DE VIDAS Y MARCHAS

Gonzalo Gamio Gehri

En una sociedad libre, no debatir temas complejos es realmente perjudicial. Bloquear estos debates mina severamente la capacidad de esa sociedad de autoexaminarse y configurar caminos de justicia y desarrollo humano. Pretender que sobre estos temas existe sólo un punto de vista o que otros puntos de vista no deben ser tomados en cuenta porque no representan la visión de la mayoría no contribuye a fortalecer la condición de “pluralismo razonable” - en la terminología de Liberalismo político de Rawls - que requieren nuestras democracias.

La llamada “marcha por la vida” ha convocado a una gran cantidad de personas. Si el número de participantes ha sido exagerado por sus organizadores o si algunos participantes fueron obligados a asistir,  es algo que no vamos a discutir aquí. El asunto realmente importante es otro. Da la impresión que un sector de nuestras llamadas “élites” (y tal vez un sector de la población) considera que el hecho de exhibir a miles de personas respaldando un punto de vista puede relevarnos de la tarea de discutirlo. Más allá de la libertad de expresar una opinión sobre el tema, puede entrañar una suerte de “prepotencia ideológica”,  que impide debatir a fondo ciertos temas realmente conflictivos.

El nombre “marcha por la vida” puede resultar equívoco, o inducir a confusión. Nadie en su sano juicio está en principio en contra de la vida. Se trataba de una marcha en contra de la implementación de un protocolo para el aborto terapéutico – pues ya existe una ley sobre la materia – y contra la propuesta legislativa en torno a la unión civil (no está en discusión ahora el aborto sin restricciones ni la unión matrimonial igualitaria, aludir a esas propuestas constituye una estrategia retórica conservadora que conduce a incurrir en la 'falacia del plano inclinado').  Es legítimo mostrar la popularidad del propio ideario, pero es mucho mejor – si se inspira uno en un espíritu democrático – dialogar en torno a lo que realmente está en juego. Examinar los casos que han sido llevados al Tribunal Constitucional y a organizaciones internacionales, por ejemplo.

Examinar en el espacio público estos temas con honestidad y atención a las razones del otro constituye una exigencia moral para las asociaciones y las personas que coexisten en una democracia liberal. Las políticas no las deciden los grupos religiosos, sino la instancia pública y los ciudadanos actuando como actores políticos, deliberando desde y en el lenguaje de los derechos y las libertades civiles en espacios públicos plurales. La estipulación es una posibilidad, pero el léxico articulado ha de ser el de la razón pública  compartida y no el de doctrinas comprensivas que pueden actuar de una forma excluyente. Vivimos en un Estado laico cuyo primer propósito es garantizar derechos y libertades de las personas. Un Estado que no debe pronunciarse sobre el estilo de vida de los individuos – ese es un asunto que corresponde a los propios individuos, así como a las comunidades en las que ellos aceptan libremente participar – sino sólo asegurarse de que nadie vea recortados sus derechos y libertades. Incluidos la vida, la elección del proyecto personal, a no ser discriminado, las sucesiones, etc. Se trata de examinar los casos, las situaciones límite, etc. Ese estado no confesional debe garantizar, además,  la existencia de foros en los que se discutan los alcances de estas normas y principios. Los espacios cívicos y académicos, evidentemente, deben someter a discusión los rasgos y límites de aquello que corresponde a la “naturaleza”, la “vida” y la “libertad”, para saber si estamos hablando de lo mismo cuando recurrimos a estas palabras.

Se trata de discutir estos temas en el marco de una legalidad democrática (y de cierto ethos falibilista). Lo peor que puede hacerse es no discutir estos asuntos. El recurso al trabajo de lobbies y la organización de marchas pueden convertirse en meras exhibiciones de fuerza. Pueden encubrir a veces el temor a examinar cabalmente problemas delicados en una sociedad diversa como la peruana. Recordemos que el Estado se debe a todos los peruanos, no sólo a quienes suscriben una determinada convicción religiosa o un determinado conjunto de creencias. Reconoce a sus ciudadanos como iguales ante la ley. Eso significa estríctamente vivir en una democracia auténtica. No lo olvidemos.