REFLEXIONES ÉTICAS SOBRE UNA MARCHA
Gonzalo Gamio Gehri
1.- Un hecho polémico.
Hace unas semanas una noticia
llamó severamente la atención de la opinión pública. El MOVADEF – agrupación
que opera como brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso –
realizó una marcha con ocasión del día del Trabajo en Lima. La movilización
incluyó la exhibición de una pancartas con el retrato de los miembros de la
cúpula de Sendero Luminoso, cuya excarcelación reclamaban recurriendo a una
idea espuria de ‘reconciliación’. Al ser interrogados sobre el propósito de
esta manifestación, uno de los dirigentes de este movimiento señaló
extrañamente que ésta buscaba únicamente
reivindicar “los intereses históricos de la clase obrera”.
El evento desencadenó la
indignación de un sector importante de nuestra “clase política”, que consideró
que el gobierno no había tomado las medidas adecuadas para prevenir esta
manifestación, o quizá interrumpirla una vez iniciada. El fujimorismo insiste
hoy en interpelar al ministro del interior a causa de esta situación. Muchos
políticos, periodistas y abogados indican que los integrantes del MOVADEF que
participaron en esta marcha incurrieron en el delito de apología del
terrorismo; otros aseveran que tales acciones no corresponden específicamente a
lo que establece la ley, y se han propuesto modificarla. Los medios de
comunicación han cubierto la noticia poniendo énfasis en el lamentable
espectáculo de los manifestantes enarbolando pancartas con las fotos de los
líderes senderistas, y a su lado, presentar a policías vigilando que el evento
se desarrolle con orden y normalidad. Se ha explotado el escándalo, y se ha
soslayado la tarea de confrontar políticamente a este cuestionable movimiento.
Existen importantes cuestiones de
principio que es preciso considerar con cuidado, pues atañen a la ética que
subyace a una cultura política específicamente republicana. La estrategia legal
punitiva contra MOVADEF no puede ser el núcleo de la lucha contra esta clase de
integrismo ideológico y su condenable difusión en nuestra sociedad. Es cierto
que debemos estar alertas frente a cualquier forma de apología del delito, y
que el Estado debe contar con una estrategia de inteligencia policial que sea
eficiente en la medida en que pueda realizar un seguimiento adecuado de las
acciones de estos grupos que evidentemente tienen conexiones con las
organizaciones terroristas. También es pertinente hacer ajustes a la ley, para
prevenir y combatir cualquier forma de incitación a la violencia. Pero creo que
estamos dejando de lado dos asuntos importantes en este debate sobre qué hacer
con colectivos como MOVADEF. Es preciso no perder de vista que la lucha contra
estos movimientos se enmarca en la lucha por fortalecer y preservar el sistema
democrático en el Perú.
2.- Dos desafíos morales y
políticos. La lucha intelectual contra el integrismo ideológico y el proceso de
rememoración de la violencia vivida.
Se trata de una lucha política
que posee un trasfondo ético muy claro. Defender la democracia supone
reivindicar una forma de vida en común basada en el cultivo de un conjunto
de derechos universales y libertades sustanciales que no son susceptibles de
negociación. El derecho a llevar una vida tranquila y segura – sin
violencia -, el derecho a expresar libremente el propio pensamiento en el marco
de una sociedad abierta a una pluralidad de ideas y valores, y tantos otros
derechos fundamentales. Es evidente que los grupos terroristas y sus organismos
de fachada no comparten aquel trasfondo de sentido. Lo hemos vivido, ellos
practicaron una ideología totalitaria que estigmatizaba toda forma de
desacuerdo. Ellos cometieron terribles crímenes contra los derechos humanos en
el contexto del conflicto armado más cruento de nuestra historia republicana;
el Informe Final de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, así como otras investigaciones, han documentado estos
hechos con rigor y detalle.
He señalado que enfrentar eficazmente
a MOVADEF implica considerar dos asuntos de una particular significación para
la defensa de la democracia. El primero es
combatir intelectual y
políticamente a MOVADEF, tanto en los espacios públicos como en las
universidades. Esta clase de movimientos han encontrado una inquietante
recepción en un sector de la juventud peruana que no cuenta con información
rigurosa acerca de lo sucedido durante el conflicto armado interno. Esta grave
situación es consecuencia de la indiferencia del Estado y de los actores
políticos frente a las tareas de recuperación pública de la memoria; también es
un efecto de la desidia de los partidos políticos ante la posibilidad de
presentar batalla ideológica a grupos como el MOVADEF. Es cierto que en más de
un sentido esta responsabilidad alcanza a toda la ciudadanía – que no puede
mantenerse al margen de esta grave circunstancia -, pero compromete
directamente a las organizaciones de nuestro sistema político.
MOVADEF plantea el imperio de una
ideología fundamentalista y totalitaria, que rinde culto a la personalidad de
un líder y que desarrolla una estrategia de acción que distingue entre fases de
“trabajo político” y de “guerra popular” a partir de una presunta “lectura de
la historia”, una concepción determinista y dogmática de las sociedades que no
cuenta con un sustento conceptual ni empírico consistente. Ninguna de tales
presuposiciones es compatible con el espíritu de la democracia. El cuidado del
pensamiento crítico y el respeto por la diversidad son bienes fundamentales
para un régimen libre. Este tipo de argumentos deben interrogar y desenmascarar
el ideario autoritario de este y otros grupos extremistas. El debate público
sobre estos problemas – y sus consecuencias para nuestras instituciones –
resulta crucial para nosotros.
Este debate requiere de la
presencia de los partidos políticos, aunque no sólo ellos. Los partidos han
abandonado hace tiempo las tareas de formación intelectual de sus militantes, y
han perdido presencia en los movimientos estudiantiles. Se han convertido en
cascarones o vientres de alquiler para los proyectos electorales de individuos
o grupos particulares de interés. Difícilmente en esa condición podrán
convertirse en alternativas a programas sectarios como los de MOVADEF y otros.
Los intelectuales y los estudiantes tienen asimismo una responsabilidad
especial en esta lucha de ideas; ellos han de vindicar el lugar central del
argumento y la evidencia en el debate público y académico. Han de procurar
preservar la institución universitaria como un reducto de investigación y
pensamiento, un escenario que rechaza el mero recurso a dogmas y slogas
sin contenido racional. Otras instituciones de la sociedad civil, como los
sindicatos, los colegios profesionales y las ONG, pueden convertirse en
espacios de deliberación sobre lo que es justo y convergente con un ethos
democrático.
Alguien podrá alegar que esta
discusión se tornará estéril, porque el espíritu del MOVADEF y organizaciones
similares, sedientas de ortodoxia, no podrán ser persuadidos por el mejor
argumento. Es cierto que quien no es sensible al trabajo del diálogo no será
capaz de escuchar y modificar sus convicciones, pero esta clase de debate
público es para beneficio de toda la sociedad, que debe ser testigo de la
debilidad del modelo de justicia y de comunidad política que exhiben grupos
integristas como MOVADEF. La sociedad peruana debe reconocer las razones que
hacen que Sendero Luminoso y sus defensores representen opciones de muerte y
supresión de las libertades para los ciudadanos. Este debate cumple un rol
tanto pedagógico como ético-político.
El segundo asunto relevante tiene
que ver con la significación del proceso de esclarecimiento de la memoria como un
elemento básico de la construcción de la justicia en una genuina democracia. El
MOVADEF propone una amnistía general para las personas involucradas en los
crímenes cometidos contra los derechos humanos durante el conflicto armado
interno. Pretenden con ello favorecer a los senderistas presos por terrorismo.
Amnistía es amnesia e impunidad, es borrón y cuenta nueva. Se trata de una
medida que toda la legislación global en materia de derechos humanos rechaza
con razón. Sobre la base de políticas de olvido y suspensión de la justicia no
puede edificarse una sociedad libre e inclusiva. Una verdadera reconciliación
exige honrar el derecho a la verdad y a la justicia que demandan las víctimas
de la violencia. Esta es una crítica que alcanza no sólo al radicalismo de
izquierda, sino también a la extrema derecha, hoy tan proclive a considerar un
inaceptable indulto a Fujimori como objeto de negociación política; tal parece
que la práctica antidemocrática del culto a la personalidad del líder va más
allá del signo ideológico de los adeptos.
Si creemos en la justicia, en su
capacidad de regular nuestra vida en común, debemos cerrar filas ante este tipo
de proyectos. Ni olvido ni impunidad en materia de derechos humanos. Estamos
hablando de la vida y de la dignidad de los peruanos más vulnerables, quienes
fueron víctimas de crímenes terribles.
Para evitar que situaciones así se repitan debemos hacer memoria, y
tenemos que librar una batalla ética y política para desenmascarar la doctrina
y las prácticas de quienes desataron la tragedia más cruenta que enlutó nuestro
país.
(Aparecido en Ideele Nº 270)
Entradas
