100 DÍAS .....

Gonzalo Gamio Gehri

A cien días de iniciado el gobierno de OIllanta Humala, la percepción ciudadana de este corto camino oscila entre la esperanza y la preocupación. Gana Perú logró la victoria en medio de una confrontación muy clara con el fujimorismo, grupo al que se le recordó su nefasto record en materia de corrupción y violaciones de derechos humanos durante los años noventa. La candidatura de Humala logró capitalizar el apoyo de importantes personalidades y contar con el respaldo de sectores sociales y políticos comprometidos con la democracia gracias a un acertado discurso de concertación en torno a temas vinculados a la preservación del Estado de derecho y los principios de la ética pública. Matizó el ideario de la “Gran transformación” con una invocación al lenguaje clásico del liberalismo político (distribución del poder, estabilidad jurídica, derechos humanos), y esta estrategia caló en los electores. Ahora se trata de constatar – a partir de actitudes y políticas concretas – si ambos discursos pueden articularse en una única y consistente propuesta política.

Por supuesto que los gestos iniciales han sido muy interesantes. Humala pronunció un primer discurso presidencial sólidamente principista – bastante lejano al imaginario “chavista” con el que los adversarios se proponían relacionarle -, marcado por la declaración de un compromiso férreo con el orden constitucional y con la lucha contra la corrupción. Ha convocado a un grupo plural de especialistas e intelectuales para la conformación del gabinete y para los cargos de responsabilidad en las principales instituciones del Estado, que contrasta con el entorno básicamente conservador de la gestión anterior. La administración Humala se ha comprometido con el fortalecimiento de instancias de diálogo como el Acuerdo Nacional. Del mismo modo, se ha aprobado la Ley de Consulta previa y se han llevado a cabo negociaciones con las empresas mineras para que su contribución al Estado sea mayor al de el célebre “óbolo voluntario” de la gestión aprista. El énfasis que ha puesto el nuevo gobierno en el tema de la inclusión social a través de la configuración de un ministerio y el diseño de políticas sociales puntuales, sin duda constituye la expresión de una preocupación clara por el tema del combate contra la desigualdad.

Sin embargo, estos buenos gestos e iniciativas corren el riesgo de echarse a perder si es que el gobierno de Ollanta Humana no actúa con buenos reflejos frente a situaciones conflictivas generadas por personajes cercanos al gobierno y a declaraciones de funcionarios públicos, circunstancias que han puesto en cuestión el espíritu que ha caracterizado el ideario de la segunda vuelta, el primer discurso presidencial y los aciertos en cuanto a los nombramientos y las primeras medidas en curso. El caso Chehade ha cubierto innecesariamente de sombras esta primera etapa, y la absurda resistencia del personaje a dar un paso al costado perjudica severamente a un gobierno que acertadamente había convertido la lucha contra la corrupción como uno de sus estandartes políticos fundamentales. De igual forma, las lamentables declaraciones del ministro Vega solicitando una amnistía “en todos los sectores” – incluyendo los temas de derechos humanos - introducen en la escena pública la típica invocación conservadora de políticas de silencio e impunidad, un alegato por demás extraño para un grupo político que se ha comprometido – de manera programática - a honrar el anhelo de memoria, justicia y reparación de parte de las víctimas del conflicto armado interno.

Estos mensajes contradictorios debilitan considerablemente las líneas de acción que el poder ejecutivo ha anunciado y ya empieza a poner en ejercicio. La ciudadanía espera que nuestros representantes se pronuncien con firmeza sobre estos asuntos y que se desestime claramente aquellas actitudes y aquellos discursos que atentan contra los principios que el nuevo equipo de gobierno ha jurado defender.

(Publicado en Ideele)