MIEDO EN EL AIRE

Gonzalo Gamio Gehri

El cumplimiento de la condena y la salida en libertad del emerretista Peter Cárdenas ha generado un encarnizado debate en la prensa y las redes sociales. Es un tema sensible, por supuesto. Cárdenas ha sido condenado por actos de terrorismo que incluyen crímenes brutales como asesinato y secuestro.

El asunto es que las penas de los condenados por terrorismo están cumpliéndose, y, en términos de lo establecido por la ley, les corresponde salir, ya pagaron su deuda con la sociedad (sin contar con el dinero que deben pagar al Estado por concepto de reparación). Los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA han sido procesados y condenados en democracia – luego de haber sido juzgados durante el fujimorato sin observar los principios del debido proceso – y se les ha asignado severas y merecidas penas. Algunos morirán en la cárcel. El castigo ha sido proporcional al terrible daño generado en las vidas de nuestros compatriotas. En otros casos, los subversivos que han cumplido sus penas están siendo puestos en libertad. El Estado tendrá que estar atento a sus movimientos - no debe ser ingenuo y fortalecer su sistema de inteligencia -, pero debe cumplirse  lo que indica la ley, sin excepción alguna. 

Un Estado democrático debe articular el combate implacable contra el terrorismo con la observancia de las leyes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Se les permitirá reinsertarse en la sociedad? ¿Se les debería retener en sus celdas? Por décadas, esta clase de preguntas simplemente no se formulaban; aún hoy, si alguien las formula es observado con sospecha. Las reacciones han sido destempladas. Lean por ejemplo el enervado artículo que enlazo líneas abajo, publicado en un portal de derecha conservadora, abundante en adjetivos, del que no puede extraerse ni un solo argumento para la discusión. Este es un tema serio que no debe dejarse en manos de quienes improvisan un discurso estridente y violento. No podemos ceder ante una prédica irresponsable que sólo busca ofuscarnos y suscitar reacciones viscerales sin desarrollar una mínima reflexión. Esto va más allá de cualquier consideración política o de confrontación ideológica: un problema importante como éste no puede ser abordado con este grado de irracionalidad y falta de juicio. Es una lástima que nuestro país no haya sido suficientemente capaz de madurar para afrontar un debate complejo y doloroso, que exige lucidez y rigor. Libros como el de José Carlos Agüero y el de Lurgio Gavilán marcan una pauta distinta en el camino de la reflexión anamnética, más profunda y aguda.

.Un síntoma de la inmadurez de un sector importante de la sociedad es que se va propiciando un clima de miedo para ser aprovechado con fines políticos. La iniciativa Chapa tu choro, las granadas misteriosamente aparecidas en distintos lugares de la ciudad. Ahora, la salida de la cárcel de terroristas ¿Quién gana en este río revuelto? La alternativa de la “mano dura”, a pesar de que la conduce una persona de escasa experiencia política y nula experiencia laboral. Son muchos los que buscan explotar políticamente esta complicada situación. La vuelta de la propuesta fujimorista es alentada por una buena parte de los medios de comunicación y por la mayoría de los líderes empresariales del Perú ¿Debemos ceder al embrujo del miedo y de la visceralidad? ¿Debemos seguir el estribillo que cantan los principales grupos de la prensa nacional? ¿O podemos comprometernos con el ideario democrático que planteó el unspirador camino de la transición hace menos de quince años? Peruano, date un tiempo para reflexionar sobre estos asuntos que preocupan. Seguiremos discutiendo este tema.

LOS VIEJOS MOTIVOS

Gonzalo Gamio Gehri

En muchas ocasiones he insistido en que en el país se echa de menos una perspectiva liberal, tanto de derecha como de izquierda. Un grupo de personas que valoren con similar grado de compromiso valorativo los derechos humanos, la participación política y las libertades económicas. Una derecha que reivindique la autonomía privada y pública, así como una izquierda que se comprometa con el pluralismo. No es lo que tenemos en el Perú: los avances en esta dirección son claramente insuficientes. En la arena política impera la orfandad de argumentos y en los medios de prensa encontramos considerable beligerancia.  Incluso se detecta en los medios una suerte de macartismo ideológico.

Los nuevos medios tienden a continuar con estas prácticas de confrontación polìtica. Algunos espacios buscan reeditar el paleoconservadurismo, el célebre pensamiento reaccionario.  Hace poco leo un texto que aboga por la edificación de una “nueva derecha”, pero se la asocia con la adhesión a los valores tradicionales. Recuperar los viejos motivos  no es en sí mismo negativo, pero esta derecha se describe como antimoderna y virulenta.  No resulta nueva, en ese sentido, y tampoco se insinúa democrática. En una sociedad en la que sus autodenominadas “élites” han considerado que las Fuerzas armadas y la Iglesia Católica son instituciones “tutelares” de la patria, o que determinados temas incómodos son dejados fuera de la discusión pública – por ejemplo, asuntos relativos a la recuperación de la memoria y las políticas de derechos humanos -, uno se pregunta cuánta novedad podría encontrarse en una propuesta como esa. Hay un cierto sentido común conservador en el Perú, que es preciso interpelar y cuestionar. Me parece percibir la presencia del “viejo sol” como diría Nietzsche. Un sol tradicionalista, que considera a la izquierda y al liberalismo político  enemigos, no interlocutores en un proceso de intercambio de argumentos. 

Resulta interesante que esa derecha ponga sus cartas sobre la mesa en el debate político, pero preocupa su distancia respecto de los núcleos básicos de la una democracia liberal. Necesitamos tomar en serio la noción de “pluralismo razonable” en el sentido liberal del término. Pensemos en su uso en la filosofía práctica de Rawls. Una sociedad democrático – liberal no sólo reconoce la diversidad de “doctrinas comprensivas” (visiones del mundo y de la vida de carácter religioso o secular que abarcan la totalidad de la existencia), de modo que cada una de ellas admite que no es ni debe ser la única, y está dispuesta a coexistir con las demás en el marco del sistema de derechos propio de un Estado constitucional de derecho. Esta situación es compatible con el principio de laicidad del Estado democrático, y con el respeto de la diversidad, basado en el diálogo, la tolerancia y el intercambio de razones. A menudo, este pluralismo es confundido – o asociado falazmente – con el “relativismo”, a pesar que esta identificación no resiste la menor inspección racional.  Que existan diversas visiones de las cosas implica que “sean igualmente válidas”. Es posible examinarlas desde la discusión racional planteada al interior de las organizaciones de la sociedad civil (universidades, colegios profesionales, Iglesias, ONGs, sindicatos, etc.).

Con frecuencia, esa fascinación conservadora con la exaltación de un catálogo de metas fundado en un único credo o '"correcta doctrina", reproduce la ilusión premoderna de un Estado confesional, una ilusión perniciosa en términos de libertad y de justicia. En la óptica de ese conservadurismo rancio, el liberalismo, la socialdemocracia y el marxismo son dignos de rechazo por igual, pues son expresión de la cultura moderna. Les preocupa e irrita asimismo el pluralismo subyacente a los estudios interculturales y de género, y, en el plano teológico, el trabajo de las teologías inductivas (teología de la liberación, teología africana, teología feminista, y otras). Los cambios en la Iglesia Católica producidos por Vaticano II son percibidos por esta derecha paleoconservadora como una trasgresión al espíritu romano que celebran, en clave medieval; sus referentes no son las primeras comunidades cristianas o la reflexión del método histórico-crítico. Por supuesto, la prédica del papa Francisco les resulta chocante, pues la encuentran "socialista", aunque suene increíble. De hecho, la reflexión que hace esta derecha sobre el cristianismo tiende a prescindir del tema de la pobreza  (y de la justicia social).

El obvio peligro del pensamiento paleoconservador es la suscripción de un integrismo lesivo del sistema de derechos fundamentales. Esa doctrina  erosiona el terreno mismo de un pluralismo razonable que sostiene el sistema de instituciones y normas que edifican el liberalismo político. De hecho, la derecha paleoconservadora se inspira en posiciones que rechazan la diversidad como un  supuesto síntoma de raquitismo moral y político. No en vano los seguidores de Franco, el falangismo, el nacionalcatolicismo y el conservadurismo más recalcitrante en España y en América exaltaban la figura de Isabel de Castilla, asociada con la imposición política de una tradición monolítica – una sola cultura, una sola religión, un solo idioma –. Se trata, por supuesto, de una perspectiva que puede convertirse en violenta, además de ser  dañina para la democracia y para una ética del respeto por la diversidad. Esa diversidad es un rasgo distintivo de lo humano, la percibimos en nosotros y en las comunidades que habitamos. Pretender desconocerla o eliminarla constituye una forma insensata de pensar y de actuar.

NECESITAMOS DISTRIBIUIR EL PODER EN MÚLTIPLES MANOS

Gonzalo Gamio Gehri

Hace unos días intervine en una mesa redonda sobre la campaña Chapa tu choro, organizada por nuestra FEPUC, la federación de estudiantes. Participó también Rocío Vizcarra, especialista en temas de seguridad en el país. Intervine desde mis investigaciones sobre ética y derechos humanos, y desde el contraste entre esta inaceptable campaña y la experiencia de las rondas campesinas y los CADs. Fue breve y muy interesante, con múltiples puntos de consenso. El diálogo estableció que estas iniciativas de “justicia” callejera son perniciosas, porque son violentas y absolutamente desproporcionadas, porque la justicia sancionadora sin participación de la deliberación pública y del Estado no es justicia. Esta situación revela la importancia y la urgencia de una presencia mayor del Estado y la sociedad en esta clase en la solución de esta clase de problemas.

Pero ahora quisiera comentar algunas ideas – todavía considerablemente intuitivas, que desarrollaré luego con mayor detalle – sobre el trasfondo político de esta iniciativa. Hace meses (o más) que el tema de inseguridad ciudadana es señalado por los políticos y por los medios de comunicación. El problema es real, aunque los estudios sobre el tema señalan que el discurso de los políticos y de muchos medios tiende a sobredimensionarlo, al punto que una campaña que enarbola la barbarie goza de la simpatía de ambos. Da la impresión de que esta situación apunta a destacar las candidaturas de la “mano dura”, a pesar de que estas candidaturas sólo cuentan con la nostalgia del pasado – el gobierno del padre, por ejemplo -, y no cuentan con ninguna experiencia en materia de políticas de seguridad. Un pasado vergonzante, además, en asuntos de justicia,  instituciones y derechos humanos. Y parte de la ciudadanía es receptiva a esta estrategia.

Si a esto sumamos el hecho de que los modios intentan indicar que “todos los políticos son corruptos”, entonces el escenario está bosquejado. Se trata de alentar propuestas que encuentran en formas de caudillismo e iniciativas dinásticas de “mano dura”. Nadie se ha preocupado por examinar las causas de la criminalidad, para así combatirla combinando mecanismos de sanción y mecanismos de prevención. Necesitamos demostrar que la batalla contra la inseguridad es perfectamente compatible con la democracia. Aprender de la historia, recordar el profundo daño que causa la concentración del poder, la arbitrariedad, entre otros males. Necesitamos fortalecer el supuesto básico de la democracia, a saber, que el poder debe distribuirse en muchas manos – las de autoridades y ciudadanos -, que muchas mentes juiciosas e informadas piensan mejor que una. Ojo con la tentación autoritaria.

APOLOGÍAS DE LA VIOLENCIA

Gonzalo Gamio Gehri

Hace nueve días que el Portal virtual La Mula reveló que la artífice de la campaña violentista Chapa tu choro, y déjalo paralítico, es fujimorista y estaría en los planes de este grupo para lapostulación al Congreso. Más recientemente aún, los apristas le han hecho un guiño a esta campaña.  No es un secreto que este tipo de iniciativas pueden resultar interesante a una población que se siente impotente frente a la escalada de la delincuencia y a los insuficientes recursos que el Estado ha mostrado para detenerla y prevenirla con eficacia. No obstante, incitar a los peruanos a capturar a un ladrón, lincharlo y provocarle daños de por vida constituye una clara invitación al delito.

Con todo, esta propuesta no sorprende, y su manejo político es tristemente previsible. Nuestros políticos más conservadores – y los medios de prensa que les son afines – intentan instalar dos ideas básicas en la opinión pública: a) Todos los políticos son - en principio - corruptos; b) siendo ese el escenario, habrá que elegir al candidato que imponga “el orden y la autoridad”, a sangre y fuego. Eficacia más violencia manifiesta, esa es la fórmula. Este no es un mensaje nuevo: recuerden la emoción con la que nuestros políticos y periodistas evocaban la figura de Lay Fun, el perro que mató a mordiscos a un delincuente, y cómo un columnista neofascista solicitaba construirle un monumento. Hace unos días, un ladrón robó un celular y recibió una brutal golpiza. Es preciso estar alerta y prevenir el uso desmedido de la violencia (1). Una cosa es que la población se organice para vigilar el vecindario y denuncia cualquier amenaza, y otra promover el linchamiento.

No es de extrañar que sean el fujimorismo y el aprismo las organizaciones que celebran estas iniciativas y estas reacciones entre la población. Cabe preguntarse qué problemas podrían resolverse con esta  irresponsable apología de la violencia. Probablemente ninguno, no ciertamente el problema de la seguridad. Se trata de provocar una virulenta y riesgosa catarsis que puede traducirse en apoyos electorales a las candidaturas que la alientan. La política con vocación autoritaria se fortalece con esta prédica que sólo invoca el uso de la fuerza y no atiende las causas de la criminalidad. Se apunta sólo a la represión y no a la prevención del delito. Se opta por la demagogia y no por el trabajo de una política seria de seguridad en el marco de la legalidad democrática..

Esta clase de propuestas generan formas de visceralidad extrema en la población de las distintas localidades del país. En cualquier momento, transeúntes desprevenidos acabarán sufriendo esta improvisada explosión de justicia callejera. Se trata de una iniciativa muy peligrosa que encuentra un terreno fértil en la evidente desconfianza que manifiestan los peruanos frente a las instituciones que tienen la misión de defender la ley en las calles, así como en la incredulidad frente a la importancia de respetar los derechos humano,. Los medios observan – divertidos – cómo la población cede a la tentación de usar la violencia sin control oficial como método para enfrentar la delincuencia, y los políticos se frotan las manos pescando en río revuelto. El problema no es abordado con seriedad ni responsabilidad, importa más generar un discurso impactante que incendie la pradera. El tema del trabajo preventivo en temas de seguridad no se plantea siquiera como punto a debatir; nadie dice nada sobre las formas de violencia simbólica y estructural que propician esta situación de inseguridad. El Perú se convierte en una parodia del Far West, mientras que en el  escenario político el mensaje radical – “Déjalo paralítico” – se abre paso y gana nuevos adeptos.

(1) Véase sobre este punto, el artículo de Salomón Lerner Febres aparecido hoy en La República.

LUCHAR POR LA MEMORIA

Gonzalo Gamio Gehri

La entrega del Informe Final de la CVR tuvo lugar hace doce años, y los ideales que motivaron la formación de la Comisión y la elaboración de dicha investigación permanecen vigentes: el esclarecimiento de lo sucedido durante aquel tiempo de miedo. La necesidad de reparar a las víctimas, demostrarles que su dolor es el nuestro, que su aspiración a la justicia es nuestra aspiración. Que somos ciudadanos de la misma comunidad política.  

Sin embargo, nuestras “élites” – numerosos políticos en actividad, algunos empresarios, jerarcas de la Iglesia, algunos militares en retiro – eligieron mirar hacia otro lado, no discutir el texto, o cuestionarlo sin leerlo. Recurrieron al poder que podían usar para bloquear toda posibilidad de que el Informe pueda ser debatido en las escuelas. Debatido, ese es el verbo. No se ha permitido que este texto – una investigación interdisciplinaria sobre veinte años de violencia en el Perú, que recogió cerca de diecisiete mil testimonios escuchando las voces de personas – sea estudiado y examinado a conciencia. La causa de la necesaria restitución de los derechos de las víctimas – la mayoría de ellas  no habitante de las ciudades peruanas ni hablante del castellano como idioma materno – no parece constituir una prioridad para nuestra “clase dirigente”: dicha tarea está lejos del círculo de sus intereses.

A menudo, nuestras “élites” han pretendido silenciar esta investigación tratándola con abierta hostilidad. Movilizando los medios conservadores contra ella, convocando a personalidades para declarar contra ella (desatendiendo el ámbito del argumento), para concentrarse sólo en el posicionamiento de los personajes cuya responsabilidad frente al conflicto – por acción o por omisión – había sido examinada por la CVR. El asunto de fondo, el desamparo de las víctimas, el estado de la defensa de los derechos humanos, la fractura de las relaciones sociales, se deja de lado, o se la cubre con el manto de los “temas políticos”. La cuestión de la verdad se soslaya. Parece ser lo habitual cuando se interpela a nuestras “élites”. Es lo que ha sucedido también con los ya verificados  plagios del cardenal Juan Luis Cipriani. Lo que importa no es denunciar o reconocer las malas prácticas, sino movilizar poderes para silenciar las justificadas críticas de los ciudadanos.  Pero lo real sigue allí.

Las tareas de la recuperación de la memoria han sido recogidas en otros espacios. Algunas instituciones de la sociedad civil: organizaciones de derechos humanos, injustamente maltratadas en otro tiempo. Algunas universidades, conscientes de su compromiso con el país y con la justicia. Contadas comunidades religiosas de distintas confesiones, contraviniendo el parecer de algunos de sus líderes, pero privilegiando su adhesión a la causa del cuidado de los más pobres y vulnerables. A todos esos individuos y grupos les inspira la idea de que no será posible constituir una genuina comunidad ni humanidad sino concentramos la mirada en la protección de la dignidad de quienes han sufrido y exigen justicia y escucha de parte de sus conciudadanos.

APUNTES SOBRE UNA CANDIDATURA Y LA ESPERANZA POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Es una buena noticia que Verónika Mendoza plantee su candidatura en las elecciones primarias del Frente Amplio. Es especialmente interesante que se establezca como pauta para esas elecciones que cualquier ciudadano pueda votar sin el requisito de ser un militante de aquel Frente; se sienta un precedente de democracia interna, inexistente en las demás agrupaciones, que optan por reconocer sin cuestionamiento ni espíritu de renovación “liderazgos tradicionales”, “caudillismos” o “candidaturas naturales”.

La candidatura de la actual congresista de Acción Popular / Frente Amplio tiene potencial. Se trata de una persona con una buena trayectoria política y profesional, que cuenta con un mensaje claro y bien construido, basado en la convergencia entre algunos principios democráticos y socialistas: combate de la exclusión, derechos humanos, desarrollo sostenible, prioridad de la justicia social y las libertades básicas, etc. Es reconocida como una parlamentaria juiciosa y proba. Preocupa, eso sí, que si este proceso no tiene éxito, el Congreso pierda en el quinquenio siguiente a una política valiosa. Otra fuente de preocupación es la diversidad de discursos en la Izquierda. Las credenciales democráticas de la congresista son evidentes, pero esperemos que ese ideario no se vea empañado o relativizado por los sectores más autoritarios de la izquierda peruana.  Las esperanzas políticas no son monopolio de quienes han elegido la senda de la militancia partidaria, también están presentes en quienes hemos elegido los foros de la sociedad civil como el lugar de la discusión pública y la acción cívica.

Resulta perturbadora la posibilidad de un escenario político trágico, una segunda vuelta entre Alan García y Keiko Fujimori. Muchos de nosotros quisiéramos evitar esa penosa segunda vuelta, y estamos meditando las opciones electorales para producir una segunda vuelta diferente. Tenemos que preguntarnos si la candidatura propuesta por Sembrar tiene posibilidades de fortalecerse y constituir una presencia decisiva en el proceso electoral. Es prematuro pronunciarse sobre el futuro de esta opción, más allá de las virtudes de esta candidatura.  Este es un punto crucial. Necesitamos saber si existen buenas razones para sostener nuestras esperanzas políticas en un proyecto sólido de centro izquierda para la Nación. Esperemos que sea así, (y hagamos algo al respecto).

(Aparecido en la columna virtual La periferia es el centro del diario La República)

DEMOCRACIA Y ESTADO LAICO. BREVES CONSIDERACIONES DESDE LA FILOSOFÍA PRÁCTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Las festividades de fiestas patrias han vuelto a poner sobre el tapete la cuestión de si el Perú debería afirmarse cabalmente como un Estado laico. Es razonable pensar que otorgarle el estatuto de “oficial” a una celebración religiosa puntual como la Misa y Te Deum podría violar el principio del trato igualitario frente a los credos y visiones del mundo, una de las columnas básicas de la democracia liberal. Se trata de un asunto que es preciso examinar con cuidado.

Podemos aseverar que un Estado es laico en la medida en que cumple con estas tres condiciones: a) si no existe una religión oficial; b) si se protege la libertad religiosa; c) si existe independencia entre Estado e iglesias. Al interior de las sociedades contemporáneas habitan personas y pueblos que suscriben diferentes concepciones acerca del sentido de la vida, de lo divino o la trascendencia: religiones, cosmovisiones seculares, etc. Es preciso respetar esa diversidad. Un Estado democrático reconoce el derecho de los ciudadanos a creer en alguna religión o a no creer. No se pronuncia sobre la validez de las confesiones o visiones del mundo, deja esa tarea a las personas, a los foros de deliberación y debate presentes en las comunidades de investigación y las organizaciones religiosas. Un Estado democrático se ocupa estrictamente de las cuestiones de justicia, a saber, garantizar los derechos y libertades básicas de los ciudadanos.

Si el Estado promoviera un solo credo identificándolo como verdadero – si fuese un Estado confesional, a la manera de las monarquías del medioevo o al estilo de algunas comunidades asiáticas – estaría discriminando a quienes suscriben otras creencias o han elegido la increencia religiosa: trataría de modo desigual a sus ciudadanos. Resulta claro que esa forma de desigualdad no es compatible con la democracia. Hay quienes aducen que se debería brindar un trato preferencial a la religión mayoritaria, aquella que converge con las tradiciones locales. Quienes así argumentan olvidan que la democracia no se ocupa de proteger sólo los derechos de las mayorías, sino los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. El recurso a las encuestas de opinión no tiene lugar aquí, en la medida en que lo que está en juego son las libertades individuales básicas. El cuidado de estas libertades entraña la capacidad de someter a crítica las propias tradiciones, y alentar su transformación si existen buenas razones para hacerlo.

Si el compromiso fundamental de un Estado democrático consiste en la defensa del sistema de derechos y el cultivo del pluralismo, cabe preguntarse cuál sería el lugar de las religiones y las visiones del mundo en una democracia liberal. Hay que señalar que los demócratas no intentan “confinar a las religiones a la sacristía”, como sugieren tendenciosamente ciertos actores conservadores. Sostener que debe separarse claramente el ámbito religioso del político no significa desterrar las confesiones a la más radical intimidad o a la meditación solitaria. El lugar de la reflexión sobre el espíritu y el sentido de la existencia no es el Estado, pero sí un amplio conjunto de instituciones pertenecientes a la sociedad civil. Se trata de espacios abiertos al diálogo en torno a argumentos y experiencias que puedan nutrir nuestras prácticas e ideas que versan sobre lo que otorga o priva de significado a la vida (la búsqueda del saber, el trabajo, la fe, los vínculos cotidianos).  Las diversas iglesias y comunidades religiosas constituyen una parte de la sociedad civil; en una democracia sólida, ellas cooperan entre sí, actúan y discuten con otras instituciones sociales y con el propio Estado, con el fin de esclarecer y mejorar los modos de pensar y de vivir de las personas.

Un genuino Estado democrático reconoce el enorme valor de las distintas religiones y las visiones del mundo en la construcción de la identidad, en el discernimiento y las decisiones de las personas. Muchas reflexiones sobre la justicia, la solidaridad y la libertad provienen de esa fuente, aunque no se agotan en ella. Movimientos sociales  importantes involucrados en la abolición de la esclavitud o la defensa de los derechos de minorías poseen una herencia religiosa tanto como una herencia secular. La propia separación entre la Iglesia y el Estado – la “autonomía de lo temporal” – es un principio que tiene raíces bíblicas y que está presente en el ideario del Concilio Vaticano II. Las cuestiones de justicia básica – capacidades sustanciales, derechos humanos y libertades individuales – apelan a disposiciones y prerrogativas humanas que trascienden las fronteras culturales y religiosas. Pueden traducirse a un lenguaje más universal, el lenguaje público de los derechos. Sus exigencias pueden ser comprendidas más allá de los fueros exclusivos de las tradiciones locales. Ese conjunto de principios básicos constituye la estructura de una sociedad democrática. Se trata de una sociedad que convoca y reúne por igual a quienes creen y a quienes han decidido no creer.

(Aparecido en la columna virtual La periferia es el centro del diario La República)