EL ESTADO LAICO ‘EXAMINADO’

Gonzalo Gamio Gehri

Hace una semana, el gobierno aprobó una ley que convertía al Señor de los Milagros en Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica del Perú. Se trata de una ley que a todas luces es contraria al carácter de una sociedad democrática, que garantiza el libre culto, que no discrimina a sus ciudadanos en materia de sus creencias y que cultiva el pluralismo. Es lamentable que nuestros políticos no duden en lesionar ciertos principios básicos del Estado constitucional de derecho con gestos demagógicos. Creo que con ello Alan García le ha dado un espantoso golpe al legado intelectual y moral del joven Haya de la Torre, que se opuso a la Consagración del Perú al Sagrado Corazón - promovida por Leguía - precisamente por estar reñida con la laicidad de un Estado que pretende ser moderno. La Procesión es multitudinaria y conmovedora, no necesita en absoluto el respaldo de una ley. La piedad de los peruanos no requiere de un espaldarazo legal; florece por sí misma.

El tema ha generado diversas reacciones, de diverso calibre y fortuna. Rosa María Palacios y Augusto Álvarez Rodrich han manifestado su preocupación en una perspectiva liberal, Humberto Lay ha planteado su desacuerdo desde el punto de vista de la comunidad evangélica. Sorprenden las declaraciones del Cardenal Cipriani (aunque él nos tiene acostumbrados a sus declaraciones polémicas y singulares: hace poco, con ocasión del Premio Nobel para Vargas Llosa, señaló que no había leído ninguna de sus novelas y tampoco las recomendaba). El Cardenal ha intentado responder a las críticas elaborando un dibujo poco sutil – considerablemente caricaturesco, en realidad – del llamado “laicismo”:

“El laicismo es la enfermedad (…) el laicismo es cuando vienes tú y le dices a la Iglesia `cállate la boca, no hables de educación, no hables de corrupción, no hables de justicia, esos son temas políticos´; no sean enfermos de laicismo, la laicidad, que el Papa la acepta muy bien, es una mejora del mundo contemporáneo; el laicismo es un ataque a la iglesia Católica fundamentalmente”.

Creo que estas controversiales declaraciones – aparecidas en el programa Diálogo de Fe – entrañan una lectura imprecisa de aquello que significa vivir bajo un Estado laico y en una sociedad liberal. Confunde lamentablemente la defensa de un Estado laico con el anticlericalismo (y sospecho que también con la mera increencia). El que un Estado se mantenga al margen de cualquier compromiso explícito con una religión particular (para no establecer distinciones entre sus ciudadanos que impliquen algún tipo de discriminación) no significa “callar a la Iglesia”. Las comunidades religiosas expresan con todo derecho puntos de vista que muchos ciudadadanos valoran, pero esos puntos de vista no son los del Estado ni requieren de los canales del Estado para expresarse. Tampoco tienen en sí mismas un carácter “oracular” ni desempeñan un rol “tutelar” en una sociedad democrática. Constituyen una voz dentro de la sociedad civil, al lado de las voces de otras asociaciones e individuos, algunos vinculados al mundo de la fe, otros vinculados a espacios de vida cívica. Siendo una institución antigua y venerable, la Iglesia Católica – a través de su organismo colegiado, la Conferencia Episcopal, o a través de la persona de sus autoridades – tiene cosas muy importantes que decir ante la opinión pública sobre temas de justicia y bien común. Y los ciudadanos podrán recoger, comentar, examinar lo dicho por ella desde los foros públicos correspondientes (o al interior de la propia Iglesia). La Doctrina Social de la Iglesia aporta significativamente al diálogo horizontal sobre la educación, la corrupción, la justicia. Se trata de temas vitales para garantizar la salud de una sociedad. No obstante, se trata de aportes al diálogo no se sitúan por encima o por debajo del diálogo. Recordarlo es positivo para la democracia, y también para las propias Iglesias.

Dudo mucho que el Estado laico constituya un signo de 'enfermedad', creo que constituye una condición positiva para la puesta en ejercicio de un fecundo diálogo intercultural e interreligioso en el seno de la sociedad democrática. Concebirlo como una perversión sólo revela la presencia de una lectura trasnochada y falsa de la modernidad cultural y política. La nostalgia por la alianza arcaica del trono y el Altar resulta vana y funesta en una sociedad plural. Tristemente, estos cuestionables esquemas prosperan cuando políticos astutos – formados en el mundo de la política corriente e inspirados por móviles escasamente “espirituales” - sienten que pueden sacar provecho de ellos. Eso es lo que acaba de pasar con esta innecesaria ley que hemos comentado: la igualdad religiosa ha sido lesionada por una iniciativa cuestionable de nuestro Presidente de la República y su entorno. Estos políticos cuentan con que el autoritarismo y el confesionalismo están instalados en nuestro medio como una suerte de "sentido común"; se trata de un conjunto de presuposiciones contrarias a la democracia que deben ser desmontadas en nombre de una ética cívica. Olvidamos con una irreflexiva rapidez que la separación de las cosas de la religión y las del Estado tiene una de sus fuentes en el propio Evangelio.