lunes, 8 de agosto de 2011

LOS INVISIBLES





Gonzalo Gamio Gehri


En los últimos meses, las palabras “progreso” y “exclusión” han sido evocadas una y otra vez en el discurso público. Los analistas políticos nos recuerdan una y otra vez que si algún mensaje claro ha transmitido la población en las últimas elecciones es que el crecimiento económico debe llegar a todos los peruanos, y no sólo a una élite de privilegiados. En parte fue este mensaje el que determinó que el corazón del debate político en el período de segunda vuelta fuese el tema de la vigencia y alcances del modelo económico; cada uno de los candidatos finalistas concentró su atención en mostrar a sus potenciales electores que preservaría este modelo, esforzándose por poner de manifiesto que lo pondría a funcionar incorporando políticas distributivas que llegasen a los sectores más empobrecidos del país.

Llama la atención que en esta discusión no se haya tocado realmente el tema de la preservación del modelo político como un asunto central. Estamos hablando de la vigencia de la institucionalidad democrática, en cuyo centro encontramos el sistema de derechos fundamentales, así como la exigencia de trato igualitario a todos los ciudadanos como horizonte normativo de las relaciones sociales. En una sociedad democrática, se rechaza de plano la violencia, el hostigamiento o la exclusión por razones de raza, condición socioeconómica, cultura, religión, género, hábitos sexuales, etc., y se toman en consideración las necesidades básicas que las personas requieren satisfacer para llevar una vida de calidad, esto es, una vida en la que existan espacios de elección del proyecto personal, acceso al bienestar, así como posibilidades de afiliación o participación política. A pesar de la precariedad de nuestra democracia, resultaría por demás insensato renunciar a estos principios que funcionan como ejes orientadores de la acción política.

Parte de la debilidad de la democracia se manifiesta en las enormes dificultades que afronta la sociedad para afirmar una genuina cultura de derechos en el país. Una cultura que se haya encarnado o formas de vivir y en políticas sociales concretas en materia de distribución y de reconocimiento. En el Prefacio a la segunda edición de Hatun Willakuy – la versión abreviada del Informe Final de la CVR – Salomón Lerner Febres señala que la Comisión describe “la coexistencia inarmónica de los distintos mundos sociales y culturales que componen nuestro país: imágenes del mundo, lenguas, memorias, valores y proyectos que integran la sociedad peruana”[1], como parte del trasfondo social en el que estalla la violencia. Las La ausencia del Estado en vastos territorios de la sierra y la selva, así como la pervivencia de formas de desprecio y estigmatización social basadas en el origen, en el color de la piel y en la cultura constituyeron factores que propiciaron el surgimiento de ideologías fundamentalistas y totalitarias que desataron el conflicto armado más cruento que ha vivido el país en su etapa republicana. Por desgracia, estamos hablando de situaciones y prácticas que no han sido superadas o erradicadas del todo, gracias a la miopía de nuestra autodenominada “clase política” y a la indiferencia de no pocos ciudadanos. Muchos peruanos asumen como “dadas” o como “inevitables” diversas formas de exclusión y subordinación que son abiertamente contrarias a las formas de vida democráticas y que convierten a millones de peruanos en “invisibles” – en socialmente insignificantes – para el “Perú oficial” (urbano, hispanohablante y criollo). Ese penoso “sentido común” pone de manifiesto diferentes expresiones de violencia simbólica que lesionan y empobrecen las vidas de muchísimas personas en nuestra comunidad y promueven la impresión falsa de que la injusticia y las desigualdades son hechos cotidianos con los que simplemente tenemos que coexistir.

Nuestra República ha heredado sin duda una serie de suposiciones y prácticas coloniales que minan cualquier proyecto político serio centrado en la afirmación de una cultura de derechos. También se han instalado entre nosotros creencias autoritarias que conspiran contra una comprensión estricta del ciudadano como un agente político que puede actuar en el espacio público y convertirse en artífice de su propio destino. Es todavía poderosa la idea de que nuestra comunidad política requiere de “instituciones tutelares” – las Fuerzas Armadas o las organizaciones religiosas – que guíen a sus miembros y asociaciones por la ruta de la “rectitud” y el “desarrollo”. En una verdadera democracia los ciudadanos no necesitan tutores: todos los individuos son interlocutores legítimos al interior de la sociedad civil y de los espacios deliberativos con los que cuenta el Estado.


[1] Lerner, Salomón “Prefacio” en: Comisión de la Verdad y Reconciliación Hatun Willakuy Lima, CVR 2008 (segunda edición) p. I.

7 comentarios:

José Bellido Nina dijo...

Profesor Gamio, ¿cómo está?

Me llama la atención lo siguiente: "En una verdadera democracia los ciudadanos no necesitan tutores: todos los individuos son interlocutores legítimos al interior de la sociedad civil y de los espacios deliberativos con los que cuenta el Estado".

Creo más bien que los ciudadanos para entrar en el debate necesitan conocimiento cierto sobre la persona humana antes de debatir sobre política; es decir, tener convicciones y que sus argumentos sean racionales para el diálogo y reconocimiento de lo que siempre fue el fundamento de la democracia, los derechos naturales (fundamentales o humanos). Bajo esta noción, es necesario instrucción. Entonces, necesitamos tutores, no "padrinazgos".

Y eso de "progreso" se asienta más con los liberales que con los conservadores. Poro debemos tener cuidado con esas "banderitas", sobre todo con Aída García Naranjo.

Saludos cordiales.

Gonzalo Gamio dijo...

Estimado José:

Aunque en algunos temas debe escucharse la voz de los especialistas, los ciudadanos pueden (y a veces tienen que) pronunciarse sobre las políticas que van a tener repercusión sobre sus vidas. Para decirlo en términos clásicos, a menudo los asuntos políticos son temas de 'phrónesis' antes que de 'episteme'.

Saludos cordiales,
Gonzalo.

José Bellido Nina dijo...

Profesor Gamio:

Se acepta phrónesis en tema de participación ciudadana, cabildos abiertos, sesiones de concejo, etc. Pero si en la política hay ética como deduzco de su post, entonces debe haber algo universal para todos. No soy partidario de esas confusiones ocasionadas al género y hábitos sexuales, pasándola por minorías, seguidoras de la línea del progreso. Hay gente que tiene más obsesiones y placeres mundanos que amor a sí mismo y a los demás.

Por eso es necesario rectitud, antes que opiniones.


Saludos cordiales.

Anónimo dijo...

En un blog alcantarillesco te ponen como referencia solo la UARM y no la Católica ¿que opinas?


E.

Gonzalo Gamio dijo...

Opino que hay quienes tienen la obsesión ridícula de recortar imaginariamente mis centros de docencia e investigación. No es la primera vez.

Saludos,
Gonzalo.

Acción Crítica dijo...

Profesor, que opina de esto?

Una injusticia pintada de meritocracia

¡Las escalas no son un favor ni un privilegio!
¡Por una universidad que piensa en estudiantes y no en clientes!
Las autoridades de la PUCP han propuesto en la última sesión de Consejo Universitario penalizar el bajo rendimiento académico de los estudiantes de escalas 1 y 2 a través de la reclasificación a la escala siguiente.

Como Acción Crítica nos oponemos a esta medida porque:
1. Es discriminatoria y excluyente al generar tratos y oportunidades diferenciados entre escalas justificándose en la búsqueda de una excelencia meritocrática mal entendida como presión y exigencia solamente para aquellos que tienen menos. Esta distorsión en la práctica establece una permisividad académica de facto con las escalas más altas e impulsa la reducción de la población de las más bajas, desnaturalizando un sistema que fue pensado para equilibrar la composición social de la universidad, en beneficio de todos y todas.

2. Legitima y viabiliza una visión elitista y de lucro, que entiende las escalas como becas o subvenciones similares a un crédito educativo. Ni favor ni privilegio: sin generar un fondo especial que concentre gasto alguno destinado a facilitar la educación de estudiantes destacados, el sistema de escalas permite que la admisión y la permanencia en la comunidad universitaria sea determinada por conocimientos antes que por capacidad de pago.

3. Es una solución mal planteada y muy limitada al problema del bajo rendimiento al no tomar en cuenta que los factores que afectan negativamente la capacidad de aprendizaje son de índole diversa, y no pueden ser tratados solamente implementando desincentivos monetarios. Una universidad enfocada en la excelencia académica debería centrar sus esfuerzos en mejorar el desempeño de los cursos y currículas, o en el desarrollo de servicios al estudiante que potencien su desarrollo intelectual, como el psicopedagógico.

4. Refleja una actitud poco seria y transparente por parte de las autoridades de la PUCP, al pretender aprobar rápidamente una propuesta no discutida en los órganos correspondientes donde los y las estudiantes tenemos representación efectiva, como lo es la Comisión de Becas y Crédito Educativo.

Gonzalo Gamio dijo...

Bueno, tal y como está descrita, la situación es preocupante; sin embargo - como comprenderás - mi obligación es contrastar la información. Haré las consultas as profesores que conozcan el tema.

Saludos,
Gonzalo.