PUTIS Y LA "HISTORIA OFICIAL": DESBARATANDO MITOS

(REFLEXIONES SOBRE UN ARTÍCULO DE WILFREDO ARDITO)

Gonzalo Gamio Gehri


Hace unos días, Wilfredo Ardito publicó en La República el artículo Putis y los mitos tranquilizadores, un texto en el que pone de manifiesto las medias verdades – cuando no las falsedades manifiestas – con las que el “Perú oficial” – fundamentalmente hispanohablante, criollo y urbano – ha intentado rehuir su responsabilidad moral, política e incluso penal frente a los hechos de violencia que padeció el país en los años del conflicto armado interno. Ardito desbarata una serie de mitos acerca del “desconocimiento” de la población frente a la escalada de la violencia terrorista y represiva antes del atentado de Tarata, y cuestiona sin reparos el supuesto de la presunta “caballerosidad” y el “talante democrático” del régimen de Fernando Belaúnde en materia de Derechos Humanos. El autor argumenta con agudeza y con una contundencia implacable. Sabe que está desmantelando elementos centrales de la “historia oficial” que los gobiernos peruanos han compuesto, esa misma historia que la CVR ha conseguido desenmascarar. Es sabido que la vocación desmitificadora que ha caracterizado al Informe Final de la CVR ha provocado los ataques de enconados enemigos de la memoria crítica de la violencia, censores provenientes de la “clase política”, así como representantes de otros sectores particularmente poderosos e influyentes en nuestra sociedad: una parte significativa de la Fuerza Armada, toda la prensa fujimorista, el sector del empresariado más cavernario y el ala conservadora de la Iglesia Católica.

Ardito muestra claramente que tal "ignorancia" frente a las desapariciones y los asesinatos perpetrados en el interior del país constituye literalmente una 'leyenda urbana'; la prensa informaba acerca de lo que ocurría en el Perú altoandino y amazónico. La población conoció la decisión que tomó el gobierno democrático constituido en materia de lucha contrasubversiva, que se materializó en la creación de los comandos político-militares en las zonas de emergencia. La CVR sindica esa determinación como una penosa abdicación de las funciones de las autoridades de la recién recuperada democracia a favor de la Fuerza Armada, que pasó a administrar el poder en esos territorios. En ese contexto, la tortura pasó de ser un delito de lesa humanidad a convertirse en un mero "delito de función", una falta castigada con unos días en el calabozo. En estas circunstancias, el poder civil se convirtió en cómplice de tales abusos, al dejar en otras manos la tarea de la pacificación, y al guardar silencio frente a las denuncias por violaciones de los Derechos Humanos. Ardito nos recuerda cómo el propio presidente Belaúnde desestimaba tales denuncias, sin examinarlas siquiera: “La misma Amnistía Internacional escribió muchas cartas a Belaunde y él se jactaba de arrojarlas a la basura y mantener su respaldo a los militares. Para que no quedara duda, en 1984, el Parlamento, dominado por Acción Popular y el PPC, aprobó la Ley 24150, que estableció la amnistía frente a los crímenes cometidos hasta entonces.”

Pero probablemente el mito mayor que esfuerzos como el de Ardito contribuyen a desterrar es aquel que sostiene que las Fuerzas Armadas cometieron “excesos” (y no violaciones de Derechos Humanos) al usar la violencia contra la población indígena y campesina; para algunos periodistas y políticos cercanos a los militares, estos 'errores' constituyen "hechos aislados" motivados por la tensión provocada por el conflicto, y al hecho de que actuaban bajo la convicción de que combatían a un enemigo que se ocultaba entre la población civil. En este punto los análisis de Ardito convergen con la tesis del Informe Final de la CVR, según la cual “en ciertos períodos y lugares”, las fuerzas del orden incurrieron en “una práctica sistemática o generalizada de Violaciones de los Derechos Humanos” (tomo I, p. 30). Si bien en otros episodios del conflicto el ejército y la policía defendieron heroicamente a la población y al Estado peruano contra la insania terrorista, resulta evidente que la práctica de la tortura y la desaparición forzada fue sistemática y deliberada en contextos precisos. Las ejecuciones extrajudiciales constituyeron parte de la estrategia de algunos mandos militares. Lo ocurrido Putis es un terrible ejemplo de ello. “Esta masacre permite” – afirma Ardito - “desmentir otros mitos que subsisten en relación con el conflicto armado. La crueldad y premeditación con que fue cometida deja sin piso la reiterada referencia limeña a "la época del terrorismo", como si solamente un bando del conflicto hubiera actuado contra la población civil. También es imposible seguir afirmando que los crímenes cometidos por militares o policías eran hechos aislados, debidos a problemas psicológicos individuales. En realidad, al menos entre 1983 y 1985, las masacres de campesinos tenían un carácter intencional y sistemático.” Hasta hoy no contamos con un pronunciamiento oficial del ejército peruano y del ministerio de defensa sobre la existencia de estas fosas clandestinas.

Los periodistas más cínicos – pertenecientes a ya sabemos a qué prensa pertenecen – sostienen sobre situaciones como esta otro macabro mito, a saber, que muertes como las de los pobladores de Putis – asesinados después de cavar sus propias tumbas, con el fin de despojarlos de su ganado – constituyen el “costo social”, o los “daños colaterales” de una lucha a muerte contra la subversión. Un precio a pagar por el éxito de la pacificación. Pretenden insinuar que Putis fue necesario para vencer a Sendero Luminoso. Ese argumento es falso, además de éticamente deleznable. No existe conexión causal alguna entre la "guerra sucia" y el triunfo del Estado en el combate contra el terrorismo. Sendero fue derrotado por el cambio de estrategia que se implementó a partir de 1989, giro que propició la formación del GEIN que capturó a Guzmán. Los defensores chapuceros de la Realpolitik (auténticos discípulos de Montesinos, pues para ellos "la razón de Estado" justifica el crímen") no revelan con esta actitud condescendiente con el crimen otra cosa que su desprecio por la vida de quienes fueron precisamente los peruanos más indefensos en la etapa del conflicto armado interno - indígenas, comuneros, campesinos, habitantes del ande y de la selva -, compatriotas que sufrieron el embate de dos fuegos en medio de la indiferencia del Estado y de la ceguera voluntaria de no pocos ciudadanos. Ellos fueron tratados - como indica amargamente Primitivo Quispe - como miembros de "pueblos ajenos dentro del Perú". La deuda moral que el país tiene con ellos es incalculable. Tomarla en serio empieza por desmantelar los mitos que tienden a encubrir o a soslayar nuestra responsabilidad como ciudadanos frente a ese dolor (que debería ser también el nuestro). La renuencia de los políticos y de los medios de comunicación a tratar directamente el tema de las fosas de Putis y a prestarle la atención que se merece ponen de manifiesto que la indolencia y la vocación por el silencio son actitudes que permanecen vigentes, a pesar del paso de los años.

LA AGENDA FUJIMORISTA DEL GOBIERNO Y LA PRIORIDAD DE LA JUSTICIA

Gonzalo Gamio Gehri

El célebre congresista oficialista Aurelio Pastor – “fecundo en ardides”, como el héroe homérico, a pesar de contar con discretas habilidades dialécticas, según comentan sus colegas del Parlamento – ha deslizado la idea de reducir el mandato presidencial a cuatro años, e introducir la reelección inmediata. Quizás algún incauto pueda pensar que los apristas han asumido el ejemplo del Estado español – y su socialismo moderno – pero no, la senda que siguen es la del presidente colombiano Álvaro Uribe, quien alteró la constitución con el objetivo fundamental de mantenerse en el cargo por un período más. Están siguiendo el ejemplo del reo Fujimori.

Más allá de la eficacia de esta medida – a lo mejor se trata de uno de los tantos “globos de ensayo” a los que nos tiene acostumbrado el “talante estratégico” de este gobierno - es evidente que el APRA no ha procesado nada el pasado reciente de la sociedad peruana. A Pastor le importa poco que esta propuesta sea prácticamente un calco de la iniciativa fujimorista (que incluso dejó un espacio para una insólita “interpretación auténtica”, no lo olvidemos). Lo suyo es la lógica de la preservación del poder. No le provoca pudor alguno el recuerdo de la imagen de un presidente-candidato, que puede disponer de ventajas, poder y exposición mediática que vician un proceso democrático (pensemos en la casi nula cobertura mediática de los contendores del fujimorismo en 1995 y 2000. Tampoco le quita el sueño el funesto caudillismo y el patrimonialismo existentes en la política peruana - particularmente en el APRA - que amenaza con viciar las propias prácticas democráticas. Al fin y al cabo, se trata del mismo congresista que sugirió cerrar el Parlamento. Fíjense, sólo podía pasar en nuestro país: un congresista que pide cerrar el Parlamento. Contamos con una “clase política” que parece estar sumida entre lo tragicómico y lo real-maravilloso. Un espectáculo patético.

Y mientras tanto ¿Qué ocurre en el país? Movilizaciones en el Sur que ponen en jaque a un ministro del interior negligente y carente de reflejos. Pero quizá la noticia más estremecedora sea el hallazgo de cuatro fosas clandestinas en el poblado de Putis, en Ayacucho. Prensa Libre ha realizado un informe detallado del caso. Las fosas contienen aproximadamente 420 cadáveres de hombres, mujeres y niños asesinados por las Fuerzas Armadas en 1984. Testimonios señalan que algunos pobladores fueron obligados a cavar fosas, bajo el pretexto de construir una piscigranja. Cavaron su propia tumba. Se sostiene en el reportaje que el objetivo de esta masacre era arrebatarle cabezas de ganado a los comuneros ¿Alguien todavía se atreve a usar la expresión “excesos” para referirse a estos crímenes, perpetrados por agentes del Estado? Nuestras Fuerzas Armadas deberían dar facilidades para que se investigue el caso y se castigue a quienes participaron y ordenaron estos delitos de lesa humanidad., con el fin de distinguir a los oficiales honorables de los vulgares delincuentes, que denigran el uniforme. Desgraciadamente, tanto el Ejército Peruano como el ministerio de defensa han señalado que ya no se cuenta con la información acerca de la identidad de quienes son responsables de estos actos inhumanos (y que actuaron usando un seudónimo); señalan que tal información habría sido destruida. Esta reacción indigna me recuerda la frase de uno de esos infames artículos de opinión – llenos de vileza – que se publicaron en el pasquín de los Wolfenson en tiempos de la campaña difamatoria contra la CVR: “a los militares, la gloria o el silencio”. La impunidad corrompe las instituciones, no la dejemos prosperar. Combatir la impunidad es una tarea democrática a la que están llamados civiles y militares. No obstante, los ministros y las autoridades correspondientes parecen no estar a la altura de las circunstancias. Esclarecer estos hechos y asignar responsabilidades debería ser una de las prioridades del Estado.

Nuestras Fuerzas Armadas están perdiendo la oportunidad de afirmar su vocación por ser una institución moderna, respetuosa de la Constitución y los Derechos Humanos, servidora incondicional de la democracia. Una institución honorable que separa el trigo de la paja. Esas son las Fuerzas Armadas que los peruanos deseamos tener. Aquellas que respetan la prioridad de la justicia en una democracia.

Mientras todo esto pasa, el oficialismo concentra sus energías en reeditar la agenda del fujimorismo. La ciudadanía debería estar alerta ante esta - al parecer inminente - nueva aventura autoritaria.