A PROPÓSITO DE UN ARTÍCULO DE NELSON MANRIQUE SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SECULARIDAD EN EL PERÚ

Gonzalo Gamio Gehri

Ayer, el destacado historiador Nelson Manrique publicó en La República un artículo titulado La fe y la fuerza pública, en el que comenta el fallo del Tribunal Constitucional de prohibir la distribución gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) también llamada “Píldora del día siguiente”. Se trata de un tema particularmente controversial y sensible, en el que se han puesto en juego no sólo todo tipo de emociones, sino ciertas presiones políticas de toda clase y origen ideológico. El tema científico – que debería tener un lugar de privilegio – le ha cedido el protagonismo al juego de fuerzas ideológico en el terreno de la discusión pública. Quisiera destacar algunas conclusiones de Manrique acerca de la influencia de la secularidad y de la confesionalidad en la política peruana, tomando en cuenta que hemos abordado el tema a propósito de unas reflexiones anteriores en torno a un lamentable y conceptualmente pobre post 'reaccionario' - publicado en un blog colectivo de tendencia "antidemocrática" - que critiqué duramente en su momento. El sesudo artículo de Manrique, en contraste, plantea una serie de cuestiones interesantes que están en el corazón mismo de la polémica sobre religión, sociedad y salud pública.

Manrique pone de manifiesto su extrañeza frente a la decisión del TC, que va en una dirección completamente diferente a su pronunciamiento de 2006 sobre el tema de la AOE, aparentemente sin que la motivación de su cambio de actitud sea la aparición de nuevas evidencias. De hecho, la OMS ha señalado en repetidas oportunidades que la OAE no tendría efectos abortivos, de acuerdo con una serie de estudios. Llama la atención que el TC no haya considerado esta clase de estudios como una fuente consultiva acreditada.

“La sentencia del TC constituye una respuesta a la denuncia de la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” (nada menos) y declara inconstitucional la distribución gratuita que ha venido realizando el M. de Salud a las mujeres pobres y extremadamente pobres del AOE. Esta decisión se ha tomado contra las opiniones –que el TC ha recibido– en condición de amicus curiae (algo así como una opinión de expertos para ayudar a los magistrados a tomar decisiones informadas) de la Defensoría del Pueblo y de instituciones científicas prestigiosas, como la Academia Peruana de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (Oficina de la OMS), el Colegio Médico del Perú, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INNPARES) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX). En la sentencia de los magistrados del TC han pesado más los argumentos de la Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA), la Coordinadora Nacional Unidos por la Vida y la Familia (CONUVIFA), el Population Research Institute y la Asociación Nacional de Médicos Católicos del Perú.”

Me parece que este es un punto crucial (particularmente - aunque no exclusivamente - para quienes somos contrarios al aborto). Nos interesa saber si existen evidencias que señalen si la AOE es abortiva o no, y queremos saber qué instituciones lo acreditan, y de acuerdo a qué estudios. Manrique considera que esta situación revelaría que el TC habría tomado mayor consideración a las presiones de instituciones que actúan siguiendo una agenda de inspiración fundamentalmente religiosa que a consideraciones estrictamente de orden científico. En esta dirección, La República ha señalado que los miembros del TC se reunieron con Luis Solari y con Rafael Rey, antes de la emisión de su fallo, hecho que los propios aludidos han reconocido. ¿Pueden interpretarse estas reuniones como un acto de presión política? Es difícil afirmarlo categóricamente - no se cuentan con todos los elementos para hacerlo -, pero creo que en esta materia tendríamos que ser sumamente rigurosos, y evitar cualquier situación que genere dudas o malestar en la opinión pública. En todo caso, la polémica está servida: es evidente que la presencia del ministro Rey no puede ser entendida en términos de una estricta 'asesoría técnica', pues se trata de un protagonista de un acalorado debate sobre el tema, que ciertamente no carece de dimensiones religiosas y políticas. El autor del artículo reconoce - no sin cierta ironía – que las instituciones religiosas están en todo su derecho de señalar a sus fieles cuál es la línea doctrinal en la materia, e incluso tienen el derecho de plantear su posición en la propia arena pública. El problema reside, a su juicio, cuando ellas pretenden ejercer algún tipo de presión que va más allá de la prédica y el acompañamiento espiritual de sus adeptos.

“La Iglesia tiene todo el derecho de prohibir a sus fieles usar el AOE, así como a prohibirles abortar en cualquier circunstancia e independientemente de toda consideración. A su vez, estos tienen igual derecho de decidir si acatan este mandato o no (¿no es para eso que Dios les ha regalado el libre albedrío, para aceptar seguir este mandato o rechazarlo, arriesgándose a terminar convertidos en chicharrón por toda la eternidad?). Cuando esto se convierte en un problema es cuando se apela no a la obediencia de los fieles sino a pedir el auxilio de la fuerza pública para darle “una ayudita” a su libre albedrío, además de pretender que estos dictados sean acatados no solo por los fieles, sino también por ese 25% de peruanos que se proclaman no católicos.”

Se trata de un tema polémico, sin duda, y que toca directamente el asunto de la secularidad del propio Estado peruano. Manrique recuerda que “recién en 1915 el Congreso del Perú se atrevió a cambiar la legislación que consideraba delito punible profesar cualquier religión que no fuera la católica”, lo cual constituye un dato realmente escandaloso. Hasta una fecha tan reciente los ciudadanos peruanos no podían ejercer su legítimo derecho a la libertad de conciencia y predicar su fe. En esa línea de reflexión, no sorprende que algunos integristas de la Blogósfera pidan el retorno del Estado confesional – una propuesta que, como argumenté hace poco, cuenta con el rechazo de muchos creyentes que estamos en contra del aborto – asumiendo una perspectiva contraria al respeto de los Derechos Humanos básicos. Adereza la polémica el hecho de que la ONG que está involucrada en el proceso que ha generado el fallo del TC - llamada Ala sin componenda – incluya en su Directorio, en calidad de "Miembros Honoríficos Rectores", a las tres personas de la Santísima Trinidad y a la Virgen María. Debo decir que esa actitud me parece completamente fuera de lugar, extravagante y contraria al reconocimiento del carácter misterioso de lo divino (¿Cómo saber finalmente si estas personas desean formar parte de tal Directorio, y si están de acuerdo con todas las decisiones de la mencionada Asociación?). Como creyente, protesto contra ese gesto, que encuentro irresponsable, soberbio y efectista. Me parece que se hace un uso cuestionable de lo que no debe ser instrumentalizado ideológicamente. Si uno lee su "lista de adherentes" se encontrará con parte del santoral católico (¿?). Patético, pues allí la referencia a Dios y a los santos se convierte en instrumento de un determinado interés particular. Si el lector observa los links y revisa las noticias que destaca la Página de la ONG citada podrá hacerse una idea más clara de su perfil.

Más allá de la opinión que cada ciudadano pueda formarse acerca de los efectos de la AOE y del fallo del TC, creo que es legítimo – desde un punto de vista público - preguntarse qué llevó a esta importante institución a cambiar su punto de vista y pronunciarse en una dirección distinta a la realizada en 2006, pues esto constituye un probable signo de contradicción (que ha llevado a los analistas más críticos a sospechar que la presión de algún lobby tuvo cierto peso en la sentencia). Se trata de un punto que debe aclarase a la brevedad posible, en nombre de la transparencia y buena salud de nuestras instituciones. Hace ya tiempo que la nueva composición del TC – en la que incluso figura algún militante confeso del oficialismo – genera algunas dudas sobre la independencia de un organismo que ya contaba con un reconocido prestigio en el país.