Gonzalo Gamio Gehri
Existe una
clara vocación en parte de la “clase dirigente” por obstaculizar la reconstrucción
de la memoria en el Perú. No sólo se pretende empañar el esfuerzo por construir
una narración general en torno a los años de la violencia – cuya expresión es
el Informe Final -; se procura bloquear el debate en torno a la validez,
proyección y eventual corrección de dicho relato. Incluso se puede sostener que
los grupos de interés político y mediático que aspiran a minar la credibilidad
del trabajo de la CVR
ni siquiera se proponen producir una “memoria alternativa” del conflicto. No
han elaborado investigaciones sobre el tema, les basta con la mera diatriba,
con la columna de opinión. Diríase que consideran el silencio y el olvido como
las disposiciones más convenientes frente al período de violencia interna.
Por supuesto,
el olvido es una opción – incluso un derecho
- para la víctima. Quien ha sufrido puede decidir mirar con otros ojos el
pasado, afrontar un proceso de duelo y continuar con la vida. La acción de la
justicia busca sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas, de modo
que se les restituya a éstas la condición de ciudadanos; luego del trabajo de
la justicia, la víctima puede escoger olvidar. Se trata de un “olvido
relativo”, pues no se suprime el recuerdo, sólo se transforma el punto de vista
frente al pasado. La víctima puede incluso elegir perdonar al agresor; se trata
de una gracia que sólo puede ser otorgada
por ella, una disposición que implica observar las propias vivencias sin el
dolor y el encono de otros tiempos. Paul Ricoeur contrasta esta experiencia con
aquella que describe como el “olvido de la huida”, el esfuerzo por cerrar los
ojos frente a lo vivido, negar los hechos injustos, mirar hacia otro lado. Esta forma de olvido “consiste en no querer ver, no querer tener
noticia de algo”[1]. En la
venerable tradición de Esquilo y Sófocles, podríamos describir este fenómeno
como ceguera voluntaria. Esta actitud
frente a la injusticia corresponde al ciudadano que peca por omisión,
desatendiendo el clamor de las víctimas, y a los actores políticos que buscan
imponer “políticas de silencio”.
Estas
políticas a menudo están asociadas con propuestas de amnistía. Esta figura
legal – que comúnmente es planteada en virtud de una iniciativa del Congreso o
del Ejecutivo – implica suspender los procesos judiciales de los autores de
crímenes contra los derechos humanos y anular las condenas en esta materia.
Supone, además, decretar “olvido” respecto de esta clase de delitos (de allí su
nombre). Se trata de una medida que pretende garantizar impunidad para los
perpetradores; por ello, la legislación internacional en derechos humanos
rechaza sistemáticamente este tipo de mecanismos. A través de la amnistía, el
Estado usurpa la exclusiva potestad de la víctima de perdonar al agresor, y de
contemplar el daño padecido con nuevos ojos. Por lo general, los políticos
plantean la amnistía como un mecanismo que busca lograr la tan ansiada “reconciliación
nacional” – concebida ad hoc como
desvinculada de la verdad y la justicia -; no obstante, estas iniciativas
distorsionan gravemente el concepto de perdón y el proceso mismo de
reconciliación. No es posible regenerar el tejido social dañado sobre la base
de la supresión de la memoria y la suspensión de la acción de la justicia.
A lo largo de
las dos últimas décadas, el discurso político conservador ha invocado en más de
una oportunidad la figura del olvido legal como una salida posible frente a la
judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por
efectivos del Estado. Sin embargo, el argumento contra la memoria y a favor de
políticas de “punto final” ha sido planteado recientemente desde el otro
extremo del espectro ideológico. En efecto, el MOVADEF – organismo de fachada
del grupo terrorista Sendero Luminoso –
ha propuesto una suerte de “amnistía general” para todos los protagonistas del
conflicto armado. Esta facción pretende recurrir, para
justificar su posición – de una manera a todas luces artificial y
exclusivamente instrumental –, a las reglas de la democracia que procuró
dinamitar. En este caso, los extremos ideológicos parecen tocarse. Esta cuestionable
iniciativa ha sido rotundamente rechazada
en diversos espacios de opinión pública, y la ciudadanía ha observado con especial
preocupación cómo esta agrupación cuenta con numerosos militantes jóvenes.
Estas
circunstancias ponen de manifiesto la importancia ética y política de la
recuperación pública de la memoria como una condición esencial para la
construcción de una genuina sociedad democrática, una sociedad cuya ciudadanía
pueda desestimar con firmeza los cantos
de sirena de la violencia como posible “método” para resolver conflictos humanos. Conocer
la gravedad de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno
permitiría a los peruanos reconocer los efectos funestos del fundamentalismo en
cuestiones ideológicas. La ignorancia frente al más cruento de los conflictos
de la historia del Perú, en contraste, deja a nuestros jóvenes en una situación
de vulnerabilidad frente a propuestas ideológicas proclives a recurrir a la
violencia o a negociar impunidades para lograr sus propósitos. Esclarecer el
pasado constituye una estrategia pedagógica eficaz para combatir las múltiples
formas de irracionalismo político que todavía amenazan nuestras instituciones.
* Este es un adelanto de un ensayo que saldrá publicado en el siguiente número de Páginas.
[1] Ricoeur, Paul “El olvido en el horizonte de
la prescripción” en: Varios Autores ¿Por Qué recordar? Op. Cit.,
p. 74.
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