(AHORA SÍ) LA MEMORIA ES IMPORTANTE

Gonzalo Gamio Gehri

Los intentos de la organización senderista MOVADEF por convertirse en un grupo político en actividad en el espacio público ha generado – con toda razón – el rechazo de una mayoría de peruanos. Resulta indignante que un grupo de gente intente reivindicar una ideología nefasta y violenta como la que predicó Guzmán, desconociendo el carácter delictivo de Sendero Luminoso e invocando una “amnistía general” para sus miembros en prisión, pretendiendo recurrir – de una manera a todas luces artificial y exclusivamente instrumental – a las reglas de la democracia que procuró dinamitar. La situación se agrava cuando se constata que muchos jóvenes en edad escolar o universitaria ponen de manifiesto su ignorancia respecto de lo que sucedió en aquellos años.

No pocos intelectuales y periodistas han indicado que esta circunstancia difícil ha contado con la curiosa complicidad de una antigua y reiterada campaña por la impunidad y el olvido en materia de derechos humanos, una campaña emprendida en los últimos años por un sector ultraconservador en lo político y lo religioso, una facción que tiene un gran poder e influencia en el ruedo político y en muchos medios de comunicación. Se aferraron a la idea según la cual hacer memoria sobre aquellas décadas de terror y de represión equivalía a “reabrir viejas heridas”, que había que mirar hacia delante, y que respecto de los agentes del Estado sólo contaba “la gloria o el silencio”, para citar una vieja y subterránea nota de La Razón. Creen erróneamente que existe una incoherencia entre reconocer el heroísmo de las instituciones militares y policiales en la defensa del país en contra del terror y la denuncia de los malos efectivos que cometieron delitos de lesa humanidad; una sociedad democrática promueve honrar el heroísmo e investigar allí donde se perpetraron crímenes. Constituye un imperativo crucial para una democracia (y también para sus institutos armados) distinguir entre una cosa y la otra, y no ser condescendiente con la injusticia, allí donde existe. Por supuesto, el trabajo de los órganos de justicia tendría que ser eficaz y transparente; en ese punto el país ha contraído una enorme deuda con sus ciudadanos, tanto civiles y militares.

Es curioso que este sector conservador coincida con este sinuoso movimiento senderista en la defensa de una amnistía, que supone cancelación de la justicia y supresión de la memoria. La extrema derecha comienza acaso en advertir que la amnesia selectiva respecto de lo sucedido en los ochentas y noventas reporta un alto precio, que los jóvenes no estén enterados acerca de los crímenes perpetrados en aquellos años, que desconozcan las causas y secuelas de la violencia en el país, que pongan de manifiesto una evidente falta de compromiso con la tragedia vivida, etc. Recién se dan cuenta de que la memoria de veras importa. La actitud de esa derecha frente a los temas de memoria y derechos humanos ha aderezado el indigesto potaje que pretende ofrecer MOVADEF. La ceguera voluntaria frente a la injusticia es intrínsecamente dañina – esto lo sabían muy bien los griegos – más allá del estandarte político que ostenten sus usuarios.

El Informe Final de la CVR constituye la investigación interdisciplinaria más rigurosa en torno al proceso de violencia que padecimos los peruanos en aquellos años. No constituye la única fuente sobre esta etapa de nuestra historia, ni pretendió jamás dar la última palabra sobre este tema. Sin embargo, aporta una serie de argumentos y material de respaldo que cimentan sus conclusiones y recomendaciones con solidez, a la vez que trabaja con diecisiete mil testimonios de peruanos que afrontaron el conflicto. Los comisionados entregaron el Informe para que éste sea discutido en los espacios de la sociedad civil y del Estado. Este debate ha sido bloqueado de manera sistemática por miembros de la llamada “clase dirigente” – políticos en actividad, algunos militares en retiro y jerarcas eclesiales, etc. – cuyos intereses se han visto interpelados por el propio documento. Resultado de esta actitud es que el texto no ha llegado a las escuelas ni a los claustros universitarios para ser examinado y comentado.

En estos días se han deslizado una serie de comentarios sobre el Informe que delatan un escaso conocimiento del texto y del fenómeno que éste estudia. Se objeta el uso del término “conflicto armado interno”, una noción estrictamente descriptiva que permitía abordar el proceso de violencia sin recurrir a expresiones conceptuales incorrectas o claramente inaceptables como “guerra”, “guerra civil” – que tenían consecuencias jurídicas y políticas inadmisibles desde un punto de vista intelectual y moral – o “violencia política”, entre otras. Se objeta a su vez la alusión a la dimensión “política” de las organizaciones terroristas. En este punto, lo que la CVR buscó enfatizar es que a Sendero Luminoso y al MRTA se les combatió militarmente, pero no se les enfrentó de manera exhaustiva en el nivel ideológico-político: debía derrotárseles en el campo de batalla y también en el ámbito político, con el fin de evitar el resurgimiento de ese funesto fundamentalismo ideológico maoísta. Ambos niveles resultaban complementarios desde el punto de vista de una estrategia eficaz de pacificación. Debimos usar todos nuestros recursos pedagógicos y persuasivos, toda nuestra ironía y capacidad de indignación para refutar desde la raíz cualquier prédica dogmática de violencia. Si se hubiese realizado ese trabajo en las universidades – gracias al concurso de maestros y estudiantes, de los partidos políticos y de los medios de comunicación -, organizaciones totalitarias y violentistas como MOVADEF no tendrían lugar alguno en la sociedad, ni encontrarían eco en un sector de la población juvenil. La ciudadanía estaría advertida acerca del peligro que representan para la democracia.

Pero esta campaña absurda no cesa. Los mismos medios han optado por sustituir – una vez más – la confrontación de argumentos con las aseveraciones gratuitas y malidicentes. Martín Santiváñez - en una (para variar) hiperbólica y sustancialmente nula columna - califica el Informe como un “mamotreto marxista”. ¿Qué se puede decir al respecto? Quizá que el columnista debería opinar sobre la base de una lectura mínima del texto, y dejar las frases hechas para otra ocasión. Por supuesto, no se ha detenido a leer los pasajes del IF-CVR en los que se describen y cuestiona severamente los supuestos ideológicos fundamentalistas de Sendero Luminoso, vinculados al marxismo en su vertiente maoísta y a la delirante prédica de Guzmán (cap. Sobre los “Orígenes ideológicos” del PCP-SL y las conclusiones correspondientes) y las Conclusiones en las que se afirma con total contundencia que Sendero Luminoso ha sido el mayor perpetrador de crímenes contra los derechos humanos (Nº 13-14), se lo sindica como un grupo totalitario, militarista y terrorista (Nº 15-16) y potencialmente genocida y de conducta racista (Nº 21). María Cecilia Villegas dice, por su parte, en la misma tribuna, que los comisionados de la Verdad eran en su mayoría izquierdistas, “11 de 13” (cita literal). Aquí puede decirse no solamente que su argumento es falso, si no que Villegas acaso tiene problemas para contar, pues para ella, aparentemente, el pastor Lay, Beatriz Alva, el Teniente Arias Graziani, el padre Garatea, Salomón Lerner Febres o Monseñor Antùnez de Mayolo son simplemente militantes de extrema izquierda, o tiene serias dificultades con la matemática escolar ("casi todos izquierdistas, menos dos"). Parece que para algunos descuidados articulistas, el papel aguanta todo, y punto. Con esta clase de afirmaciones cuestionables este sector de la prensa intenta propiciar un clima de prejuicio, soslayando el tema principal, que es el asunto de la recuperación pública de la memoria.

Las recientes y odesafortunadas declaraciones del premier Valdés (tan aplaudidas por Santiváñez desde Correo), acerca del carácter pretendidamente “teatral” de algunos testimonios incorporados en el Informe no contribuyen a generar un clima de sana discusión sobre el asunto. Diferente es el caso de la intervención del flamante presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Piñeiro, quien reconoce la seriedad del Informe como fuente de estudio del conflicto armado interno, a la vez que sugiere que el texto dialogue con otras fuentes de investigación de este fenómeno. Sus declaraciones sí alientan el diálogo sobre las lecciones que podemos extraer del pasado en materia de respeto de los derechos y construcción de una cultura democrática. Enfrentar nuestra historia constituye un desafío importante para construir una sociedad sólida y justa.

Mauricio Mulder se lamenta que el IF-CVR no sea un documento “de consenso”. Esta es, sin duda, una afirmación desconcertante. Es natural que las evidencias, relatos e interpretaciones desarrollados en el Informe perturben a la mayoría de nuestros políticos, pues muchos de los actores y “líderes de opinión” de entonces siguen en actividad hoy. El documento señala con claridad el comportamiento negligente de muchos de ellos, o su indiferencia, o su incapacidad en el ejercicio de sus funciones o su falta de compromiso con la defensa de los derechos básicos de los peruanos más vulnerables. Que se haya señalado responsabilidad política en los gobiernos de García y Belaúnde, y que se hayan presentado claros indicios que comprometen sensiblemente al gobierno autoritario de Fujimori no es poca cosa. Del mismo modo, el Informe documenta las razones por las cuales algunas autoridades eclesiales de Ayacucho, Huancavelica y Abancay no habían “cumplido con su compromiso pastoral” y se hayan involucrado con la defensa de los derechos humanos como parte de su misión. Y el juicio sobre algunos otros organismos de la sociedad no es menos severo. Era previsible que este tipo de argumentos – y los indicios, testimonios y pruebas que los sostienen – hayan perturbado a muchos sectores de la autodenominada “clase dirigente” que se han visto seriamente interpelados por ellos. La verdad que esta clase de investigaciones revela es a menudo dolorosa y difícil de asimilar, particularmente para las "élites" y diversos grupos de interés. Resulta por demás extraño que se sugiera que el Informe debía producir un “consenso” inmediato. 

El trabajo de una Comisión de la Verdad se propone esclarecer qué sucedió en un período de conflicto, no es fruto de una negociación política. La observación de Mulder resulta curiosa (y algo retorcida, debo decir). El autor tampoco propone una visión alternativa del conflicto; he tenido la oportunidad de leer el libro del militante aprista Jesús Aliaga, Mártires de la pacificación, y tengo que decir que se trata de un texto que muestra múltiples imprecisiones. Lo mismo puede decirse de El trigo y la cizaña, de Federico Prieto Celi - he escrito una recensión sobre él hace tiempo -, un libro exclusivamente apologético, con escaso (o nulo) rigor conceptual, que toca sólo indirectamente el tema de los derechos humanos, con un objetivo muy preciso, que es asumir la defensa de un personaje puntual. Los adversarios de la CVR suelen recurrir al artículo de opinión, y no a la investigación, para enfrentarse al documento. Han bloqueado el debate público sobre la memoria al punto que hasta han renunciado a elaborar un estudio alternativo con el que el IF-CVR pudiera polemizar, cayendo una y otra vez en el ejercicio de la mera agitación y la propaganda, o en las “políticas de silencio”. Las jóvenes generaciones están pagando un alto precio por esa renuencia a discutir la tragedia que todos vivimos.