SOCIEDAD CIVIL: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

Gonzalo Gamio Gehri

La democracia es una forma de vida política fundada en la práctica de la deliberación pública en el marco de la observancia de los principios y normas que estructuran el sistema de derechos individuales. Quienes participan de los procesos de deliberación son (i) los ciudadanos que intervienen en el sistema político como representantes elegidos o como miembros de partidos políticos que compiten por el poder, así como (ii) los ciudadanos que actúan desde las organizaciones de la sociedad civil como forjadores de juicio público y fiscalizadores del ejercicio del poder en los diversos escenarios de la sociedad y del Estado.

El concepto de sociedad civil a menudo se presta a múltiples confusiones. En la tradición  sociopolítica que se remite a Tocqueville – correspondiente a la versión del liberalismo que entronca con el humanismo cívico -, dicho concepto se refiere a un conjunto de instituciones sociales que median entre las personas y el Estado, que constituyen foros de discusión sobre asuntos de justicia e interés común, con el objetivo de contribuir en el diseño de la agenda pública y ejercer control político. Las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las iglesias, las ONG, etc., la conforman. Ella promueve la participación directa de los agentes en el espacio público.

Una democracia sólida requiere tanto una sociedad civil organizada como partidos políticos bien estructurados. La distribución del poder – el corazón mismo del régimen libre - requiere de ‘instituciones intermedias’ que generen debate entre agentes que valoren por igual la expresión razonada de los desacuerdos y la producción de consensos. En los años setenta y ochenta, numerosos disidentes de los países de Europa Oriental construyeron un discurso crítico frente al totalitarismo en los términos de la configuración de una sociedad civil plena. En el Perú, las protestas contra el régimen autoritario de Alberto Fujimori se cimentaron en medio de movilizaciones que se remitían al quehacer de una sociedad civil preocupada por el futuro de las libertades y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Se trata de un concepto y de una red de instituciones cuya razón de ser se traduce en la generación de espacios colectivos para la acción política  del ciudadano. 

OPINIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LA POLÍTICA. APUNTES

Gonzalo Gamio Gehri

El nivel de la discusión política en el Perú es realmente deplorable. Salvo algunos académicos y columnistas rigurosos – y una minoría de políticos -, no existe un genuino interés por construir una real esfera de opinión pública.

Se trata de un conjunto de espacios deliberativos  – tanto presenciales como virtuales, se diría hoy – para la formación del juicio ciudadano en torno a asuntos comunes; el planteamiento de cuestiones a ser discutidas en el sistema político, la pertinencia de determinadas leyes, decisiones, políticas públicas e instituciones,  Son temas a examinar y discutir por parte de los ciudadanos. Los foros de la sociedad civil y los escenarios  comunicativos se plantean como  parte de estos espacios. El tipo de discernimiento cívico que se cultiva en tales foros contribuye a desarrollar mecanismos de vigilancia del poder que son cruciales para la democracia. Una sociedad libre necesita una esfera de opinión pública informada y dispuesta a producir y a evaluar críticamente argumentos que configuran consensos y expresan disensos en torno a asuntos de interés público.

 La calidad del debate político depende en parte del modo como los medios enfocan el fenómeno político. Aun cuando las redes sociales se van fortaleciendo como foros de deliberación cívica, para muchos peruanos, los medios de comunicación de masas constituyen el canal a través del cual se lleva la escena política al escrutinio ciudadano. La columna de opinión – salvo excepciones importantes, repito – es un género verdaderamente penoso en el país, particularmente (pero no exclusivamente) en la prensa del grupo mediático más poderoso.  La pobreza en el nivel de la investigación y la redacción, la nula inquietud por la elaboración de argumentos, el cultivo del agravio y la descalificación fácil, así como el inconsciente recurso al uso de falacias caracterizan el trabajo de muchos columnistas locales. La preocupación por la verdad brilla por su ausencia. La pluma se convierte en un vulgar instrumento de agitación y propaganda. La estigmatización ideológica de la que hablaba en el texto anterior es una de sus más burdas armas.

La única forma de contrarrestar esta penosa y funesta situación consiste en potenciar espacios de información  y deliberación alternativos, como las redes sociales, entre otros. Cuestionar esas voces torpes e irresponsables expresando argumentos sólidos. Sin una esfera de opinión pública seria y lúcida, estamos expuestos a la manipulación y al lobbismo mediático. Si los medios renuncian a formar el juicio ciudadano en democracia, pueden convertirse muy fácilmente en meros instrumentos para el uso del poder en su sentido más desencarnado y negativo.

APUNTES SOBRE UNA CANDIDATURA Y LA ESPERANZA POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Es una buena noticia que Verónika Mendoza plantee su candidatura en las elecciones primarias del Frente Amplio. Es especialmente interesante que se establezca como pauta para esas elecciones que cualquier ciudadano pueda votar sin el requisito de ser un militante de aquel Frente; se sienta un precedente de democracia interna, inexistente en las demás agrupaciones, que optan por reconocer sin cuestionamiento ni espíritu de renovación “liderazgos tradicionales”, “caudillismos” o “candidaturas naturales”.

La candidatura de la actual congresista de Acción Popular / Frente Amplio tiene potencial. Se trata de una persona con una buena trayectoria política y profesional, que cuenta con un mensaje claro y bien construido, basado en la convergencia entre algunos principios democráticos y socialistas: combate de la exclusión, derechos humanos, desarrollo sostenible, prioridad de la justicia social y las libertades básicas, etc. Es reconocida como una parlamentaria juiciosa y proba. Preocupa, eso sí, que si este proceso no tiene éxito, el Congreso pierda en el quinquenio siguiente a una política valiosa. Otra fuente de preocupación es la diversidad de discursos en la Izquierda. Las credenciales democráticas de la congresista son evidentes, pero esperemos que ese ideario no se vea empañado o relativizado por los sectores más autoritarios de la izquierda peruana.  Las esperanzas políticas no son monopolio de quienes han elegido la senda de la militancia partidaria, también están presentes en quienes hemos elegido los foros de la sociedad civil como el lugar de la discusión pública y la acción cívica.

Resulta perturbadora la posibilidad de un escenario político trágico, una segunda vuelta entre Alan García y Keiko Fujimori. Muchos de nosotros quisiéramos evitar esa penosa segunda vuelta, y estamos meditando las opciones electorales para producir una segunda vuelta diferente. Tenemos que preguntarnos si la candidatura propuesta por Sembrar tiene posibilidades de fortalecerse y constituir una presencia decisiva en el proceso electoral. Es prematuro pronunciarse sobre el futuro de esta opción, más allá de las virtudes de esta candidatura.  Este es un punto crucial. Necesitamos saber si existen buenas razones para sostener nuestras esperanzas políticas en un proyecto sólido de centro izquierda para la Nación. Esperemos que sea así, (y hagamos algo al respecto).

(Aparecido en la columna virtual La periferia es el centro del diario La República)

DEMOCRACIA Y ESTADO LAICO. BREVES CONSIDERACIONES DESDE LA FILOSOFÍA PRÁCTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Las festividades de fiestas patrias han vuelto a poner sobre el tapete la cuestión de si el Perú debería afirmarse cabalmente como un Estado laico. Es razonable pensar que otorgarle el estatuto de “oficial” a una celebración religiosa puntual como la Misa y Te Deum podría violar el principio del trato igualitario frente a los credos y visiones del mundo, una de las columnas básicas de la democracia liberal. Se trata de un asunto que es preciso examinar con cuidado.

Podemos aseverar que un Estado es laico en la medida en que cumple con estas tres condiciones: a) si no existe una religión oficial; b) si se protege la libertad religiosa; c) si existe independencia entre Estado e iglesias. Al interior de las sociedades contemporáneas habitan personas y pueblos que suscriben diferentes concepciones acerca del sentido de la vida, de lo divino o la trascendencia: religiones, cosmovisiones seculares, etc. Es preciso respetar esa diversidad. Un Estado democrático reconoce el derecho de los ciudadanos a creer en alguna religión o a no creer. No se pronuncia sobre la validez de las confesiones o visiones del mundo, deja esa tarea a las personas, a los foros de deliberación y debate presentes en las comunidades de investigación y las organizaciones religiosas. Un Estado democrático se ocupa estrictamente de las cuestiones de justicia, a saber, garantizar los derechos y libertades básicas de los ciudadanos.

Si el Estado promoviera un solo credo identificándolo como verdadero – si fuese un Estado confesional, a la manera de las monarquías del medioevo o al estilo de algunas comunidades asiáticas – estaría discriminando a quienes suscriben otras creencias o han elegido la increencia religiosa: trataría de modo desigual a sus ciudadanos. Resulta claro que esa forma de desigualdad no es compatible con la democracia. Hay quienes aducen que se debería brindar un trato preferencial a la religión mayoritaria, aquella que converge con las tradiciones locales. Quienes así argumentan olvidan que la democracia no se ocupa de proteger sólo los derechos de las mayorías, sino los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. El recurso a las encuestas de opinión no tiene lugar aquí, en la medida en que lo que está en juego son las libertades individuales básicas. El cuidado de estas libertades entraña la capacidad de someter a crítica las propias tradiciones, y alentar su transformación si existen buenas razones para hacerlo.

Si el compromiso fundamental de un Estado democrático consiste en la defensa del sistema de derechos y el cultivo del pluralismo, cabe preguntarse cuál sería el lugar de las religiones y las visiones del mundo en una democracia liberal. Hay que señalar que los demócratas no intentan “confinar a las religiones a la sacristía”, como sugieren tendenciosamente ciertos actores conservadores. Sostener que debe separarse claramente el ámbito religioso del político no significa desterrar las confesiones a la más radical intimidad o a la meditación solitaria. El lugar de la reflexión sobre el espíritu y el sentido de la existencia no es el Estado, pero sí un amplio conjunto de instituciones pertenecientes a la sociedad civil. Se trata de espacios abiertos al diálogo en torno a argumentos y experiencias que puedan nutrir nuestras prácticas e ideas que versan sobre lo que otorga o priva de significado a la vida (la búsqueda del saber, el trabajo, la fe, los vínculos cotidianos).  Las diversas iglesias y comunidades religiosas constituyen una parte de la sociedad civil; en una democracia sólida, ellas cooperan entre sí, actúan y discuten con otras instituciones sociales y con el propio Estado, con el fin de esclarecer y mejorar los modos de pensar y de vivir de las personas.

Un genuino Estado democrático reconoce el enorme valor de las distintas religiones y las visiones del mundo en la construcción de la identidad, en el discernimiento y las decisiones de las personas. Muchas reflexiones sobre la justicia, la solidaridad y la libertad provienen de esa fuente, aunque no se agotan en ella. Movimientos sociales  importantes involucrados en la abolición de la esclavitud o la defensa de los derechos de minorías poseen una herencia religiosa tanto como una herencia secular. La propia separación entre la Iglesia y el Estado – la “autonomía de lo temporal” – es un principio que tiene raíces bíblicas y que está presente en el ideario del Concilio Vaticano II. Las cuestiones de justicia básica – capacidades sustanciales, derechos humanos y libertades individuales – apelan a disposiciones y prerrogativas humanas que trascienden las fronteras culturales y religiosas. Pueden traducirse a un lenguaje más universal, el lenguaje público de los derechos. Sus exigencias pueden ser comprendidas más allá de los fueros exclusivos de las tradiciones locales. Ese conjunto de principios básicos constituye la estructura de una sociedad democrática. Se trata de una sociedad que convoca y reúne por igual a quienes creen y a quienes han decidido no creer.

(Aparecido en la columna virtual La periferia es el centro del diario La República)

DEMOCRACIA LIBERAL Y ÉTICA DE LAS COMUNICACIONES

Gonzalo Gamio Gehri

Esta semana se realizaron en la UARM las IX Jornadas Éticas. Se trata de un evento anual en el que la Escuela de Filosofía organiza un conjunto de conferencias de carácter filosófico – práctico e interdisciplinario que tiene una significativa proyección hacia la vida pública y en general hacia la vida social en el Perú. Esta vez, el tema abordado fue la Ética,   democracia y comunicación. Participaron en estas sesiones de reflexión Rómulo Franco, César Zamalloa, Santiago Pedraglio y quien escribe estas líneas.

Se discutieron una serie de cuestiones, como el debilitamiento del periodismo de investigación, así como la precariedad argumentativa de las columnas de opinión en la mayoría de los medios de prensa en el país. Del mismo modo, se examinó la compleja situación que entraña que una poderosa empresa mediática controle cerca del 78 % de la prensa escrita en el Perú, circunstancia que podría poner en riesgo el pluralismo tanto como  los derechos al acceso de la información y a la expresión del pensamiento, principios fundamentales para una sociedad democrática. Los ponentes advirtieron los peligros que se generan a partir de la “propiedad cruzada” de diversos medios de comunicación, así como la necesidad de propiciar la discusión ética y legal sobre esta materia.

“Los medios de comunicación no tienen que ver nada con la educación”, sostuvo – recuerda Zamalloa – un famoso empresario de las comunicaciones. Es francamente patético que los medios de prensa hayan desarrollado una cuestionable vocación por ejercer nfluencia en los espacios del poder – público y privado – y muestren un absoluto desinterés por el cuidado de la conciencia cívica. Los medios han abjurado de su misión originaria – explicitada en la época de la ilustración -, la formación del juicio crítico y la defensa de las libertades sustanciales de las personas. Es preciso reasumir esa preocupación por la calidad de nuestras instituciones sociales y políticas. Recuperar foros de deliberación que orienten la sociedad hacia el fortalecimiento de la democracia en el Perú.

SOCIEDAD CIVIL Y BIENES COMUNES

Gonzalo Gamio Gehri

Suele suponerse que el debate y la configuración de las cuestiones relativas al bien público – líneas de gobierno, ley y legislación, edificación de instituciones – corresponden al sistema político, el Estado y los partidos que compiten por convertirse en alternativas de gobierno o de labor legislativa. Nos referimos a asuntos (y bienes específicos) que apelan a la sociedad en términos de una entidad política común. La discusión en torno a la agenda pública y la toma de decisiones recaen por supuesto en nuestros representantes y en los militantes de las organizaciones políticas, pero los ciudadanos podemos participar en estas actividades desde otros lugares, como las instituciones de la sociedad civil.

Ciudadanos que no mantienen membrecía en un movimiento político puntual pueden intervenir en la conversación política o fiscalizar a sus autoridades desde los espacios abiertos en universidades, colegios profesionales, sindicatos, comunidades religiosas, gremios, grupos de reflexión, ONGs, etc., espacios externos al sistema político que median entre las personas y el Estado, y que pueden convertirse en foros para la forja del juicio ciudadano. Problemas como la corrupción o la defensa de derechos básicos pueden ser abordados desde estos foros, y traducirse en iniciativas que pueden traducirse – a través de los canales legales – en políticas concretas.

Difícilmente podríamos imaginar el movimiento de las ideas en el país sin la investigación y la discusión crítica al interior de las universidades, o la vindicación de derechos sociales sin las organizaciones de trabajadores y los movimientos feministas, sólo por poner tres  ejemplos. Lo mismo podemos decir sobre la defensa de derechos humanos y las políticas de educación intercultural desde la acción de organizaciones sociales y los movimientos de derechos humanos. Y podemos citar otros casos. Estos escenarios pueden abrirse a la intervención de ciudadanos independientes, o potenciarse otros lugares para este fin. Una democracia requiere de partidos políticos sólidos – de los que adolece nuestro país desde hace tiempo -, pero también exige contar con una sociedad civil plural organizada y diversa, que permita el planteamiento y la contrastación del juicio cívico. A mbos constituyen espacios para la acción y la deliberación común.

CUESTIONES DE ÉTICA CÍVICA Y ÉTICA PÚBLICA (ESQUEMA)

Gonzalo Gamio Gehri

I.- ÉTICA PÚBLICA.

1.- Espacio público y espacio privado.

2.- Justicia y vida buena.

3.- La razón pública.

4.- Discutir lo público. Estado y sociedad civil.

II.- ÉTICA CÍVICA.

1.- Dos conceptos de ciudadanía.

2.- Concepto liberal.

3.- Concepto clásico.

4.- Los temores de Tocqueville.

III.- CIUDADANÍA E INJUSTICIA

1.- Injusticia y fatalidad.

2.- Dos formas de injusticia

3.- Ciudadanía e injusticia pasiva.

4.- Ciudadanía e identidades políticas. Participación y pluralidad de visiones éticas.

IMPRESIONES SOBRE "ESTADO DE MIEDO" DE P. YATES

Gonzalo Gamio Gehri

Hace unos días participé en una mesa redonda – organizada por IDEHPUCP – sobre Estado de miedo (2005), un documental de Pamela Yates sobre el conflicto armado interno y sobre el trabajo de la CVR. El evento se enmarcó en un ciclo de reflexión en torno a La memoria persistente. Participaron asimismo el historiador Jorge Valdez y el crítico cultural Melvin Ledgard.

El documental presenta diversos vacíos. El más grave es, definitivamente, la omisión de toda referencia al MRTA y a sus terribles acciones contra la sociedad peruana. Se ha concentrado en el actuar criminal de Sendero Luminoso, en la reacción del Estado, las fuerzas políticas y la sociedad civil. Esa omisión no puede ser pasada por alto sin más. Otros documentales y películas sobre el tema han sido más exhaustivos y rigurosos a ese respecto. El valor del documental reside probablemente en la atención de los testimonios de víctimas, actores y perpetradores, y a las reflexiones de los entrevistados que se esfuerzan por elaborar una interpretación plausible del conflicto. Aquí destaca el recordado Carlos Iván Degregori cuyos intentos por esclarecer estas dos décadas de terror y represión fueran tan decisivos para los trabajos de justicia  transicional en nuestro medio.

Resulta interesante asimismo el lugar que el documental le otorga a la entrevista hecha a Beatriz Alva H., abogada y funcionaria pública durante los años del fujimorismo, luego comisionada de la CVR. Ella se presenta como una persona proveniente del sectores medios  / altos de Lima, parte de un sector de la sociedad que vivió a espaldas de la tragedia que padecía el peruano campesino, no hispanohablante, desamparado por el Estado que debía proteger sus derechos y no cumplió con esa obligación. Hace un conmovedor mea culpa por su indiferencia de entonces y por sus compromisos políticos en la segunda mitad de los noventa.  Da testimonio de los hallazgos de restos humanos y de su colaboración con trabajos realizados por los antropólogos forenses. Sorprende la intensidad de sus declaraciones. Sostiene que “¿Dónde estaba yo?” durante aquel tiempo de miedo es la pregunta que todo peruano debería formularse. El trabajo de Yates en general concentra su atención en la debilidad del compromiso de los gobiernos, de los políticos y de buena parte de la sociedad peruana respecto del destino de las víctimas.

Estado de miedo reconstruye aquellos años a partir de la exposición de evidencias audiovisuales, la investigación en el lugar y las entrevistas. Plantea las cosas en términos de una ‘batalla por la memoria’ que rescate los testimonios de quienes vivieron y sufrieron el conflicto armado, contra el parecer de la mayoría de los políticos en actividad (que estaban también en actividad en aquellas décadas) que prefieren cubrir tales hechos bajo el oscuro manto de la amnesia moral y política y la impunidad. En tiempos recientes, el Movadef y la extrema derecha planteado la amnistía y la suspensión de investigaciones en derechos humanos como medidas presuntamente “reconciliadoras”. En un país en donde todavía existen cerca de cuatro mil lugares de entierro indebido sin abrir, el esfuerzo por la memoria y la reparación, planteado desde el Estado y la sociedad civil debería constituir una tarea fundamental si queremos sentar las bases de una sociedad democrática.

ESPACIOS DE VIGILACIA POLÍTICA Y CIUDADANÍA

Gonzalo Gamio Gehri

La identificación de la injusticia activa y el reconocimiento de la injusticia pasiva son operaciones éticas suponen una disposición para la reflexión y el examen crítico que permite al ciudadano permanecer alerta frente a las debilidades de las instituciones y sus representantes, pero esta héxis también le permite asumir una posición vigilante y severa respecto de sus propias debilidades en materia de control del poder político y observancia de las exigencias de la justicia. El ciudadano comprometido sabe que – como diría Hegel – no existe señor sin siervo, es consciente de que la corrupción y la lesión de derechos sólo puede tener lugar con el concurso de la indiferencia o de la complicidad de los agentes.

En ese sentido, las iniciativas contra la corrupción que nacen del sistema político – el propio Estado e incluso los partidos políticos que están en carrera electoral – son insuficientes, aunque sean expresión de propuestas veraces y viables en la práctica, si es que no cuestan con el respaldo de una ciudadanía activa. Ciertamente, necesitamos instituciones estatales que formulen las condiciones y reglas que garanticen la transparencia y probidad en las licitaciones, concursos públicos y contratación de personas que ejercerán cargos de responsabilidad en el sector público. Del mismo modo, se requiere un Parlamento en el que sus miembros puedan fiscalizar la gestión de las autoridades que hemos elegido. Precisamos de organismos públicos – como la Defensoría del Pueblo, que se dediquen a tiempo completo a la defensa de los derechos básicos de las personas. Sin embargo, la existencia de instituciones públicas y de mecanismos de control no puede sustituir a una ciudadanía vigilante. Las instituciones y los mecanismos podrían eventualmente ser corrompidos desde el poder, si los agentes no intervienen en la dinámica misma de la vida política, entendiendo ésta en términos de todo lo que está asociado a los asuntos de interés común.

Esta perspectiva nos devuelve en alguna medida al concepto antiguo de ciudadanía, que aludía no exclusivamente al “titular de derechos” sino estrictamente al agente político. Aristóteles sostenía que el ciudadano (polités) era aquel que a la vez gobierna y es gobernado[1]. Es gobernado porque obedece las disposiciones que han establecido sus representantes, y acata las decisiones que han sido tomadas en el ágora, el espacio de deliberación común. Pero también participa del gobierno, en cuanto interviene decisivamente en el proceso de elección de las autoridades y en los debates públicos que tienen como resultado la promulgación o derogación de leyes como los acuerdos en materia de políticas públicas. El ciudadano – aún en el contexto de nuestras democracias representativas modernas – puede convertirse en coautor de la ley, puede movilizarse con otros para lograr introducir nuevos temas en la agenda pública, puede vigilar y supervisar la gestión de las autoridades.

Un sentido fuerte de ciudadanía requiere de espacios de deliberación común, tanto en el sistema político como en la sociedad civil (universidades, colegios profesionales, gremios, sindicatos, organismos no gubernamentales, comunidades religiosas, etc.). Estos escenarios permiten la construcción de consensos racionales en torno a programas que expongan temas de interés común. La formación de consensos ha menudo implica superar dificultades significativas a través de la persuasión y el intercambio de argumentos. Forjar consensos es una actividad fundamental en una república de ciudadanos. No obstante, la expresión de disensos es una práctica no menos importante en un régimen político libre. En una sociedad despótica quien discrepa es diagnosticado como un “paciente con problemas ideológicos”, como un sujeto que es víctima de una doctrina falsa o distorsionada, un individuo que debe ser “corregido” por el bien de su mente o de su alma, incluso en contra de su voluntad. Los ejemplos históricos son innumerables (la inquisición en la cristiandad medieval y barroca, los regímenes fascistas y comunistas, etc.). En una sociedad democrática, en contraste, quien discrepa es un interlocutor válido en un diálogo sostenido sobre lo que es bueno y mejor para la ciudadanía; es un individuo que debe ser escuchado en cuanto recurra la palabra y exprese su disentimiento a través de los canales que establece la ley. Una genuina democracia aprecia y promueve la expresión razonable y pacífica de los disensos.

Como se sabe, la corrupción prospera allí donde se concentra el poder, allí donde el ciudadano tiende a comportarse como mero súbdito, y se conforma con “dejar hacer y dejar pasar” respecto de la conducta de las autoridades en la administración del Estado. Con frecuencia, los ciudadanos tendemos a concentrar nuestra atención en el diseño y la ejecución de nuestros planes privados de vida, o a desplegar nuestras capacidades en el mundo del trabajo y la familia. Que este ámbito constituye un auténtico espacio de realización personal es algo de lo que nadie duda. Sin embargo, descuidar completamente nuestra responsabilidad frente a lo que acontece en la escena política tiene graves consecuencias en torno a la distribución del poder en la vida pública (vease las reflexiones de Alessandro Caviglia en esta dirección). Como en su día advirtió Tocqueville, La deserción de la vida cívica implica que la cuota de poder que corresponde a los ciudadanos caiga en manos de los gobernantes y de los políticos de carrera, situación que adereza el festín autoritario y genera las condiciones para que los actos de corrupción permanezcan impunes. Como resulta claro, nada de esto ocurre sin la anuencia de los propios individuos. La perspectiva del espectador contribuye a reproducir esta deplorable situación; sólo sí los miembros de la comunidad asumen la condición de actores políticos, los casos de corrupción y de lesión de derechos fundamentales pueden ser efectivamente combatidos.

---

[1] Véase Política 1277b 10.

UN QUINQUENIO REACCIONARIO (R. GAMARRA)

(Tomado de la página de Ideele)

Ronald Gamarra

El segundo Gobierno de Alan García ha agotado su ciclo: solo le queda medio año de poder. La primera mitad del año 2011 será de elecciones generales y retiro paulatino del alanismo; la segunda, de instalación de un nuevo gobierno, sin que por el momento sea posible asegurar quién lo presidirá entre los tres candidatos que lideran las encuestas hasta este momento: Luis Castañeda, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo; sin contar con la posibilidad, siempre actual en el Perú, de un outsider.

Más que un balance de la situación de derechos humanos en el 2010, conviene entonces hacer la cuenta y liquidación del quinquenio aprista en este ámbito.

Para decirlo en una frase: ha sido un quinquenio de clara tendencia reaccionaria. El Gobierno de Alan García representó la llegada al poder de un Presidente con pesadas deudas propias por violaciones de derechos humanos cometidas en su primer mandato, en las cuales está clara su responsabilidad política y queda por esclarecer debidamente su responsabilidad penal, como en el caso El Frontón. Por si fuera poco, en su segunda incursión gubernativa García se hizo acompañar por el vicealmirante Luis Giampietri como vicepresidente, también directamente involucrado en el caso El Frontón, representante del militarismo duro, desfachatado, antediluviano, y, a la vez, nexo y enlace con el fujimorismo en el seno del Gobierno.

En efecto, el alanismo recuperó y volvió a usar el lenguaje y los modos groseros del fujimorismo frente al activismo en defensa de los derechos humanos, intentando desandar lo avanzado en el periodo de la transición democrática impulsada por el presidente Valentín Paniagua y seguida con altas y bajas por Toledo. Consecuente con ello, mostró desde el principio hostilidad y desdén por la labor de la CVR, su Informe Final y sus Recomendaciones. Al mismo tiempo, promovió una atmósfera de acoso y enfrentamiento con las organizaciones que defienden los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente. Como culminación, intentó imponer una agenda de impunidad para los violadores de derechos humanos del periodo de violencia.

No necesariamente el alanismo tuvo éxito en la aplicación de este programa reaccionario. Si, por un lado, la mayor parte de las Recomendaciones de la CVR siguen sin ser aplicadas, hubo cierto avance, aunque lento y tortuoso, en lo que atañe a las reparaciones colectivas y la elaboración del Registro Único de Víctimas, sin haberse llegado aún a indemnizar individualmente a ninguna de ellas. Es verdad, por otro lado, que el Gobierno tuvo éxito en su deseo de hacer a un lado el Plan Nacional de Derechos Humanos, primero cuestionando su legitimidad y luego excluyendo arbitrariamente, hasta hace unos meses, a los organismos de la sociedad civil del seno del organismo encargado de monitorear la aplicación del Plan, que expira sin haber sido aplicado.

El conflicto social es un campo en el que el Gobierno se ha mostrado particularmente torpe.

Y si bien el Gobierno se negó en principio a la construcción del Lugar de la Memoria, y pretendió aprobar por decreto una ley de amnistía haciendo pasar gato por liebre para dar impunidad a militares y policías juzgados por gravísimas violaciones de derechos humanos, llegando en varios aspectos mucho más allá que la Ley de Amnistía de Fujimori de 1995, luego se vio obligado a dar marcha atrás en ambos casos ante la creciente resistencia de la sociedad civil y la condena sin ambages de la comunidad internacional. Cabe destacar en una y la otra oportunidad la decisiva intervención de Mario Vargas Llosa en defensa principista de la democracia y los derechos humanos.

El juicio y sentencia de Fujimori es otro caso similar: la presencia activa de la sociedad civil ante un tribunal que pudo llevar adelante un proceso que todo el mundo reconoce como ejemplar por su independencia y respeto del debido proceso, logró un triunfo histórico, aleccionador para los dictadores y violadores de derechos humanos, y de hondo contenido cívico para los peruanos. No obstante ello, es evidente que al alanismo no le gustó el proceso y menos su resultado, y que concedió privilegios y ventajas inadmisibles al ex presidente primero reo y luego sentenciado, que hacen de su prisión un alojamiento dorado. No sería de extrañar que, en algún momento del tramo que le queda en la presidencia, Alan García le dé un indulto al cual Fujimori no tiene derecho, pero que le permitiría fugar mientras se impugna la legalidad del beneficio.

El conflicto social es un campo en el que el Gobierno se ha mostrado particularmente torpe, pues ha propiciado su intensificación y multiplicación, con un aumento exponencial de la pérdida de vidas. Más de cien civiles han muerto en estos conflictos bajo este Gobierno por acción de la fuerza policial. Pero también han perdido la vida decenas de policías, como ocurrió principalmente en Bagua, resultado del manejo deleznable de una crisis que no debió llegar tan lejos. Con este Gobierno también volvimos a conocer, luego de más de una década, casos de ejecución extrajudicial por parte de un destacamento policial que dio muerte, hasta ahora con impunidad, a decenas de presuntos delincuentes comunes en Trujillo.

¿Qué nos espera en el 2011? Lo fundamental está en quién gane la presidencia. Si gana Keiko Fujimori, tendremos todo lo anteriormente descrito y muchísimo más. Si el triunfo sonríe a Castañeda, es un enigma lo que haría en el ámbito de los derechos humanos, aunque cabe temer una inclinación autoritaria. Los antecedentes de Toledo son mucho mejores, sin la menor duda, pese a sus idas y venidas. Pero lo más preocupante es la fragmentación de la sociedad civil y su incapacidad para gestar una plataforma duradera y de gran convocatoria, su vocación suicida en ciertos casos, que lleva a la liquidación de esfuerzos que cuesta tanto trabajo levantar. En este panorama, viene a ser hondamente alentador el triunfo de Susana Villarán en las elecciones a la alcaldía de Lima, pues oxigena un espacio político largamente abandonado al caudillismo autoritario hoy predominante en nuestro país.

ESQUEMAS COMUNITARIOS

Gonzalo Gamio Gehri

Es común pensar que son los autodenominados “conservadores” y “reaccionarios” quienes han destacado la necesidad de recuperación de la comunidad como espacio social (y también político) de realización humana como alegato moral y como denuncia de los efectos atomizadores de la racionalidad moderna. A menudo, esta clase de invocaciones a las formas premodernas de coexistencia se cubre bajo la imprecisa etiqueta del llamado “comunitarismo”. Confieso que no estoy de acuerdo con el uso que hoy se hace de esta noción. El término fue usado – estrictamente con fines pedagógicos - en la década pasada por la bibliografía especializada, que elaboró un mapa del debate contemporáneo en ética y teoría política con el fin de introducir el tema y señalar el ‘aire de familia’ presente en las críticas de algunos filósofos a las concepciones procedimentales (véase los importantes textos de Holmes, Swift y Mulhall, Giusti y Thiebaut). Ese trabajo se llevó a cabo con rigor. En los últimos años, no obstante, creo que se viene abusando del concepto en la literatura no especializada. Lo constato en algunas publicaciones recientes sobre este tema que a veces llegan a mis manos. De hecho, los autores que suelen ser clasificados como “comunitaristas” (entre los que se cuentan Walzer, Taylor, Sandel, MacIntyre y otros) han objetado explícitamente que se use la etiqueta con ellos: hablar hoy del “comunitarismo de Walzer (o de Taylor)” resulta bastante discutible.

Pero hoy no pienso detenerme en la dimensión específicamente filosófica del asunto, sino talvez señalar muy brevemente un elemento propiamente político, retomando una sugerencia que he encontrado en Sandel y en Rorty. Me han traído esta cuestión a la memoria el absurdo intento de acusar a Susana Villarán de ser una “candidata inmoral” frente a quienes se proclaman “guardianes de los valores”, con frecuencia desde canteras que pretenden ser religiosas; esta acusación venía acompañada - como era de esperarse - con el intento de chantaje moral: "si eres creyente no puedes votar por ella", y disparates de esa especie. Los autodenominados “conservadores” y “reaccionarios” consideran que poseen el monopolio del recurso a la “comunidad” y a las “tradiciones”. La idea es que el “mundo moderno” (o la “civilización tecnológica”) ha promovido el “individualismo” y el “nihilismo” a través de las ideologías de la libertad individual que minan el sentido de la vida entre los agentes, de modo que se propone retornar a las “comunidades de memoria” (religiosas, vecinales, algunos incluso evocan a la familia) como reductos últimos de los valores tradicionales (incluida la Verdad, por supuesto). La organización lobbysta norteamericana de los ochenta “La Mayoría Moral”, así como buena parte del integrismo religioso e ideológico contemporáneo – pasando por los neocon y por los autodenominados “neoteístas” – han asumido esta posición con especial dureza. Muchas veces, como indica Sandel, este tradicionalismo señaló que los liberales que se mostraban contrarios a las oraciones en las escuelas públicas de Estados Unidos estaban en general en contra de la oración[1]. Nada de eso, los liberales en cuestión consideraban que la práctica de una religión y la participación en algún tipo de ritual es un asunto de elección personal en el que el Estado no puede intervenir, salvo garantizando las libertades religiosas. Muchos de estos liberales progresistas eran creyentes y valoraban el poder de la oración en sus vidas.

La oposición maniquea “comunitarismo” versus “individualismo” resulta caricaturesca (más todavía si proyectamos las escuetas categorías políticas “derecha” e “izquierda” sobre ellas). La izquierda liberal no menosprecia el papel de las “comunidades de memoria” en la forja de las identidades de las personas – de hecho, el término pertenece a Robert Bellah, coautor del célebre libro Habits of the Heart (1985) -; sólo pone énfasis en un elemento actitudinal crucial: la particular valoración de la capacidad del individuo de someter a crítica las propias tradiciones en el proceso de elección de una forma de vida buena (lo que Nussbaum llama ‘razón práctica’ y Sen ‘agencia’). Ello no debería de resultar extraño, dado que las tradiciones constituyen por sí mismas espacios de deliberación y debate. El recurso a las tradiciones no puede silenciar la posibilidad de la crítica.

La izquierda liberal valora asimismo – además de las “comunidades de memoria” – otros espacios deliberativos de no menor importancia. Me refiero a organizaciones y formas voluntarias de asociación que median entre los ciudadanos y el Estado y promueven la conversación cívica, el control democrático del poder y la incorporación de temas de interés común en la agenda política. De esta manera se recoge la tesis tocquevilliana que señala que la única forma de rescatar las libertades políticas en las democracias modernas (expuestas al individualismo y al despotismo administrativo) pasa por fortalecer “instituciones intermedias” a través de las cuales los individuos puedan actuar como ciudadanos, fiscalizar a sus representantes y discutir asuntos públicos. Inicialmente, los municipios fueron identificados con tales espacios; los discípulos contemporáneos (y heterodoxos) de Tocqueville se inclinan por asociar – dentro del “sistema político” – a los partidos como “instituciones intermedias” y particularmente a los organismos de la sociedad civil. Se trata de espacios diferenciados que cumplen tareas diferentes en el seno de una democracia constitucional.

Introducir el moralismo más pacato en la agenda política constituye un profundo error, especialmente si no se toma en consideración los asuntos de ética pública (derechos humanos, corrupción, ciudadanía) – que son cruciales para el funcionamiento mismo de lo político- , sino meras alusiones a las opiniones relativas a la “moral personal” como parte de una campaña electoral. De eso hablaré más adelante. Otro error importante consiste en creer que las cuestiones relativas al lugar de las comunidades en nuestra vida constituye un tópico conservador. Se trata de hacer de nuestras instituciones genuinos espacios de discernimiento libre y realización.

---

[1] Cfr. Sandel, Michael “La moral y el ideal moral” en Filosofía pública Barcelona, Marbot Editores 2008 p. 201.

CIUDADANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Gonzalo Gamio Gehri

I

El miércoles 24 di una conferencia en la ONPE, en el contexto de las jornadas de Diálogo Electoral que este organismo lleva a cabo dos veces al mes. Estaba dirigida a representantes de los partidos políticos, profesores y estudiantes universitarios y periodistas. Quisiera ofrecer una reflexión resumida de esta sesión, sesión que me resultó muy interesante por el diálogo que suscitó. El tema general que se me propuso fue Ética en la política peruana, que yo abordé en la perspectiva de los retos que la agenda de la transición había dejado planteados a los ciudadanos y a los partidos políticos. La conferencia salió muy bien, y debo decir que me encontré con preguntas de muy buena calidad, que propiciaron un diálogo fluido e intelectualmente estimulante (la nota graciosa y pintoresca – ya finalizado el evento, cuando los asistentes se retiraban – la pusieron dos señoras fujimoristas, que sugirieron entre dientes que, como el ponente (es decir, yo) había participado en la marcha de los Cuatro Suyos, podría tratarse de un “antiguo camarada comunista”. No pude evitar soltar una sonora carcajada).

De modo que la conferencia versó sobre los compromisos pendientes en materia de lucha contra la corrupción y defensa de los derechos humanos, y en los espacios con los que el ciudadano común podría contar si se interesa por asumir estos temas como motivación para la acción. Me detuve inicialmente en describir cómo – a escasos años de la caída del fujimorato – hoy en día tantos personajes vinculados al sistema de corruptelas de Fujimori y Montesinos se habían reciclado en el escenario de la política criolla, y habían vuelto a los sets de televisión esbozando la mejor de sus sonrisas. Cómo una serie de prácticas y estrategias típicas del régimen de los noventa se reeditaban sin mayores complicaciones, por ejemplo, con el caso de la huida de Crousillat, y su difícilmente “implacable” persecución. En fin, más de un analista escéptico se pregunta si no habremos vuelto a nuestra crepuscular “normalidad política”.

Dije que los ciudadanos son parte del problema o parte de la solución. Estamos acostumbrados a contemplar lo que sucede en la política como si fuésemos espectadores de una función teatral (a menudo de género tragicómico), pero no intervenimos como agentes. Sin embargo, la agencia política requiere de espacios. El primero es, por cierto, el abierto por los partidos políticos. Sabemos, no obstante, que estos están en crisis, que la mayoría de ellos no cuenta con una matriz ideológica clara, que no están efectivamente organizados, que carecen de presencia nacional y que no por lo general siguen procedimientos democráticos en lo relativo, por ejemplo, a la renovación de liderazgos. Es común hoy en día que – en tiempos pre-electorales – individuos se paseen por diversos movimientos y partidos a la expectativa de lograr una curul en el congreso. Si no encuentran un lugar interesante aquí, prueban por allá. O pensemos en la patética (pero no infrecuente) situación en la que un “experimentado” político pone “su” partido “a disposición” del outsider de turno, ante la posibilidad que esto le reporte beneficios políticos. Así no se fomenta la institucionalidad, evidentemente. Ni se hace política en sentido estricto.

Los foros de la sociedad civil constituyen espacios para la actividad ciudadana. Es cierto que no podemos hablar en sentido estricto de la existencia de un sistema plenamente democrático sin partidos políticos sólidos, pero tampoco podemos hacerlo si carecemos de una sociedad civil organizada. No se trata de espacios de representación o de administración del poder, al menos en el sentido moderno de esta expresión. Son espacios de vigilancia y control democrático tanto como espacios de construcción de opinión pública. Hasta ahora, la agenda de la transición se plantea y discute en estos escenarios – universidades, ONG, comunidades religiosas, sindicatos, etc. – en parte porque se trata de uno de los lugares propicios para ello, en parte porque los partidos que tienen representación parlamentaria no tienen mayor interés ni en el sistema anticorrupción ni en los derechos humanos. Hay que reconocer que estas instituciones han mantenido vivo el debate sobre estos asuntos, y creo que eso es algo que hay que saludar.

II

Leo con preocupación que se ha suscitado un nuevio conflicto entre un sector de la jerarquía católica y un sector del gobierno. El cardenal Cipriani ha solicitado públicamente al Presidente de la República que el ministro de salud Oscar Ugarte sea cesado de su cargo a causa de la controversia sobre la llamada “píldora del día siguiente” (AOE). Tal invocación ha sido interpretada como una ingerencia de una autoridad eclesiástica en el espacio político, específicamente secular. La pradera no ha tardado en arder: Ugarte ha replicado que la actitud del prelado constituye un atentado contra la autonomía del presidente García. Nuevamente, la necesaria separación entre los fueros de la Iglesia y del Estado – un principio democrático-liberal básico, que asimismo posee resonancias bíblicas – se plantea como tema de discusión pública.

Se ha dicho con razón que las políticas públicas en materia de salud no son de carácter confesional, que vivimos en un Estado laico y en una sociedad plural. El Estado legisla y diseña políticas que tienen como destinatarios a todos los ciudadanos peruanos, los que creen en una religión puntual o en otra, y los que no tienen confesión alguna. Apelar a, por ejemplo, a la idea de un supuesto "influjo real" de la Iglesia católica en la sociedad peruana no legitimaría, en ningún caso, saltar la frontera entre los dos fueros, como a veces sugieren algunos políticos tradicionales locales. Ello no significa, por supuesto, que representantes de diversas religiones no deban pronunciarse sobre temas reproductivos o temas morales de otra índole en los espacios propios de sus comunidades religiosas particulares, a través de la prédica o la reflexión teológica, o teológico-moral. Están en todo su derecho y en ejercicio de su rol. Los creyentes deliberarán y asumirán una posición personal sobre la materia (me permito recordar que la libertad de conciencia es un principio cristiano, lo digo como creyente). Sólo un arrebato conservador de mala retórica podría sugerir que ello implica condenar ese mensaje al silencio; lo único que se recuerda es que el locus de enunciación del mismo es la comunidad religiosa puntual. El problema emerge cuando una autoridad eclesiástica se pronuncia como tal y pide airada el retiro de un funcionario público. Dicha actitud es juzgada como invasiva respecto del espacio público, como un acto de presión en un ámbito completamente externo al fuero eclesiástico; una cosa es dirigirse a los creyentes en el templo y referirse al tema moral de la AOE - incluyendo criticar al ministro - y otra muy distinta solicitar ante los medios el despido inmediato de un ministro. En una sociedad democrática, ambos fueros están estrictamente delimitados, de modo que el punto de vista de una autoridad religiosa en el ámbito público constituye la respetable opinión de un ciudadano. Ya hemos discutido este tema antes desde la filosofía política - comentando un manifiesto fundamentalista bastante deficiente - y hemos sostenido que la separación de política y religión resulta beneficiosa para la salud de la política y para la salud de la propia fe.

Los temas vinculados al plano reproductivo son delicados y siempre lo serán. He comentado antes que, en principio, soy expresamente contrario al aborto por razones ético-filosóficas y también soy partidario del derecho de todos a una información completa en materia de sexualidad. También creo que esta clase de ácida confrontaciones no han considerado la distinción democrática de fueros, y no contribuyen en absoluto a generar un debate informado sobre la corrección o incorrección las políticas de salud. Creo que esta clase de incidentes sólo enturbian el panorama y soslayan el tema de fondo. El tema de fondo es 1) si la “píldora del día siguiente” es abortiva o no, si tiene efectos negativos sobre el óvulo fecundado (como se sabe, el aborto está prohibido en el Perú); 2) si las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud en torno a la pastilla – que sostienen que ésta no es abortiva – deben ser tomadas en cuenta para revisar el fallo del Tribunal Constitucional y distribuir gratuitamente o no la píldora. Lo que queremos saber finalmente es si la AOE es o no abortiva. Se trata de un tema de discusión estrictamente científico que trasciende completamente el juego de fuerzas entre la autoridad eclesiástica y el ministro: es o no es abortiva, la respuesta no es política, es científica. Las respuestas a estas dos preguntas determinarán el sentido de las políticas de salud sobre el fármaco en cuestión. El lamentable intercambio de palabras quedará, en ese sentido, en el terreno de las anécdotas de nuestra siempre convulsionada arena política. Será el propio Estado el que tome la decisión sobre la distribución de la AOE.

Actualización:

Interesantes reflexiones de Raúl Zegarra sobre este tema aquí y aquí.

Actualización 2:

Véase este artículo de Augusto Álvarez Rodrich sobre el aparente apoyo del Cardenal a la candidatura de Kouri, a partir de su crítica a introducir el tema de la decencia y la corrupción en el debate electoral.

El tema de la ética pública - a nuestro juicio muy personal - siempre será crucial para saber cómo votar. No podemos sino discrepar en esta materia. Necesitamos recuperar la densidad ética en la política.