EL MIEDO A LA SOCIEDAD CIVIL

Gonzalo Gamio Gehri


El proyecto de ley que permite el control estatal sobre las ONG - propuesto por los fujimoristas, y respaldado con entusiasmo por el APRA y UN – se ha convertido en un importante tema de discusión en los últimos días. Se pretende que APCI, como organismo gubernamental, pueda determinar el destino de la cooperación internacional privada, y pueda decidir qué temas de investigación y acción pueden contar con financiamiento extranjero. Esta propuesta ha sido juzgada con razón como un atentado contra los derechos ciudadanos en materia de asociación y contratación. Se la considera un acto de venganza de parte de sectores autoritarios que no le perdonan a estas asociaciones el haber luchado tan tenazmente contra el fujimorato.

Pero la contribución de las ONG al desarrollo y la democracia en el país no se reduce a su significativa colaboración con la movilización ciudadana que derrotó a la dictadura. Para nadie es un secreto que estas instituciones han promovido el trabajo en temas de educación intercultural y multilingüe, la defensa de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la observancia de la ética en la función pública, en tiempos en que los gobiernos apenas se ocupaban de discutir estos asuntos. Resulta curioso (y hasta paradójico) que el ejecutivo y los congresistas se preocupen hoy por las posibles formas de malversación de los fondos internacionales en las que podrían incurrir las ONG, cuando resulta evidente que – por espacio de muchos años – las fuentes cooperantes han preferido financiar proyectos elaborados por ONGs, antes que recurrir a los organismos estatales, precisamente porque los gobiernos no solían manejar esos fondos de manera transparente, o no contaban con funcionarios suficientemente calificados para llevar a cabo tales proyectos. En contraste, muchas ONG sometían sin problema alguno la administración de los recursos recibidos a auditorias internacionales, y realizaban su trabajo con eficacia y excelencia académica.

Pero el debate ha puesto sobre el tapete el tema mayor de la sociedad civil, su composición, su esencial independencia y su relevancia para el curso de la democracia. Se trata de instituciones que median entre los ciudadanos y el Estado - universidades, colegios profesionales, sindicatos, ONGs, asociaciones voluntarias, comunidades religiosas, etc. -, que se constituyen en espacios públicos de deliberación cívica y vigilancia ciudadana. Estas instituciones hacen posible que las personas se organicen y hagan sentir su voz en el debate nacional, de modo que puedan intervenir en el diseño de la agenda pública. A diferencia de los partidos políticos, los organismos de la sociedad civil no buscan hacerse del gobierno, sino contribuir con el control democrático del poder.

Los partidos han observado con sospecha e irritación la trayectoria de las organizaciones de la sociedad civil. Para algunos sectores del oficialismo, la sociedad civil habría usurpado espacios de acción que corresponderían por derecho propio a los partidos políticos, que perdieron protagonismo público durante el régimen de Fujimori. Quienes así piensan confunden groseramente el plano de la representación y la pugna por el acceso al poder con el ámbito de actuación de las organizaciones que procuran garantizar que se respeten los principios constitucionales y que las opiniones del ciudadano común puedan ser escuchadas en el espacio público. Los fujimoristas y otros grupos de extrema derecha consideran a estas asociaciones un peligro para el imperio del “orden y autoridad” que promete el Estado, y que anhelan los grandes grupos de poder económico. Se trata también – como ha señalado agudamente Alberto Adrianzén – de una ofensiva contra el pensamiento progresista en el país. Muchos aspiran a que el juego de fuerzas de la política criolla se desarrolle exclusivamente en el marco de las relaciones entre los partidos, las empresas privadas y las Fuerzas Armadas. Esperan que la ciudadanía se mantenga desorganizada, y que contemple pasivamente la actuación de la “clase dirigente” en el escenario de la vida pública. Muchos quisieran que las comunidades campesinas permanezcan impotentes ante los intereses de las mineras, o que las víctimas de la violencia no exijan verdad y justicia.

La presencia de una sociedad civil organizada constituye una condición esencial para que la democracia sea una realidad entre nosotros, tan fundamental como la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa o la vigencia de los derechos humanos. Esta medida inconstitucional busca debilitar la capacidad de crítica y fiscalización de las instituciones sociales respecto del manejo del Estado y la conducta pública de los políticos. No seamos ingenuos, el fujimorismo no da puntadas sin hilo. Esto deberían saberlo sus nuevos aliados. Esta propuesta apunta a sentar las bases del resurgimiento de las políticas autoritarias en el Perú.