Gonzalo Gamio Gehri
Hoy se cumple un año más de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Muchos ciudadanos reacuerdan el hecho con interés y a la vez con preocupación, dada la abierta hostilidad de nuestra “clase política” frente a los temas de derechos humanos y reparaciones. El trabajo de la Comisión ha sido sin duda importante. La CVR configuró un espacio para la construcción de la memoria de las víctimas, particularmente en las Audiencias Públicas. Dichos testimonios fueron contrastados con otras versiones de los hechos y con el trabajo de los especialistas en antropología forense, psicología, ciencias sociales, derecho y otras formas de investigación científica sobre la violencia y sus efectos, de modo que el relato final que la Comisión entregó a la ciudadanía reconstruyese con una mayor fidelidad lo sucedido en esos años de dolor y terror. Por supuesto, el Informe aportó a su vez una interpretación general del conflicto armado interno – revisable, perfectible, pero rigurosa – que se nutrió de los testimonios y de los estudios empíricos.
La recuperación crítica de la memoria desarrollada en los procesos de justicia transicional se diferencia de las “historias oficiales”, básicamente, en virtud de dos puntos. En primer lugar, por su carácter crítico, en tanto pretende a la vez acercarse a la ‘verdad’ en su sentido práctico, el imperativo de retratar de manera fidedigna la injusticia sufrida – desenmascarando mitos y formas de manipulación explícita del pasado –, con el fin de conjurar la injusticia y establecer medidas de naturaleza legal y política para garantizar la paz y la inclusión de las víctimas en la vida cívica. En segundo lugar, por su carácter público, dado que la memoria se configura a través de la deliberación de los ciudadanos en espacios compartidos. Mientras una “historia oficial” es elaborada por pocas mentes y en nombre de propósitos de conducción política (en el sentido del ejercicio y la conservación del poder), la recuperación pública de la memoria convoca a las diversas voces presentes en la sociedad, en particular – aunque no de manera exclusiva – las de las víctimas.
Ese ha sido el propósito de la CVR. Lamentablemente, en los últimos años –particularmente con el ascenso de Alan García y el APRA al poder en 2006– las políticas transicionales en el Perú experimentan un serio retroceso, tanto en materia de reparaciones como en relación a las formas de reconstrucción de la memoria. Salomón Lerner ha sostenido con suma claridad que en el Perú de hoy opera un proceso de “indisimulada restauración conservadora” en materia de políticas de derechos humanos que cuenta con el respaldo del gobierno actual y de un sector importante de los políticos en actividad. La judicialización de los casos de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado es un proceso que se ha estancado. La Comisión de Reparaciones no cuenta ya con un presupuesto razonable que le permita concluir con la elaboración de un necesario Registro Único de Víctimas. Los intentos por incorporar las conclusiones del Informe Final de la CVR como tema de discusión en la escuela pública han sido bloqueados desde el poder ejecutivo y el Congreso. Incluso el proyecto de construcción de un Lugar de Memoria en el que se recuerde a las víctimas del conflicto armado interno y se dialogue en torno al destino de las políticas de derechos humanos en el Perú –que contaba con financiamiento del Estado alemán – estuvo a punto de ser rechazado por el gobierno peruano.
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