miércoles, 21 de septiembre de 2016

SOBRE DEMOCRACIA Y 'CIUDADANÍA EFECTIVA'








Gonzalo Gamio Gehri


Uno de los grandes desafíos de la democracia consiste en mostrar que ella es un instrumento eficaz para lograr la inclusión y el desarrollo. Con frecuencia, el imaginario autoritario asocia la labor de los regímenes autocráticos con la disposición de los caudillos a llegar a diferentes regiones del país – lugares generalmente desdeñados por los políticos tradicionales – para realizar obras de infraestructura y dispensar beneficios materiales entre la población. Con frecuencia, estas acciones son bien recibidas por un sector importante de los habitantes de la localidad. Sin duda, estas actitudes están vinculadas a la práctica de políticas clientelistas. Sin embargo, debe quebrarse - en el terreno de la práctica - el mito de que las políticas democráticas son compatibles con el desamparo de las comunidades más alejadas del país.

La democracia tiene una dimensión social, consistente en el diseño, la discusión y la ejecución de políticas públicas que permitan promover una ciudadanía efectiva, a saber, que todos los miembros de la sociedad – en especial la población más vulnerable – pueda acceder al ejercicio de sus derechos fundamentales, incluyendo aquellos que entrañan el logro de bienestar, salud y seguridad. Hace poco tiempo, el economista Javier Iguíñiz  señaló que uno de los problemas cruciales que nos toca enfrentar como sociedad es el de luchar para garantizar para todas las personas es el derecho a la vida, el derecho a no  morir de hambre, y a contar con atención médica; en suma, el derecho a no estar expuesto a una muerte prematura. La pobreza se revela como una absoluta situación de indefensión como carencia real de derechos y de libertades básicas.

Constituye un profundo error identificar el desarrollo con el mero ‘crecimiento económico’, vale decir, el exclusivo incremento del PBI per capita. Este indicador no da razón acerca de cómo se distribuye el ingreso, no precisa cuán grande es la brecha entre los que más tienen y los que tienen menos, entre otras cuestiones elementales de justicia social. El compromiso con el derecho a la vida implica la necesidad de establecer los mecanismos institucionales y las políticas que posibiliten que el bienestar llegue a todos, dando prioridad al sector más vulnerable de la sociedad. La inclusión socioeconómica y política que se pretende alcanzar plantea promover un principio de igualdad de oportunidades que permita que las circunstancias vinculadas al nacimiento, la crianza o la clase social no sean criterios decisivos para el logro de una vida plena para las personas.

 Necesitamos concebir el desarrollo de una manera más amplia, o más precisamente,  multidimensional. Hace décadas que Amartya K. Sen y Martha C. Nussbaum han construido un enfoque de desarrollo humano articulado no desde lo que las personas ‘tienen’, sino el tipo de actividades que pueden realizar con lo que tienen, así como la clase de vida que pueden elegir llevar con sus semejantes. Este enfoque interdisciplinario está basado en las diversas capacidades que las personas pueden adquirir y ejercer en el curso de sus vidas con el apoyo de las instituciones sociales y políticas[1]. Estas capacidades sólo pueden cultivarse en la medida en que existan condiciones sociales para ello, oportunidades que un sistema legal y político propicio podría justificar y promover en diferentes espacios de la vida social.

En la versión que Martha Nussbaum elabora de este enfoque, se propone una lista de diez capacidades que constituyen áreas básicas del funcionamiento humano: Vida; salud física; integridad física; sensibilidad, imaginación, pensamiento; afiliación; emociones; razón práctica / agencia; vínculo con las otras especies; ocio y juego; control sobre el entorno (económico y político). Se trata de una lista que ha sido confeccionada a partir de un riguroso diálogo intercultural e interdisciplinario, que establece que estas capacidades son componentes de una vida plena. El Estado democrático - liberal ha de constituir el trasfondo público que promueva la adquisición y el ejercicio libre de estas disposiciones distintivamente humanas. Nuestras instituciones sociales y políticas podrán ser entendidas como justas en la medida en que propicie el cuidado de estas capacidades centrales[2].

De tal manera que el desarrollo humano no consiste exclusivamente en la asignación de bienes y recursos, sino en la promoción de capacidades. Se trata de propiciar contextos en los que las personas elijan conscientemente el modo de llevar a la práctica estas capacidades (lo que propiamente es descrito por Amartya Sen como “funcionamientos”). Un régimen político fundado en el sistema de derechos impulsa capacidades, no funcionamientos, dado que deja espacio al discernimiento y la decisión de los agentes acerca de cómo realizar sus capacidades. El desarrollo es concebido en esta clave de reflexión en términos de ampliación de libertades sustanciales.

La estructura de la democracia liberal converge estrictamente con el enfoque de capacidades. Este enfoque está conectado éticamente con la perspectiva de los derechos. Por principio, si X es una capacidad sustancial, entonces las personas deberíamos tener derecho a realizar X. El reto social y político estriba precisamente en darle concreción a este principio. En la lista de Nussbaum, la vigencia cabal de la democracia implica la defensa del acceso universal a todas las capacidades. En el ámbito propiamente político, la democracia como forma de vida – como héxis, es decir, como “hábito” – está comprometida con el cultivo de la afiliación, la razón práctica y el control sobre el entorno. Un sistema público basado en el autogobierno ciudadano y en los derechos fundamentales requiere personas dispuestas a asociarse con otros para generar organizaciones vertebradas a la luz de propósitos comunes, así como personas que deliberan juntas para elegir cursos de acción compartida que les permitan hacerse cargo de su destino[3].

En este horizonte de pensamiento y de práctica, el acceso a los servicios de salud y educación de calidad resulta fundamental. Una vida orientada por la libertad requiere de la satisfacción de la vida, la salud y la integridad física, así como el cuidado de las disposiciones de orden cognitivo. Si el contar con un tratamiento médico eficaz y una formación ética e intelectual de calidad requiere de tener dinero, entonces el proyecto de edificar una comunidad de ciudadanos está condenado al fracaso. Como Michael J. Sandel ha señalado con agudeza, la escuela pública tiene que convertirse en un espacio de encuentro dialógico de niños y jóvenes de diversos orígenes y culturas, de modo que descubran en los procesos de aprendizaje los múltiples aspectos de una identidad política común y deliberar sobre sus fuentes y metas para la existencia de las instituciones[4]. Sin esa identidad colectiva y plural, difícilmente podremos cimentar una vida pública inclusiva.







NOTA:  Esta es la primera sección de un escrito más largo - aparecido en el último Número de  Páginas - , que iré publicando aquí.


[1] Cfr. Sen, Amartya Desarrollo y libertad Buenos Aires, Planeta 2000; Nussbaum, Martha C. Crear capacidades. Barcelona, Paidós 2012.
[2] Consultar en este punto Nussbaum, Martha C.  Fronteras de la justicia. Barcelona, Paidós 2007 capítulo V.
[3] He discutido el concepto de ciudadanía en Gamio, Gonzalo “El cultivo de las Humanidades y la construcción de ciudadanía” en Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales Vol. 66 (2008) Nº 29 pp. 237 – 54.
[4] Consúltese Sandel, Michael J. Justicia ¿Hacemos lo que debemos? Barcelona, Debolsillo 2013 capítulo 4.

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