OTRO MÁS

Gonzalo Gamio Gehri

Hoy ha sido publicado – lo leo en La República – otro comunicado en contra de la posición de la PUCP y sus autoridades democráticamente elegidas, esta vez firmada por algunos obispos peruanos (no se encuentra, por ejemplo, la firma de Monseñor Strotmann, ni la de Monseñor Barreto, tampoco figura la firma de Monseñor Cabrejos, Presidente de la Conferencia Episcopal, entre otras ausencias importantes). Mi impresión es que este documento en parte es fruto de una reacción frente al pronunciamiento de los 300 académicos extranjeros en favor de la autonomía y el pluralismo en la PUCP. Una lectura atenta del texto así lo revela. Sorprende un poco la multiplicidad de manifiestos de algunos sectores de la jerarquía contra la PUCP, y que todavía no se cuente con un pronunciamiento institucional sobre el intento gubernamental por expulsar del Perú al religioso Paul Mc Auley.

Quisiera compartir con los lectores de este blog mi opinión personal sobre este asunto. Con todo respeto, me preocupan tres cosas. La primera, es que el texto señala una información completamente inexacta acerca del estado actual del litigio entre el Arzobispado de Lima y la PUCP. El documento dice que la sentencia del Tribunal Constitucional concluye que “corresponde al Señor Cardenal de Lima, mediante la designación de un representante en la Junta de Administración de la herencia de Riva Agüero, estar informado y velar por el buen uso de la fortuna dejada por ese ilustre peruano para beneficiar la formación católica de los profesionales que tanto necesita nuestro país”. Deja entrever que se trata de un caso concluido. En sentido estricto, eso no es verdad. El TC ha declarado infundada la Acción de Amparo presentada por la PUCP, pero el tema de fondo – la interpretación de los testamentos, las funciones de la Junta, etc. - está todavía en manos del Poder Judicial, así que mal hace el texto que comentamos en sugerir que se trata de un asunto zanjado.

La segunda. Hay en el documento una serie de alusiones a la idea de que el Pueblo de Dios y las universidades católicas deben “dejarse guiar por sus pastores (esto es, por los obispos)”. Dejemos por ahora el tema teológico acerca de cómo interpretar esta frase en el contexto de una institución académica que debe promover el conocimiento y la crítica – un asunto de primera importancia, qué duda cabe -. El texto sugiere que las actuales autoridades de la Universidad no tienen confianza en el Obispo del lugar, que es el Gran Canciller de la PUCP y, aludiendo al comunicado de de los 300 académicos, el pronunciamiento cuestiona que “por el contrario, se apoyen en personas ajenas a la Iglesia y, en algunos casos, incluso públicamente contrarias a ella y a sus enseñanzas”(expresiones controversiales como esta prueban que, por decir lo menos, en estos contextos, la cuestión de la libertad académica sigue siendo un tema polémico y por demás sensible, y puede estar en situación de riesgo). Esta es una insinuación que debe ser documentada, pues se está sosteniendo en más de un sentido que los intelectuales que firmaron el documento en favor de la autonomía universitaria – Touraine, Anderson, Nussbaum, Held, Iribarne, etc. – serían potenciales “enemigos de la Iglesia”. Una afirmación demasiado gruesa, e incluso ofensiva, sin duda. Muchos de los académicos de la lista son católicos practicantes, y no debería sorprender que una Universidad de prestigio cuente con el respaldo de grandes hombres de ciencia de diversas confesiones y perspectivas que expresen con claridad su deseo de que la PUCP permanezca como un recinto plural, preocupado por la promoción de las libertades y los derechos humanos. Tampoco debería sorprender que la propia PUCP no esté dispuesta a conceder silenciosamente que se modifiquen sus estatutos en asuntos que considera fundamentales, por ejemplo, que se pretenda suspender sus mecanismos democráticos, en la elección de sus autoridades (1). Por eso decíamos en otro artículo que este conflicto trasciende el tema del fundo Pando y el testamento.

La tercera cosa. El documento reseñado afirma en más de una ocasión que las autoridades de la Universidad estarían “agraviando públicamente a la persona e investidura del Cardenal de Lima y Primado de la Iglesia en el Perú que es, a su vez, el Gran Canciller de la PUCP”. Me parece que esto no es cierto, y me preocupa mucho que con tanta frecuencia se confunda en diferentes contextos – a menudo desde cierto espíritu autoritario - el disenso con el insulto. Manifestar desacuerdos con una autoridad no equivale a ofenderla: suponer algo así no sólo constituye un profundo error, se trata de una actitud que revela intolerancia. Las autoridades no son simplemente oráculos, ni siquiera las autoridades religiosas. En los diferentes comunicados, artículos, etc., de autoridades y profesores de la PUCP he constatado la formulación de poderosas discrepancias que se expresan con argumentos, pero nunca el agravio personal. Por supuesto, se teme – pues se trata de un temor razonablemente fundado – que una intervención sobre la PUCP pueda minar su apertura académica y su compromiso con el pluralismo y la democracia (en la línea de otros centros confesionales en los que se prohíbe o dificulta el acceso a cierta bibliografía, por ejemplo), pero esa preocupación siempre asume la forma de la reflexión. El respeto por el disenso constituye un principio irrenunciable en una sociedad democrática. Quienes formamos parte de la comunidad de la PUCP tenemos derecho a opinar sobre su carácter y destino como Universidad, sin que esa opinión sea caricaturizada como una ofensa.

Repito. Este debate y este litigio no han concluido todavía. Quedan muchas ideas y posiciones que formular y contrastar. Y procesos legales – en fueros locales e internacionales – que afrontar. Por el bien de la PUCP.

(1) Cfr. las sinuosas y reveladoras declaraciones de Federico Prieto Celi en una entrevista, quien ataca directamente al IDEHPUCP y a la formación que ofrece de la Universidad, recurriendo al prejuicio y sin tomar en cuenta la verdad ni los hechos. Revela claramente que la intención de los aspirantes a "interventores" de dicho centro de estudios iría más allá de una participación en la junta administradora. Además, Prieto aprovecha la entrevista para despacharse a sus anchas contra el religioso McAuley.