Gonzalo Gamio Gehri
La situación del país en materia de corrupción
constituye una fuente de inquietud entre los ciudadanos. Lo que viene
sucediendo en Ancash y en otras regiones del país es grave: autoridades que se
benefician económica y políticamente desde el ejercicio del poder, hostilizando
o incluso lesionando a sus potenciales opositores, estableciendo alianzas con
congresistas y periodistas en virtud de negociaciones en la sombra. El recurso
al espionaje y a los servicios de sicarios para eliminar obstáculos en el
camino de ciertos representantes regionales se ha convertido en un signo
bastante claro de que algo se pudre desde hace tiempo en la política peruana.
Estas circunstancias ponen de manifiesto de que la
corrupción es un fenómeno con el que no se puede convivir sin generar graves
peligros contra el sistema de derechos. Ella prospera en tiempos de
autoritarismo, y lo alimenta en todos los niveles. La corrupción es un fenómeno
ciertamente complejo, que no se agota en el uso de los bienes públicos para obtener beneficios de
carácter privado. El espacio de la corrupción no es sólo el Estado. Hablamos
propiamente de “corrupción” cuando reconocemos la intervención irregular de
la lógica del dinero y el anhelo de poder e influencia en transacciones y
actividades humanas en las que se ponen legítimamente en juego otra clase de
bienes sociales y recursos. Una definición como ésta permite ampliar la
descripción del fenómeno hacia contextos no públicos, y a contemplar el
circuito completo, incorporando la figura del corruptor y el corrupto en todos
sus escenarios.
La concentración de poder en pocas manos en diversos
espacios (Estado, sindicatos, etc.), y la
ausencia de fiscalización efectiva propician el surgimiento de la corrupción. La
corrupción mina los vínculos de confianza y pertenencia que requieren las
instituciones para sostenerse y funcionar. La fe en la transparencia de las
transacciones humanas básicas se va debilitando hasta desaparecer por completo.
La cultura de la impunidad refuerza la
conducta corrupta (y corruptora) y desmoraliza al ciudadano. Aquí se hace
significativa la noción de “injusticia pasiva” tal como ha sido discutida por
Judith N. Shklar en diálogo con la obra de Cicerón y de Giotto. Actuamos de
manera ‘pasivamente injusta’ en tanto cuando
un tercero atenta contra la ley y nosotros - por indiferencia, pereza o
cobardía – preferimos mirar hacia otro lado. Nos comportamos como súbditos.
Conjuramos la corrupción con instituciones sólidas, con
los filtros adecuados y con una práctica cotidiana de rendición de cuentas. No
obstante, ninguna de estas condiciones se configura sin acción y vigilancia
ciudadana. La corrupción no prospera sin injusticia pasiva. Requerimos ciudadanos dispuestos a considerar la
corrupción como una injusticia inaceptable. Que puedan actuar desde los
espacios que brindan el sistema político y las instituciones de la sociedad
civil. Se trata de
escenarios en los que los ciudadanos puedan construir consensos o expresar
disensos sobre temas de interés común, y generar formas de vigilancia respecto
de la conducta de las autoridades, , que finalmente administran el poder por encargo de los
ciudadanos y tienen que responder ante ellos en materia de eficacia, probidad y
calidad de la gestión.
.
El conocimiento de la ley, la conciencia del
propio derecho a la praxis cívica y la fiscalización de las autoridades
constituyen recursos importantes para el control democrático y la defensa de la
ética pública. Nada de esto se logra sin coraje cívico, el valor que mueve a
los agentes políticos a llamar las cosas por su nombre y a confrontar a las
autoridades elegidas que exceden sus potestades y vulneran la ley. Hoy, la hija
de un opositor al hasta hace poco mandamás de Ancash pone el ejemplo. Quiere
reivindicar la figura de su padre asesinado en oscuras circunstancias y
enfrentar a quienes podrían haber propiciado tal delito – un hecho que tiene
valor -, pero, aún movida por el dolor, no teme enfrentarse a un poder superior
a sus fuerzas. No es la única que se atreve a denunciar la injusticia, ante la
incomodidad de un sector de nuestra “clase dirigente”. Hay que quebrar esa
lamentable tolerancia a la corrupción que le otorga una aureola de invulnerabilidad
a los corruptos.
(Una versión corregida y ampliada de este texto aparecerá en Ideele).
(Una versión corregida y ampliada de este texto aparecerá en Ideele).
Muy de acuerdo con las reflexiones.
ResponderEliminarUn par de comentarios. Tradicionalmente se concebía la corrupción como la provocación del agente privado al funcionario público para obtener ventajas. Este esquema se quebró con la evidencia de Montesinos que acreditó que los agentes públicos también pueden corromper a los agentes privados. Lamentablemente este mal se ha extendido a casi todo el sector público como demuestran los casos Comunicore, el Rector de un sueldo de dos millones de soles, Cesar Álvarez y otros.
Al parecer hará falta mucho coraje ciudadano para enmendar esta tendencia negativa.
Muy de acuerdo con las reflexiones.
ResponderEliminarUn par de comentarios. Tradicionalmente se concebía la corrupción como la provocación del agente privado al funcionario público para obtener ventajas. Este esquema se quebró con la evidencia de Montesinos que acreditó que los agentes públicos también pueden corromper a los agentes privados. Lamentablemente este mal se ha extendido a casi todo el sector público como demuestran los casos Comunicore, el Rector de un sueldo de dos millones de soles, Cesar Álvarez y otros.
Al parecer hará falta mucho coraje ciudadano para enmendar esta tendencia negativa.