Gonzalo Gamio Gehri
En el ámbito de las
mentalidades y de los modos de vida, debemos combatir la cultura autoritaria
que se ha ido gestando en el país desde los albores de la República , e incluso
antes. Hemos padecido numerosos regímenes dictatoriales, militares o cívico –
militares. La historia que se escribe en los textos escolares ha sido con
frecuencia diseñada en la perspectiva de aquellos proyectos autoritarios. El
patriotismo ha sido bosquejado como un sentimiento de tipo marcial, que
profesan aquellas personas que están dispuestas a morir por el Perú en un campo
de batalla. Los héroes que registra esta historia son personajes valerosos,
muertos en acción bélica. Rituales como las marchas escolares de las
festividades patrias refuerzan este funesto imaginario. El orden, la disciplina
y el respeto a la autoridad constituyen los “valores” que son exaltados en la
escuela. El espíritu crítico, la búsqueda del saber, el sentido de justicia o
el coraje cívico no son consideradas virtudes de primer orden.
De cara a tales
puntos de vista – convertidos en un pernicioso ‘sentido común’ -, no sorprende
que muchas personas sean proclives a añorar el regreso de gobiernos
dictatoriales que recurrían a la “mano dura” para imponer el “orden” sin ningún
control legal y político, o a aplaudir candidaturas que declaran que no les
“temblaría la mano” para decretar el estado de emergencia en la capital y sacar
a los militares a las calles, aunque se trate de medidas efectistas y
probadamente ineficaces, a juzgar por experiencias desarrolladas en otras
latitudes. Esta mentalidad autoritaria promueve que, en situaciones de crisis,
pretendemos tocar las puertas de los cuarteles para buscar soluciones más allá
de los arreglos sociales y políticos basados en la observancia de la legalidad
democrática.
El imaginario y los
rituales de corte autoritario han de ser examinados y sometidos a crítica en
los espacios deliberativos del sistema político y la sociedad civil, además de
las instituciones educativas. La imagen del caudillo que decide sus propuestas sin
discutirlas ni someterlas a consulta, así como la fascinación de parte de la
población por el uso de la fuerza constituyen expresiones que han de ser
cuestionadas con severidad por los ciudadanos que se propongan erradicar toda
forma de tutelaje en el ámbito público. No podemos aspirar a construir una
ética cívica celebrando el uso de la fuerza como exclusiva manifestación de
“eficacia” o si exaltamos el talante militarista como expresión inequívoca de
“compromiso patriótico”. En ese sentido es que constituye un reto importante cambiar
esos rituales y reescribir la historia en el registro de los gobiernos civiles,
así como la luchas por los derechos y el ejercicio de la ciudadanía. Esta es una
forma concreta de consolidar la democracia y mostrar su valor a las personas en
el plano cultural. Necesitamos discutir y promover los cimientos de una ética
pública entre nosotros, una ética que vindique nuestra capacidad de razón
práctica en los escenarios de la política.
Está claro que
reescribir la historia es una tarea que no supone alterar los hechos, sino que consiste en desplazar el centro de
gravedad de la historia hacia otro aspecto de la vida pública. El historiador
examina un conjunto de acontecimientos, procesos, personajes, y selecciona
entre ellos los que juzga de mayor significación. Se trata de cambiar de eje
hermenéutico, poniendo énfasis en los esfuerzos y logros de los gobiernos
civiles y las iniciativas de autogobierno. Sólo fortaleceremos la fe en la
acción ciudadana en la medida en que aprendamos a valorar aquellas situaciones
históricas en las que el peruano de a pie ha asumido el reto de hacerse cargo
de su propio destino y defender sus instituciones libres. Deben discutirse
asimismo los regímenes nacidos en golpes de Estado, así como los proyectos
basados en el anhelo de concentrar el poder y desconocer el imperio de la
constitución y las leyes. Debe someterse a reflexión la entraña injusta de
tales regímenes en tanto privan a las personas de sus derechos y las tratan
como meros súbditos.
En esta medida, se
requiere poner en el centro del proceso formativo el cuidado de la deliberación.
A menudo, este espíritu de tutelaje no se impone sin la complicidad de los
involucrados, que prefieren desentenderse de los quehaceres de la ciudadanía
democrática. La deliberación es una actividad de la razón práctica consistente
en la evaluación crítica de los cursos de acción y los modos de vida que
podemos elegir conscientemente para edificar una vida plena en los diversos
escenarios de la vida pública y privada. En los espacios de la vida individual,
lleva a los agentes a diseñar y discutir sus planes de vida; en los de la vida
pública, está orientado al examen de las medidas políticas y la fiscalización
de la gestión de las autoridades estatales. La práctica de la deliberación es
inseparable del ejercicio mismo de la libertad.
El énfasis en la
deliberación práctica es esencial para la cimentación de una ética cívica.
Hasta hoy, la escuela peruana – no solamente pública – es aún un espacio
autoritario en el que la palabra del maestro es inapelable; en ese sentido,
esta clase de escuela alienta y reproduce .el espíritu de tutelaje que genera políticas
autoritarias. Una pedagogía deliberativa promueve el encuentro de diferencias
en la escuela y en otros escenarios
sociales[1] Diversas maneras de pensar y de sentir pueden expresarse, contrastarse
y propiciar formas de aprendizaje mutuo. No es posible edificar compromisos
comunes sin configurar, a través de la deliberación, una cultura del respeto de
la diversidad que habita nuestras sociedades. Abraham Magendzo lo explica de
manera especialmente aguda:
“Una sociedad que delibera es una sociedad capaz de
respetar las diferencias, identidades y opiniones. Pero también es una sociedad
cuyos miembros son capaces de comprender y colocarse en la posición de sus
interlocutores, de modo que pueden advertir el porqué de sus demandas u
opiniones, de esta forma se generaran ámbitos de comunicación que enriquecen e
integran en igualdad las diferentes posiciones de sus miembros, que son capaces
de resolver y establecer el entendimiento sobre la base de bienestar común y
del respeto a las minorías”[2].
No existe
ciudadanía democrática sin consciencia de los derechos y suscripción del
trasfondo igualitario que ella necesita. Percibirse como ciudadano entraña la
reivindicación de la idea de una igualdad de derechos que no puede ser mellada
en nombre de la raza, la cultura, la religión, el origen socioeconómico, el
género, ni siquiera la condición legal[3].
El ejercicio de la agencia política – la disposición a actuar con otros en el
espacio público – es una forma de actualización de la defensa y el cultivo de
los derechos fundamentales de los agentes en el terreno de la práctica.
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NOTA: Esta es la primera sección de un escrito más largo - aparecido en el último Número de Páginas - , que iré publicando aquí.
[1] Cfr.
Magendzo, Abraham “Formación de estudiantes deliberantes para una democracia
deliberativa” en: REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia
y Cambio en Educación 2007, Vol. 5, No. 4 pp. 70 - 82. http://www.rinace.net/arts/vol5num4/art4.pdf
.
[3] Cfr. Alexander, Michelle El
color de la justicia Salamanca, Entrelíneas 2014.
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