UN PROYECTO INACEPTABLE

Gonzalo Gamio Gehri

Leo hoy en La República un agudo artículo de Alberto Adrianzén sobre el anacrónico y absurdo proyecto de amnistía (e indulto) planteado - por separado - por dos congresistas apristas (E. Núñez y M. Cabanillas). El texto - Ni olvido, ni perdón, ni rencor - llama la atención acerca de la pésima relación que mantiene nuestra "clase política" con la memoria de la injusticia vivida y con las políticas de Derechos Humanos. El anhelo de impunidad es evidente. El columnista muestra cómo el inefable Edgar Núñez (el novel actor de Vidas paralelas) pretende hacer creer que la medida busca "blindar" a los comandos Chavin de Huantar que participaron en la liberación de los rehenes de la Residencia del Embajador japonés en 1997, cuando los únicos comandos procesados vienen siendo investigados por otra clase de crímenes. Aparentemente, la amnistía funciona como un caballo de Troya para otros personajes (entre ellos, el ex dictador Fujimori).

"Este hecho de por sí escandaloso, lo es aún más cuando se sabe, como dice la abogada de APRODEH Gloria Cano, que no existe ningún miembro del comando Chavín de Huántar que esté siendo juzgado o investigado por dicho operativo, y que los únicos que lo están por este hecho son: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Jesús Zamudio Aliaga y Roberto Huamán Azcurra. A ello se suma, que Williams Zapata y Carlos Tello Aliaga, que participaron en este operativo, son procesados por otros hechos, el primero por la masacre de Accomarca en 1985 y el segundo por la masacre del Frontón en 1986. Ambos sucesos ocurridos en el primer gobierno de Alan García."

Hace unos días, en declaraciones al diario La Primera, Núñez se pronunció en favor de las ejecuciones extrajudiciales, en un inequívoco manifiesto contra la legalidad democrática. Resulta doloroso constatar que los - mal llamados - "padres de la patria" tienen dificultades para pensar la igualdad civil como un principio básico para la coexistencia social. Todavía se instalan en el imaginario autoritario de las "instituciones tutelares", cuyos miembros no admiten cuestionamiento y supuestamente están fuera del alcance de la justicia. No señor congresista, si los Chavin de Huantar asesimnaron a prisioneros rendidos - hecho que aun no ha sido demostrado - tendrán que asumir necesariamente su responsabilidad, junto con quienes dieron la orden. De acuerdo con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio de "obediencia debida" ya no puede ser invocado para rehuir la sanción. La “salida” consistente en formar una comisión de indultos ad hoc – tomando como modelo la dirigida por H. Lanssiers – no procede: aquella comisión tenía sentido en tanto la endurecida legislación fujimorista viciaba el debido proceso y propiciaba arbitrariedades, abusos y errores graves. Hoy, en una democracia y contando con un poder judicial distinto, no existen razones para dudar de que los efectivos militares y policiales podrán tener un juicio justo (o contarán con procedimientos y espacios fiscalizadores para denunciar los vicios legales que puedan generarse).

Se trata de una cuestión de principio: el fin no justifica los medios. Por muy noble que sea la causa de la pacificación, las ejecuciones extrajudiciales no pueden ser admitidas como una 'estrategia razonable' para imponer el orden. Son crímenes de lesa humanidad. Y no hablemos de la tortura o las agresiones sexuales contra la población civil inocente, o las fosas de Putis. Justamente porque se trata de una institución honorable - cuyo prestigio debemos defender -, las fuerzas del orden deben ser depuradas conforme a lo que establezca la justicia en el seno de una sociedad democrática. A nuestros héroes - que los hubo, y muchos -, el reconocimiento y la eterna gratitud de la ciudadanía; a quienes cometieron crímenes deshonrando el uniforme y mancillando el voto de servicio al país, hay que asegurarle un juicio justo y una sanción ejemplar. Pero la carta blanca y la inmunidad frente a la ley sólo envilece a la instiución militar y policial, y a la sociedad entera. con esta medida inadmisible los congresistas oficialistas están debilitando a las fuerzas del orden, en lugar de colaborar con ellas. El "perdón" espurio y el olvido funesto que plantean las amnistías no es lo que desean los efectivos militares y policiales que no han cometido delito: ellos quieren ser absueltos luego de un proceso imparcial. Es muy diferente ser absuelto que beneficiarse con una amnistía.

En los últimos años del oscuro fujimorato, y en la vil campaña que la prensa fujimontesinista libró contra la transición democrática y contra la CVR, el sector más subterráneo de la política y del "periodismo" nacional predicaron una perversa disyunción exclusiva: "o la gloria o el silencio". Es decir, la supresión de la memoria, y de la justicia, el recurso a la prepotencia para acallar a las víctimas, y amañar la historia (curiosamente, ese mismo grupo de personajes era el que exaltaba en la prensa alcantarillesca, o desde el activismo ideológico- partidario, "el compromiso patriótico"). ¿Son esos funestos vientos los que vuelven a soplar?

El asunto es grave, porque se trata de una propuesta planteada al interior de un régimen democrátiico, y que sin embargo, vulnera todos los acuerdos que el Perú ha suscrito sobre Derechos Humanos. Ni siquiera los autores de sendos proyectos de ley - ambos "compañeros" de bancada - se ponen de acuerdo en los términos de esta peligrosa propuesta, y hasta se acusan de plagio. Lo cierto es que esta propuesta va contra la legislación local e internacional en la materia. Como dice Adrianzén, se trata de una "Contra-comisión de la verdad". Tratan de imponer una situación moral y políticamente inaceptable: que un sector de la población - los agentes del Estado - logren obtener extraños privilegios que ni siquiera un sistema de justicia imparcial podría desafiar.