AMNISTÍA: OSCURIDADES (Y POSIBLES COMPONENDAS)

Gonzalo Gamio Gehri


El día de ayer, la Defensora del Pueblo y el Ministro de Defensa confirmaron lo que de antemano se sabía: ninguno de los Comandos Chavín de Huántar – los mismos que participaron en la toma de la residencia del embajador japonés en 1997 – está siendo procesado por cometer ejecuciones extrajudiciales en ese operativo: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Jesús Zamudio Aliaga y Roberto Huamán Azcurra. Los únicos comandos que están siendo investigados y procesados han sido involucrados con las masacres de El Frontón y Accomarca. El congresista Edgar Núñez (el de Vidas Paralelas), el promotor de un nefasto proyecto de nueva Ley de Amnistía, se ha quedado sin piso. Insistía en que su propuesta estaba dirigida a proteger a los comandos del operativo de 1997. A pesar de que se le advirtió que la información que manejaba era manifiestamente falsa, insistió en ella. Hoy se sabe la verdad.

Núñez insiste en su versión, y declara a La República que “no cree en la Defensoría”. Aparentemente no ha escuchado el pronunciamiento de Flores Aráoz sobre el tema, que va exactamente en la misma dirección (o será que tampoco cree en él). Resulta sorprendente que el propio Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso ignore datos que debería conocer de primera mano. Lo mismo sucedió en el caso de la convocatoria de los ex miembros de la CVR a dicha Comisión Parlamentaria para que ‘rindan cuentas’ sobre la fórmula que dio como resultado el número de muertos y desaparecidos del conflicto armado, y justifique sus gastos ¡Cuando esos datos podría encontrarlos en la página web! Sorprende que un partido de tantos años como el APRA pierda el sentido de la realidad con tanta facilidad, brindándole espacio político a quienes asumen estandartes de combate tan cuestionables y endebles. El partido de gobierno debería saber que estas propuestas lo debilitan, y lo sitúan al lado de las fuerzas más arcaicas de la sociedad peruana.

Lo curioso del asunto es que Núñez asegura que García respalda su improvisada y peligrosa propuesta. Le auguramos a este proyecto un rotundo fracaso, en virtud de su evidente ilegalidad (Aparentemente, tampoco cree en la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, ni en los fallos del tribunal Constitucional). La propuesta carece de todo fundamento y sentido, a menos que Núñez pretenda beneficiar a Montesinos, Hermoza Ríos, Zamudio, Huamán Azcurra y específicamente a Fujimori ¿Será así? ¿Estamos asistiendo a un capítulo más de la historia de la extraña relación entre este gobierno y el fujimorismo?. Posiblemente sí. Una lástima. Lo que necesitamos es un Poder Judicial que actúe con mayor celeridad y eficacia, pero - como sus autoridades han argumentado - esto no es posible si el ejército peruano y el ministerio de Defensa dificultan la entrega de la información solicitada.

Resulta saludable para los ciudadanos – en todo caso – que esta clase de iniciativas revelen su verdadera faz y ponga en evidencia que su propósito es garantizar la impunidad de quienes no estuvieron a la altura del mandato que recibieron de parte del Estado. Ya hemos examinado en qué medida las amnistías constituyen un inaceptable atentado contra la memoria, un modo grotesco de usurpación de la exclusiva potestad de las víctimas de otorgar perdón. La amnistía impone silencios y reprime las demandas de verdad y justicia. El señor Núñez y los firmantes de su proyecto pretenden condenar al olvido conductas que merecen una sanción ejemplar (¡él mismo se ha manifestado - en el diario La Primera - en favor de las ejecuciones extrajudiciales!: "yo le digo a usted, que estoy de acuerdo con esas ejecuciones extrajudiciales. No vamos a reclamar los derechos humanos de esos asesinos", dice Núñez si el menor sentimiento de vergüenza, propio de la ética más elemental). El olvido a la fuerza. No en vano muchos militares honorables están expresando públicamente su rechazo a cualquier forma de amnistía e indulto. Para ellos – como para cualquier ciudadano de buena voluntad que crea en los principios del Estado de Derecho – la justicia es todo lo que se necesita.