Gonzalo Gamio Gehri
La tensión existente entre el gobierno, la autodenominada “clase política” y las organizaciones de Derechos Humanos se ha exacerbado considerablemente en las últimas semanas. La carta de APRODEH dirigida al Parlamento Europeo – aconsejando que el MRTA no figurase como en la lista de grupos terroristas de la UE - ha desatado iras en la opinión pública y en los fueros políticos, pero también no pocas confusiones que deberían ser materia de discusión. También han aflorado la mala intención y el cálculo político. La ganancia en río revuelto, las medias verdades en medio de la búsqueda de la popularidad perdida y el diseño de cortinas de humo. Como resultado de todo este desordenado incidente y de las destempladas reacciones que ha suscitado, constatamos que la penosa (y antidemocrática) cacería de brujas contra las instituciones de la sociedad civil está siendo reeditada por el oficialismo y sus aliados (el ala más conservadora de Unidad Nacional y los fujimoristas).
Considero que el envío de la carta de APRODEH constituyó un grave error. Es cierto que muchos medios de comunicación han reseñado sólo algunos aspectos de la carta, omitiendo tendenciosamente aquellos pasajes en los que expresamente se condena las acciones terroristas realizadas por el MRTA en el pasado. Es evidente que APRODEH reconoce la condición delictiva de este grupo subversivo, en conformidad con las Conclusiones 34 y 35 del Informe de la CVR. Este es un asunto que está fuera de discusión; sin embargo, los medios sugirieron erróneamente que esta ONG “defendía los derechos del MRTA”. APRODEH sostuvo que el MRTA constituye una organización desactivada, y por tanto inexistente. Adujo que el gobierno pretende mantenerla formalmente con vida para vincularla con los “círculos bolivarianos”, así como con los campesinos y los activistas del medio ambiente que denuncian a las mineras, para así criminalizar la protesta social. La tesis de que el MRTA ha desaparecido resulta discutible: aunque su brazo armado no actúa desde hace aproximadamente ocho años, algunos de sus adeptos siguen operando a través de los espacios virtuales o hacen trabajo de tipo “ideológico” en el exterior. En cuanto al tema de la criminalización de la protesta, es justo decir que APRODEH tiene la razón. Las detenciones arbitrarias (“preventivas”) de Melissa Patiño y Carmen Azparrent son prueba de ello. La República informa que actualmente se está procesando a 35 opositores a los proyectos mineros del Norte peruano.
A mi juicio, el error de APRODEH reside en el hecho de recomendar a la Eurocámara no incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas. Una cosa es informar que se trata de un grupo que no está en actividad, y otra emitir una recomendación. El primer acto (la información del experto) corresponde al trabajo de un organismo consultivo, especializado en temas de Derechos Humanos; el segundo (la recomendación) tiene ya una naturaleza estrictamente política, susceptible de múltiples interpretaciones (incluidas las infundadas y malintencionadas). El consejo de APRODEH ha generado consecuencias más o menos previsibles: la reacción desmesurada de la “clase dirigente”, y el uso político de este incidente para desatar adrede – y justificar – actitudes macartistas en la escena pública.
Esta reacción se ha puesto de manifiesto de diferentes formas, todas ellas deleznables y nada democráticas. La dirección de APCI ha pedido cuentas a APRODEH para indagar con qué fondos “intermedia en favor del MRTA”; esta declaración que no hace sino abonar el terreno para la maledicencia y la difamación. Luis Giampietri exige investigar a APRODEH, IDL, e incluso la Facultad de Derecho de la PUCP, para determinar ‘posibles vínculos de las instituciones de Derechos Humanos con la subversión’; Rafael Rey aprovecha la ocasión para reiterar sus ataques contra la CVR. Los fujimoristas exigen medidas punitivas contra las ONG que puedan reportar ventajas para su líder, procesado por delitos contra la humanidad. Todas estas iniciativas - absurdas y delirantes - no sólo aderezan el festín autoritario, incluso consiguen distraer la atención en torno al descubrimiento de fosas clandestinas en el cuartel militar Los Cabitos, prueba evidente de los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado en los años de la violencia.
Aquí se ha impuesto el ánimo macartista (explorado por la prensa ultraconservadora) y la “lógica del puntapié” (promovida por un entusiasta García). Hace unos días, el gobierno apartó del Consejo Nacional de DDHH a la Coordinadora - que había tomado distancia de la carta de APRODEH -, a CEAPAZ y al Concilio Evangélico. A pesar de que la Ministra de Justicia ha prometido revertir esta decisión, ningún gesto explícito del Estado ha confirmado esta declaración verbal. Es cierto que en los últimos días el oficialismo ha optado por ponerle discretamente paños fríos a esta controversia. Sin embargo, dicha decisión no es fruto de algún tipo de posición principista o de cambio actitudinal. Se trata de una estrategia política, producto del análisis de la coyuntura, pues los países que participarán en las cumbres internacionales son particularmente sensibles frente a los temas de Derechos Humanos. Transmitir una imagen autoritaria en esta materia resultaría contraproducente para el país. Es una lástima que los asuntos de justicia universal sean vistos como complicaciones accesorias antes que como condiciones esenciales para la vida democrática. Parece ser que - paradójicamente -, para el gobierno aprista y sus aliados, salvo el poder (y la inversión extranjera) todo es ilusión.
* Publicado en el último Ideele, Nº 186.
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10 comentarios:
Hola Gonzalo:
Creo que lo que sucede ahora no se compara, ni por asomo, con la persecución que sufrieron los fujimoristas en los tiempos de Toledo y García. Todos los que colaboraron con el gobierno de Fujimori eran perseguidos y llevados a la justicia por el sólo hecho de haber colaborado con ese gobierno. Se inventaron las acusaciones más delirates. A Carlos Boloña lo llevaron a juicio por haber colaborado en un golpe contra el "dictador" Fujimori (mientras a Robles, por el mismo motivo, se le ponía en un pedestal), Martha Chávez estuvo fuera del parlamento casi todo su periodo legislativo contrariando el mandato popular, a Luz Salgado y Carmen Losada le aplicaron una inhabilitación de cinco años que se conviertieron en diez y hay muchos más ejemplos (¿Alguien se preocupó por los DDHH de ellos? No, porque para los organismos de DDHH, éstos son selectivos y dependen del color político de la persona afectada).
La fórmula perfecta para dejar de ser perseguido era declarar contra Fujimori, por eso muchos que colaboraron con él ahora son los grandes antifujimoristas, Alvarez Rodrich y Rosa María Palacios, por ejemplo.
Ese fue verdadero macartismo, lo que sufren los autodenominados defensores de DDHH de Aprodeh apenas son consecuencia de sus "errores" a favor de los terroristas.
Cosa curiosa, los perseguidores se proclaman perseguidos apenas alguien les da una cucharita de la medicina que a ellos les encanta aplicar a otros, en dosis casi navegables.
Saludos
Estimado Roberto:
No creo que haya una “persecución generalizada” contra el fujimorismo. Hay fujimoristas que han sido condenados por la justicia por crímenes probados, otros que han sido absueltos y otros que tienen procesos o investigaciones pendientes (incluida Keiko, según tengo entendido). La colaboración de Boloña con los dos golpes (el del 92 y el que se cocinaba para el 2000) todavía es controversial.
Que existe un clima macartista en temas de sociedad civil y DDHH es evidente. Aunque no se compara con la PRÁCTICA macartista de la época del fujimorato, en la que se chuponeaba, espiaba, extorsionaba políticos y periodistas de oposición, o se compraban conciencias y medios para asegurar el festín autoritario.
Saludos,
Gonzalo.
Hola Gonzalo:
En primer lugar quiero rectificar porque escribí "en los tiempos de Toledo y García" y debí haber escrito "en los tiempos de Paniagua y Toledo".
Dices no creer que hubo una persecución generalizada, es una percepción legítima, pero también hay indicios abrumadores para establecer como válida una percepción diferente, es decir que sí hubo una persecución política en la que se puso en un mismo saco a inocentes y culpables (sin que los famosos defensores de DDHH dijeran esta boca es mía).
A los que han sido absueltos, como Martha Chávez le impidieron el ejercicio legítimo de su actividad parlamentaria (ya me imagino las protestas si eso le hubieran hecho a un político de izquierda, para muestra el caso Melissa que tantos ríos de tinta ha motivado). En relación a Keiko, según tengo entendido, no tiene cuentas pendientes con la justicia excepto aquellas que le inventan los jueces politizados cada vez que sube en las encuestas (como en el día de su matrimonio).
Sobre Boloña, sí hubo un conato de juicio por su participación en el intento de golpe contra Fujimori, y hasta pidieron el destierro por el autogolpe del 92 (Qué buenos defensores de DDHH ¿No es cierto?).
Sobre el macartismo, mi percepción es que simplemente ha sido la indignación ciudadana contra los que le hacen el juego al terrorismo. Por lo demás, la mayor parte de los medios están en la línea derechohumanista, excepto algunas muy pocas excepciones. No se puede esperar que haya unanimidad con respecto a una línea política.
Estimado Roberto:
Creo que - ante la casi generalizada corrupción del fujimorato, tal como lo atestiguan los vladivideos - se redobló el celo contra los fujimoristas. Es que en un nivel de ética pública, DDHH y democracia, el record del fujimorato ha sido deplorable.
Saludos,
Gonzalo.
Hola Gonzalo:
Es allí adonde quería llegar, porque se justifica la persecución a los fujimoristas en nombre de la lucha anticorrupción, no importando si se violan o no los DDHH de quienes trabajaron con honestidad.
Ese es un doble rasero que también florece en los organismos de DDHH ¿Por qué cuando se habla de los terroristas se argumenta sobre la base del principio de respeto a la vida y a sus DDHH, y cuando se se habla de persecución a fujimoristas se se la intenta justificar en base a un supuesto "redoblado celo" moralizador?
Lo curioso es que muchos derechohumanistas colaboraron con Fujimori y no les pasó nada, sino que al toque cambiaron de pollera y se conviertieron en adalidades de la moralidad pública (¿Alguien recuerda a Carlos Ferrero, que acompañó hasta el final al gobierno fujimorista?.
Es completamente evidente el uso político y selectivo que se da a la lucha por los DDHH. Con esas conocidas mañas, me parece que muchos ex comunistas están desacreditando hasta el límite el propio concepto de DDHH, porque no sólo la han convertido en un medio de sustento, sino que la direccionan de acuerdo a su gusto político. Esa es una manera de pisotear la ética de la que me gustaría leer algunos indignados comentarios de tu parte.
Saludos.
Estimado Roberto:
Estoy de acuerdo contigo en que los DDHH son para todos, y los abusos hay que denunciarlos. Pienso también que la lucha anticorrupción ha sido uno de los pilares de la transición, pero no creo que haya sido draconiana, o que se haya completado. Sin duda pudo haber algunos abusos, pero también es cierto que muchos personajes que se asociaron ilícitamente para delinquir han ganado impunidad.
Saludos,
Gonzalo.
Hola Gonzalo:
Me alegra que concordemos en que los DDHH son para todos. También celebro que pienses que los abusos hay que denunciarlos. En esa línea ¿Alguna vez los organismos de DDHH han denunciado los abusos que se cometieron contra los fujimoristas? ¿Han hecho campañas para que se realicen juicios justos para ellos? La respuesta es, como tú y yo sabemos, no. La razón es muy simple, estas instituciones usan los DDHH según su conveniencia política. Eso es lo que indigna y lo que hay que denunciar. Sospecho que esa es la razón por la cual los candidatos de los sectores "progresistas" son pulverizados en las urnas, porque el pueblo percibe y castiga este doble juego y el uso antiético que hacen del concepto de DDHH.
Sobre la lucha anticorrupción, creo que sería bueno preguntarles a las víctimas de la persecución si realmente piensan que no ha sido draconiana, ellos deberían tener la palabra final en ese tema.
Uno de los lugares comunes de los sectores derechohumanistas es que también los terroristas tienen DDHH y que había que respetárselos aunque maten, secuestren, tiren bombas, roben, etc. Además se pone énfasis en que el Estado bajo ninguna circunstancia puede usar métodos violatorios de DDHH para combatir a los terroristas. Bien, es un lindo discurso. Pero esa retórica principista se evapora cuando quienes hayan sufrido los excesos sean los fujimoristas. Allí no hay principios universales de DDHH, por el contrario se habla de "abusos", y se relativiza diciendo que otros fujimoristas están bajo el manto de la impunidad (Me parece advertir aquí un rezago del pensamiento suma-resta, costo-beneficio, que ya denunciaste en algún post). Es decir, que se revienten los que sufrieron abusos, ellos son un triste precio que había que pagar en bien de la moralidad pública(¿Dónde habré escuchado esto antes?). ¿No debían los organismos de DDHH hacer público su rechazo a los abusos cometidos? Creo que un poco de coherencia con sus principios no les caería mal. Aunque en verdad no se puede esperar mucho de quienes utilizan selectivamente los DDHH.
Disculpa la franqueza, pero es evidente que debemos exponer claramente nuestros pensamientos y no suscribir el pacto infame de hablar a media voz.
Saludos
PD: Los organismos de DDHH deberían protestar por el atentado contra el derecho a la defensa que perpetra el Colegio de Abogados contra el Presidente Fujimori. Pero no harán nada, ellos sólo se preocupan de los DDHH de los terroristas.
Estimado Roberto:
Los DDHH son para todos, incluidos los adversarios políticos (y aún los delincuuentes).
Por ejemplo, Martha Chávez se ha pronunciado mil veces en pro de los Colina y en contra de las políticas de DDHH, pero si se da el caso de que sus derechos se vulneren, habría que protestar (y educarla un poco en la materia).
Saludos,
Gonzalo.
Me refería a la Chávez como un ejemplo - particularmente patético, es cierto - de adversario político con mentalidad autoritaria.
Saludos,
Gonzalo.
Gonzalo:
Dices que los DDHH son para todos. Asi es, pero eso no parece tan claro para los organismos que reciben buen dinero para defender los DDHH. El caso de Martha Chávez, que tú citas, es un buen ejemplo. ¿Alguno de estos organismos se pronunció cuando una turba tiraba basura a su casa? ¿Alguien se pronunció en contra del innecesario alargamiento de su juicio? ¿Alguien levantó la presunción de inocencia para evitar el linchamiento mediático? La respuesta es no. Porque ella era fujimorista y no ex terrorista. Si hubiera sido ex senderista o emerretista ya se hubieran levantado las voces oenegeniles para denunciar estos abusos.
A eso me refiero cuando escribo sobre el uso selectivo que se le da a los DDHH por parte de los autonombrados "defensores de DDHH". Es un uso político, y por lo tanto totalmente cuestionable. Estos sectores son los que están desprestigiando totalmente la lucha por los DDHH y por eso reciben la indiferencia, cuando no el repudio abierto, de la ciudadanía.
Saludos
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