SOCIEDAD CIVIL Y BIENES COMUNES

Gonzalo Gamio Gehri

Suele suponerse que el debate y la configuración de las cuestiones relativas al bien público – líneas de gobierno, ley y legislación, edificación de instituciones – corresponden al sistema político, el Estado y los partidos que compiten por convertirse en alternativas de gobierno o de labor legislativa. Nos referimos a asuntos (y bienes específicos) que apelan a la sociedad en términos de una entidad política común. La discusión en torno a la agenda pública y la toma de decisiones recaen por supuesto en nuestros representantes y en los militantes de las organizaciones políticas, pero los ciudadanos podemos participar en estas actividades desde otros lugares, como las instituciones de la sociedad civil.

Ciudadanos que no mantienen membrecía en un movimiento político puntual pueden intervenir en la conversación política o fiscalizar a sus autoridades desde los espacios abiertos en universidades, colegios profesionales, sindicatos, comunidades religiosas, gremios, grupos de reflexión, ONGs, etc., espacios externos al sistema político que median entre las personas y el Estado, y que pueden convertirse en foros para la forja del juicio ciudadano. Problemas como la corrupción o la defensa de derechos básicos pueden ser abordados desde estos foros, y traducirse en iniciativas que pueden traducirse – a través de los canales legales – en políticas concretas.

Difícilmente podríamos imaginar el movimiento de las ideas en el país sin la investigación y la discusión crítica al interior de las universidades, o la vindicación de derechos sociales sin las organizaciones de trabajadores y los movimientos feministas, sólo por poner tres  ejemplos. Lo mismo podemos decir sobre la defensa de derechos humanos y las políticas de educación intercultural desde la acción de organizaciones sociales y los movimientos de derechos humanos. Y podemos citar otros casos. Estos escenarios pueden abrirse a la intervención de ciudadanos independientes, o potenciarse otros lugares para este fin. Una democracia requiere de partidos políticos sólidos – de los que adolece nuestro país desde hace tiempo -, pero también exige contar con una sociedad civil plural organizada y diversa, que permita el planteamiento y la contrastación del juicio cívico. A mbos constituyen espacios para la acción y la deliberación común.