EL "ENEMIGO" Y EL FALSO CONVERSO

Gonzalo Gamio Gehri

Mañana se cumplirán cinco años de la entrega del Informe Final de la CVR. Casi al unísono, el ministro de Defensa Antero Flores-Aráoz y el vicepresidente Luis Giampietri dirigen sus ataques a la CVR. La actitud del segundo no provoca desconcierto alguno, dado que en años anteriores asumió una suerte de liderazgo en la campaña de demolición que emprendieron diversos sectores asociados al fujimorismo, como el alcantarillesco diario La Razón órgano que vehiculizó los ataques más virulentos y delirantes de esta estrategia contra la transición política. El hoy vicepresidente se declaró a sí mismo, por propia decisión y desde el principio, "enemigo de la CVR" (mucho antes de que se publicara el Informe). Desde un inicio, se obsesionó con fustigar el Informe y acusar a los comisionados de pretender atacar y desmoralizar "premeditadamente" a las FFAA (como parte de un alucinado complot de los "cívicos") y de ser desleales con el país. Las críticas de Giampietri siempre fueron violentas y gruesas, escasamente afectas a la argumentación. Es bastante probable que el vicepresidente no tenga un conocimiento genuino del Informe. Las declaraciones de Flores-Aráoz sorprenden un poco más, dado que había confesado meses atrás que se había "convertido" al Informe de la CVR. La conversión le duró poco, o fue ficticia. En el pasado – cuando la Comisión redactaba su investigación – el entonces líder de Unidad Nacional se había pronunciado a favor de que la CVR entregara su Informe a las autoridades del Estado, pero que no se diera a conocer a la ciudadanía, por lo sensible del tema y porque juzgaba inoportuno publicar información detallada sobre el conflicto armado cuando el proceso de pacificación no había concluido.

Esta actitud paternalista y excluyente se reedita el día de hoy. Flores-Aráoz parece exigir a los ex comisionados que se callen. "Los ex miembros de la CVR actúan como si estuvieran vigentes. Los señores son ‘ex’, ya cumplieron su misión, ya emitieron su informe y, sin embargo, todos los días salen a pontificar y a señalar virtudes y defectos, y a pedirle al Estado que cumpla con las recomendaciones", indicó Flores-Aráoz al diario La República. El ministro – de manera similar a otros funcionarios del gobierno – considera que sólo pueden pronunciarse sobre asuntos públicos los representantes elegidos que ejercen la función pública, y condena a los ciudadanos al silencio. El país – a su juicio – se divide en representantes y representados: no parece haber oído hablar de la acción cívica o de la sociedad civil.

Para Fórez Araoz si ei el Informe ya ha sido presentado, no hay más que hablar; que el documento descanse en los anaqueles de las bibliotecas. El ministro quiere negarles a los ex comisionados su derecho a defender el Informe y las reformas propuestas. Este punto de vista converge plenamente con la actitud general del gobierno aprista, que ha abandonado el asunto de los Derechos Humanos; ya ni siquiera forma parte de los mensajes presidenciales de julio. El tema de las reparaciones y el de las investigaciones en torno a las fosas de Putis y los Cabitos parecen haber quedado atrás. El ministerio de Defensa, por su parte, se ha negado a entregar información que podría dar con la identidad de los perpetradores.

La idea misma de que los altos mandos de las Fuerzas Armadas puedan pedir perdón por las muertes producidas en lugares como Putis y Accomarca le parece inaceptable al ministro Flores-Aráoz. "Al Estado que nos defendió a todos, al Estado que tenemos que proteger, es al que queremos ponerlo de rodillas para que pida perdón por lo que iniciaron e hicieron principalmente otros. Creo francamente que ese es un error", sostuvo Flores-Aráoz en una entrevista radial. El ministro no cae en la cuenta de que el cuidado de las víctimas constituye un deber para el Estado, que un gesto como ése acercaría más a civiles e uniformados, y permitiría cerrar viejas heridas que requieren verdad y justicia. Pedir perdón no es humillante para una institución que se purifica y se pone al servicio de la sociedad. Al contrario.

Actitudes como la del ministro y el vicepresidente prueban que este gobierno carece de la voluntad política para someter a discusión el Informe Final e implementar sus recomendaciones. García y los suyos han puesto ‘entre paréntesis’ la agenda de la transición, y han vuelto a la “vieja política”: la de las “élites”, la de los grandes discursos y las alianzas estratégicas. Su gestión en materia económica puede haber mejorado, pero su planteamiento en temas de Derechos Humanos sigue siendo retrógrado y profundamente indolente.

(La caricatura es de Carlín)