LUCHAR POR LA MEMORIA

Gonzalo Gamio Gehri

La entrega del Informe Final de la CVR tuvo lugar hace doce años, y los ideales que motivaron la formación de la Comisión y la elaboración de dicha investigación permanecen vigentes: el esclarecimiento de lo sucedido durante aquel tiempo de miedo. La necesidad de reparar a las víctimas, demostrarles que su dolor es el nuestro, que su aspiración a la justicia es nuestra aspiración. Que somos ciudadanos de la misma comunidad política.  

Sin embargo, nuestras “élites” – numerosos políticos en actividad, algunos empresarios, jerarcas de la Iglesia, algunos militares en retiro – eligieron mirar hacia otro lado, no discutir el texto, o cuestionarlo sin leerlo. Recurrieron al poder que podían usar para bloquear toda posibilidad de que el Informe pueda ser debatido en las escuelas. Debatido, ese es el verbo. No se ha permitido que este texto – una investigación interdisciplinaria sobre veinte años de violencia en el Perú, que recogió cerca de diecisiete mil testimonios escuchando las voces de personas – sea estudiado y examinado a conciencia. La causa de la necesaria restitución de los derechos de las víctimas – la mayoría de ellas  no habitante de las ciudades peruanas ni hablante del castellano como idioma materno – no parece constituir una prioridad para nuestra “clase dirigente”: dicha tarea está lejos del círculo de sus intereses.

A menudo, nuestras “élites” han pretendido silenciar esta investigación tratándola con abierta hostilidad. Movilizando los medios conservadores contra ella, convocando a personalidades para declarar contra ella (desatendiendo el ámbito del argumento), para concentrarse sólo en el posicionamiento de los personajes cuya responsabilidad frente al conflicto – por acción o por omisión – había sido examinada por la CVR. El asunto de fondo, el desamparo de las víctimas, el estado de la defensa de los derechos humanos, la fractura de las relaciones sociales, se deja de lado, o se la cubre con el manto de los “temas políticos”. La cuestión de la verdad se soslaya. Parece ser lo habitual cuando se interpela a nuestras “élites”. Es lo que ha sucedido también con los ya verificados  plagios del cardenal Juan Luis Cipriani. Lo que importa no es denunciar o reconocer las malas prácticas, sino movilizar poderes para silenciar las justificadas críticas de los ciudadanos.  Pero lo real sigue allí.

Las tareas de la recuperación de la memoria han sido recogidas en otros espacios. Algunas instituciones de la sociedad civil: organizaciones de derechos humanos, injustamente maltratadas en otro tiempo. Algunas universidades, conscientes de su compromiso con el país y con la justicia. Contadas comunidades religiosas de distintas confesiones, contraviniendo el parecer de algunos de sus líderes, pero privilegiando su adhesión a la causa del cuidado de los más pobres y vulnerables. A todos esos individuos y grupos les inspira la idea de que no será posible constituir una genuina comunidad ni humanidad sino concentramos la mirada en la protección de la dignidad de quienes han sufrido y exigen justicia y escucha de parte de sus conciudadanos.

APUNTES SOBRE UNA CANDIDATURA Y LA ESPERANZA POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Es una buena noticia que Verónika Mendoza plantee su candidatura en las elecciones primarias del Frente Amplio. Es especialmente interesante que se establezca como pauta para esas elecciones que cualquier ciudadano pueda votar sin el requisito de ser un militante de aquel Frente; se sienta un precedente de democracia interna, inexistente en las demás agrupaciones, que optan por reconocer sin cuestionamiento ni espíritu de renovación “liderazgos tradicionales”, “caudillismos” o “candidaturas naturales”.

La candidatura de la actual congresista de Acción Popular / Frente Amplio tiene potencial. Se trata de una persona con una buena trayectoria política y profesional, que cuenta con un mensaje claro y bien construido, basado en la convergencia entre algunos principios democráticos y socialistas: combate de la exclusión, derechos humanos, desarrollo sostenible, prioridad de la justicia social y las libertades básicas, etc. Es reconocida como una parlamentaria juiciosa y proba. Preocupa, eso sí, que si este proceso no tiene éxito, el Congreso pierda en el quinquenio siguiente a una política valiosa. Otra fuente de preocupación es la diversidad de discursos en la Izquierda. Las credenciales democráticas de la congresista son evidentes, pero esperemos que ese ideario no se vea empañado o relativizado por los sectores más autoritarios de la izquierda peruana.  Las esperanzas políticas no son monopolio de quienes han elegido la senda de la militancia partidaria, también están presentes en quienes hemos elegido los foros de la sociedad civil como el lugar de la discusión pública y la acción cívica.

Resulta perturbadora la posibilidad de un escenario político trágico, una segunda vuelta entre Alan García y Keiko Fujimori. Muchos de nosotros quisiéramos evitar esa penosa segunda vuelta, y estamos meditando las opciones electorales para producir una segunda vuelta diferente. Tenemos que preguntarnos si la candidatura propuesta por Sembrar tiene posibilidades de fortalecerse y constituir una presencia decisiva en el proceso electoral. Es prematuro pronunciarse sobre el futuro de esta opción, más allá de las virtudes de esta candidatura.  Este es un punto crucial. Necesitamos saber si existen buenas razones para sostener nuestras esperanzas políticas en un proyecto sólido de centro izquierda para la Nación. Esperemos que sea así, (y hagamos algo al respecto).

(Aparecido en la columna virtual La periferia es el centro del diario La República)

DEMOCRACIA Y ESTADO LAICO. BREVES CONSIDERACIONES DESDE LA FILOSOFÍA PRÁCTICA

Gonzalo Gamio Gehri

Las festividades de fiestas patrias han vuelto a poner sobre el tapete la cuestión de si el Perú debería afirmarse cabalmente como un Estado laico. Es razonable pensar que otorgarle el estatuto de “oficial” a una celebración religiosa puntual como la Misa y Te Deum podría violar el principio del trato igualitario frente a los credos y visiones del mundo, una de las columnas básicas de la democracia liberal. Se trata de un asunto que es preciso examinar con cuidado.

Podemos aseverar que un Estado es laico en la medida en que cumple con estas tres condiciones: a) si no existe una religión oficial; b) si se protege la libertad religiosa; c) si existe independencia entre Estado e iglesias. Al interior de las sociedades contemporáneas habitan personas y pueblos que suscriben diferentes concepciones acerca del sentido de la vida, de lo divino o la trascendencia: religiones, cosmovisiones seculares, etc. Es preciso respetar esa diversidad. Un Estado democrático reconoce el derecho de los ciudadanos a creer en alguna religión o a no creer. No se pronuncia sobre la validez de las confesiones o visiones del mundo, deja esa tarea a las personas, a los foros de deliberación y debate presentes en las comunidades de investigación y las organizaciones religiosas. Un Estado democrático se ocupa estrictamente de las cuestiones de justicia, a saber, garantizar los derechos y libertades básicas de los ciudadanos.

Si el Estado promoviera un solo credo identificándolo como verdadero – si fuese un Estado confesional, a la manera de las monarquías del medioevo o al estilo de algunas comunidades asiáticas – estaría discriminando a quienes suscriben otras creencias o han elegido la increencia religiosa: trataría de modo desigual a sus ciudadanos. Resulta claro que esa forma de desigualdad no es compatible con la democracia. Hay quienes aducen que se debería brindar un trato preferencial a la religión mayoritaria, aquella que converge con las tradiciones locales. Quienes así argumentan olvidan que la democracia no se ocupa de proteger sólo los derechos de las mayorías, sino los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. El recurso a las encuestas de opinión no tiene lugar aquí, en la medida en que lo que está en juego son las libertades individuales básicas. El cuidado de estas libertades entraña la capacidad de someter a crítica las propias tradiciones, y alentar su transformación si existen buenas razones para hacerlo.

Si el compromiso fundamental de un Estado democrático consiste en la defensa del sistema de derechos y el cultivo del pluralismo, cabe preguntarse cuál sería el lugar de las religiones y las visiones del mundo en una democracia liberal. Hay que señalar que los demócratas no intentan “confinar a las religiones a la sacristía”, como sugieren tendenciosamente ciertos actores conservadores. Sostener que debe separarse claramente el ámbito religioso del político no significa desterrar las confesiones a la más radical intimidad o a la meditación solitaria. El lugar de la reflexión sobre el espíritu y el sentido de la existencia no es el Estado, pero sí un amplio conjunto de instituciones pertenecientes a la sociedad civil. Se trata de espacios abiertos al diálogo en torno a argumentos y experiencias que puedan nutrir nuestras prácticas e ideas que versan sobre lo que otorga o priva de significado a la vida (la búsqueda del saber, el trabajo, la fe, los vínculos cotidianos).  Las diversas iglesias y comunidades religiosas constituyen una parte de la sociedad civil; en una democracia sólida, ellas cooperan entre sí, actúan y discuten con otras instituciones sociales y con el propio Estado, con el fin de esclarecer y mejorar los modos de pensar y de vivir de las personas.

Un genuino Estado democrático reconoce el enorme valor de las distintas religiones y las visiones del mundo en la construcción de la identidad, en el discernimiento y las decisiones de las personas. Muchas reflexiones sobre la justicia, la solidaridad y la libertad provienen de esa fuente, aunque no se agotan en ella. Movimientos sociales  importantes involucrados en la abolición de la esclavitud o la defensa de los derechos de minorías poseen una herencia religiosa tanto como una herencia secular. La propia separación entre la Iglesia y el Estado – la “autonomía de lo temporal” – es un principio que tiene raíces bíblicas y que está presente en el ideario del Concilio Vaticano II. Las cuestiones de justicia básica – capacidades sustanciales, derechos humanos y libertades individuales – apelan a disposiciones y prerrogativas humanas que trascienden las fronteras culturales y religiosas. Pueden traducirse a un lenguaje más universal, el lenguaje público de los derechos. Sus exigencias pueden ser comprendidas más allá de los fueros exclusivos de las tradiciones locales. Ese conjunto de principios básicos constituye la estructura de una sociedad democrática. Se trata de una sociedad que convoca y reúne por igual a quienes creen y a quienes han decidido no creer.

(Aparecido en la columna virtual La periferia es el centro del diario La República)