Gonzalo Gamio Gehri
Se ha cumplido un
año desde que Pedro Pablo Kuczynski asumió la Presidencia de la República. Este
ha sido, sin duda, un año difícil. El fenómeno del Niño costero ha golpeado
severamente el Norte del país. El escándalo de Odebrecht ha puesto de
manifiesto situaciones graves de corrupción que comprometen no sólo a buena
parte de la autodenominada “clase política”, sino que involucra a algunas
empresas peruanas notablemente influyentes, un hecho que algunos medios de
comunicación tienden a soslayar. Tres expresidentes están siendo investigados
en torno a su presunta responsabilidad en este caso, un juez ha ordenado
prisión preventiva contra Ollanta Humala. Con él son dos ex mandatarios que
están en la cárcel. Este año parece llevar el signo de la crisis.
Kuczynski formó un
gabinete interesante, compuesto por especialistas, pero ha descuidado el aspecto
político de su gestión. Rodearse de técnicos ha sido una decisión que ha traído
consigo dificultades en materia de acción política. El gobierno requiere de
personalidades que cuenten con peso político y habilidades en materia de
negociación y manejo de situaciones difíciles. El problema es que el Presidente
no cuenta siquiera con una bancada sólida que esté en capacidad de defender con
firmeza y lucidez las reformas propuestas por su gobierno. Tampoco lidera un
partido político organizado y con presencia nacional. Algunos de sus voceros
son políticos que tienen su propia agenda, y no siempre han sabido sumar
esfuerzos para sacar adelante el programa de su partido.
Uno de los
problemas más graves ha sido sin duda el conflicto entre el poder ejecutivo y
el Congreso de la República. El fujimorismo – principal fuerza política en el
parlamento - se ha propuesto poner en jaque al gobierno
sometiendo a interpelación a varios ministros, forzando la renuncia de algunos
de ellos. El gobierno ha usado la carta del indulto a Alberto Fujimori como
potencial factor de negociación, una carta altamente discutible. En
circunstancias en las que un expresidente padece prisión preventiva por
presuntos delitos de corrupción, curiosamente un sector de nuestros políticos considera
pertinente indultar a otro expresidente, condenado por corrupción y por
violaciones a los derechos humanos. El mensaje del gobierno transmite ante la
opinión pública resulta éticamente cuestionable,
en la medida en que las pretensiones de impunidad de Fujimori se han convertido
en materia de cálculo político.
Esta situación ha
generado una división significativa entre los fujimoristas. Los seguidores de
Keiko Fujimori se muestran reacios a promover la asignación del indulto como un
posible tema de acuerdo político; por su parte, los congresistas cercanos a
Kenji Fujimori plantean el asunto como una condición esencial de un supuesto
programa de “reconciliación nacional”, un programa controvertido que pretende olvido
e impunidad como factores de cohesión comunitaria: se trata, evidentemente, de
una idea espuria de reconciliación, que no se justifica en el derecho a la
verdad y en el trabajo de la justicia, como exige la cultura de los derechos
humanos. El tiempo pondrá de manifiesto si esta división en Fuerza Popular se
convierte en fragmentación política.
En los espacios de
opinión pública impera una suerte de sentido de crisis, la idea de que el país
enfrenta graves problemas – principalmente asociados con la inseguridad
ciudadana y con la corrupción – que el gobierno no puede enfrentar con eficacia
a causa de su incapacidad para hacer política en su sentido más pleno. Los
conflictos se resuelven convocando tanto a los actores como a los afectados, intentando
proponer medidas de consenso que permitan deponer posiciones extremas sin
sacrificar principios fundamentales, en un marco general de transparencia y
apertura a las razones del otro. Los actores principales del gobierno muestran
serias dificultades para la deliberación y la negociación, actividades
políticas esenciales para enfrentar problemas básicos que afectan la
convivencia social y la estabilidad política del país. La opción por la
tecnocracia en desmedro de la política parece pasarle una temprana factura a la
administración PPK. Nos preguntamos si el presidente tendrá el juicio y los
reflejos necesarios para tomar acciones que reviertan esta complicada situación
en breve plazo, y si cuenta con los cuadros para llevar a cabo estas acciones.
(Aparecido primero
en Ideele N° 271).
En efecto, un periodo bastante complicado. La inestabilidad que se generó poco antes de la salida de PPK llegó a afectar la economía del país. Por otro lado, desde el momento en que el fujimorismo obtuvo mayoría en el congreso, era evidente que el gobierno no tendría posibilidad alguna. De acuerdo con tu análisis.
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