Gonzalo Gamio Gehri
Hoy se
cumplen diez años de la entrega del Informe Final de la
CVR. La
Comisión redactó una investigación sobre un período histórico marcado por el imperio de
la violencia, el desamparo y la indiferencia en un contexto de fragmentación social y de una precaria institucionalizad política. El perfil de las víctimas –
campesinos, no hispanohablantes – revela
hasta qué punto quienes sufrieron la insania terrorista y las situaciones de
represión estatal fueron en su mayoría peruanos pobres, habitantes de comunidades
altoandinas y amazónicas en las que en muchos casos el Estado no tenía una
presencia real. Ellos no pertenecían al “Perú oficial” (limeño, urbano,
hispanohablante), por lo tanto, su ausencia no se echaba en falta. El Informe
recoge los testimonios de esos compatriotas, registrados a través de diecisiete
mil entrevistas y la realización de audiencias públicas. Se pugnó por romper
esa actitud de silencio oficial frente a la memoria de quienes sufrieron
injustamente el conflicto.
El IF-CVR
condena claramente la vesania ideológica y las acciones criminales de las
organizaciones terroristas, y señala al PCP- SL como el principal perpetrador
de crímenes contra los derechos humanos. Indica asimismo que en “en ciertos
períodos y lugares” las fuerzas del orden cometieron violaciones de los derechos
humanos. Todas estas aseveraciones vienen respaldadas por el estudio de casos y
el trabajo estricto con testimonios y evidencias. La investigación pone de
manifiesto la negligencia y la responsabilidad de los políticos que
ocuparon cargos en los gobiernos de turno o ejercieron una función en el Congreso de la República frente a la
escalada de la violencia gestada a lo largo de aquellas dos décadas. Una parte
importante de la “clase política” se siente severamente confrontada por el
documento, de modo que no extraña su permanente oposición a que el Informe se
discuta en las escuelas o en los foros públicos, o que pueda servir de base a
investigaciones judiciales, o que pueda traducirse en un plan concreto de
reparaciones. Incluso el proyecto de edificación de un Lugar de Memoria ha sido
recibido con irritación entre los políticos, militares en retiro, empresarios y
algunas autoridades sociales.
El IF-CVR nos
permite aproximarnos a una lectura crítica de un episodio complejo y doloroso
de nuestra historia, una lectura que pone énfasis en las causas del conflicto,
el proceso mismo, nuestras responsabilidades, y en las reformas institucionales
que podemos emprender para no repetir una tragedia nacional como ésta. Se trata
de un documento polémico que echa luces sobre los actos de crueldad y de
injusticia que dañaron severamente el corazón de nuestra sociedad, pero que
también destaca caminos posibles en la ruta de una genuina recuperación de
nuestros lazos sociales e institucionales. Estos caminos presuponen todos el
ejercicio de la memoria y la acción de la justicia en sus diferentes niveles.
El proceso de reconciliación requiere – para asumir una figura concreta – un
trabajo serio de discernimiento público en torno a lo ocurrido y un esfuerzo concreto
por reparar a las personas y comunidades afectadas por la violencia.
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