¿UNA RAYA MÁS DEL TIGRE?

Gonzalo Gamio Gehri


No es ninguna novedad que el gobierno aprista ha dedicado parte de sus energías a desmontar la agenda de la transición democrática en materia de la lucha Anticorrupción y las políticas de derechos humanos. El Consejo de Reparaciones está en una verdadera crisis en cuanto a su presupuesto y al respaldo político que tendría con el que tendría que contar una institución que cumple una labor tan delicada. La Procuraduría ad hoc Fujimori / Montesinos – que había empujado el proceso de extradición del ahora condenado Alberto Fujimori en medio de la apatía (y a menudo, de las resistencias) de la propia administración García – ha sido prácticamente desmantelada. El Procurador Pedro Gamarra ha señalado que se trata de una decisión proveniente de las ‘más altas esferas’. Así lo comenta Gustavo Gorriti:

“En la tarde del jueves 5 de noviembre, el procurador Pedro Gamarra Johnson reunió a 10 de los principales abogados de la procuraduría, y les dijo que su trabajo había terminado en ese momento, que se había decidido finalizar sus contratos.

Ante la muda interrogación de su conmocionado auditorio, Gamarra Johnson les dijo, con suavidad de aceite de bebé, que el motivo era “presupuestal”. Frente a la unánime incredulidad de los flamantes despedidos, Gamarra reconoció que la orden venía “de arriba”.

En los últimos días, La República ha señalado que el ministro de Defensa Rafael Rey ha comunicado su intención de contratar los servicios del estudio Sousa & Nakazaki para asumir la defensa de los agentes del Estado que vienen siendo investigados y procesados por el Poder Judicial en virtud de presuntas violaciones a los derechos humanos. Como se sabe, Rolando Sousa es actualmente congresista de la República por el grupo fujimorista – hoy presidente de la comisión de Justicia -, y César Nakazaki es el abogado defensor de Alberto Fujimori, Nicolás Hermoza y muchos personajes vinculados al régimen autoritario de Fujimori y Montesinos, acusados por corrupción y otros delitos. Irritado por las preguntas de los periodistas, el ministro Rey dijo lo siguiente:

“Periodista: ¿No cree que su elección sea cuestionada?

Rey: No tengo la menor duda. En el caso que se decida, los primeros que dirán algo serán ustedes. Digámoslo claramente. Tienen derecho a decir lo que le parezca y yo tengo derecho a hacer lo que me parezca. Deben reconocer que el funcionario acusado tiene el derecho de escoger a los abogados que ellos indiquen.”

Por supuesto, para los numerosos personajes que integran el Ejecutivo - en sus ‘más altas esferas’ -, y que han simpatizado (y simpatizan) con los intereses y las posiciones fujimoristas, no se trata de una decisión que tendría que perturbar a los ciudadanos. Muchos pensamos lo contrario. Digámoslo con claridad: más allá del derecho del Estado de ocuparse de la defensa de los procesados, inquieta el mensaje que transmite esta decisión. No pocos analistas señalan ya que aquí puede existir un “conflicto de intereses” (Otros se preguntan ya: ¿No se tratará más bien una “consonancia de intereses”?). Mientras algunos periodistas, científicos sociales de diversas especialidades y no pocas autoridades políticas continúan embarcados en la sutil discusión ontológica y epistemológica acerca de si existen los pishtacos en nuestra “realidad primaria” (el concepto es de Tolkien), el Ejecutivo se plantea asumir compromisos (en lo relativo a este tema del sector defensa) con el estudio Sousa & Nakazaki, con todo el “impacto político” (y moral) que esto supone. A mí me parece que se trata de un gesto sumamente preocupante. La Polémica (nuevamente) está servida: algunos especialistas afirmarán que gestos como éste no fortalecen la hipótesis de que existe una alianza entre el gobierno y los fujimoristas; que a lo más, se percibe un “aire de familia” y una cierta convergencia de intereses. Para otros, se trata de una raya más del tigre.

Actualización: Aquí un artículo de Augusto Álvarez Rodrich sobre los 30 años de los organismos de DDHH en el Perú.