UNA INTERFERENCIA POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Pésimo gesto el del Arzobispo de Arequipa, Javier del Río, al señalar en el púlpito que los católicos no deberíamos votar por Mendoza o por Barnechea por apoyar la unión civil y el aborto; sería pecado, a su juicio. La ya clásica invocación a la adhesión acrítica a la autoridad, una actitud que es dañina para la propia Iglesia, que es potencialmente un foro de meditación e interpretación sobre la vida en los términos de profetas y creyentes. Por supuesto, Javier del Río se “olvidó” de que Keiko Fujimori se expresó en favor de la unión civil en Harvard  ¿Será que esa mención no resultaría conveniente a sus posibles afinidades políticas?

Esa intervención es perniciosa para la democracia. Se trata de una interferencia política de marca mayor. Una cosa es que, en el templo y en los foros de las comunidades religiosas, las autoridades llamen a la reflexión a las personas acerca de los alcances de su fe, los valores propios de sus creencias en diversos asuntos, etc; eso es perfectamente legítimo. La Iglesia es una institución social en la que sus miembros pueden examinar y discutir sus principios fundadores y propósitos. Pero otra cosa es indicar a los creyentes cómo deben votar, a quiénes puntualmente no deben apoyar, recurriendo a una burda intimidación para lograr ese objetivo. El Arzobispo del Río no debe exigir esa clase de “obediencia” a los fieles, a menos que crea erróneamente que la libertad de conciencia no es un valor cristiano. No debe erigirse en un “tutor”, puesto que, en una democracia, los ciudadanos no requieren de tutores. Es inaceptable que se trate a los ciudadanos como menores de edad.

El Arzobispo del Río debe respetar los límites que establece una democracia. Vivimos en un Estado laico y en una sociedad plural en materia religiosa y de visión del mundo. Debería tomar más en cuenta las declaraciones del Papa Francisco, que reconoce la diversidad de tradiciones y perspectivas como algo valioso y digno de escucha atenta. Ha resultado deplorable esta intromisión en la vida pública. Los ciudadanos somos personas capaces de examinar nuestras opciones políticas, y para tomar decisiones por nosotros mismos en torno a la elección de nuestras autoridades políticas, pedirles cuentas y sacar conclusiones acerca de la calidad de su labor pública. Tenemos derecho a elegir sin ninguna imposición externa. En la política, tenemos derecho a decidir de manera irrestrictamente libre.