APUNTES EN TORNO AL DEBATE SOBRE LA MEMORIA

Gonzalo Gamio Gehri

La CVR recabó cerca de diecisiete mil testimonios, muchos de ellos emitidos por personas que vivían en comunidades altoandinas y amazónicas de difícil acceso, lugares en los que la presencia del Estado es, en el mejor de los casos, mínima y clamorosamente insuficiente. Las entrevistas y las audiencias públicas realizadas por la Comisión pretendieron configuran espacios de escucha atenta y diálogo respecto de cómo se vivieron los años del conflicto armado interno, qué decisiones se tomaron para enfrentar la violencia, qué clase de responsabilidades pueden asignarse o reconocerse frente a las acciones de sus protagonistas, etc. La CVR se propuso darle prioridad a la voz de las victimas - tantas veces desatendida en municipios, cuarteles, comisarías, dependencias judiciales e incluso sedes eclesiásticas -, pero no excluyó ninguna narración que pudiese acercar la investigación a la verdad acerca de lo ocurrido, a la construcción de una interpretación razonable, rigurosa y fidedigna de la tragedia vivida. El Informe contrasta la versión de víctimas, victimarios y testigos, a la vez que intenta hilvanar una lectura crítica interdisciplinaria, documentada y esclarecedora del proceso de violencia a la luz de sus causas y secuelas.

El documento que la Comisión entregó al país en agosto de 2003 no aspiró a convertirse en palabra definitiva sobre lo padecido en el conflicto más cruento de la historia republicana del Perú. Tampoco pretendió sellar un proceso nacional de reconciliación. Se trataba (y se trata) de entregar a los ciudadanos una investigación estrictamente sustentada en torno a estas dos décadas dolorosas que pudiese convertirse en material sólido para la discusión cívica en los espacios del Estado y la sociedad civil. En la Introducción del propio Informe se subraya el hecho de que, aunque el texto aspira a contribuir rigurosamente al esclarecimiento del proceso de violencia vivido, la CVR es consciente de que esta investigación constituye un “relato perfectible” acerca de su objeto de análisis. Procura servir de base a nuevos estudios sobre el tema, que recojan nuevas evidencias, argumentos y propuestas que echen nuevas luces sobre lo acontecido durante el conflicto armado.

De manera similar, algunos “censores” de la CVR se equivocan al sostener que la CVR ha fracasado en tanto su Informe Final no ha logrado su objetivo de “reconciliar” a los peruanos. La Comisión no se trazó tal propósito, ni el mandato que le encomendó el Estado estipuló tal cosa: la reconciliación constituye un proceso histórico de largo alcance, que aspira, como se ha dicho, a reconstruir los vínculos sociales dañados por el conflicto armado y sus condiciones. El proyecto de regeneración del tejido social convoca las fuerzas de las instituciones que vertebran al país y a todos sus ciudadanos. La reconciliación es expresión de la meta a la que aspira llegar todo proyecto de reconstrucción democrática, y tanto la recuperación pública de la memoria como la labor de la justicia correctiva y reparadora constituyen sus requisitos medulares. El Informe Final contribuye a señalar, acaso, algunas líneas fundamentales de este proceso – por ejemplo, en materia de reformas institucionales, el diseño de un Plan Integral de Reparaciones (PIR), o el planteamiento de fundamentos pedagógicos en materia de formación ciudadana -, pero considera que el camino de la reconciliación, en tanto pone de manifiesto un desafío ético y político de gran envergadura para la sociedad peruana, sin duda tomará su tiempo. Como ocurre con todo fin político que merece la pena ser elegido, el proyecto de reconciliación está expuesto a una serie de peligros, y su éxito depende de la lucidez y de la calidad del compromiso de los ciudadanos.