LUCHA POR LA MEMORIA, AGENCIA POLÍTICA Y RECONCILIACIÓN

Gonzalo Gamio Gehri

El trabajo de la memoria resulta esencial para iniciar el camino de la reconciliación. Reflejarnos en el espejo de la historia permite que des-cubramos la magnitud de nuestra responsabilidad frente al sufrimiento de nuestros compatriotas, así como las posibilidades de acción política para la prevención de circunstancias similares en el futuro. Las autoridades estatales tenían el deber de garantizar la seguridad y las libertades de la población; la CVR ha mostrado en su informe en qué medida quienes en los años ochenta y noventa ejercieron la función pública no estuvieron a la altura del mandato que recibieron de la población. No obstante, no es menos cierto que nosotros, los ciudadanos – a la vez gobernados y gobernantes, de acuerdo con la definición clásica de Aristóteles –, pudimos habernos comprometido con la defensa de los Derechos Humanos, y no lo hicimos. El reconocimiento de esta responsabilidad constituye un signo de una suerte de complejo proceso de conversión moral frente a la percepción del otro y su situación al interior de la esfera de mis lealtades y vínculos empáticos. El otro que sufre no es ya un extraño, se convierte (o va convirtiéndose) en uno de nosotros. La afirmación del otro como prójimo y conciudadano quiebra el círculo vicioso de la injusticia pasiva. Su pueblo deja de ser “ajeno” se hace parte de una genuina comunidad.

Las políticas de reconciliación requieren, lo hemos dicho, del esfuerzo sostenido de la ciudadanía en un plazo indefinido de tiempo. Se trata de un proyecto cuyo éxito no está garantizado – menos hoy que hace unos años – y que está bajo constante amenaza. Desarrollar sin cortapisas el debate sobre la memoria de la violencia, acompañar a las víctimas en el proceso de duelo, participar en la discusión y diseño de reformas institucionales conducentes a la reparación y a la restitución de los lazos sociales; todas estas son medidas ‘políticas de discontinuidad’ que conmueven la aparente rutina de la ‘política corriente’. Hace visible a los invisibles, pretende restituirle a las víctimas su derecho a la ciudadanía, a la igualdad civil. Tal y como señala el Informe Final de la CVR estas medidas sugieren una suerte de “refundación de la república”.

Esta clase de proyectos requieren de encarnaciones y expresiones simbólicas, qué duda cabe. Si nos remontamos a los griegos, el caso que se nos viene a la mente – desarrollado en el elemento propio de la reflexión literaria – es el del proceso de reconciliación descrito en La Orestiada, de Esquilo. Orestes, hijo de Agamenón, ha matado a su madre Clitemestra en venganza por el asesinato de su padre. Las erinias, las terribles doncellas protectoras del equilibrio cósmico, deben castigar al matricida por atentar contra su propia sangre. Esta sanción se enmarca en una espiral de venganzas que se remonta al tiempo de los padres de Agamenón. Para quebrar esta cadena de asesinatos, Atenea decide convertir este conflicto de sangre en una querella judicial. Elige jueces en Atenas con el fin de confrontar el testimonio de las partes, y someter la cuestión a la deliberación de quienes asumen la posición de un tercero, dado que no están directamente involucrados con aquellas muertes[1]. La cadena de venganzas se ve superada en la racionalidad del discernimiento público.

Un elemento interesante en esta descripción es el lugar donde Atenea decide erigir los tribunales. Se trata del Areópago. Como se sabe, allí se celebrarán también las reuniones de la asamblea y no pocas lídes dialécticas, desde los tiempos de Sócrates hasta la prédica de San Pablo. Areópago significa literalmente “colina de Ares”; se trataba de un lugar dedicado al culto del dios de la guerra. No es difícil darse cuenta de la intención de Atenea, que el lugar consagrado a la violencia se convierta en un foro en el que se practica el diálogo y la reflexión comunitaria. Erradicar el uso de la fuerza a favor del uso de la persuasión y el cultivo de la amistad cívica. No sorprende, en ese sentido, que los comisionados de la verdad, con idéntica intención – veinticinco siglos después de Esquilo – hayan escogido el “Campo de Marte” como el escenario para la edificación de la Alameda de la Memoria y la instalación de la escultura “El Ojo que llora”. Se pretende que el Campo de Marte se convierta ahora en un lugar de meditación sobre la tragedia vivida y la necesidad de justicia y reparación. Un espacio para el trabajo de la memoria.

Sin embargo, incluso estos gestos han sido recibidos con hostilidad de parte de los enemigos de la CVR. La inclusión de los nombres de las víctimas de los asesinatos de la Cantuta y de las ejecuciones extrajudiciales de 41 presos acusados por terrorismo en el penal Castro Castro en las piedras que componen la escultura llevaron – en enero de 2007 - a un sector conservador de la “clase política” y de la prensa a considerar que la Alameda de la Memoria constituye un lugar en el que “se rinde culto al terrorismo”, y ha solicitado su demolición. No se ha discutido seriamente este tema, así como su relevancia para las políticas de memoria; sólo se han proferido insultos provenientes de las canteras del gobierno y del fujimorismo parlamentario y mediático. Actualmente, el alcalde de Jesús María ha prohibido el ingreso de los ciudadanos al monumento.

[1] Me he ocupado del tema de La Orestiada - en vínculo con el trabajo de la CVR – en Gamio, Gonzalo “La purificación del juicio político. Narrativas de justicia, políticas de reconciliación” en: Derecho & Sociedad Nº 24 pp. 378 – 389.