LA RECONCILIACIÓN AÚN ES UN RETO

Gonzalo Gamio Gehri

“Reconciliación” es un concepto polémico y particularmente interesante al interior del lenguaje moral y político de los Derechos Humanos. Se lo suele invocar en contextos de transición política, cuando una sociedad ha superado un periodo de conflicto interno, o busca reconstruir sus instituciones democráticas tras una etapa autoritaria, y busca recomponer un ordenamiento social y político que ha sido dañado por la violencia o por la suspensión del orden constitucional. Por lo general, el problema de la reconciliación coincide con el trabajo de las comisiones de la verdad, y nuestro país no ha sido la excepción a este respecto.

Como se sabe, el gobierno del presidente Toledo le añadió a la Comisión de la Verdad conformada por la administración Paniagua el rótulo “y de la Reconciliación”. La incorporación del concepto generó una acalorada discusión “¿Qué significa que una comisión de la verdad deba promover la reconciliación? ¿Quiénes se reconciliarían?” Hay que señalar que ese añadido también suscitó cierta expectativa entre sectores políticos conservadores y en el ámbito militar, pues en ciertos contextos la idea de reconciliación ha sido mal entendida como un llamado al olvido de los crímenes en beneficio de cierta noción de reencuentro y paz social. Pero ese entusiasmo desapareció tan pronto como la CVR señaló que toda genuina reconciliación suponía el esclarecimiento de la memoria y la acción de la justicia.

La CVR estableció que la reconciliación constituye un proceso histórico de largo aliento que expresa el compromiso de los ciudadanos con políticas de inclusión social y reconocimiento de las diferencias socioculturales que existen en el país. La propia Comisión planteó una serie de recomendaciones que apuntaba a la implementación de dichas políticas. A la CVR no le correspondía – como algunos han insinuado maliciosamente – consumar la reconciliación; ella debía examinar sus condiciones estructurales y simbólicas. Plantear la reconciliación como télos. Resulta bastante claro que no se trataba de regresar al tipo de sociedad con que contábamos antes de la emergencia del conflicto armado – el propio Informe Final describe una sociedad en crisis antes de iniciarse el conflicto – sino de una nueva sociedad democrática que ha pasado por la reforma de sus instituciones y por políticas públicas de reparación. Una sociedad que restituye a las víctimas los derechos fundamentales que les fueron arrebatados en medio de la insania senderista o de la respuesta militar. Es la propia sociedad peruana que reformula sus vínculos con el Estado y con las instituciones y comunidades que la conforman.

La reconciliación se plantea como un horizonte mayor para una política de transición democrática. Lamentablemente, la clase presuntamente dirigente ha desdeñado la agenda de la transición y muestra abiertamente su desinterés por los temas de derechos humanos. En más de un sentido, la responsabilidad de que estos problemas vuelvan a ser examinados en el espacio público recae en los propios ciudadanos y en las instituciones de la sociedad civil[2].

(Publicado en Punto Edu)

[1] Profesor del Departamento de Humanidades de la PUCP, sección filosofía. Miembro colaborador de IDEHPUCP
[2] Agradezco a Félix Reátegui por sus valiosas sugerencias y comentarios.