que los Estados deberían proteger incondicionalmente, no debería sorprendernos. Que la fuente de la legitimidad del poder constituido descanse en el consentimiento de los ciudadanos y en el reconocimiento de sus derechos inalienables no debería ser una novedad. Ambas son tesis liberales, herederas de Locke, de Kant, de Mill y de tantos otros.

Pero vivimos en un país en el que la causa de los Derechos Humanos es vista con sospecha. No se trata de un asunto que invoca la lealtad de todo ciudadano y ser humano civilizado, es identificado como el caballo de batalla de una izquierda “reciclada”, temida y a veces odiada. Muchos políticos se refieren a determinados grupos de gente – los manifestantes en las protestas públicas, o los presos – como personas que bajo determinadas circunstancias pierden todos esos derechos (incluyendo el derecho a seguir viviendo). Un obispo se refiere en términos soeces a los Derechos Humanos (o a los organismos que los defienden) y un grupo de políticos y periodistas intentan recrear el “contexto” en el que podría “sonar mejor” tamaño despropósito. Una Universidad privada con vocación de negotium pretende despedir una profesora cuya vida íntima no goza de la aprobación de su “alta gerencia” (prueba que – como se ha dicho en otro blog - lo suyo parece ser la administración de los clubes de fútbol, y no la educación superior). Un candidato presidencial (hoy presidente de la nación) patea sin compasión a un hombre discapacitado en una marcha pública, y sólo se disculpa cuando cae en la cuenta de que ha sido pillado in fraganti. Una ex congresista fujimorista – devota de las dictaduras – festeja públicamente la siniestra mutilación de una escultura en homenaje a las víctimas de la violencia. En fin, esa clase de desvaríos no es sólo una práctica local: después de todo, el presidente de la nación más poderosa del mundo bombardea Oriente medio, y sostiene que lo hace “después de consultarlo en oración”. La defensa de los Derechos Humanos parece una empresa contracultural. Una prueba más que el liberalismo es rara avis no sólo en nuestro medio, no me cansaré de repetirlo.

Lo nuestro ha sido – y en parte es – el culto a las “instituciones tutelares”, la “mano dura”, “El que obedece no se equivoca”. El “Viva la muerte”, esa paradoja repelente que denunciaba Unamuno confrontando a los franquistas y a Millán Astray. La imposición de la “historia oficial” sobre las exigencias de la memoria crítica. Es hora de nadar contra la corriente, pensar a contrapelo respecto de lo que balbucea nuestra autodenominada “clase dirigente” – incluyendo a aquellos políticos y periodistas que se llaman “liberales” cuando se trata de hacer negocio, y que se comportan como discípulos de Primo de Rivera -. El respeto de los Derechos Humanos no es una concesión a la “agenda política” de los activistas anti-sistema, es un signo de civilización que acusa la presencia del universalismo moral que garantiza las libertades y las formas más básicas de justicia y nos protege contra los abusos de los “poderes fácticos”. Martín Tanaka ha sugerido recientemente que las violentas campañas mediáticas contra el pensamiento progresista (liberal, y también centro-izquierdista) revela una poderosa tendencia antihumanista y antiacadémica en el espacio público. Tiene toda la razón. Para ciertos “hombres de prensa”, sólo los políticos y los empresarios pueden construir país, y tienen “legitimidad” para hacerlo. Curiosamente, son los sectores de la sociedad civil – desde las universidades, los sindicatos y algunas ONG – los que pugnan por lograr que el tema de los Derechos Humanos no desaparezca de la agenda. Sesenta años después de la Declaración, su mensaje fundamental – corazón del liberalismo – lejos de configurar nuestro “sentido común”, permanece como un tema controversial, ajeno a las demandas de la “política corriente”.