¿TIEMPOS DE MACARTISMO?*

Gonzalo Gamio Gehri

La tensión existente entre el gobierno, la autodenominada “clase política” y las organizaciones de Derechos Humanos se ha exacerbado considerablemente en las últimas semanas. La carta de APRODEH dirigida al Parlamento Europeo – aconsejando que el MRTA no figurase como en la lista de grupos terroristas de la UE - ha desatado iras en la opinión pública y en los fueros políticos, pero también no pocas confusiones que deberían ser materia de discusión. También han aflorado la mala intención y el cálculo político. La ganancia en río revuelto, las medias verdades en medio de la búsqueda de la popularidad perdida y el diseño de cortinas de humo. Como resultado de todo este desordenado incidente y de las destempladas reacciones que ha suscitado, constatamos que la penosa (y antidemocrática) cacería de brujas contra las instituciones de la sociedad civil está siendo reeditada por el oficialismo y sus aliados (el ala más conservadora de Unidad Nacional y los fujimoristas).

Considero que el envío de la carta de APRODEH constituyó un grave error. Es cierto que muchos medios de comunicación han reseñado sólo algunos aspectos de la carta, omitiendo tendenciosamente aquellos pasajes en los que expresamente se condena las acciones terroristas realizadas por el MRTA en el pasado. Es evidente que APRODEH reconoce la condición delictiva de este grupo subversivo, en conformidad con las Conclusiones 34 y 35 del Informe de la CVR. Este es un asunto que está fuera de discusión; sin embargo, los medios sugirieron erróneamente que esta ONG “defendía los derechos del MRTA”. APRODEH sostuvo que el MRTA constituye una organización desactivada, y por tanto inexistente. Adujo que el gobierno pretende mantenerla formalmente con vida para vincularla con los “círculos bolivarianos”, así como con los campesinos y los activistas del medio ambiente que denuncian a las mineras, para así criminalizar la protesta social. La tesis de que el MRTA ha desaparecido resulta discutible: aunque su brazo armado no actúa desde hace aproximadamente ocho años, algunos de sus adeptos siguen operando a través de los espacios virtuales o hacen trabajo de tipo “ideológico” en el exterior. En cuanto al tema de la criminalización de la protesta, es justo decir que APRODEH tiene la razón. Las detenciones arbitrarias (“preventivas”) de Melissa Patiño y Carmen Azparrent son prueba de ello. La República informa que actualmente se está procesando a 35 opositores a los proyectos mineros del Norte peruano.

A mi juicio, el error de APRODEH reside en el hecho de recomendar a la Eurocámara no incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas. Una cosa es informar que se trata de un grupo que no está en actividad, y otra emitir una recomendación. El primer acto (la información del experto) corresponde al trabajo de un organismo consultivo, especializado en temas de Derechos Humanos; el segundo (la recomendación) tiene ya una naturaleza estrictamente política, susceptible de múltiples interpretaciones (incluidas las infundadas y malintencionadas). El consejo de APRODEH ha generado consecuencias más o menos previsibles: la reacción desmesurada de la “clase dirigente”, y el uso político de este incidente para desatar adrede – y justificar – actitudes macartistas en la escena pública.

Esta reacción se ha puesto de manifiesto de diferentes formas, todas ellas deleznables y nada democráticas. La dirección de APCI ha pedido cuentas a APRODEH para indagar con qué fondos “intermedia en favor del MRTA”; esta declaración que no hace sino abonar el terreno para la maledicencia y la difamación. Luis Giampietri exige investigar a APRODEH, IDL, e incluso la Facultad de Derecho de la PUCP, para determinar ‘posibles vínculos de las instituciones de Derechos Humanos con la subversión’; Rafael Rey aprovecha la ocasión para reiterar sus ataques contra la CVR. Los fujimoristas exigen medidas punitivas contra las ONG que puedan reportar ventajas para su líder, procesado por delitos contra la humanidad. Todas estas iniciativas - absurdas y delirantes - no sólo aderezan el festín autoritario, incluso consiguen distraer la atención en torno al descubrimiento de fosas clandestinas en el cuartel militar Los Cabitos, prueba evidente de los asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas por agentes del Estado en los años de la violencia.

Aquí se ha impuesto el ánimo macartista (explorado por la prensa ultraconservadora) y la “lógica del puntapié” (promovida por un entusiasta García). Hace unos días, el gobierno apartó del Consejo Nacional de DDHH a la Coordinadora - que había tomado distancia de la carta de APRODEH -, a CEAPAZ y al Concilio Evangélico. A pesar de que la Ministra de Justicia ha prometido revertir esta decisión, ningún gesto explícito del Estado ha confirmado esta declaración verbal. Es cierto que en los últimos días el oficialismo ha optado por ponerle discretamente paños fríos a esta controversia. Sin embargo, dicha decisión no es fruto de algún tipo de posición principista o de cambio actitudinal. Se trata de una estrategia política, producto del análisis de la coyuntura, pues los países que participarán en las cumbres internacionales son particularmente sensibles frente a los temas de Derechos Humanos. Transmitir una imagen autoritaria en esta materia resultaría contraproducente para el país. Es una lástima que los asuntos de justicia universal sean vistos como complicaciones accesorias antes que como condiciones esenciales para la vida democrática. Parece ser que - paradójicamente -, para el gobierno aprista y sus aliados, salvo el poder (y la inversión extranjera) todo es ilusión.

* Publicado en el último Ideele, Nº 186.

COSTOS Y BENEFICIOS. FOXLEY CONTRA EL "ARGUMENTO DE LA BARBARIE"

Gonzalo Gamio Gehri

Nuestras sociedades cultivan una enorme - excesiva - "tolerancia" frente a las dictaduras. El anhelo de "mano dura" no se extingue en nuestros imaginarios políticos, a pesar de la evidencia que pone de manifiesto que los regímenes que suprimen las libertades bajo el pretexto de "imponer el orden" son precisamente los más corruptos. El autoritarismo antiliberal constituye en nuestro medio una oferta pendiente, por las buenas o por las malas. El fujimontesinismo es la última expresión de esa tendencia antidemocrática, y todavía no nos hemos librado de ella, a pesar de la magnitud de sus crímenes.

En el último Caretas - en un artículo titulado "La política como podología" - Gustavo Gorriti muestra como uno de los sectores más oscuros del fujimorismo, los de las estrategias psicosociales y los de los trabajos encubiertos en los medios, sigue operando. Gorriti muestra cómo el domingo 11 de mayo aparece tanto en La Razón (de los Wolfenson) como en Expreso (sí, el de García Miró) un mismo texto que critica en los mismos términos, palabras y comas, un escrito del propio Gorriti. La mafia continúa, argumenta Gorriti, a través de los medios fujimoristas, que recogen los insumos de personajes funestos (¿Provenientes del SIN de Montesinos, acaso?), y que incluso publican esas notas tal cual (el nivel académico propio de esas canteras siempre ha sido limitadísimo). Estos personajes todavía siguen rondando la prensa y los fueros políticos.

Pero la oferta autoritaria sigue teniendo adeptos, y no sólo los que se han beneficiado con ella a manos llenas (que son legión). Se trata de una posición que ejerce cierta seducción en mucha gente. Es triste, pero es verdad; es una realidad que es preciso combatir. No solamente me refiero al "no importa que robe, pero que haga obra", una declaración terrible, que revela un grotesco desencanto político, indiferencia moral y no poca desesperanza - que es preciso combatir: que se trate de una opinión emitida por muchos no le confiere "legitimidad", ni la convierte en menos inaceptable en sentido moral -. También está la otra tesis, el argumento de la barbarie, aquel que sostiene que la corrupción y las violaciones de DDHH constituyen un precio a pagar por la "eficacia" en materia económica o de seguridad nacional. Allí están los empresarios y los políticos que miran a las dictaduras despiadadas de Franco y de Pinochet como generadoras de éxito y crecimiento, y lo mismo dicen de Fujimori, sin el más mínimo pudor.

El argumento de la barbarie es inmoral y vergonzante. Es eso, bárbaro. Nos invita a pensar (sin justificación alguna) en términos falsamente causales, y nos pide que sometamos nuestras convicciones morales más básicas en un esquema meramente instrumental (más adelante escribiré algo sobre Rational fools, de A. K. Sen, un ensayo en el que cuestiona el reduccionismo del razonamiento económico como teoría de la acción y la comprensión humana). Contra él, vale evocar una anédota que me contó mi padre. Sucedió hace unos años - en pleno fujimorato -, en el marco de unas conferencias sobre empresas y sociedad que organizaba IDINDE en Lima. Uno de los ponentes fue - me cuenta - Alejandro Foxley, años después canciller de Chile. El expositor habló de la experiencia chilena de crecimiento económico. Un asistente, un conocido empresario peruano de confeso corazón fujimorista, preguntó si el dolor producido por la dictadura y la represión pinochetista se justificaba en el ascenso macroeconómico posterior. Las palabras de Foxley se quedaron grabadas en la mente de mi padre: "No lo sé. Si usted puede poner en un lado de la balanza las torturas, las desapariciones y la supresión de la democracia, y en el otro, manzanas y cobre, hágalo, sopese ambas cosas - ya que sugiere que es posible - y saque sus conclusiones. Yo no puedo hacer un cálculo semejante. Me repugnaría el sólo hecho de intentar hacerlo."

Creo que aquí encontramos una poderosa lección acerca del necesario límite moral del razonamiento puramente estratégico. La "eficacia" no avala cualquier cosa. Los seres humanos somos más que variables de cálculo entre costos y beneficios.

TRADICIONES HEREDADAS Y "VIDA EXAMINADA"

UNA INVITACIÓN AL SOCRATISMO

Gonzalo Gamio Gehri

La relación existente entre las tradiciones heredadas – aquel sistema de interpretaciones sobre la organización del mundo y el sentido de la vida – y el examen crítico (propio del filósofo, del hombre de ciencia o del ciudadano) ha sido siempre un tema controversial. Suele sostenerse – y no sin razón – que las tradiciones vivas incorporan en su seno el cuestionamiento y la crítica. Esta es la tesis de Gadamer y de MacIntyre, y fue también la de Aristóteles y Hegel. No obstante, esta respuesta puede resultar quizás demasiado general cuando no se analiza en detalle las formas de ruptura que suscita el crítico en el ethos en la medida en que se introduce la práctica del cuestionamiento racional entre sus usuarios. A medida que abandonamos las narrativas de proceso histórico – amplias y panorámicas (pienso, por ejemplo, en la visión hegeliana del Volkgeist desde una concepción del curso de la historia universal desarrollada desde su "fin último", y en sus versiones más contemporáneas y modestas – y ahondamos más en las ‘pequeñas narrativas’ (histórico-biográficas, locales), llegamos a percibir la poderosa tensión entre la perspectiva del crítico y el cuerpo de prácticas, creencias e instituciones en los que está insertado.

¿Hasta dónde es preciso admitir la presencia del cuestionamiento en las tradiciones? ¿Podemos convertir el examen crítico en una práctica social ordinaria? Esta es una pregunta de singular importancia, no lo dudemos. En algunos círculos políticos y religiosos de inspiración integrista, la duda es considerada una especie de “virus” que carcome la fe y mina las lealtades comunitarias. “Paraliza la vida”, dicen. Nada mejor que el silencio y la obediencia muda a la autoridad – sostienen - para preservar la estabilidad del colectivo. El que obedece no se equivoca. Para esa concepción el crítico es considerado un enemigo de la tradición. Conocida es la confrontación de esa línea "reaccionaria" - la denominación es suya - con la modernidad y sus desarrollos en la cultura, en la economía y en la política. No obstante, es probable que incluso la energía crítica de un Sócrates le hubiese resultado corrosiva e incómoda (a pesar de sus reiteradas - aunque con frecuencia confusas - referencias generales a los "clásicos"). Habrían considerado la actividad filosófica socrática como una práctica manifiestamente corruptora del ethos.

La historia de Sócrates ejemplifica muy bien el meollo del asunto que quisiera discutir aquí. Sale a las calles a filosofar con la convicción de que la reflexión sobre la vida buena convertirá a los atenienses en mejores ciudadanos. En lugar de recurrir acríticamente al conjunto de valores y creencias heredados como una guía para la acción, Sócrates propone tomar en serio el ejercicio consistente en dar razón (lógon dídonai) acerca de nuestras opciones y compromisos en la vida. Se propone sacar a los ciudadanos de su letargo invitándolos a examinarse; compara a la ciudad con un caballo noble pero perezoso – poco dispuesto a iniciar el galope -, y al filósofo como el tábano que lo pica y lo hace despertar. Su método – la mayéutica – no consiste en transmitir verdades a través de la prédica; se trata de procurar, por medio de preguntas y la identificación de contradicciones y vacíos en la argumentación, que el interlocutor examine sus antiguas opiniones, con el fin de depurarlas y convertirlas en pensamientos consistentes. Sócrates consideraba que esta actividad poseía una dimensión pública, asociada a la configuración de una ciudadanía “autoconsciente” y responsable del curso de la vida política. No obstante, no todos en la pólis compartían esa visión. Un sector conservador de la ciudad no veía con buenos ojos que Sócrates se dedicara a filosofar con los jóvenes: se consideraba a la mayéutica una suerte de ‘práctica subversiva’ que corrompía las mentes de los espíritus más nobles de la comunidad. Esta posición se convirtió en materia de una de las acusaciones contra Sócrates en el famoso proceso que finalmente lo condenaría a muerte. Sócrates elige morir antes que renunciar a filosofar, consciente de que no podrá persuadir al tribunal acerca de la justicia de su quehacer:


“En efecto, si digo que me es imposible quedarme quieto porque esto es desobedecer al dios, no los convenceré, como si estuviera fingiendo. Ahora, si digo que el supremo bien para un hombre viene a ser hablar a diario acerca (de los modos de) perfección, y las demás cosas acerca de las cuales me oyen dialogar cuando me examino a mí mismo y a otros; y si (añado) que una vida carente de examen no es vida digna para un hombre, mucho menos los convenceré al decir tales cosas.”[1].

En el otro extremo de esta posición encontramos a Aristófanes, el joven comediógrafo que representa – con su ironía y la contundencia de sus juicios, -al sector conservador que hemos mencionado. Desde su punto de vista, Sócrates debilita a la ciudad, enseñándoles a los jóvenes a cuestionar sus convicciones sobre lo que es bueno y mejor para la vida. Una comunidad próspera y estable requiere de creencias firmes. Si los ciudadanos no suscriben dogmáticamente los valores de la pólis, no estarán dispuestos a morir por ella cuando haga falta. En Las Nubes, muestra cómo Sócrates induce a sus discípulos a abandonar el culto a los dioses y a los ideales de la patria, para introducir cultos extraños. Rechaza el Argumento Mejor – encarnado en un maduro guerrero, representante de los valores de la ciudad, el héroe de mil batallas -, en nombre de una vana retórica, generadora de vicios, “relativismos” – empleo adrede esta expresión anacrónica – y sutilezas ociosas, que minan los cimientos morales que alguna vez hicieron de Atenas una ciudad gloriosa, temida por sus enemigos. El filósofo y el crítico son una incomodidad y un estorbo para el crecimiento espiritual de la comunidad.


“Pues entre los hombres que discurren yo, precisamente por esto, recibí el nombre de Argumento Peor, porque fui el primerísimo al que se le ocurrió contradecir las costumbres establecidas y los litigios justos”[2].

La confrontación entre la Apología y Las Nubes constituye un interesante trasfondo para el abordaje del problema del conflicto entre las tradiciones y el espíritu crítico. hace años, Martha Nussbaum - en El cultivo de la humanidad, obra en la que se enfrenta abiertamente al modelo educativo asumido por Allan Bloom en The Closing of American Mind -ha desarrollado este tema en el contexto del análisis de la investigación universitaria en Estados Unidos (seguramente le sorprendería saber que las nuevas universidades privadas peruanas – creadas bajo el amparo del fujimorista DL 882 – se parecen más a un Mc Donald’s que a cualquiera de las antiguas y venerables universidades europeas, y que simplemente no se dedican a la investigación; con suerte, sólo a la preparación de clases). En nuestro país abundan los Aristófanes y escasean los Sócrates: el ejercicio perseverante y consistente de la crítica ha sido rara avis. Son extraños los intelectuales peruanos que prefieren beber la cicuta antes que renunciar a la libertad de pensamiento. La vocación por el ejercicio de la mayéutica ha sido observada con desconfianza (salvo en algunos círculos académicos), a pesar de que no necesariamente este desemboca en el cambio de valores (aunque exige, eso sí, estar dispuesto a abandonar los antiguos valores si estos se revelan inconsistentes o arbitrarios).

Hay que decir que el “espíritu socrático” es marginal entre nosotros, el antiguo virreinato. No se condice con el parecer de nuestras autodenominadas “élites”, por lo general conservadoras (o de temperamento camaleónico en sus relaciones con el poder). A pesar de concebirse como una práctica que contribuye a renovar el espíritu comunitario, en nuestro medio la crítica es un solo un agente trasgresor del sentido común autoritario. Aquí ha imperado el anhelo de “orden y la autoridad” sobre los inconvenientes y los bienes que trae el cultivo de la libertad. Se exige que se “guarde la línea” y se observe la disciplina, aún en los foros públicos. La rebeldía y la disidencia teórica se reservan a las pocas universidades genuinas que quedan - y todavía quedan algunas, aunque pueden ser contadas con los dedos de una mano, en el caso de Lima -, y a una que otra asociación voluntaria. En la política y en la religión el pluralismo ha sido observado con sospecha. En los seminarios teológicos limeños – no todos, afortunadamente – la filosofía se convierte en un animal doméstico – en una ancilla -, y los docentes que se proponen hacer filosofía y teología sin cortapisas duran poco tiempo al frente de la cátedra; se prefiere la cómoda ideología que asiente ante las voces de la ortodoxia y usurpa el nombre de filosofía. Los más extremistas entre los fundamentalistas religiosos consideran incluso que "el diablo se esconde en apariencias y tal vez todos estos discursos acerca de la libertad y liberacion sean eso". Nuestro conservadurismo local desespera de la crítica – la percibe desestabilizadora – y no es capaz ni siquiera de emular pálidamente el sarcasmo de Aristófanes (el sarcasmo requiere audacia y libertad). Cuando leen Antígona, están inmediatamente del lado de Creonte; cuando leen Un mundo feliz, Mustafá Mond les parece un funcionario responsable, un celoso guardián de la doctrina correcta.

Con todo, el oficio de Aristófanes difiere del trabajo de los conservadores peruanos. Las Nubes busca rescatar los valores de la Atenas tradicional ("arrasadora de ciudades", según el texto), se remiten a un ethos que existía parcialmente, definiéndose en tensión con las nuevas ideas. Los ultramontanos religiosos pretenden apartarse de los desarrollos del Concilio Vaticano II apelando a una Iglesia que se proyecta hacia un pasado remoto. Por eso, algunos reaccionarios no ocultan sus simpatías con Lefebvre. Los conservadores políticos lo tienen más fácil, porque el anhelo de "orden y autoridad" atraviesa toda nuestra historia política. Es cierto que los más extravagantes no se sienten satisfechos con el "autoritarismo pragmático-intuitivo" que impera en nuestra "clase política": algunos se remiten a una visión idealizada de la colonia, otros incluso sueñan con el retorno del antiguo Régimen europeo. Como saben que ese retorno es imposible en la práctica - sólo es posible como objeto de "re-cuerdo" o de nostalgia - no dudan en comprometerse con entusiasmo con los proyectos autoritarios existentes, menos sofisticados, pero igualmente brutales represores de las libertades. El vínculo entre el fujimorismo y la rancia intelectualidad de ultraderecha autodenominada "reaccionaria" (y pomposamente descrita como la "nueva derecha" ) es prueba de ello: algunos ultramontanos asumieron carteras ministeriales y otros puestos en el Congreso del funesto fujimorato, como se recuerda. Otros paleoconservadores aplaudieron desde las butacas, pero apoyaron con entusiasmo (salvo alguna solitaria excepción) ese régimen funesto.

Promover el socratismo metodológico - pues a eso me refiero, pensando en parte en lo propuesto por Nussbaum y Murdoch, e incluso por Appiah - exige ir contra la corriente. Aquí en mayor medida. Combatir las tradiciones autoritarias que aun nos circundan, no sólo sus versiones "aristocráticas", sino también sus variantes realmente existentes en la vida pública (presente en la extrema derecha, pero también en la extrema izquierda, no lo olvidemos). No obstante, el trabajo crítico constituye un modo de vida con el que merece la pena comprometerse. El tábano no debe dejar de picar, por el bien de la ciudad.

[1] Platón, Apología 38ª
[2] Aristófanes, Nubes 1039-40

PRENSA Y TALANTE AUTORITARIO

EN TORNO A LA CONDESCENDENCIA DE LOS MEDIOS CON EL AUTORITARISMO Y EL ANHELO DE IMPUNIDAD

(Actualizado)

Gonzalo Gamio Gehri

El presente post es, en buena medida, una continuación del anterior. Un comentarista me pregunta porqué señalo que el periodismo que practican Rosa María Palacios y Hans Landolt me parece “decente”, en contraste con el que ‘cultiva’ buena parte de sus competidores en la TV. Si digo que la prensa cortesana es “poco decente”, no baso mi afirmación únicamente en la evaluación sobre el contenido de las opiniones de los conductores de los espacios televisivos, sino estrictamente en la identificación de sus métodos, que distan del ejercicio riguroso de la investigación periodística, la argumentación y la ética profesional más elemental. En los “reportajes” de La Ventana indiscreta - merced a las "sutilezas" de Hildebrandt Chávez - se manipula a la audiencia manejando las imágenes, los ritmos e introduciendo una música de fondo ad hoc, no mostrando todos los hechos, etc.; el caso de la cobertura del tema Melissa Patiño y tantos ‘especiales’ sobre Alejandro Toledo son prueba de estas malas artes. Es evidente que Jaime de Althaus no se documenta ni prepara sus entrevistas; en la prensa escrita, Aldo Mariátegui y otros suele refugiarse en sus Chiquititas y Carnecitas para agraviar a sus adversarios políticos y faltar la verdad.

Se me objeta que mis preferencias políticas podrían estar nublando mi juicio y convirtiéndolo en parcial y subjetivo; sin embargo, los ejemplos que he tomado no reflejan un común punto de vista en lo ideológico. Hasta donde sé, Landolt es un hombre de izquierda, Palacios es una liberal de derecha. No juzgo la calidad profesional según mis lealtades políticas. Eso sí, me parece que, en el caso de ambos, el trabajo converge con la defensa de las libertades y los derechos esenciales en una democracia (este juicio no me parece dependiente de una consideración de tipo ideológico - particular, sino una cuestión de elemental sensibilidad constitucional y ética ciudadana, una perspectiva amplia que diferentes visiones democráticas de la política comparten, aún desde múltiples canteras ideológicas).

Finalmente, yo no concibo que el periodista sea simplemente portavoz del punto de vista los directivos de la empresa donde trabaja (“es obvio, son sus jefes” dice la persona que me hace la observación en la página de comentarios del Gran Combo Club). Puede que esto suceda a menudo, pero resulta obvio que la prensa que claudica en su espíritu de investigación y abandona la tarea de la búsqueda de la verdad (y la formación de conciencia crítica) no es periodismo de verdad. No se trata de resignarse ante esa clase de 'realidades' que suscitan verguenza en los ciudadanos de buena voluntad. Esa es la “prensa indecente”. Esa clase de servilismo acaso podría funcionar en el mundo de la empresa - aunque lo dudo - pero, volcada sobre la prensa disuelve la idea misma de esfera pública. No creo que la mejor actitud frente a la cortesanía de la prensa – y en general frente a cualquier costumbre o circunstancia cuestionable – sea ‘rendirse sin más ante los hechos’, renunciando a cambar las cosas. Ya sabemos que las actitudes de condescendencia y complicidad frente a la corrupción y al crimen contra la vida suele apelar – como patético instrumento de “justificación” – al “realismo político”.

Contamos con una prensa televisiva que informa mal y no contribuye con la formación del ciudadano. El fin de semana tuve la oportunidad de ver una nueva emisión de Habla el Pueblo, en RBC, en la que se entrevistó a Mercedes Cabanillas. El entrevistador era el conductor del programa, Rafael Romero - ahora ya sé cómo se llama -, quien es también jefe de la página editorial de Expreso (sí, este personaje es el mismo - ahora caigo en la cuenta - que publicaba textos tendenciosos, malidicentes y de veracidad más que discutible contra la PUCP, contra la CVR, etc – véase el magnífico post que Arturo Caballero ha publicado en su blog acerca de la entrevista que Romero le hizo a José Alejandro Godoy. Allí el entrevistado -Godoy - dejó en evidencia que Romero no había leído el Informe de la CVR, y sin embargo, descalificaba alegremente el documento) -. Ya se había comentado acerca de esta “alianza estratégica” entre RBC y Expreso, medio cercano – debido a algunos de sus miembros más influyentes – a cierto sector del fujimorismo (y al ala más radical de UN) en lo político, y a sectores simpatizantes con cierto conservadurismo 'duro' en lo religioso. Cabanillas y su entrevistador se la pasaron preguntándose con qué autoridad las ONG de Derechos Humanos osaban fiscalizar a los funcionarios públicos o remitir informes al país o a instituciones extranjeras, sino habían “ganado elección alguna” (a diferencia de los congresistas y el propio Presidente de la República”). Romero y la congresista hacían gala de una supina ignorancia (¿o quizás mala intención?) respecto de lo que significan las instituciones de la Sociedad Civil para el funcionamiento de una democracia, cómo estas constituyen espacios de participación directa del ciudadano – a diferencia de los escenarios del sistema político (el Estado, los partidos), que constituyen espacios de representación -. Resulta complicado pedirle a un congresista que maneje los conceptos básicos de la teoría política elemental, pero se supone que un periodista que dirige la página editorial de un diario (sí, hasta en el caso de Expreso) tendría que ostentar siquiera esos estándares mínimos de conocimiento. Suponíamos mal. Esa es mi opinión personal sobre este penoso asunto; un periodismo sin nivel desinforma al público, y no contribuye con el fortalecimiento de la democracia. Triste espectáculo el ver a un periodista y a una parlamentaria asumir la falsa premisa que en el seno de una democracia moderna la sociedad se divide en gobernantes y gobernados ¡y estos personajes pretenden ser “líderes de opinión”!

El viernes Jaime de Althaus entrevistó a Keiko Fujimori. Risitas van, risitas vienen, Althaus le regaló la entrevista, y posiblemente quedó contento ¿Nadie recuerda los juicios por corrupción que ella aun tiene pendientes (según tengo entendido)? ¿O el hecho que abandonase sus funciones parlamentarias para viajar? Incluso Keiko llegó a repetir la tesis – verdaderamente inmoral – que el propio Althaus bosquejó días atrás: “¿Cómo es posible que al vencedor del terrorismo se le procese por crímenes contra los Derechos Humanos?”. El oscuro argumento del cheque en blanco.

A pesar de la nulidad intelectual y programática de sus cuadros - y de la pobreza moral de sus propósitos - ningún periodista muestra a plena luz la entraña antidemocrática de los fujimoristas. El "fujimorismo" no es otra cosa que grupo de devotos – no se le puede llamar “partido” o “movimiento político” - que le rinde culto a la personalidad de un ex dictador proclive a la huida y, como viene siendo demostrado en el proceso, proclive al delito. Un grupo cuya única “agenda política” (tampoco se puede usar aquí la expresión "ideología" o "plan político") consiste en promover la impunidad de su líder (quién ya tentó la actividad política en otro país, para evadir a la justicia peruana). Un grupo que le asestó un terrible golpe a la democracia y sus instituciones, que practicó impunemente la antipolítica y el clientelismo (y se jacta de ello). Un grupo que apela a la “sucesión dinástica” como única fórmula para “renovar” su dirección. Un grupo que apostó por el envilencimiento de la política y de la población, al sustituir la exposición y discusión pública de propuestas por la organización de conciertos de música tropical y el reparto de regalos. Un grupo que no duda en recurrir a la intimidación, a sembrar la confusión y a invitar a la violencia como un instrumento estratégico (las amenazas de Kenyi, la presunta mutilación del Ojo que llora, las destempladas y sorpresivas declaraciones de Martha Chávez sobre el Grupo Colina, la intimidación de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos por parte de los simpatizantes de Fujimori dentro y fuera de la sede del tribunal, etc.).

Los fujimoristas no parecen apreciar especialmente los principios del Estado de Derecho: en sentido estricto, se trata de una fuerza antidemocrática. Fíjense como desnaturalizan la potestad de los congresistas de poder ingresar a cualquier hora a las cárceles. El sentido de esa norma es la prevención de las detenciones arbitrarias, y la posibilidad de verificar que no se torture o se someta a tratos crueles e inhumanos a los detenidos. Sin embargo, los parlamentarios fujimoristas hacen uso de esa prerrogativa – distorsionándola - para hacer visitas sociales al procesado Fujimori, e incluso para planificar con él sus estrategias políticas. Eso es simplemente inadmisible. Se sabe que el fujimontesinismo ha contado y cuenta con el dinero, las influencias para asegurarse la cobertura mediática de sus movimientos. Es seguro que dispone de su antiguas herramientas para atemorizar y extorsionar a periodistas y a ciertos políticos - como hizo en el pasado -, pero ¿Qué pasa con la prensa independiente?

(La caricatura es de Carlín).

PERIODISMO POLÍTICO TELEVISIVO: ENTRE EL MACARTISMO Y EL LIBERALISMO

Gonzalo Gamio Gehri


Es un hecho conocido que, en nuestro medio, el periodismo político televisivo no destaca precisamente por su pluralidad. La mayoría de los programas de corte político se han alineado con el gobierno actual – no se sabe si por convicciones políticas afines, o por intereses estratégicos de corte empresarial, o por ambas cosas -, y sólo contamos con alguna excepción, más o menos solitaria. Es una lástima, dado que la prensa y en general los medios constituyen lo que los ilustrados denominaban la esfera pública, un espacio reservado para el debate de los asuntos cívicos, para la formación de conciencia crítica y el control ciudadano del poder. En el Perú la realidad es otra, la de la “prensa cortesana”, y particularmente la televisiva, siento la televisión uno de las fuentes principales de información para la mayoría de la población.

El caso más patético es el de los “reportajes” con “efectos especiales” de César Hildebrandt Chávez para La Ventana Indiscreta, en los que reírse o beber un sorbo de agua mineral pueden convertirse – gracias a la cámara lenta, o a una música de fondo lúgubre – en gestos realmente siniestros. Vale la pena mencionar el renovado Habla el Pueblo, del canal 11, que se ha vuelto un verdadero fortín en la lucha contra las ONG (pensemos en la entrevista a Lourdes Alcorta y a Francisco Diez Canseco; no sorprende esta metamorfosis, si tomamos en cuenta la alianza entre RBC y Expreso, un diario cercano a los sectores más conservadores en lo político y lo religioso). Prácticamente el grueso de la TV. se encuentra bastante dispuesta a cerrar filas en la campaña de desprestigio contra los organismos ambientalistas y de DDHH, de modo que no dudan en omitir pasajes de la carta de APRODEH en los que se condena al MRTA, o asumen sin asomo de duda que Melissa Patiño o Carmen Azparrent son terroristas. Han claudicado en la búsqueda de la verdad.

Publicado en su versión completa en el Gran Combo

(La caricatura es de Carlín).

RECONOCIMIENTO Y DIGNIDAD. APUNTES SOBRE LA ÉTICA DE CHARLES TAYLOR

Gonzalo Gamio Gehri

La imagen que tenemos de nosotros mismos como personas dignas de respeto o agentes libres y comprometidos con actividades o ideales valiosos se construye socialmente. Se trata de un fenómeno que Charles Taylor define - en toda la línea hegeliana - como reconocimiento. Esta tesis, siendo resultado de una descripción fenomenológica que pertenece al ámbito de la ontología de la praxis, posee importantes consecuencias filosófico – políticas que pueden conducirnos a reformular nuestra lectura del liberalismo o incluso a asumir una posición en lo que respecta a las llamadas “políticas de la diferencia” – por ejemplo en temas de género y pertenencia cultural – al interior de los debates actuales el carácter de las instituciones democráticas, el sistema de derechos y los principios de la justicia distributiva.

¿En qué sentido las consideraciones sobre la identidad y el reconocimiento nos sitúan en medio del debate sobre el valor de las “diferencias” al interior de las sociedades liberales? El hecho de que la comprensión de quienes somos se configure en parte a través del reconocimiento de los otros nos convierte en seres profundamente vulnerables frente a la ausencia de reconocimiento o al falso reconocimiento; pueden generar imágenes devaluadas o equivocadas de nosotros mismos que se constituyan en auténticas “cárceles espirituales”[1]. Una identidad distorsionada, impuesta por otro, puede convertirse en un instrumento de dominación que impide en el plano de los hechos (aún en los estados democráticos) que los miembros de ciertas minorías culturales, étnicas o sexuales puedan ejercer efectivamente sus derechos. Fenómenos como el racismo o la discriminación de las mujeres son el ejemplo obvio del efecto destructivo del falso reconocimiento. Para muchas personas, la actitud discriminadora por parte de la “sociedad patriarcal” o de las “élites blancas” no era identificada como una conducta incorrecta, fundada en creencias falsas, sino era considerada como parte del trato natural que merecían dada su condición de seres humanos “de segunda clase”[2]. Una imagen devaluada que ha sido interiorizada por el agente puede ser profundamente mutiladora para el cumplimiento – e incluso el planteamiento – de sus expectativas y anhelos no sólo como ciudadanos, sino en general como seres humanos; puede condenarlo al autodesprecio y a la alienación. En todo el mundo – y más aún en un país como el Perú – el efecto mutilador del racismo, el machismo o la discriminación religiosa impide que muchas mujeres y personas no occidentales puedan participar activamente en la dinámica propia del mercado laboral y el espacio público. Ejemplos como estos llevan a Taylor a concluir que “el reconocimiento debido no es sólo una cortesía que debemos a la gente: es una necesidad humana vital”[3].

Tanto en La política del reconocimiento como en La ética de la autenticidad Taylor ofrece una reseña histórico – narrativa de cómo el discurso sobre el reconocimiento se ha convertido en parte importante del “léxico común” de la conciencia política contemporánea. En ambos textos el autor nos remite a lo que denomina el paso de la ética del honor a la de la dignidad, un complejo fenómeno socio – cultural que atañe a la progresiva comprensión de las relaciones humanas vinculadas al respeto y la estima social bajo bajo condiciones de igualdad. Se trata de un fenómeno que tiene como telón de fondo social tanto el derrumbe del Antiguo Régimen – hechura de la Revolución francesa y las guerras de independencia americana – como la comentada “afirmación de la vida cotidiana”, la extensión de los espacios de la vida buena hacia el ámbito del trabajo y las relaciones familiares y sentimentales.

El paradigma del honor alude al estado de cosas en donde el reconocimiento del “valor” de una persona – la estimación de sus cualidades personales, la posibilidad de ser digno de estima social, o el acceso a los cargos públicos, etc. – dependía en gran medida del status social del agente, del lugar que uno ocupaba en un sistema jerárquico basado en la sangre o la cuna, en una suerte de “orden natural” estrechamente vinculado a la doctrina del logos óntico que discutíamos anteriormente a propósito de la crítica tayloriana a las reflexiones de Foucault sobre la punición. El reconocimiento era a priori asimétrico en un mundo en donde la movilidad social era practicamente inexistente, pues estaba determinado por el abolengo y los títulos, como señala Taylor, “para que algunos tuvieran honores era esencial que no todos los tuvieran”[4]. El acceso sin mayores impedimentos a los bienes “exteriores” (poder, dinero, etc.) estaba reservado a unos pocos, los principios de justicia distributiva se fundabn en la desigualdad.

Una vez que tales jerarquías sociales se vienen abajo, se instaura un regimen político con pretensiones igualitarias y universalistas. A instancias del pensamiento ilustrado – cuya perspectiva ética se encarnó jurídicamente en la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano – se declara la igualdad civil como principio rector de las relaciones humanas en la esfera pública. Todos los hombres son reconocidos iguales ante la ley, poseen los mismos derechos en tanto personas, de modo que queda abolida cualquier consideración dirigida a distinguir entre ciudadanos de “primera” y “segunda clase” por cuestiones de raza, origen, sexo o confesión[5]. Ya hemos señalado que las razones que pretenden sostener el trato igualitario – y que suelen estar consignadas en las diferentes declaratorias de Derechos Universales – oscilan entre la comprensión del hombre como agente racional autónomo y la visión teísta del ser humano como creatura divina. En todo caso, ninguna de estas Declaraciones parece sindicar ambas visiones como intelectualmente incompatibles o excluyentes: ambas enfatizan el carácter sagrado de la vida humana[6].

Con esta profunda revolución en materia práctica e institucional cuestiona severamente cualquier intento por “fundar” el reconocimiento en alguna fuente discriminadora de valoración de sí mismo y de los otros. Los bienes del mercado o del poder político están en principio “abiertos” a todos, se supone que nadie puede ser excluido a priori.[7] Sabemos que esto no es lo que suele suceder normalmente (especialmente en nuestros países), pero en un plano normativo la idea de dignidad universal está directamente conectada con la de la igualdad de oportunidades; se trata de un principio que pretende ser rector de la praxis. Desde el punto de vista del paradigma de la dignidad el reconocimiento y la estima social se ganan en un escenario igualitario de interacción y competencia. Las cualidades y los méritos personales se convierten en los factores decisivos para hacerse acreedor de valoración social.

Esta comprensión del reconocimiento generó una nueva concepción de los principios distributivos en el campo laboral y en el ámbito político, un fenómeno que Michael Walzer ha estudiado en profundidad y que denomina la carrera abierta a los talentos. Si los méritos y habilidades se han convertido en las pautas directrices de la disribución de los cargos y los puestos de trabajo – la igualdad de oportunidades y de derechos es la condición básica para que la educación y el talento (dimensiones que relativas a las diferencias) valgan para la distribución justa de tales bienes -, entonces figuras como el nepotismo aparecen como radicalmente incorrectas e inadmisibles; en las sociedades que en el pasado se organizaban bajo el paradigma del honor, por el contrario, la alianza entre la sangre y el acceso a los diversos puestos de responsabilidad constituía una especie de axioma distributivo fundamental[8]. El cambio conceptual en lo que se refiere a la visión general de la sociedad y al significado de los bienes sociales determina las nuevas direcciones de la justicia.

[1] Esta es la tesis central de “La política del reconocimiento”, artículo de Taylor que será sometido a discusión en este apartado. Apareció publicado por vez primera en Amy Guttmann (Ed.) Multiculturalism and ”The Politics of Recognition" Princeton, Princeton University Press 1992 (trad. Castellana: Taylor, Charles El multiculturalismo y “La política del reconocimiento México, FCE 1993) el libro cuenta con los comentarios de Amy Guttmann, Stephen Rockefeller, Susan Wolf y Michael Walzer. Se volvió a publicar dos años más tarde, agregándosele una crítica de Anthony Appliah y otra de Jürgen Habermas (Taylor, Ch /Guttmann, A. Multiculturalism; Princeton, Princeton University Press 1994). Luego, en 1995 fue incluido por Taylor en el volumen recopilatorio Philosophical Arguments. Utilizaré en lo que sigue la traducción de 1997, elaborada por Fina Birulés (Taylor, Charles “La política del reconocimiento” en: Argumentos filosóficos op.cit pp. 293-334.) por tratarse de una versión española más estricta.
[2] Sobre este agudo problema teórico – práctico existe una nutrida bibliografía. Consúltese por ejemplo – además del artículo ya mencionado de Taylor - Shklar, Judith The faces of injustice New Haven and London, Yale University Press 1988; Idem, Vicios ordinarios op.cit, ; Idem "El Liberalismo del miedo" en: Rosenblum, Nancy El liberalismo y la vida moral Buenos Aires, Nueva Visión 1993; pp. 25-40; Fraser, Nancy Justice interruptus New York & London, Routledge 1997; Honneth, Axel La lucha por el reconocimiento op.cit.; Habermas, Jürgen “Struggles for recognition in the Democratic Constitutional State” en: Guttmann,A:/ Taylor,Ch. Multiculturalism Princeton, Princeton University Press 1994 (esta es una réplica a La política del reconocimiento); Walzer, Michael: "Exclusión, injusticia y estado democrático" en: Affichard, Jacques. y De Foucauld, Jean.B., Pluralismo y equidad Buenos Aires, Nueva Visión 1995 pp.31-48; Williams, Bernard “La idea de igualdad” en: Feinberg, Joel Conceptos morales México, FCE 1985 pp. 267 – 300.
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[3] Taylor, Charles “La política del reconocimiento” en: Argumentos filosóficos op.cit. p.294. Las cursivas son mías.
[4] Ibid, loc. Cit.
[5] Cfr. Taylor, Charles “La política del reconocimiento” op.cit. p. 303.
[6] Véase al respecto las interesantes reflexiones de John Rawls sobre la noción de persona que requiere la política liberal como resultado de un overlapping consensus . Cfr. Rawls, John Liberalismo político op.cit. la Conferencia IV, “El consenso traslapado”; Idem, “Justice as fairness:Political not metaphysiucal” en Philosophy and Public Affairs, 14, pp.223-251; consúltese asimismo Giusti, Miguel “Tras el consenso. Sobre el giro epistemológico-político de John Rawls” en: Isegoría N° 15 (1996) pp. 111 - 125. Una meditación más general sobre el concepto de igualdad entre los hombres puede hallarse en Williams, Bernard “La idea de igualdad” en: Feinberg, Joel Conceptos morales México, FCE 1985 pp. 267 – 300.
[7] Sobre este problema consúltese Walzer, Michael "Exclusión, injusticia y estado democrático" op.cit.

[8] Véase Walzer, Michael “Objetividad y significado social” op.cit., pp.224-225; Idem, Esferas de la justicia op.cit. pp. 157-9; Idem, Moralidad en el ámbito local e internacional op.cit,.cfr. el capítulo II.

SE REANUDA LA CACERÍA DE BRUJAS

Gonzalo Gamio Gehri


Luego de unos días, el tema de la carta de APRODEH va aclarándose poco a poco. Ahora se sabe que en la primera parte del documento sí se condenaba el terrorismo del MRTA – sólo se señalaba que no debía considerársele como un grupo en actividad -, y se ha mostrado que esta carta fue enviada en respuesta a una solicitud explícita del Parlamento Europeo. Sigo pensando que APRODEH cometió un error, puesto que el MRTA sigue actuando a través de vías no militares, haciendo proselitismo en la red. Me parece un error – además – porque esta situación contribuirá a la reedición de la cacería de brujas en contra de las ONG y otras instituciones de la sociedad civil que se dedican a la investigación y al activismo en materia de democracia y Derechos Humanos en el país. De paso, servirá para generar una 'cortina de humo' frente al terrible hallazgo de los cadáveres en "Los Cabitos" - que corresponden a crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado - y hasta echarle un pequeño salvavidas al reo Fujimori (ver el penoso comentario al respecto hecho por Lourdes Alcorta).

La nueva temporada de caza ya empezó. El ejecutivo ya ha dispuesto que la Coordinadora de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal y el Concilio Evangélico dejen de participar como observadores en las sesiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos, órgano presidido desde hace un tiempo por un militante aprista que aparentemente no cuenta con los conocimientos necesarios patra ejercer ese cargo (hecho que ha motivado la protesta de algunos organismos especializados en la materia). Pero eso no es todo. A pesar de que la Coordinadora de Derechos Humanos y el IDL han tomado distancia respecto de la medida tomada por APRODEH, el Vicepresidente Giampietri ha solicitado al Congreso que se investigue a esta ONG, a IDL y a la Facultad de Derecho de la PUCP sobre presuntos vínculos con la subversión. Absurdo. Veo ayer – por casualidad, aclaro – una edición del programa Habla el Pueblo de RBC, en el que Lourdes Alcorta y Francisco Diez Canseco, dos personajes conocidos por su visceralidad y por su pobre disposición para la argumentación, despotrican contra las ONG de Derechos Humanos, concibiéndolas como parte de un "siniestro lobbie caviar” pro-terrorista (evidentemente, sin ofrecer razones ni evidencias empíricas. Y contando con el aplauso y el aliento del conductor del programa, que se sumaba a la delirante tesis del "complot caviar". Sensacionalismo puro, sin el menor asomo de escrúpulo profesional.

Pero el que se lleva las palmas es el ministro Rey. Se las ha ingeniado para llevar agua para su molino, una vez más. La discusión versaba sobre si el MRTA podía ser considerado un grupo terrorista. Es sabido que el Informe Final de la CVR ofrece los elementos conceptuales y empíricos para sostener categóricamente tal tesis: es un grupo terrorista que practicaba de modo sistemático el homicidio selectivo y el secuestro. Incluso Aldo Mariátegui ha recurrido al Informe de la CVR para criticar a APRODEH (omitiendo toda referencia al encabezado de la carta). Sin embargo, Rey aprovecha la ocasión para arremeter – una vez más, recordemos que él prácticamente encabezó la campaña mediática del 2003 – contra la CVR. El otrora miembro del Movimiento Libertad y luego congresista pro-fujimorista ha intentado sostener la tesis falsa de que la CVR ha igualado a los agentes del Estado con los criminales terroristas. Eso es un completo disparate, y es una mentira. El que ha leido el Informe Final sabe que la CVR demuestra que el principal violador no es el Estado, sino Sendero (Conclusión Nº 13) y el MRTA (Conclusión Nº 34). El planteamiento de Rey simplemente no se condice con los hechos.

Rey sugirió enviar un grupo de miembros del gobierno a persuadir al Parlamento Europeo de que se ha cometido un error en este asunto. La idea en principio no me parece mala; en todo caso, es potestad del Estado tomar una medida como esa. Pero la sugerencia vino con anécdota. Rey recordó amargamente cómo no se había aceptado su propuesta de acompañar a los comisionados de la CVR al propio Parlamento Europeo para "desmentir" (?) in situ sus conclusiones. Iba a ir – señaló – financiándose él mismo el viaje. Qué gracioso el ministro. Creía que sus impresiones personales - absolutamente tendenciosas y cargadas de imprecisiones, como dan fe sus artículos publicados en La Razón (con citas al almirante argentino Massera, condenado por crímenes contra la humanidad) - debían desbaratar una investigación interdisciplinaria de dos años que denunciaba sólidamente las violaciones de los DDHH perpetradas por las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA y - "en ciertos períodos y lugares” (tomo I, p. 30) -, por las propias fuerzas del orden. El ex parlamentario conservador acaso creía que su cercanía con jefes militares y a otras autoridades bastaba para desacreditar el testimonio de casi 17,000 personas (que fue parte del trabajo de la CVR). Y encima quería ir con ellos. Hubiera programado ese tour ideológico por Europa en otras fechas, nada se lo impedía. Pero quizás su condición de votante por la vergonzante Ley de Amnistía que soltó a los miembros del Grupo Colina le hubiese restado cierta credibilidad.

Como podemos apreciar, la penosa campaña contra la defensa de los Derechos Humanos está por ingresar a su segunda etapa, que promete una mayor virulencia. Sus antiguos protagonistas - los que se enfrentaron a la transición democrática desde la prensa fujimorista - reaparecen y ocupan su lugar en el escenario. La ciudadanía debe estar alerta.