UNA CUESTIONABLE INTERVENCIÓN EN LA ESFERA POLÍTICA

Gonzalo Gamio Gehri

El último lunes el Cardenal Juan Luis Cipriani ha emitido unas polémicas declaraciones acerca de cómo (no) deberían votar los católicos en las próximas elecciones. Ha señalado que los candidatos que planteen una agenda de discusión en los que se introduzca la despenalización del aborto en ciertos casos o el reconocimiento de las uniones homosexuales como uniones de hecho no deberían contar con el voto de los creyentes católicos. “Un católico no puede aceptar el aborto, no puede aceptar esas uniones de hecho. El católico tiene un contenido. Si un candidato le dice a un católico que está a favor del aborto, el católico le dirá: por usted jamás voy a votar”, sentenció, según aparece en La República. Esta posición nos lleva a recordar situaciones similares que tuvieron lugar en los Estados Unidos, en la pasada campaña.

Desde mi particular punto de vista, declaraciones como éstas tienden a distorsionar la separación entre la esfera religiosa y la esfera pública, un principio fundamental de la sociedad democrática. Por supuesto, una autoridad religiosa puede (y seguramente debe) recordar a sus feligreses que – desde un punto de vista teológico-moral – la Iglesia condena el aborto. Pero no puede traducir ese alegato en una suerte de “mandato” de que los católicos no deben votar por el candidato X o Y. Ello puede leerse como una intromisión en el fuero autónomo de lo político. Cada ciudadano es un agente libre que es capaz de examinar los programas de cada candidato, deliberar en torno a las fortalezas y debilidades de sus contenidos y tomar una decisión conforme al dictado de su conciencia. Cada uno sopesará por supuesto la importancia de sus convicciones religiosas y de sus propias convicciones políticas, emitirá un juicio y tomará una decisión. Habría que confiar un poco más en la capacidad de agencia de los seres humanos.

Declaraciones como éstas acusan un ejercicio de simplificación de las consideraciones éticas que realmente están en juego a la hora de evaluar un programa político y apoyar una candidatura. La discusión sobre el aborto no agota el debate en torno a las propuestas de los candidatos. De hecho, el candidato al que sin duda aluden las palabras del Cardenal – claramente Alejandro Toledo – ni siquiera ha manifestado que su gestión buscaría aprobar sin más una ley en pro del aborto. Lo que dijo en el programa de R. M. Palacios fue que promovería un diálogo amplio acerca de su pertinencia o no en determinados casos (p.e. el llamado “aborto terapéutico”). Las declaraciones del Cardenal suscitan confusión a este respecto, y no corresponden estrictamente a las palabras de Toledo sobre el tema. Evidentemente, lo que supuestamente dice un presidente no basta para sacar adelante un proyecto de esta naturaleza, hace falta al menos un debate constitucional, y otro parlamentario. Los votantes no les entregamos un cheque en blanco a los candidatos electos, y podemos oponernos a sus políticas a través de los canales que el marco legal establece.

He sostenido varias veces en este blog que, – por razones filosóficas, no por apelaciones a la autoridad –, soy contrario al aborto (estoy dispuesto a examinar los casos particulares, pero esa es mi postura general sobre este tema). Creo que eso está bastante claro, me anticipo a las caricaturas que algún interlocutor conservador podría comenzar a dibujar sin ningún cuidado. Me hubiera gustado que el mismo impulso que estas autoridades revelan en esta materia encontrara un eco similar en la defensa de las demás expresiones de los derechos humanos, por ejemplo, en los años del conflicto armado interno. Pero que se me diga que, como católico, debería votar de esta manera o de otra, me parece un acto de manipulación, casi una forma de extorsión espiritual. No lo considero aceptable. Los ciudadanos somos personas adultas, no debemos exponernos a ninguna clase de presión externa a la hora de elegir a nuestros representantes. Los votantes tendríamos que considerar las propuestas de las diferentes tiendas políticas en temas de desarrollo económico y empleo, salud y educación, derechos humanos, estabilidad democrática, diversidad cultural, etc. No se nos puede forzar a tomar una decisión en función de un solo punto de la agenda (que ni siquiera está claro en cuanto tal).

Es inevitable que uno se ponga a pensar en el efecto que pretenderían generar las declaraciones de Juan Luis Cipriani en el escenario electoral. Se sabe que sus palabras pretenden alertar sobre la presunta “agenda” de Toledo, aunque su percepción de la misma es susceptible de controversia. Sabemos también que cuenta con una persona cercana a su entorno en la plancha de Keiko Fujimori, Rafael Rey (la proximidad del Cardenal con el régimen de Fujimori está prácticamente fuera de toda duda); cuenta también con un personaje afín en la plancha de Castañeda Lossio (Augusto Ferrero Costa, vinculado a su defensa legal contra la PUCP). Resulta difícil evitar pensar que sus declaraciones – más allá de sus ideas sobre el aborto – tienen una implicancia política expresa en este contexto: debilitar una candidatura, o quizás fortalecer las candidaturas rivales que cuentan con su simpatía. Esto podría señalarse como una intromisión en la arena política en un tiempo de campaña presidencial, e incluso los analistas más severos podrían afirmar que este tipo de alegatos buscan favorecer a un determinado círculo de interés. Lo razonable sería que la autoridad eclesial no se pronuncie en absoluto sobre las preferencias electorales de los ciudadanos, conforme a los principios democráticos (y, si está dispuesto a hacerlo, lo haga como un ciudadano más en el espacio público: el púlpito o el programa radial pastoral "Diálogo de Fe" no son el mejor lugar para expresar simpatías / antipatías electorales). Por supuesto, dicha autoridad tiene todo el derecho de pronunciarse sobre asuntos morales, pero lo mejor sería evitar que sus declaraciones asuman una explícita connotación política en circunstancias electorales.

En una sociedad democrática que cuenta con un Estado laico, los ciudadanos deben expresar su voluntad sin presiones de ninguna clase, como agentes prácticos independientes.

Actualización: Nota sobre este tema en el Suplemento Domingo de La República.