Gonzalo GamioGehri
Conocida es la definición
aristotélica del ciudadano como aquel que gobierna y a la vez es gobernado[1].
El ciudadano participa de la práctica del poder en la medida en que interviene
en la elección de las autoridades y en tanto se compromete en el proceso de
deliberación en el espacio común. El autogobierno es la condición de la
ciudadanía en una pólis genuinamente libre.
El mundo moderno ha producido
sociedades más extensas y complejas, que dificultan el ejercicio de la política
en el preciso sentido en el que lo comprendían los antiguos atenienses. El
trabajo se ha convertido en una actividad que rivaliza con la política como
práctica constitutiva de una vida lograda. El mercado convoca tanto a las
personas como el espacio público. Para quienes encuentran en el quehacer
político el trasfondo de una peculiar vocación, la participación política exige
intervenir en calidad de funcionario público o como militante de un partido
político. Cabe preguntarse qué alternativastiene el ciudadano independiente si
se propone actuar como un agente político en el citado registro clásico. El
dilema que los agentes deben afrontar consiste en encontrar otros espacios de
acción cívica, o en renunciar a ejercitar el poder, más allá del acto de votar
cada cierto tiempo.
La sociedad civil reúne un
conjunto de espacios abiertos a la deliberación de los ciudadanos en torno a
temas de interés público. Se trata de instituciones intermedias – situadas
entre los individuos y el Estado – que se constituyen como lugares para la
construcción de opinión pública y la vigilancia del uso del poder gubernamental
y parlamentario. Desde sus fueros se discute la pertinencia de determinadas
leyes e instituciones, así como se evalúa la posibilidad de incorporar en la
agenda política ciertos temas que preocupan a los miembros de la comunidad. Las
universidades, los colegios profesionales, las Organizaciones No
Gubernamentales, los sindicatos, las asociaciones religiosas, y otras
instituciones forman parte de la sociedad civil.Se trata de foros desde los que
puede pensarse la sociedad y sus problemas, así como discernir caminos posibles
para la acción común. Causas relevantes para la vida social como la defensa de
los derechos humanos, el cuidado del ecosistema o la promoción de una pedagogía
intercultural en el país han sido discutidas y cultivadas desde la sociedad
civil.
El sistema democrático requiere –
para gozar de una buena salud - contar con partidos políticos sólidos, pero
también necesita el concurso de una sociedad civil organizada. Los agentes no
actúan desde esas instituciones sociales en calidad de representantes, sino
como ciudadanos comprometidos con bienes comunes y con el cuidado de las
libertades básicas. Ellos participan directamente en la discusión de asuntos de
interés colectivo y se movilizan para hacer llegar sus propuestas e iniciativas
a las instancias del Estado, o pedir cuentas a las autoridades elegidas en
materia de su labor y responsabilidad pública. Los
ciudadanos que actúan de esta forma no precisan de otra fuente de legitimidad
que el estricto ejercicio de sus derechos.
Resulta evidente que las
organizaciones de la sociedad civil pueden enfrentar procesos de crisis y
degradarse. Toda institución está expuesta a esa clase de peligros. Pensemos en
algunos ejemplos. Las universidades pueden organizarse invocando una estructura
meramente empresarial y anteponer la
búsqueda del lucro a la formación científica y así renunciar a sus propósitos
internos. Las comunidades religiosas pueden prohibir a sus miembros el examen
crítico de sus tradiciones e incitar a sus adeptos a asumir una perspectiva
integrista. Los sindicatos y los colegios profesionales pueden corromperse y
ser controlados por una cúpula inescrupulosa y violenta. En todos esos casos, las organizaciones
pierden su condición de ser foros de discernimiento colectivo. No obstante,
ellas pueden prevenir estos males alentando las prácticas deliberativas como
elemento básico de su funcionamiento, promoviendo la crítica y proyectando sus
acciones hacia la comunidad política.La sociedad civil constituye un escenario
privilegiado para el control democrático del poder. El autogobierno se
convierte en una meta razonable de la vida pública en la medida en que logramos
potenciar estos espacios intermedios como escenarios para la acción común.
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