YEHUDE SIMON EN SU LABERINTO (POLÍTICO)

Gonzalo Gamio Gehri


¿Qué llevó al Presidente García a convertir a Yehude Simon en el nuevo Presidente del Consejo de Ministros? ¿Qué hizo que Simon aceptara? Estas son preguntas difíciles de responder. Que Simon haya sido un candidato de fuerza al Premierato en un gobierno democrático no tendría que ser una sorpresa: lo respalda una gestión eficaz e impecable en Lambayeque; es reconocido por tirios y troyanos como un hombre honesto, bien dispuesto al diálogo y a la resolución de los conflictos a través de la concertación. Ha sido víctima de la injusticia, y padecido carcelería por varios años, a causa de las medidas legales draconianas del fujimorato: hasta Rafael Rey pedía su excarcelación. Él sostiene que esa dura experiencia le ha servido para mirar la vida con otros ojos, sin rencor. Su perfil es el de un político progresista y conciliador.

Pero justamente ese perfil no encaja con la línea que el gobierno aprista está siguiendo en sus dos primeros años de gestión. Su política económica es claramente de derecha. En el frente propiamente político, García ha establecido alianzas con el fujimorismo parlamentario, y con sectores afines al régimen de los noventa. Se ha acercado al conservadurismo religioso y a los sectores más duros al interior de las Fuerzas Armadas. Su discurso ha apuntado en todo momento a respaldar a los agentes del Estado implicados en procesos por violaciones a los Derechos Humanos. Uno podría sostener sin problemas que el gobierno actual está comprometido con una suerte de desmontaje – a veces discreto, a veces virulento - de las políticas que planteó el gobierno de transición. Por eso sorprende que se haya elegido Premier a Simon.

Pero también sorprende que Simon haya aceptado la oferta. Como político inteligente y experimentado, sabe que está corriendo un riesgo considerable al colaborar con un gobierno cuya popularidad está cayendo, que dirige un partido viejo, que apoyará su gestión en la medida en que ésta le sea favorable de cara al electorado, pero que minará su propio liderazgo si esto le permite asumir una posición más cómoda en la administración del poder. Sabe que sus márgenes de acción y libertad como miembro del Ejecutivo – al lado de un político caudillista como García – serán muy estrechos. Simon ha tenido que preguntarse si el APRA va a usarlo o no como un “primer ministro-fusible”. Más allá de la convicción de que es importante servir a la patria en tiempos de crisis, no debemos olvidar que Simon tiene pretensiones presidenciales, que jamás ha negado. La Presidencia del Consejo de Ministros le otorga una visibilidad política que la Presidencia de la Región no le podía brindar en un país en el que el centralismo aun no ha sido derrotado. Sabe, no obstante, que su carrera política corre grave peligro: si el gobierno recurre a él como una pieza coyuntural en el ajedrez de la política nacional, ello podría comprometer seriamente su futuro como candidato.

Simon ha empezado su gestión como Premier en medio de ciertas dificultades. Para empezar, los fujimoristas han asumido una actitud hostil en su contra; han intentado sindicarlo como un “terrorista converso”, haciendo público un documento policial del año 1992, plagado de inexactitudes. No han reparado en el hecho de que el proceso para indultarlo se inició bajo el gobierno de Fujimori; de hecho, se concentran más en la visceralidad de los ataques que en la calidad de los argumentos, pero no olvidemos que cierta prensa antidemocrática presta una amplia cobertura a esta clase de campañas. Las protestas en el interior del país no se han detenido con la designación de Simon, y su presencia en la mesa de negociaciones no es garantía de que las partes lleguen a un acuerdo. La renovación del gabinete ha permitido que el gobierno reanude el diálogo con los médicos, pero en zonas como Moquegua y Cajamarca los conflictos sociales tienden a agudizarse.

En la hora presente, somos testigos de un escándalo de corrupción que parece alcanzar a un sector del gobierno: tal escándalo motivó precisamente el cambio de gabinete. Rómulo León sigue prófugo, y no pocos temen que su huida haya contado con apoyo de algunos miembros del oficialismo ¿El mismo gobierno que desactivó la ONA se embarcará en una “cruzada anticorrupción” que investigue y castigue a los funcionarios públicos que violen la ley? Por otro lado, la Comisión de Defensa del Congreso ha desatado una nueva campaña de hostigamiento contra la CVR – a pesar de que la información solicitada lleva más de cinco años colgada en Internet, y fue entregada a la PCM en su momento -, que converge con la turbia iniciativa de un congresista aprista que busca se apruebe una nueva amnistía para los militares y policías procesados o condenados por crímenes contra los Derechos Humanos. Es probable que sean estos los escenarios en los que podremos constatar cuánto poder efectivo tendrá Simon para hacer valer su visión política y su vocación como hombre de Estado, y saber finalmente si contará con el respaldo gubernamental en esta clase de temas.