Gonzalo Gamio Gehri
En una sociedad libre,
no debatir temas complejos es realmente perjudicial. Bloquear estos debates
mina severamente la capacidad de esa sociedad de autoexaminarse y configurar
caminos de justicia y desarrollo humano. Pretender que sobre estos temas existe
sólo un punto de vista o que otros puntos de vista no deben ser tomados en
cuenta porque no representan la visión de la mayoría no contribuye a fortalecer
la condición de “pluralismo razonable” - en la terminología de Liberalismo político de Rawls - que requieren nuestras democracias.
La llamada “marcha por
la vida” ha convocado a una gran cantidad de personas. Si el número de
participantes ha sido exagerado por sus organizadores o si algunos
participantes fueron obligados a asistir,
es algo que no vamos a discutir aquí. El asunto realmente importante es
otro. Da la impresión que un sector de nuestras llamadas “élites” (y tal vez un
sector de la población) considera que el hecho de exhibir a miles de personas
respaldando un punto de vista puede relevarnos de la tarea de discutirlo. Más
allá de la libertad de expresar una opinión sobre el tema, puede entrañar una
suerte de “prepotencia ideológica”, que
impide debatir a fondo ciertos temas realmente conflictivos.
El nombre “marcha por
la vida” puede resultar equívoco, o inducir a confusión. Nadie en su sano
juicio está en principio en contra de la vida. Se trataba de una marcha en
contra de la implementación de un protocolo para el aborto terapéutico – pues ya
existe una ley sobre la materia – y contra la propuesta legislativa en torno a
la unión civil (no está en discusión ahora el aborto sin restricciones ni la unión matrimonial igualitaria, aludir a esas propuestas constituye una estrategia retórica conservadora que conduce a incurrir en la 'falacia del plano inclinado'). Es legítimo mostrar la
popularidad del propio ideario, pero es mucho mejor – si se inspira uno en un
espíritu democrático – dialogar en torno a lo que realmente está en juego.
Examinar los casos que han sido llevados al Tribunal Constitucional y a
organizaciones internacionales, por ejemplo.
Examinar en el espacio
público estos temas con honestidad y atención a las razones del otro constituye
una exigencia moral para las asociaciones y las personas que coexisten en una
democracia liberal. Las políticas no las deciden los grupos religiosos, sino la instancia pública y los ciudadanos actuando como actores políticos, deliberando desde y en el lenguaje de los derechos y las libertades civiles en espacios públicos plurales. La estipulación es una posibilidad, pero el léxico articulado ha de ser el de la razón pública compartida y no el de doctrinas comprensivas que pueden actuar de una forma excluyente. Vivimos en un Estado laico cuyo primer propósito es
garantizar derechos y libertades de las personas. Un Estado que no debe
pronunciarse sobre el estilo de vida de los individuos – ese es un asunto que
corresponde a los propios individuos, así como a las comunidades en las que
ellos aceptan libremente participar – sino sólo asegurarse de que nadie vea
recortados sus derechos y libertades. Incluidos la vida, la elección del
proyecto personal, a no ser discriminado, las sucesiones, etc. Se trata de
examinar los casos, las situaciones límite, etc. Ese estado no confesional debe garantizar,
además, la existencia de foros en los
que se discutan los alcances de estas normas y principios. Los espacios cívicos
y académicos, evidentemente, deben someter a discusión los rasgos y límites de
aquello que corresponde a la “naturaleza”, la “vida” y la “libertad”, para
saber si estamos hablando de lo mismo cuando recurrimos a estas palabras.
Se trata de discutir
estos temas en el marco de una legalidad democrática (y de cierto ethos falibilista) . Lo peor que puede hacerse
es no discutir estos asuntos. El recurso al trabajo de lobbies y la
organización de marchas pueden convertirse en meras exhibiciones de fuerza. Pueden
encubrir a veces el temor a examinar cabalmente problemas delicados en una
sociedad diversa como la peruana. Recordemos que el Estado se debe a todos los peruanos, no sólo a quienes suscriben una determinada convicción religiosa o un determinado conjunto de creencias. Reconoce a sus ciudadanos como iguales ante la ley. Eso significa estríctamente vivir en una democracia auténtica. No lo olvidemos.


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