RETOS DE LA MEMORIA. LA CVR DEL PERÚ, EL INFORME, LAS TAREAS DE HOY

Gonzalo Gamio Gehri

El 27 de Agosto 2003 fue entregado el Informe Final de la CVR. Lastimosamente se ha avanzado muy poco en la implementación del programa de reparaciones de las víctimas, la ejecución de las reformas institucionales propuestas, así como la incorporación de las investigaciones desarrolladas por la Comisión en los planes de estudio de la escuela pública. La CVR elaboró un trabajo serio en torno a la elucidación del conflicto armado interno, examinando sus condiciones, los hechos y sus consecuencias para nuestra comunidad nacional. Este documento fue redactado para ser estudiado y discutido en los foros del sistema político y la esfera de juicio ciudadano al interior de la propia sociedad civil, como se indica en la Introducción del mismo texto. Tal como sucedió con otros lugares del mundo en los que se formaron Comisiones de la Verdad, el texto fue recibido con desconcierto y hostilidad por parte de los políticos locales.

Este debate no se ha realizado plenamente: los políticos y algunos líderes empresariales, jerarcas del clero, militares en retiro y columnistas de opinión que se opusieron a la conformación de una Comisión de la Verdad – y que luego rechazaron su investigación sin leerla a conciencia – han procurado bloquear cualquier proceso público de recuperación de la memoria que pudiese concretarse en políticas de justicia y reparación (1).  Tampoco han construido alguna suerte de “memorias alternativas” sostenidas en testimonios y evidencias, que pudiese contrastarse con el IF – CVR; han pretendido “refutar” una investigación multidisciplinaria con opiniones en columnas periodísticas repletas de calificaciones con escasos argumentos. En los últimos años han surgido, eso sí, libros testimoniales que han aportado un trabajo de reflexión sobre el conflicto (Los rendidos, Diario de vida y muerte, Memorias de un soldado desconocido).

Al cabo de tantos años, la vocación por el silencio y la evasión frente a la violencia continúa siendo la actitud presente en nuestra “clase política”. Constituye un escándalo que todavía existan en el país más de cuatro mil lugares de entierro indebido identificables y sin abrir. No existe voluntad para enfrentar esta dolorosa realidad. Lo cierto es que las condiciones que propiciaron el conflicto armado interno están presentes en el Perú de hoy, incluso pueden verse potenciadas por la condescendencia con las ideologías violentistas - comunes en la extrema izquierda y la extrema derecha - que todavía ejercen alguna influencia en diversos sectores de nuestro país. El Informe Final se propuso enfrentar tales condiciones y plantear políticas diversas para conjurarlas. Debatir los argumentos y las conclusiones, e implementar las políticas de memoria e inclusión que se requieran debería convertirse en una prioridad para el Estado como un reto para la democracia. Desconocer nuestro pasado más doloroso es una invitación a repetirlo. No olvidemos a los compatriotas que sufrieron la violencia del terror y de la represión. Sus demandas de justicia deberían ser las nuestras, sin dudarlo, pues son ciudadanos como nosotros.




(1) Sobre este punto, véase el artículo de Salomón Lerner F. aparecido hoy en La República.

EXAMINAR LA ‘RECONCILIACIÓN’

Gonzalo Gamio Gehri

                                                                                    

Hace unos días, José Chlimper – integrante del equipo fujimorista – declaró a los medios de comunicación que los gestos de su lideresa, conducentes a propiciar un acercamiento a otros movimientos políticos, deberían entenderse a partir del proyecto de reconciliación. El tema de la reconciliación, por supuesto, resulta crucial para el futuro de la democracia peruana, pero muchos ciudadanos son saludablemente escépticos frente a la posibilidad de que sea el fujimorismo – una organización con una cuestionable trayectoria en materia de corrupción y violaciones de derechos humanos – el grupo político que pretenda enarbolar el estandarte de la reconciliación. El fujimorismo  es una fuerza autoritaria: su agenda política no podría reconciliar; usa aquella palabra de manera demagógica. Efectivamente, la idea de reconciliación suele ser invocada sin el adecuado rigor conceptual que merece. Precisamente porque se trata de una idea moral y política de primera importancia hay que abordarla con absoluta seriedad.

La idea de reconciliación no puede identificarse sin más con el abandono de posturas de conflicto o de hostilidad por parte de los contendientes políticos en una lid electoral, o emprender una serena revisión de los diversos programas políticos para constatar coincidencias. Esa clase de actitudes son positivas, pero no corresponden al proceso de reconciliación. Ha sido la Comisión de la Verdad y la Reconciliación la institución que, a través de su Informe Final, ha contribuido decisivamente a la discusión sobre la idea de reconciliación, y a constituir sus cimientos. La CVR ha sostenido que la reconciliación ha de ser concebida como la recuperación de los vínculos sociales y políticos quebrados por la violencia desatada durante los años del conflicto armado interno. Consiste en un proyecto histórico que se inicia con el proceso de transición democrática, pero que tomará tiempo en la medida que los actores políticos, los ciudadanos y las instituciones afronten el desafío de esclarecer la verdad en torno a la tragedia vivida, así como hacer justicia en términos de la sanción de los culpables y la reparación de las víctimas.

Señalar que la verdad y la justicia son condiciones esenciales del proceso de reconciliación – en la ruta formulada desde el horizonte del Informe de la CVR – equivale a indicar que ningún proyecto de reconstitución  de los vínculos sociales y políticos puede cimentarse sobre el imperio de la amnesia moral y política, y sobre la nefasta cultura de la impunidad. Recordemos la funesta iniciativa de una amnistía a los perpetradores en los años noventa, una medida a todas luces incompatible con el orden legal local y global en derechos humanos. Un proceso concreto de reconciliación implica el ejercicio crítico de la memoria, así como la promoción de las políticas de derechos humanos y de reparación.

En la última semana, Hernando de Soto ha señalado la existencia de un supuesto “Sendero verde” un grupo de ex terroristas con intereses ecológicos, con los que – a juicio del nuevo asesor de Fuerza Popular – habría que reunirse, conversar, y acaso concertar. Se trata de una sugerencia preocupante, si tomamos en cuenta la historia vivida. Los especialistas en temas de terrorismo y seguridad indican que no existen evidencias acerca de la existencia de este grupo. En todo caso, debería tenerse mucho cuidado cuando se postula de manera imprecisa el diálogo con estos grupos. Las expresiones que de Soto ha formulado revelan una extraña condescendencia con ellos. Debe recordarse que la reconciliación es un proceso cuyos protagonistas son los peruanos – quienes sufrimos la violencia en aquellos años – y no quienes cometieron crímenes; para quienes violaron los derechos de los demás y todavía no han sido castigados, sólo les espera la severa punición que establece rigurosamente la ley. No hay reconciliación con borrón y cuenta nueva.

A menudo la invocación a la reconciliación se usa como un ligero recurso retórico en circunstancias electorales, como la presente. Sin una reflexión estricta y sin políticas concretas, ese discurso se manifiesta vacío e interesado. Respecto de la reconciliación como proyecto, tenemos el trabajo de la CVR, sus recomendaciones, sus planteamientos de reformas institucionales, el detallado Plan Integral de Reparaciones presentado en su Informe Final. Este documento nos invita a realizar un debate atento sobre las posibilidades de un auténtico proceso de reconciliación, una propuesta ética y política básica para fortalecer la democracia en el Perú. Las organizaciones políticas que se plantean formar un gobierno deberían considerar propiciar este debate como un paso decisivo para acometer realmente este proceso. 

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10 DE ABRIL.../ SOBRE LA IDEA DE "RECONCILIACIÓN"

Gonzalo Gamio Gehri

Esta es la primera etapa del proceso electoral, falta una segunda etapa.  Tenemos un empate técnico en el segundo lugar. Definitivamente la izquierda ha recuperado una condición de fuerza política parlamentaria después de años de ausencia. Según los primeros conteos oficiales, Fuerza Popular y el grupo de Pedro Pablo Kuczynski serían los contendientes en la elección de junio.

Si este es el escenario, entonces el espacio de discusión va a situarse en el plano de la política antes que en el de las medidas económicas. Vamos a ver si PPK puede hacerse cargo de la agenda de los críticos del fujimorismo: institucionalidad democrática, derechos humanos, política anticorrupción, libertades básicas. Muchos de nosotros consideramos que su propuesta es una alternativa a la vieja opción fujimorista. Deberá asumir una posición más de centro en lo económico, recoger algunos elementos del mensaje de grupos más moderados, para contar con mayor apoyo en estos casi dos meses de campaña  que faltan. No sabemos si su discurso podrá lograr esa clase de flexibilidad programática. Esperemos que sea el caso.

La marcha de esta semana – que recordó el funesto autogolpe fujimorista y que rechaza la candidatura de esa organización – ha destacado que somos muchísimos peruanos los que no queremos una vuelta al régimen autoritario de la década de los noventa, y que estamos dispuestos a luchar contra esa alternativa con todas las herramientas que ofrecen las leyes y la democracia. Nos costó mucho a todos derrotar al fujimorismo y construir un proceso de consolidación democrática. Es preciso defender lo que se ha ganado en estos dieciséis años.

Resulta interesante percibir cómo los fujimoristas han usado en fechas recientes el concepto de “reconciliación” de una manera imprecisa y confusa, en términos de una especie de “vuelta de página”. Nadie parece haber reparado en ello. Se ha retomado una idea espuria de reconciliación, que supone la suspensión de la memoria frente a lo vivido en materia de legalidad y derechos humanos. Los pueblos no pueden reconciliarse sino se hacen cargo de su pasado con miras a tomar decisiones en el nivel de las mentalidades y de las instituciones. La mirada hacia el pasado está regida por la transformación del presente, pero se requiere de esa perspectiva anamnética. La amnesia moral y política  (y la vocación de impunidad) jamás reconcilian. Es preciso desenmascarar ese discurso vano y edulcorado. Sobre ese discurso no se construye ciudadanía ni comunidad política.