CVR: SIGAMOS LUCHANDO POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA

A escasos siete años de la caída del fujimorato y la constitución del gobierno transitorio - y a cuatro años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) – hemos retomado el camino de la “política corriente”[1]. El reciente discurso presidencial, aderezado de cifras y de indicadores de crecimiento económico, ha guardado un increíble silencio respecto de la salud del sistema anticorrupción y las políticas de Derechos Humanos. Los rostros de los políticos, otrora acusados de complicidad con un régimen que promovía la compra de congresistas y empresarios, así como la comisión de delitos de lesa humanidad, desfilan por los sets de radio y televisión, esbozando la mejor de sus sonrisas. Las exigencias de verdad y reparación planteadas por las víctimas de la violencia y la exclusión han dejado de ser una noticia para los medios; ya no son un asunto que pueda ser explotado desde un punto de vista electoral. La autodenominada “clase dirigente” considera estos temas “políticamente incorrectos”, dado que hiere la susceptibilidad de lo que los sociólogos llaman “los poderes fácticos” de la sociedad: las Fuerzas Armadas, los grandes empresarios, cierto sector jerárquico de la Iglesia Católica. Retomar el cauce de la “política corriente” implica asumir el partido del olvido en contra de la exigencia de la memoria. No se trata, sin embargo, del inexorable olvido implícito en la atención al presente. Se trata de un olvido deliberado, que asume una peculiar figura “política”.

La recuperación pública de la memoria constituye una tarea política fundamental, perteneciente a lo que los politólogos llaman procesos de justicia transicional. Este concepto alude a los proyectos de reconstrucción institucional que deciden afrontar las sociedades que han padecido regímenes dictatoriales o períodos de violencia interna. El esclarecimiento de la tragedia vivida, la asignación de responsabilidades a los que perpetraron o avalaron crímenes contra la vida y la libertad, la reparación de las víctimas constituyen condiciones ético – políticas necesarias para la puesta en marcha de una genuina transición democrática. Una sociedad que ha recuperado la vigencia de la legalidad tiene que comprometerse con la tarea de generar las políticas sociales y las reformas institucionales que impidan que las situaciones de conflicto armado o la suspensión del orden constitucional puedan reproducirse. Como puede apreciarse, la política que se plantea en contextos transicionales no es “corriente”, pues introduce la discontinuidad en el curso de la discusión y el diseño de la política pública: plantea la revisión de la historia y promueve la acción judicial sobre los casos en los que se han lesionado tanto los derechos básicos de los ciudadanos como los principios del propio Estado de Derecho.

Es cierto que – como he señalado líneas arriba – la puesta en marcha del proyecto de justicia transicional es una opción que una sociedad asume en la persona de sus ciudadanos y autoridades. No todos los países que han afrontado transiciones democráticas han conformado comisiones de la verdad o han procesado a quienes han delinquido desde el poder. España es el caso más conocido. Transcurridos cuarenta años desde la Guerra Civil y muerto Franco, las fuerzas políticas que acordaron el retorno al régimen constitucional consideraron conveniente no hurgar en el pasado para sancionar los crímenes de guerra. En diversos países de Latinoamérica se han aprobado desde el poder ‘leyes de punto final’ – o incluso medidas de amnistía - que archivaron investigaciones judiciales y dejaron cerradas las fosas comunes. No han faltado autoridades políticas o incluso religiosas que han abogado por “no reabrir viejas heridas”, y dejar las cosas como están. Debo decir que no creo que estas ‘políticas de silencio’ hayan conseguido ahogar el anhelo de memoria que experimentan las víctimas, aquellas que quieren saber qué pasó con sus familiares desaparecidos, aquellos que no encontrarán la paz a menos que sus verdugos puedan ser castigados con todo el peso de la ley. Considero que este anhelo de memoria no sólo está presente en las víctimas de la violencia y la exclusión. Por ejemplo, son tantos los libros y películas que en España se han producido para narrar bajo diversas perspectivas la dictadura franquista y la Guerra Civil que cuesta creer que a los ciudadanos españoles les es suficiente voltear la página para construir una sociedad estable y civilizada. Allí donde el sistema político y el Estado han preferido el olvido como condición para la transición, comienzan a abrirse espacios sociales diversos para el trabajo del recuerdo.

El mayor adversario de la memoria de la violencia no es el olvido. Paul Ricoeur y Tzvetan Todorov han afirmado con agudeza que la memoria es un proceso selectivo, que procura distinguir qué recuerdos son relevantes para el ejercicio de la justicia, en contraste con aquellas imágenes del pasado que pueden ser finalmente olvidadas[2]. Recordar tiene sentido desde un punto de vista ético – político cuando el ejercicio de la rememoración se la pone al servicio de la construcción del presente. La alétheia – el des-cubrimiento de aquello que permanecía oculto o reprimido intencionalmente – está vinculada al discernimiento práctico. Ambos autores nos han recordado la descripción borgiana de Funes el memorioso, aquel inquietante personaje incapaz de olvidar. El auténtico enemigo de la memoria es su supresión o control bajo la forma de una historia oficial. Se trata de una historia que se construye “desde arriba” por encargo de las autoridades en el poder o de sectores influyentes en la sociedad reacios a la memoria. Una historia en la que los crímenes de lesa humanidad no figuran como hechos relevantes, que merecería la pena que fuesen conocidos por los ciudadanos. Una historia que prescinde de la mirada y la voz de las víctimas. Una historia sin desaparecidos ni fosas comunes. El Informe de la CVR ha cuestionado severamente la historia oficial de la violencia en el Perú, y ha escuchado la voy de las víctimas para construir una historia fiel a sus experiencias.

Es un hecho conocido que los regímenes totalitarios se han esforzado por escribir historias de esta clase, compuestas a imagen y semejanza de la voluntad de sus dirigentes. Hemos visto algunas veces las fotos de Stalin alteradas para que no figure a su lado un antiguo camarada “caído en desgracia”, sabemos de las declaraciones de los generales nazis que negaban en su momento la existencia de los campos de concentración. El control del pasado basado en el recurso a la represión o la fuerza constituye un poderoso instrumento contra la justicia. En nuestro medio, cuando la CVR reveló que – según las proyecciones estadísticas que manejaba – la cifra de muertos y desaparecidos ascendía a 69,280 personas, diversos actores políticos y periodistas insistieron en afirmar que la Comisión había inflado aquel número, dado que hasta aquel momento, las cifras que las instancias del gobierno consideraban no superaban la mitad de esa cantidad. Hasta hace muy poco, uno de los temas recurrentes en la campaña mediática en contra de la CVR ha sido la cifra de muertos y desaparecidos. Incluso un conocido congresista ultraconservador – hoy miembro del Consejo de Ministros – llegó a exigir que, si la Comisión pretendía que dicha cifra fuese creíble, debía adjuntar una lista con los nombres y el DNI de las víctimas. En un país en donde casi dos millones de personas son indocumentados, ya sea porque el Estado no llega a los lugares que habitan o porque se carece de dinero para tramitar el DNI, tales declaraciones ponen de manifiesto la absoluta ignorancia de su autor, o su evidente cinismo. Hoy ese mismo político tradicionalista - que lamentablemente actua como brazo político del sector más medievalizado de la Iglesia - muestra nuevamente su insensibilidad moral bautizando un Pisco como "7.9", en alusión directa al terremoto que destruyó parte del Departamento de Ica. Uno se pregunta seriamente si quienes suscriben esta posición consideran que sería menos escandaloso el hecho que la cifra de muertos y desaparecidos ascendiese a 35 mil personas. Lo que queda claro es que el desafío de los defensores de los Derechos Humanos ya no consiste solamente en demostrar que miles de personas fueron sometidos a tortura o asesinados, sino que nacieron alguna vez, formaron una familia, tuvieron una vida.

La composición de una “historia oficial” constituye una evidente usurpación de la potestad de los ciudadanos de reconstruir la memoria histórica. La recuperación de la memoria es una tarea pública, vinculada no solamente al reconocimiento de la injusticia y al descubrimiento de la verdad acerca de la violencia sufrida; también constituye un elemento fundamental en la construcción de las identidades colectivas. Lo que somos como comunidad política es en parte lo que hemos hecho con nuestras instituciones y con nuestros conciudadanos (y lo que hemos dejado que suceda con ellos). El trabajo de la memoria puede convertirse a menudo en una operación dolorosa, puesto que puede re-velar aquello que pudimos hacer – desde el lugar que ocupábamos en la sociedad – para evitar que otros conciudadanos sufrieran violencia o exclusión. Cuando el propósito de la recuperación de la memoria es la reparación de la injusticia, la primera voz que debe ser escuchada es la de la víctima. Se trata de generar espacios de comunicación en los que la víctima pueda relatar lo que vivió y denunciar a sus agresores. Paul Ricoeur ha señalado que lo que el testimonio de una víctima quiere dejar en claro es ”aquello existió”: no se trata de una ficción creada por sectores sociales y políticos deseosos de poder. El daño sufrido ha dejado una huella que puede ser percibida, y esa imagen del pasado vivido – presente como huella – puede convertirse en objeto de una narración.

Ricoeur señala asimismo que con la aseveración "aquello existió" – corazón del relato de la víctima – el agente quiere decir fundamentalmente son tres cosas: primero, “yo estuve allí”. En ese sentido, el relato pretende verdad, en el sentido lato de fidelidad con la experiencia vivida. En segunda instancia, a través del testimonio la víctima esta formulación se torna imperativa, nos dice “créeme”, invoca que su interlocutor – en el caso de las comisiones de la verdad, la ciudadanía, la opinión pública – se fíe de su palabra, confíe en la veracidad del relato, y asuma la disposición a ponerse en su lugar. Finalmente, nos exhorta a contrastar su testimonio con el de otros: “si no me crees, pregúntale a otros”. La palabra de otros puede dar fe de lo que realmente la víctima ha tenido que afrontar. Lo que se busca es que el relato pueda ser corroborado o confrontado por el testimonio de otras víctimas, por testigos oculares, o incluso por la propia palabra de los perpetradores. Como es sabido, la CVR llegó a recabar casi 17 mil testimonios, visitando zonas andinas y selváticas a las que no llegaban las dependencias del Estado, para entrevistar a campesinos y comuneros que no habían sido acogidos por las autoridades civiles y militares cuando habían intentado denunciar la pérdida de sus familiares, o el abuso o la desidia de quienes ejercían funciones de Estado y prefirieron mirar a otro lado cuando se vulneraban sus derechos fundamentales.

Escuchar y contrastar el testimonio de las víctimas constituyen las primeras acciones conducentes a la restitución de su condición de ciudadano, proceso que se cumple con la sanción de los culpables, con la reparación de la víctima, y con la construcción de una historia más amplia que contribuya a esclarecer el proceso de violencia vivido. Dar prioridad a la perspectiva de las víctimas en el discernimiento cívico de la memoria reincorpora a quienes han sufrido en los escenarios de la esfera pública, el “espacio de aparición” de lo distintivamente humano según el juicio de Hannah Arendt. La víctima comparte y confronta su testimonio con quienes pueden reconocerse a sí mismos en su historia y asumir la defensa de sus derechos. Mientras las “historias oficiales” condenan a las víctimas a la invisibilidad y a la insignificancia social y política, la recuperación pública de la memoria procura devolverles al lugar que les corresponde en la comunidad como personas y ciudadanos. El entramado hermenéutico de testimonios e interpretaciones de las experiencias de la violencia - que es en sí mismo valioso para la reflexión y la acción política – tiene que insertarse en una narrativa mayor, la del proceso histórico del conflicto armado vivido, que pretende hacer explícitas las posibles causas y las secuelas de aquella época de terror y represión.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuál es nuestra posición en la lucha ética por la recuperación de la memoria?

[1] Cfr. Reátegui, Félix “Batalla contra la memoria: instrucciones para liquidar una transición” en: IDEHPUCP, El incierto camino de la transición: a dos años del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Documento de Trabajo Serie Reconciliación Nº 1 Lima, IDEHPUCP 2005 pp. 13 – 24.
[2] Cfr. Todorov, Tzvetan Los abusos de la memoria Barcelona, Paidós 2000; Ricoeur, Paul “El olvido en el horizonte de la prescripción” en: Academia Universal de las Culturas ¿Por Qué recordar? Barcelona, Granica 2002 pp. 73 -80.