FE Y DEMOCRACIA LIBERAL*

Gonzalo Gamio Gehri

La construcción de un mundo social más justo constituye una idea inspiradora tanto en contextos religiosos como en contextos políticos. Invoca nuestra adhesión a una comunidad política libre y nuestra fe en una comunidad o Iglesia viva. ¿En qué sentido confluyen ambos compromisos en un mundo plural como el nuestro? Se dice que la defensa de los derechos humanos invoca nuestra doble condición de ciudadanos y cristianos. Quisiera examinar en el breve espacio que dispongo aquí esta idea tan sugerente y poderosa. Efectivamente, el esfuerzo por convertir el mundo social en un sistema justo de cooperación en el que todos los agentes son reconocidos como seres libres e iguales constituye un propósito moral que inspira por igual a los creyentes cristianos y a los suscriptores de un ideario democrático. Alguien podría objetar – de manera algo precipitada y artificial - de que este proyecto confunde de manera indeseable e innecesaria los fueros de la política y los de la fe. Después de todo, uno de los logros positivos de la modernidad es la secularización del espacio político, y la institucionalización de la libertad religiosa[1]. Sin embargo, no hay tal confusión en el fenómeno que acabo de señalar. Una genuina democracia liberal requiere una concepción política de la justicia comprometida con la idea de igualdad y libertad de las personas. De acuerdo con John Rawls, los individuos y comunidades que componen una sociedad democrática pueden arribar a tales ideas por vías diferentes, observando concepciones de la vida que no necesariamente provienen de una fuente unitaria. Algunas personas buscarán fundar la igualdad y libertad humanas en la idea de la “agencia racional” (en clave neoaristotélica, kantiana o incluso utilitarista), otros pueden recurrir a una visión del ser humano como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Una concepción política de la justicia no interviene en el debate antropológico o metafísico sobre la ‘verdadera raíz’ de la igualdad y la libertad (que tiene lugar en el seno de las “doctrinas comprensivas”, tradiciones de pensamiento y valoración); ella se nutre y se edifica sobre la base de un consenso superpuesto de diversas visiones de la vida y del buen vivir que, en el marco de una situación de ‘pluralismo razonable’ defienden la imagen pública de las personas como agentes libres e iguales[2]. El cristianismo y una serie de perspectivas filosóficas y religiosas confluyen en este planteamiento y en esta agenda práctica básica.

En esta línea de reflexión, las comunidades y asociaciones voluntarias que conforman una sociedad democrática pueden inspirar y esclarecer sus acciones para combatir la injusticia o la ausencia de reconocimiento, o movilizarse en torno a proyectos de reivindicación de derechos recurriendo a la religión – si así lo deciden - como matriz de sentido. Cuando intervienen en el espacio público más amplio, empero, ya no pueden recurrir exclusivamente a un lenguaje religioso, dado que no puede asumirse que todos los interlocutores comparten las categorías y metáforas que articulan ese lenguaje originario. Apelarán, probablemente, a un lenguaje más general, más “tenue”, que expresa ese consenso mayor – minimalista – que constituye el núcleo no sólo de la comprensión de nuestro sistema político de reglas e instituciones, sino también la clave de interpretación de nosotros mismos como ciudadanos en una sociedad compleja, multicultural y multiconfesional. Como veremos en un momento, esos lenguajes más tenues, presuponen los diversos lenguajes más densos sobre la condición humana y la vida buena[3]. Desembocamos en el lenguaje normativo universal porque necesitamos forjar acuerdos prácticos de largo alcance que nos permitan cuidar adecuadamente las libertades y necesidades de los individuos y comunidades que conforman nuestras sociedades democráticas.

¿Qué significa ser ciudadano? Aquí es importante considerar dos descripciones complementarias del concepto de ciudadanía que han adquirido especial relevancia en el pensamiento político contemporáneo[4]. En primer lugar, de acuerdo con una arraigada herencia liberal, el ciudadano es fundamentalmente titular de derechos universales e inalienables que protegen a las personas en su vida, libertades y propiedad. Incluso la fuente de legitimidad del poder reside en el respeto de estos derechos (y ya no en la voluntad de las autoridades, o en alguna otra fuente exterior a los individuos). En teoría, estos derechos funcionan como prerrogativas que protegen a cada persona no solamente respecto de las agresiones potenciales de otros individuos, sino de la violencia que pueda ejercerse desde el propio Estado. El sistema internacional de los derechos humanos hace posible que esas formas de protección y denuncia puedan materializarse en el terreno de la práctica.

En segundo lugar, en una línea de reflexión de origen clásico, el ciudadano es un agente político, un sujeto capaz de participar activamente en la construcción de un mundo común, interviniendo en la discusión pública, fiscalizando a sus autoridades, actuando como un potencial coautor de la ley. Esta segunda concepción de la ciudadanía es complementaria respecto de la primera porque el sistema de derechos requiere de guardianes que vigilen el estricto cumplimiento de sus reglas y conjuren su trasgresión. Sin ciudadanos alertas, el cuerpo legal puede verse vulnerado – o puede ser utilizado – desde los fueros del propio gobierno. La acción cívica democrática – desplegada desde los espacios abiertos por las organizaciones políticas y las instituciones de la sociedad civil - es la única garante de que el poder político no se concentre, generando formas autoritarias de conducción del Estado.

Los espacios disponibles en el sistema político (organismos del Estado, partidos políticos), así como las organizaciones de la sociedad civil (universidades, colegios profesionales, sindicatos, comunidades religiosas, grupos de reflexión, organizaciones no gubernamentales, etc.) constituyen escenarios para la concreción de la cultura de de derechos humanos, la deliberación pública y la acción cívica. Es allí donde se fortalece o debilita el compromiso con los sectores más pobres del país, donde se construye u ocluye una conciencia de los derechos y obligaciones, y donde se discuten los cimientos de una sociedad más justa y solidaria. En un post ulterior examinaré en qué medida determinados principios de la fe cristiana convergen con la afirmación de la cultura de derechos (es decir, contribuye – al interior de una sociedad plural – a la configuración del mencionado ‘consenso superpuesto’).

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* El presente texto contiene algunos breves pasajes de un texto que estoy elaborando - todavía a nivel de esbozo -, y cuya versión final aparecerá en la revista Páginas.

[1] He discutido este tema en Gamio, Gonzalo “¿Qué es la secularización? Reflexiones desde la filosofía política” en: Páginas 207 pp. 32 – 40.

[2] Cfr. Rawls, John Liberalismo político México, FCE 1995, conferencia IV.

[3] Aquí estoy yendo más allá de los márgenes del liberalismo de Rawls. Me remito a los textos de Michael Walzer. Véase Walzer, Michael Moralidad en el ámbito local e internacional Madrid, Alianza 1996. Capítulo I.

[4] He desarrollado esta idea en Gamio, Gonzalo “El cultivo de las Humanidades y la construcción de ciudadanía” en Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales Vol. 66 (2008) Nº 29 pp. 237 – 54 y en “Reflexiones sobre ética, ciudadanía y derechos humanos” publicado en Gamio, Gonzalo Tiempo de Memoria Lima IBC-CEP-IDEHPUCP 2009 pp. 217-223.