ACERCA DE CRISTIANISMO Y POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Hoy es Viernes Santo, una fecha crucial para los cristianos. Una fecha que – al menos en principio – tiene que ver con el dolor y la muerte. Pienso en el sufrimiento de las personas, y en las personas queridas que he perdido. Es una fecha que nos remite a las heridas del cuerpo y del alma de tantos seres humanos.

Son días que mueven a la reflexión, no sólo a los cristianos. Además de la fuerza simbólica de la cultura cristiana en occidente, uno se pregunta si se ha comprendido a cabalidad – en una perspectiva política – la importancia del principio de laicidad en una democracia liberal.  El Estado permanece neutral ante las cuestiones religiosas, pues su función consiste en la protección de las libertades y derechos de cada ciudadano, entre ellos el de creer o no creer. El Estado garantiza el trato igualitario de todos los agentes, y combate toda forma de discriminación, incluyendo aquella basada en el credo.

Este principio liberal no sugiere que la religión sea un asunto de relativa importancia. Todo lo contrario: porque se trata de un asunto de profunda importancia para la vida de las personas, debe ser abordado en condiciones de estricta libertad. Tampoco se trata de un asunto exclusivamente privado; la cuestión del sentido de la vida y el tema del espíritu constituyen consideraciones de interés social, corresponden a las iglesias y a las instituciones de la sociedad civil. Pueden tener relevancia pública en tanto puedan traducirse al lenguaje de los derechos (la “estipulación” de Rawls), como en el caso de la gesta de los derechos civiles y el discurso de Martin Luther King Jr.

Esta medida se propone consolidar un régimen político basado en la libertad y la igualdad bajo un ethos democrático. No aspira a confinar a los cristianos a “las catacumbas”, como sesgadamente alega un columnista. Esa suposición es absurda y revela desconocimiento sobre el problema de la separación entre la política y la religión. Los cristianos podemos dedicarnos a cultivar nuestras creencias en nuestras comunidades, y meditar sobre nuestras visiones de la justicia y la trascendencia. Podemos pronunciarnos sobre lo público en la medida en que nos expresemos con argumentos que todos los ciudadanos podamos entender, evaluar y someter a crítica sin cortapisas en los foros políticos. Es que el espacio público es un escenario en el que nos podemos interrogar sobre asuntos de significación común sin obstáculos. La religión tiene un lugar importante en una sociedad moderna, pero su locus propio no es el Estado.

LA LAICIDAD Y LO PÚBLICO. CONSIDERACIONES CRÍTICAS SOBRE UN DEBATE SANMARQUINO

Gonzalo Gamio Gehri

El tema de la laicidad en la UNMSM enfrenta nuevamente conflictos y simple incomprensión. Llama la atención que la tesis “un Estado laico es un Estado ateo” – sencillamente absurda – esté presente en las discusiones entre algunos estudiantes y algunos profesores de aquella venerable institución. El principio de neutralidad estatal en cuestiones religiosas no pretende alejar a los ciudadanos de la forma de espiritualidad que han escogido adoptar; sólo recuerda que su lugar son las iglesias, así como otras organizaciones propias de la “sociedad civil”. Al Estado y a sus espacios les corresponde proteger la libertad y la igualdad religiosa y de visión del mundo en una sociedad moderna y pluralista.

Lo que sorprende en algunos casos es que esta incomprensión se ha convertido en un cierto cinismo ideológico, que aparentemente antepone la pura retórica a la 'cosa misma'. Se ha podido constatar que en esta discusión sobre los símbolos navideños en la Facultad de Ciencias Humanas se han enarbolado dos argumentos especiosos sumamente cuestionables y que entrañan extrañas consecuencias morales y políticas.  No se trata de puntos de vista generalizados para nada, pero llama la atención por carácter puramente polémico. Un curioso y esquemático relativismo antiliberal  y conservador - en particular, en la segunda perspectiva - ha ingresado en la controversia sobre la laicidad. Interesante. 

a.- El tema de los nacimientos en el espacio de la Universidad del Estado no es un asunto de culto, es mera “costumbre”. Por tanto, no lo alcanzaría el principio de laicidad.

Sorprende este tipo de actitud frente al rito que se defiende. Que se trata de símbolos religiosos de un credo particular es algo que no se puede cuestionar. Decir que hoy se trata de “adornos” equivale a despojar de toda trascendencia y significación espiritual a la idea de escenificar el Nacimiento de Jesús de Nazareth ¿Qué sentido tendría este ritual sin su referente sagrado? Resulta extraño minimizar el valor del Nacimiento como re-cuerdo de un evento de importancia religiosa con el exclusivo propósito de preservar la costumbre ‘formal’. Se trata de una argucia retórica burda. Una “tradición” pierde su razón de ser cuando pierde de vista aquello que representa o pretende hacer explícito. En contraste, el defensor del principio de laicidad reconoce el valor que tales rituales tienen para los creyentes, sólo pone énfasis en que su lugar no es el espacio estatal.

b.- Quienes defienden el principio de laicidad están imponiendo una idea foránea, ajena a las creencias y sentimientos de las mayorías. Son “imperialistas culurales” que enarbolan un falso universalismo moral.

Este es un argumento curioso. La idea es que quienes apoyan la solicitud no deberían interferir en una costumbre arraigada. La mayoría de la gente no se preocupa si se usan los escenarios estatales para desarrollar rituales de una religión particular porque sencillamente cree que la fe puede guiar o iluminar la vida del Estado; la mayoría cree en el plano de los hechos, en un Estado confesional. Aquí se quitan la máscara los detractores  más virulentos de la solicitud ante la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Se amparan en un  relativismo cultural políticamente conservador para desestimar la iniciativa de los estudiantes. Además, el razonamiento es deficiente: el hecho de que numerosas personas respalden una práctica – organizar Nacimientos en UNMSM – no significa que esta práctica sea válida o justa.

Pero es preciso decir algo más. Sostener que la defensa del principio de laicidad es un valor extranjero, occidental, moderno y ajeno, constituye un argumento que los conservadores usan para rechazar la democracia y los derechos humanos como fuentes para la acción moral y política. Lo mismo puede decirse sobre la invocación a la justicia de género, el respeto de la diversidad cultural y religiosa, el empleo de categorías liberales o marxistas para comprender y transformar la sociedad ¿Qué es finalmente originario e idiosincrásico? Incluso el cristianismo fue importado e impuesto de diversos modos, no se trató de una cosmovisión nativa o fácilmente asimilable a los supuestos “hábitos colectivos originarios” (si se puede usar esta rara expresión). Esta visión conservadora decreta el silencio de la crítica racional y el examen de las tradiciones.

El empleo de esta vana sofistería ha convertido a algunos estudiantes y profesores contrarios a la solicitud presentada al Decanato de promotores del valioso pluralismo sanmarquino en conservadores políticos, usuarios de un relativismo colectivo especioso, que en la ética y la política tiende a dejar nuestras creencias y prácticas sin crítica ni transformación cívica. Quienes pensamos que la democracia constituye una vía adecuada para nuestra patria estamos convencidos de que la laicidad constituye una condición esencial para transitarla genuinamente.

¿ES EL PERÚ UN ESTADO LAICO? UN DEBATE INTERDISCIPLINARIO SOBRE LA LAICIDAD JUEVES 6 DE OCTUBRE 12 M.

¿ES EL PERÚ UN ESTADO LAICO? UN DEBATE INTERDISCIPLINARIO SOBRE LA LAICIDAD

Fecha: 6 de octubre de 2016 12 m.

Lugar: Auditorio de Estudios Generales Letras

Organizado por: Coordinación de la Especialidad de Filosofía y Estudios Generales Letras

La cultura liberal asume que la laicidad es parte de un estado democrático y de derecho y de las organizaciones de la sociedad llamadas a fortalecerlo. ¿Qué tan lejos de ese ideal nos encontramos en el Perú? ¿Y cómo se explica esta situación particular?

http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/evento/peru-estado-laico-debate-interdisciplinario-la-laicidad/

Panelistas:

• Marco Huaco Palomino (Derecho – UNMSM)
• Fernando Armas Asín (Historia – UP)
• Felipe Zegarra Russo (Teología – PUCP)
• Gonzalo Gamio Gehri (Ciencias Sociales – PUCP)

Moderador: Luis Bacigalupo (Filosofía – PUCP)

Ingreso libre a la comunidad PUCP

Inscripciones para personas externas a la PUCP

EL DEBATE EN TORNO A LA LAICIDAD DEL ESTADO LIBERAL

REFLEXIONES FILOSÓFICAS

Gonzalo Gamio Gehri   [1]

Una democracia plena requiere – entre otras (muchas) cosas – un Estado laico, respetuoso del pluralismo religioso y de visiones del mundo, en el marco del respeto de la libertad y la igualdad de cada uno de sus ciudadanos. La existencia de un Estado laico – un Estado estrictamente aconfesional – constituye una condición necesaria (no suficiente) para la construcción de una sociedad democrática y liberal. El tema de la laicidad debe ser asumido con toda rigurosidad conceptual y honestidad intelectual. Es una lástima que en plena campaña electoral este asunto se discuta con poco o ningún cuidado por nuestros políticos. El problema es que los columnistas de opinión que se han referido a este tema tampoco lo enfrentan en términos conceptuales, y prefieren abordarlo ideológicamente, identificando la defensa de un Estado aconfesional con una  política de “hostilidad hacia el cristianismo”. La mejor forma de clarificar este problema y examinar sus consecuencias prácticas pasa por devolverlo al terreno de los argumentos.

Permítanme recapitular la idea central que está en juego en esta discusión, a partir de algunas reflexiones anteriores que he desarrollado sobre este problema^[2]. Un Estado es laico si cumple con tres condiciones. 1) Si no existe una religión oficial; 2) si se protege la libertad religiosa y la libertad de conciencia de los ciudadanos; 3) si existe genuina  independencia entre el Estado y las iglesias. El Estado democrático no se pronuncia sobre asuntos religiosos y de visión del mundo, de modo que el diseño de las normas y las políticas públicas no proviene de consideraciones de doctrina religiosa. El Estado democrático liberal se cimenta en principios de justicia y valores públicos, edificados sobre la base de un consenso entrecruzado en condiciones de “pluralismo razonable” (Rawls). Tales principios y valores no abarcan el sentido de la totalidad de la vida o la estructura del cosmos; se refieren únicamente a los cimientos de la razón pública y a las bases normativas e institucionales de la convivencia en una sociedad diversa. Otorgar algún privilegio a una perspectiva religiosa puntual o a una iglesia específica implicaría violar uno de los principios básicos de una democracia liberal, que el Estado trate de igual forma a cada uno de los ciudadanos. La democracia liberal no desestima con ello el importante rol de las religiones y visiones del mundo en la vida de las personas, sólo considera que el vínculo religioso y de cosmovisión es un asunto ajeno al ámbito de acción específico del Estado; corresponde a los espacios deliberativos de la sociedad civil el tratamiento y discusión de los temas espirituales y de sentido de la vida; no se trata, tampoco, de asuntos meramente privados.

La relación entre el Estado democrático y las iglesias, no es, pues, de hostilidad, sino de colaboración inter-institucional allí donde no se compromete la neutralidad doctrinal  del propio Estado. La sugerencia de que la preocupación por la constitución de un auténtico Estado laico supone la promoción de alguna clase de enfrentamiento ideológico con los creyentes proviene de la evidente caricaturización de la idea de la laicidad. A menudo se contrasta la “laicidad” – perspectiva que acabamos de describir – y el “laicismo” (la actitud hostil frente a lo religioso), sin detenerse demasiado en desarrollar conceptualmente este contraste, pues – en la pluma de numerosos críticos - los defensores de la neutralidad liberal en materia de religión y cosmovisión son etiquetados como “laicistas”, generadores de una suerte de “des-espiritualización” de la sociedad. Los partidarios del pluralismo liberal son comparados tendenciosamente con los funcionarios comunistas que se propusieron prohibir la práctica de las creencias religiosas en las primeras décadas del siglo XX.

Una columnista de un portal tradicionalista, Karina Flores Yataco, plantea las siguientes preguntas en torno a las potenciales acciones de un Estado laico. En ellas puede reconocerse un propósito polémico antes qué explicativo, pero a la vez ellas ponen de manifiesto con claridad el nivel de crispación y conflictividad que caracterizan este debate en la hora presente en el país:

“Entonces si el Estado es laico, por qué no quitan todos los símbolos religiosos, o retiran las fechas religiosas del calendario nacional, por qué permiten procesiones en el país, porqué tiene que haber presencia de la Iglesia en la sociedad”[3].

El carácter retórico de las inquietudes que consignan las declaraciones citadas es evidente. Un tratamiento académico riguroso del tema exigiría hacer precisiones importantes en torno al cultivo de la neutralidad que se espera de un Estado laico y el ejercicio de la libertad religiosa qué éste debe proteger y consolidar. Esta clase de simplificaciones precisamente impide el tipo de esclarecimiento intelectual que el problema de la laicidad requiere. Resulta imperativo examinar casos de naturaleza distinta. Ciertamente resultaría absurdo para una democracia liberal prohibir la realización de una procesión religiosa en las calles, pero sí tendría sentido sostener que en la escuela pública no debería impartirse un curso de religión de corte catequético en el que se difunda sólo un credo particular, pues el espacio estatal debe ser plural y aconfesional; sí tendría sentido, en cambio, el desarrollo de un curso más amplio y dialógico sobre el contenido de las “grandes religiones” y su lugar en el horizonte de las culturas humanas.

Otros críticos desarrollan sus puntos de vista desde una perspectiva más abiertamente conservadora, que acaso revela la presencia de una cierta nostalgia por el Estado confesional. En una tradición intelectual que se remite a V. A. Belaúnde, Martín Santiváñez  - Decano de la Facultad de Derecho de una universidad de la capital - sostiene que la discusión local sobre el Estado laico enfrentaría a la Iglesia con sus enemigos en el plano cultural y político, los suscriptores de una “alianza liberal-progresista (…) que busca dividir hasta la enemistad al Estado y la Iglesia”[4]. Esta actitud lesionaría gravemente la cohesión de la sociedad, dado que – afirma el columnista de El montonero - “ninguna sociedad se explica sin el hecho religioso”. 

Esa última frase requiere de una argumentación que la sostenga, puesto que, formulada escueta y aisladamente, se revela solamente como una aseveración dogmática más. En un mundo social e intelectual plural, una tesis como esa debe ser discutida con esmero. No resulta claro que la sociedad esté estructurada desde el hecho religioso, o que deba regirse desde criterios de origen teológico; de hecho, la explicación de la sociedad y de su organización política descansa sobre fuentes seculares, al menos desde el siglo XVII hasta el día de hoy. Dicha tesis tradicionalista no sólo resulta controvertida para académicos y ciudadanos que no comparten racionalmente esas premisas teológicas, sino que incluso puede ser cuestionada desde los derroteros espirituales que están a la base del propio Concilio Vaticano II, que plantea de modo explícito la “autonomía de lo temporal”, en términos sociales y políticos.

Santiváñez arguye que “la religión es un componente fundamental de toda sociedad, por lo tanto, el Estado no puede vivir de espaldas a la religión”. Esta es una afirmación algo más matizada que la anterior. No obstante, ella reproduce veladamente la idea de que la neutralidad estatal en materia de religión y cosmovisión supondría el desconocimiento (o la indiferencia) frente a la relevancia de las religiones y las visiones del mundo en la vida de los individuos. En el fondo esta tesis es víctima de una confusión: ella presupone erróneamente que la consolidación de la neutralidad estatal implicaría necesariamente la generación de alguna clase de deterioro de la práctica religiosa en la sociedad, o que se bloquearía cualquier tipo de cooperación inter-institucional entre las iglesias y la instancia pública. Ello, por supuesto, no es cierto. Las iglesias forman parte de la sociedad civil – junto a las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos y otras organizaciones sociales -, y desde ella participan activamente en el debate colectivo sobre el bien común, el florecimiento humano, el trato equitativo y otros temas que conciernen a la comunidad entera, temas que interesan por igual a las instituciones sociales y a las organizaciones políticas, y que pueden ser incorporados en la agenda pública. Su voz es importante en un espacio simétrico de interlocución que convoca a diversas voces involucradas con la reflexión cívica sobre temas de interés común que puedan ser relevantes para la consecución del bien público[5].  

Pero la perspectiva conservadora no renuncia a una pretensión política más totalizadora, que recuerda algunos de los objetivos políticos del antiguo Estado confesional. A su juicio, la Iglesia católica, como promotora de la verdad, transmite un mensaje que debe ser escuchado, recogido y ejecutado por el Estado sin mayor dilación, dada la grave situación que afrontaría la sociedad. “La crisis moral que atraviesa el Perú”, señala Santiváñez, “se debe al olvido del idioma estatal, a la postergación del lenguaje político por parte de los cristianos (…). Solo el cristianismo es capaz de iluminar las realidades temporales de la política y precisamente por eso, la Iglesia tiene el deber de pronunciarse sobre el descarrilamiento de los políticos y la creciente inoperancia del Estado”. El autor decreta – sin la mediación de justificación alguna - el protagonismo de una única visión de la existencia en el proceso social y político de solución de los problemas de nuestra sociedad y ‘el logro de su destino’. La contundencia de estas aseveraciones – que parecen no admitir revisión ni discusión -, así como el tono apocalíptico del fraseo revelan que se trata de una interpretación de la política completamente incompatible con la condición de “pluralismo razonable” que constituye la base de una sociedad democrática y liberal.  

“La Iglesia tiene que defender TODA LA VERDAD y existe, ¡claro que sí!, una verdad política, una verdad jurídica y como madre y maestra, la Iglesia está en todo su derecho, el de la libertad religiosa, de pronunciarse sobre todo lo humano”.

Estoy en desacuerdo con estas afirmaciones por dos razones fundamentales. La primera, porque el columnista atribuye a la Iglesia católica un “rol tutelar” que no se condice con el espíritu de las democracias, que tiene en gran valía el cultivo de la autonomía de las personas, la capacidad de los individuos de examinar críticamente sus formas de pensar y de actuar. Los ciudadanos que forman parte de una sociedad democrática suscriben diferentes credos – no solamente el de la Iglesia romana -, y algunos han decidido libremente no tener una fe religiosa. No todos van a compartir las convicciones referidas a lo divino o a lo humano que formula ante sus seguidores dicha comunidad espiritual; vivimos en tiempos en los que la suscripción de una fe no constituye un “hecho” que pueda darse por sentado sin cuestionamientos racionales: vivimos en tiempos seculares, en los que la localización de la religión en la cultura moderna no es más un dato incontrovertible[6]. Los ciudadanos comprometidos con el Estado constitucional de derecho reconocen la fuerza ética de las leyes y del sistema de instituciones que organiza la sociedad, así como comparten los valores públicos que constituyen su condición de agentes sociales y políticos. La base de una comunidad política democrática no puede ser de naturaleza esencialmente religiosa.

La segunda razón tiene que ver con mis propias reservas filosóficas sobre el denso  aparato teórico de corte metafísico que Santiváñez asume sin discusión alguna. A su juicio, la verdad sencillamente ‘está allí’ – en todas sus manifestaciones – y necesita una institución religiosa que la defienda y administre. No tengo nada en contra de la idea de verdad, ni en el plano religioso – soy un creyente -, ni tampoco en el plano intelectual. Como filósofo, pienso que la verdad constituye uno de los fines superiores que persigue una vida humana digna de ser vivida. Lo que me preocupa de posiciones como las que comentamos es que no se debe abusar del concepto de verdad, presuponiendo su sentido y alcances, sin desarrollar este concepto con precisión. No se trata de cualquier noción que pueda ser abordada con despreocupación, frivolidad y sin rigor racional. La verdad es la meta de toda investigación seria y de toda forma de diálogo que pretenda realmente saber: ella no es un punto de partida. La verdad está por tanto asociada a un proceso de búsqueda basado en la exposición, la revisión y la escucha atenta de buenas razones. Sólo el integrismo – a veces denominado “fundamentalismo”, en tanto se le identifica con la adhesión a una perspectiva ideológica o religiosa concebida como fija e incorregible – asume la verdad como algo que se tiene de antemano, como algo cuya validez se presupone y que no requiere del más mínimo examen crítico. Por ello, los integristas consideran que quienes discrepan con ellos padecen alguna enfermedad del intelecto o del alma que deben ser curadas o corregidas (“herejías” diversas – ideológicas o religiosas -, o alguna versión del temido “relativismo”)[7]. Por ello las posiciones integristas son a menudo proclives a reprimir el ejercicio del pensamiento crítico o a invocar a la violencia como método para la resolución de conflictos de diversa índole. Las actitudes integristas lesionan la democracia y convierten las religiones en idearios cerrados y violentos. Una sociedad democrática aspira, en el terreno específico del Estado, a construir estructuras sociales e instituciones públicas justas; en el plano particular de la sociedad civil, pretende abrir o promover la apertura de espacios sociales, académicos y espirituales en cuyo interior los ciudadanos actúen juntos y dialoguen libremente en tornos al carácter y el ejercicio de bienes comunes de singular importancia, incluida la verdad.

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[1] Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.

[2] He desarrollado este tema de discusión en Gamio, Gonzalo ¨Libertad de creer. Justicia y libertad religiosa en la sociedad liberal¨ en: Miscelánea Comillas  Vol 73 N° 142 Junio 2015 pp. 35-49 y en:  “Democracia liberal y Estado laico” en: http://polemos.pe/2015/10/democracia-liberal-y-estado-laico-apuntes-filosoficos-sobre-el-problema-de-la-laicidad/.

[3] Consúltese su escrito en http://laabeja.pe/opini%C3%B3n/mirada-legal-karina-flores-yataco/612-%C2%BFestado-laico.html

[4] Puede leerse su punto de vista en: http://elmontonero.pe/columnas/la-separacion-entre-la-iglesia-y-el-estado/

[5] He indicado en los ensayos citados que el “lenguaje” de la discusión en términos de ética cívica y política es el de la razón pública. Las comunidades sociales, seculares y religiosas, desarrollan y constituyen este lenguaje a través de un proceso de “estipulación” (para usar la terminología de Rawls).

[6] Consúltese Taylor, Charles A Secular Age Cambridge, Massachussets and London, The Belknap Press of Harvard University Press 2007.

[7] Cfr. Gamio, Gonzalo “Apuntes sobre el integrismo” en Páginas  Vol. 39, Nº 233 pp. 40-5.

Publicado en Derecho y Sociedad. 

UNA INTERFERENCIA POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Pésimo gesto el del Arzobispo de Arequipa, Javier del Río, al señalar en el púlpito que los católicos no deberíamos votar por Mendoza o por Barnechea por apoyar la unión civil y el aborto; sería pecado, a su juicio. La ya clásica invocación a la adhesión acrítica a la autoridad, una actitud que es dañina para la propia Iglesia, que es potencialmente un foro de meditación e interpretación sobre la vida en los términos de profetas y creyentes. Por supuesto, Javier del Río se “olvidó” de que Keiko Fujimori se expresó en favor de la unión civil en Harvard  ¿Será que esa mención no resultaría conveniente a sus posibles afinidades políticas?

Esa intervención es perniciosa para la democracia. Se trata de una interferencia política de marca mayor. Una cosa es que, en el templo y en los foros de las comunidades religiosas, las autoridades llamen a la reflexión a las personas acerca de los alcances de su fe, los valores propios de sus creencias en diversos asuntos, etc; eso es perfectamente legítimo. La Iglesia es una institución social en la que sus miembros pueden examinar y discutir sus principios fundadores y propósitos. Pero otra cosa es indicar a los creyentes cómo deben votar, a quiénes puntualmente no deben apoyar, recurriendo a una burda intimidación para lograr ese objetivo. El Arzobispo del Río no debe exigir esa clase de “obediencia” a los fieles, a menos que crea erróneamente que la libertad de conciencia no es un valor cristiano. No debe erigirse en un “tutor”, puesto que, en una democracia, los ciudadanos no requieren de tutores. Es inaceptable que se trate a los ciudadanos como menores de edad.

El Arzobispo del Río debe respetar los límites que establece una democracia. Vivimos en un Estado laico y en una sociedad plural en materia religiosa y de visión del mundo. Debería tomar más en cuenta las declaraciones del Papa Francisco, que reconoce la diversidad de tradiciones y perspectivas como algo valioso y digno de escucha atenta. Ha resultado deplorable esta intromisión en la vida pública. Los ciudadanos somos personas capaces de examinar nuestras opciones políticas, y para tomar decisiones por nosotros mismos en torno a la elección de nuestras autoridades políticas, pedirles cuentas y sacar conclusiones acerca de la calidad de su labor pública. Tenemos derecho a elegir sin ninguna imposición externa. En la política, tenemos derecho a decidir de manera irrestrictamente libre.

DEMOCRACIA LIBERAL Y TEMAS RELIGIOSOS

Gonzalo Gamio Gehri

Leo en un portal electrónico paleoconservador que – de acuerdo a uno de sus participantes – detrás de las ideas de quienes reivindicamos para el Perú un Estado genuinamente laico se escondería una agenda “anticatólica”. La aseveración es gratuita y reporta un alto grado de irracionalidad. Desconoce – por supuesto – la herencia democrática y liberal del argumento a favor de un Estado laico.

Recuperemos una vez más el argumento, pues hacerlo no implica desperdicio alguno. En una sociedad democrática y liberal la política pública la diseñan y discuten los ciudadanos, actuando conforme a la ley y a los procedimientos democráticos bajo el prisma del sistema de derechos universales. Uno de estos derechos es aquel que consagra la libertad de creencias, a suscribir tal o cual credo, o ninguno en absoluto. Un Estado liberal trata igualitariamente a todos los ciudadanos. Por ello, el Estado no debe promover una determinada fe, o a establecer una relación de privilegio con ella. Un Estado democrático-liberal no reconoce una religión oficial. Muchas de las personas que suscriben este punto de vista son católicas. Yo lo soy. Ser católico no implica (para nada) suscribir la tesis conservadora de que el Estado debe ser confesional. No.

No hay pues, en esta clase de reflexiones, una agenda antirreligiosa en ningún sentido. Defender la perspectiva del pluralismo liberal y la neutralidad del Estado en temas religiosos no implica “privatizar” la religión. El liberalismo no desmerece el valor de las creencias religiosas en la vida de la gente. La política liberal  argumenta que el lugar de la religión no es lo político-estatal, sino lo social; las iglesias son parte de la sociedad civil. Ellas – de una forma semejante a otras instituciones sociales – se refieren a cuestiones de justicia y bienes colectivos. Sin embargo, no pretenden formular las políticas públicas “desde arriba”. Dichas políticas se forjan a través del ejercicio de la deliberación en la esfera pública. El lenguaje de esta deliberación es el de los derechos fundamentales . trasfondo hermenéutico de la razón pública -, un vocabulario público que resulta común a quienes comparten un Estado democrático de derecho.

Los extremismos ideológicos - de derecha y también de izquierda - tienden a explicar ciertos fenómenos recurriendo a extravagantes teorías conspirativas. ¡Craso error! Los prejuicios no sustituyen nunca el  valor de un razonamiento ordenado y claro. Sostener que cierto "odio anticatólico"  fundamenta la necesidad de un Estado aconfesional que trate de forma igualitaria a los ciudadanos es un disparate clamorosamente indefendible.

DEMOCRACIA Y ESTADO LAICO. BREVES CONSIDERACIONES DESDE LA FILOSOFÍA PRÁCTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Las festividades de fiestas patrias han vuelto a poner sobre el tapete la cuestión de si el Perú debería afirmarse cabalmente como un Estado laico. Es razonable pensar que otorgarle el estatuto de “oficial” a una celebración religiosa puntual como la Misa y Te Deum podría violar el principio del trato igualitario frente a los credos y visiones del mundo, una de las columnas básicas de la democracia liberal. Se trata de un asunto que es preciso examinar con cuidado.

Podemos aseverar que un Estado es laico en la medida en que cumple con estas tres condiciones: a) si no existe una religión oficial; b) si se protege la libertad religiosa; c) si existe independencia entre Estado e iglesias. Al interior de las sociedades contemporáneas habitan personas y pueblos que suscriben diferentes concepciones acerca del sentido de la vida, de lo divino o la trascendencia: religiones, cosmovisiones seculares, etc. Es preciso respetar esa diversidad. Un Estado democrático reconoce el derecho de los ciudadanos a creer en alguna religión o a no creer. No se pronuncia sobre la validez de las confesiones o visiones del mundo, deja esa tarea a las personas, a los foros de deliberación y debate presentes en las comunidades de investigación y las organizaciones religiosas. Un Estado democrático se ocupa estrictamente de las cuestiones de justicia, a saber, garantizar los derechos y libertades básicas de los ciudadanos.

Si el Estado promoviera un solo credo identificándolo como verdadero – si fuese un Estado confesional, a la manera de las monarquías del medioevo o al estilo de algunas comunidades asiáticas – estaría discriminando a quienes suscriben otras creencias o han elegido la increencia religiosa: trataría de modo desigual a sus ciudadanos. Resulta claro que esa forma de desigualdad no es compatible con la democracia. Hay quienes aducen que se debería brindar un trato preferencial a la religión mayoritaria, aquella que converge con las tradiciones locales. Quienes así argumentan olvidan que la democracia no se ocupa de proteger sólo los derechos de las mayorías, sino los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. El recurso a las encuestas de opinión no tiene lugar aquí, en la medida en que lo que está en juego son las libertades individuales básicas. El cuidado de estas libertades entraña la capacidad de someter a crítica las propias tradiciones, y alentar su transformación si existen buenas razones para hacerlo.

Si el compromiso fundamental de un Estado democrático consiste en la defensa del sistema de derechos y el cultivo del pluralismo, cabe preguntarse cuál sería el lugar de las religiones y las visiones del mundo en una democracia liberal. Hay que señalar que los demócratas no intentan “confinar a las religiones a la sacristía”, como sugieren tendenciosamente ciertos actores conservadores. Sostener que debe separarse claramente el ámbito religioso del político no significa desterrar las confesiones a la más radical intimidad o a la meditación solitaria. El lugar de la reflexión sobre el espíritu y el sentido de la existencia no es el Estado, pero sí un amplio conjunto de instituciones pertenecientes a la sociedad civil. Se trata de espacios abiertos al diálogo en torno a argumentos y experiencias que puedan nutrir nuestras prácticas e ideas que versan sobre lo que otorga o priva de significado a la vida (la búsqueda del saber, el trabajo, la fe, los vínculos cotidianos).  Las diversas iglesias y comunidades religiosas constituyen una parte de la sociedad civil; en una democracia sólida, ellas cooperan entre sí, actúan y discuten con otras instituciones sociales y con el propio Estado, con el fin de esclarecer y mejorar los modos de pensar y de vivir de las personas.

Un genuino Estado democrático reconoce el enorme valor de las distintas religiones y las visiones del mundo en la construcción de la identidad, en el discernimiento y las decisiones de las personas. Muchas reflexiones sobre la justicia, la solidaridad y la libertad provienen de esa fuente, aunque no se agotan en ella. Movimientos sociales  importantes involucrados en la abolición de la esclavitud o la defensa de los derechos de minorías poseen una herencia religiosa tanto como una herencia secular. La propia separación entre la Iglesia y el Estado – la “autonomía de lo temporal” – es un principio que tiene raíces bíblicas y que está presente en el ideario del Concilio Vaticano II. Las cuestiones de justicia básica – capacidades sustanciales, derechos humanos y libertades individuales – apelan a disposiciones y prerrogativas humanas que trascienden las fronteras culturales y religiosas. Pueden traducirse a un lenguaje más universal, el lenguaje público de los derechos. Sus exigencias pueden ser comprendidas más allá de los fueros exclusivos de las tradiciones locales. Ese conjunto de principios básicos constituye la estructura de una sociedad democrática. Se trata de una sociedad que convoca y reúne por igual a quienes creen y a quienes han decidido no creer.

(Aparecido en la columna virtual La periferia es el centro del diario La República)

¿EL PERÚ ES UN ESTADO LAICO? ALGUNAS REFLEXIONES

Gonzalo Gamio Gehri

La intervención de consideraciones religiosas en las discusiones públicas sobre temas difíciles nos lleva a menudo a preguntarnos seriamente acerca de a) si el Estado peruano es laico, y – si la respuesta es afirmativa, y creo que lo es – b) cuán dispuestos estamos los peruanos a aceptar la laicidad de nuestro Estado. Considero que el punto de partida para abordar este problema es discutir el horizonte normativo, para luego reflexionar en torno al terreno de la experiencia social. Es cierto que la existencia de un Concordato vigente con el Vaticano – un acuerdo suscrito al final del gobierno de Morales Bermúdez que le otorga privilegios a la Iglesia Católica sobre otras comunidades religiosas - no es realmente compatible con la idea misma de un Estado laico. Tampoco ayudan algunas costumbres instaladas desde hace mucho tiempo – como el Te Deum de fiestas patrias – que constituyen rituales de una religiosidad puntual que influyen en la vida pública. Estos problemas enturbian parcialmente el horizonte de la cuestión. Mi intuición apunta a que el Perú cuenta con un Estado laico, pero que una parte importante de la sociedad peruana no ha afrontado todavía un genuino proceso de secularización; ello no sólo debilita la laicidad, sino que pone en peligro la democracia como tal. He señalado en diversos lugares que emprender este proceso no anularía la religión, antes bien, precisaría su lugar en una sociedad democrática pluralista, respetuosa de los derechos y libertades de quienes deciden creer, y de quienes han elegido no creer: ambos son grupos de ciudadanos que denben ser tratados de manera igualitaria por el Estado. 

Esta vez voy a examinar el plano normativo y en otro post  me detendré en el plano de la experiencia. Con cierta frecuencia se esgrime el extraño argumento de que el Perú no es un Estado laico simplemente porque la Constitución peruana no lo dice literalmente. Es curioso que algunos abogados invoquen ese argumento de manera algo precipitada. Resulta una tesis que no es congruente con el ejercicio mismo del derecho, que no es sólo un quehacer dogmático, sino también (fundamentalmente) interpretativo. Esto, evidentemente, podría generar una discusión relevante sobre la 'esencia' del derecho como ciencia y como práctica. Habría que destacar la enorme significación del análisis de la jurisprudencia o de la hermenéutica jurídica en la comprensión y en el ejercicio del derecho.. No basta la letra de la ley, nunca es así, Esclarecer el espíritu de las normas es importante y crucial en las cuestiones de justicia fundamental. Es preciso recordar que en el terreno de las religiones, se llama “fundamentalistas” a aquellos que se niegan a interpretar los textos y esperan ansiosos seguir lo que se dice al pie de la letra, e ignorar lo que no se dice. Negarse a interpretar los documentos impide alcanzar a ver lo que el texto quiere decir realmente.

No es necesario que aparezca la expresión “Estado laico” para afirmar que un Estado lo es. Hay que explorar a fondo el modo el horizonte normativo que plantea como se organiza la sociedad, se constituye la ley y se administra el poder; eso lo establece la Constitución. Podemos arguir que un Estado es laico  si se cumplen  tres condiciones: i) si no existe una "religión oficial"; ii) si se observan la libertad religiosa, y la  libertad de cultos; ii) si Estado e Iglesia son instituciones independientes. Las tres condiciones se cumplen en el Estado peruano – tal y como puede constatarse examinando la Constitución – así que es laico. El Tribunal Constitucional ha evocado también estas condiciones, se trata de una forma de razonamiento que se usa en la interpretación constitucional. 

O un Estado es laico o es confesional. No hay una tercera alternativa. A pesar de la reiterada intervención del plano religioso en la arena política (es decir, en el plano de la experiencia social), es necesario señalar que la autonomía del Estado – formulada expresamente en la Constitución – está presente como un elemento básico de nuestro sistema político. 

El pasaje polémico de la Constitución Política peruana (1993) es este:

 “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas” (Constitución Peruana, art. 50).

Recalca el artículo citado la autonomía e independencia del Estado respecto de la Iglesia Católica (1). El punto es que no dice “laico”, pero se entiende el argumento que formula el texto de la Constitución.  Es necesario precisar que constituye una exigencia excesiva pedir que todo esté dicho literalmente. Eso no se puede hacer en un texto acotado como una Constitución. Decir que no es laico porque no lo dice literalmente el documento no es un argumento acertado ni mucho menos. Importa mucho el espíritu de las leyes, no sólo la letra. Al revisar otras constituciones de tradición latina puede constatarse que no se usa la palabra “laico”, pero la laicidad se expresa de otras formas. Aquí van algunos ejemplos que pueden resultar esclarecedores:

“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (Constitución Española, art. 16.3).

“El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley” (Constitución Mexicana, art. 130).

“Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva” (Constitución Colombiana, art. 19).

 Todas estas Constituciones aluden a las tres condiciones del Estado laico – mencionadas al inicio - sin usar la palabra "laico" en la formulación literal de los artículos. En estos casos, el diseño de las políticas, el debate público y el trabajo constitucional va en la senda del Estado laico. Decir que España o México no son Estados laicos o aconfesionales implicaría cometer una equivocación grave en el análisis. En estos casos la lacidad marca una ruta importante para el diseño de la política estatal. Lo mismo sucede en el Perú, a pesar de las dificultades que la sociedad experimenta en cuanto al proceso de secularización del debate político. 

(1) Se trata de un pasaje polémico no porque no señale la separación entre Estado e iglesias, sino porque en el plano de la cooperación coloca a la Iglesia católica en una situación especial frente a otras iglesias. Lo correcto en una perspectiva democrática sería colocarlas a todas en un mismo nivel, para proteger la igualdad.

ESTADO Y ACTIVIDADES RELIGIOSAS: ESTABLECER FRONTERAS EN UN ESTADO LAICO

Gonzalo Gamio Gehri

En los últimos días, el tema del pluralismo y la laicidad del Estado liberal ha vuelto a ponerse en discusión, esta vez en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una alumna de Letras, Katherin Ángeles Sihuay, envió una carta al Decano de la Facultad – según me ha comentado, un profesor de esa casa de estudios, y he podido constatar luego leyendo el documento y dos entrevistas – señalando que, dado que la UNMSM es una universidad estatal y el Perú un Estado laico, la Facultad no debería exhibir en espacios comunes Nacimientos ni ninguna manifestación de una religiosidad particular. El Estado democrático se mantiene neutral en materia religiosa, porque su función es la de garantizar los derechos y las libertades individuales, incluidas las concernientes a creer o a no creer. La alumna ha sostenido que ha recibido un trato hostil de parte de miembros de la comunidad universitaria,  e incluso ha sido amenazada desde las redes sociales. Ha añadido que – curiosamente – se evita discutir rigurosamente este problema en el campus: “resulta curioso notar”, sostiene “que son, sobre todo, los profesores de temas relacionados a epistemología y lógica quienes invitan a través de su discurso y acción a plantearse estos temas, mas no los de ética y filosofía política”. Es una situación que sin duda preocupa.

Espero que en la UNMSM pueda desarrollarse un debate amplio sobre este tema. Tengo muchos amigos filósofos en esa importante casa de estudios, cuyo trabajo aprecio y admiro, quienes  seguramente aportarán argumentos sólidos que esclarezcan lo que está en juego aquí. Intuyo que este debaste recién está iniciándose. La carta en mención destaca un punto fundamental. Una institución pública no constituye un espacio para la expresión de una confesión religiosa puntual. Es el caso de los claustros de la Universidad más antigua del Perú. Tales escenarios constituyen foros compartidos para el cultivo del saber y de la vida cívica, para discutir asuntos que sean de interés común de quienes desarrollan el conocimiento o ejercen la ciudadanía. La celebración de costumbres religiosas o las actividades proselitistas en cuestiones de fe no pueden tener lugar en el seno de las universidades estatales. Esta forma de reflexionar procede de los principios de la razón pública inscritos en una concepción democrática de la política, y es independiente del credo personal. Por ejemplo, yo soy católico – como muchos ciudadanos – pero creo que nuestro Estado debe ser laico.

 Resulta legal y moralmente irrelevante hacer notar que el credo espiritual que se intenta difundir sea el que profesa la mayoría de la población. Se trata de proteger los derechos de todos en pie de igualdad, incluidos los derechos de las minorías. Consentir el compromiso doctrinario de un Estado con una religión específica implicaría discriminar a quienes practican otras creencias, o no tienen convicciones religiosas en absoluto. Tal opción política implica tratar a estas personas como ciudadanos de segunda clase. La entidad política debe defender las bases institucionales de un contexto de “pluralismo razonable”(en términos de John Rawls), aquel que propicia el florecimiento de diversas concepciones morales y religiosas, siempre y cuando ellas respeten el derecho de las demás visiones a tener un lugar en la sociedad y eventualmente, a entrar en diálogo con ellas.

El espacio adecuado para la celebración de la Navidad – en cuanto al ritual, la decoración y la prédica correspondientes – son las casas,, son las parroquias, o las comunidades e instituciones religiosas en las que uno participa en condiciones de libertad. No son los lugares estatales, en los que se promueve el bien público, asociado estrictamente al cuidado de los principios y procedimientos de la justicia, el cultivo de la tolerancia ante diversos caminos razonables de vida y el ejercicio de las virtudes políticas. Un Estado democrático no dedica los espacios bajo su jurisdicción a la práctica de ningún culto puntual ni permite su uso orientado por tales propósitos. Esta actitud no lo convierte en “a-teo”: es básicamente laico y aconfesional porque no admite establecer desigualdades entre los ciudadanos en razón de sus creencias y estilos de vida. Promueve el desarrollo de todas las religiones y visiones del mundo bajo la única condición de que éstas respeten los derechos y libertades de todas las personas, vale decir, que acepten coexistir en un marco de pluralismo razonable conforme a las reglas de juego propias de un régimen democrático constitucional.

Quienes suscribieron la carta señalan que su iniciativa ha recibido críticas de todo calibre, no precisamente cimentadas en argumentos legales o filosóficos rigurosos (y arraigados en los usos democráticos). Algunas de las críticas más extrañas y virulentas – advierten con sorpresa y perplejidad - provienen de respetados intelectuales,  profesores de la Facultad, que habrían de enarbolar las banderas del respeto a la diversidad. Resulta conceptualmente pobre aducir que impedir que se instalen nacimientos y árboles de Navidad en los ambientes de la UNMSM constituye una grave violación a la libertad de expresión de los creyentes. Quien así argumenta desconoce la frontera entre los fueros de la entidad política y los escenarios religiosos, uno de los pilares de la democracia liberal. La edificación religiosa o el cuidado de las tradiciones no competen al espacio público estatal. Cada práctica tiene un lugar específico en una sociedad plural.

Otros censores de esta propuesta han pretendido refutar la idea de laicidad estatal apelando a un cínico “realismo político”. Aseveran que el Perú es un “país católico”, que el destino del país se debe a las decisiones de sus “élites” – políticas, empresariales y eclesiásticas -, y que “sus élites son católicas”. Por tanto, tendría sentido dedicar los espacios del Estado a la práctica de las costumbres propias del catolicismo. Me sorprende el recurso a una tesis que  - en cuanto a su conceptos- expresamente hunde sus raíces en el fascismo, una ideología expresamente autoritaria, violenta y cosificadora, como tan lúcidamente denunciaran Husserl y Levinás en la primera mitad de los años treinta. Aquí la argumentación democrática simplemente desaparece a favor de un voluntarismo retorcido y mesiánico: el “espíritu del pueblo” – la resonancia hegeliana es evidentemente engañosa, pues Hegel no tiene que ver con este poco sutil irracionalismo - es meramente expresión de su “clase dirigente”.  Nuestra religión tendría que ser la de nuestros caudillos y líderes natos. El discurso de los derechos y las libertades individuales se torna irrelevante, el pluralismo deviene en un estorbo para  asumir el camino del progreso; los ciudadanos se convierten en meros “gobernados”. “Súbditos”, en una palabra. Sombrío el panorama de quien se someta a esta forma arcaica de integrismo político (y religioso). Aquí se plantea veladamente un retorno al Estado confesional.

Esta perspectiva posee una innegable entraña totalitaria. El totalitarismo no sólo decretaba el imperio de una única visión del mundo promovida y difundida por un Estado tutelar, sino que ejercia  un control sobre todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada. Predicaba y difundía una única doctrina verdadera, un único estilo de vida con sentido. Quienes no compartían esa visión de las cosas eran considerados herejes victimas del error o de la corrupción del pensamiento.  Creo que  nuestra sociedad ha sufrido en repetidas veces los ataques de formas ideológicas intolerantes de diverso cuño – versiones del totalitarismo tanto religiosas como seculares, desde el integrismo  de las extirpaciones de idolatrías en la colonia hasta los delitos de Sendero Luminoso – como para tomar  intelectualmente en serio esta posición autoritaria. Basta con dejar constancia acerca de su persistencia en la universidad pública y recordar el registro funesto de sus acciones en nuestro país.

Es preciso añadir que esta lectura conservadora es, en el fondo, incompatible con el cristianismo, al menos si tomamos en cuenta a los Evangelios como fuente primaria de interpretación de esta concepción de la vida ética y espiritual. Recordemos que el anuncio del Reino por parte de Jesús ni se hace desde las “élites” ni se las considera el núcleo vivo de la comunidad creyente o de la comunidad por construir. La Buena Nueva se dirige a los más humildes, a los publicanos, a los pobres, a personas que los encumbrados miran con recelo y desconfianza. “En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad” (Lucas 10, 21). La preocupación por las condiciones de injusticia en las que se ven sumidos la viuda, el pobre y el extranjero constituye un elemento fundamental de la perspectiva del Reino de Dios y el esfuerzo por su edificación en el terreno de la práctica. Nada más extraño al Magisterio de Jesús de Nazaret que esa obsesión por identificar a los sectores dirigenciales con el motor de la comunidad o con la fuente de su progreso moral. El énfasis reaccionario en el carácter de los poderosos es ajeno a la ética del cristianismo y a sus exigencias en materia de justicia y solidaridad.

Este incidente nos permite ver con claridad una situación que enfrenta nuestra sociedad en cuanto a la relación entre política y religión. No sólo muchos de nuestros ciudadanos – incluidos algunos académicos conocidos – no llegan a entender  a cabalidad los principios que subyacen a la necesaria separación entre las instituciones públicas y las iglesias, sino que no alcanzan a reconocer su relevancia para la afirmación de una genuina cultura democrática en el Perú. El hecho de que en pleno siglo XXI existan resistencias incluso para discutir el concepto de laicidad revela la precariedad de los recursos intelectuales y políticos que usualmente se invocan para consolidar un genuino Estado de derecho constitucional, respetuoso de la pluralidad de formas de vivir y pensar.