NI OLVIDO NI IMPUNIDAD

REFLEXIONES ÉTICAS SOBRE UNA MARCHA

Gonzalo Gamio Gehri[ 1]

1.- Un hecho polémico.

Hace unas semanas una noticia llamó severamente la atención de la opinión pública. El MOVADEF – agrupación que opera como brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso – realizó una marcha con ocasión del día del Trabajo en Lima. La movilización incluyó la exhibición de una pancartas con el retrato de los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, cuya excarcelación reclamaban recurriendo a una idea espuria de ‘reconciliación’. Al ser interrogados sobre el propósito de esta manifestación, uno de los dirigentes de este movimiento señaló extrañamente que ésta buscaba únicamente  reivindicar “los intereses históricos de la clase obrera”.

El evento desencadenó la indignación de un sector importante de nuestra “clase política”, que consideró que el gobierno no había tomado las medidas adecuadas para prevenir esta manifestación, o quizá interrumpirla una vez iniciada. El fujimorismo insiste hoy en interpelar al ministro del interior a causa de esta situación. Muchos políticos, periodistas y abogados indican que los integrantes del MOVADEF que participaron en esta marcha incurrieron en el delito de apología del terrorismo; otros aseveran que tales acciones no corresponden específicamente a lo que establece la ley, y se han propuesto modificarla. Los medios de comunicación han cubierto la noticia poniendo énfasis en el lamentable espectáculo de los manifestantes enarbolando pancartas con las fotos de los líderes senderistas, y a su lado, presentar a policías vigilando que el evento se desarrolle con orden y normalidad. Se ha explotado el escándalo, y se ha soslayado la tarea de confrontar políticamente a este cuestionable movimiento.

Existen importantes cuestiones de principio que es preciso considerar con cuidado, pues atañen a la ética que subyace a una cultura política específicamente republicana. La estrategia legal punitiva contra MOVADEF no puede ser el núcleo de la lucha contra esta clase de integrismo ideológico y su condenable difusión en nuestra sociedad. Es cierto que debemos estar alertas frente a cualquier forma de apología del delito, y que el Estado debe contar con una estrategia de inteligencia policial que sea eficiente en la medida en que pueda realizar un seguimiento adecuado de las acciones de estos grupos que evidentemente tienen conexiones con las organizaciones terroristas. También es pertinente hacer ajustes a la ley, para prevenir y combatir cualquier forma de incitación a la violencia. Pero creo que estamos dejando de lado dos asuntos importantes en este debate sobre qué hacer con colectivos como MOVADEF. Es preciso no perder de vista que la lucha contra estos movimientos se enmarca en la lucha por fortalecer y preservar el sistema democrático en el Perú.

2.- Dos desafíos morales y políticos. La lucha intelectual contra el integrismo ideológico y el proceso de rememoración de la violencia vivida.

Se trata de una lucha política que posee un trasfondo ético muy claro. Defender la democracia supone reivindicar una forma de vida en común basada en el cultivo de un conjunto de derechos universales y libertades sustanciales que no son susceptibles de negociación. El derecho a llevar una vida tranquila y segura – sin violencia -, el derecho a expresar libremente el propio pensamiento en el marco de una sociedad abierta a una pluralidad de ideas y valores, y tantos otros derechos fundamentales. Es evidente que los grupos terroristas y sus organismos de fachada no comparten aquel trasfondo de sentido. Lo hemos vivido, ellos practicaron una ideología totalitaria que estigmatizaba toda forma de desacuerdo. Ellos cometieron terribles crímenes contra los derechos humanos en el contexto del conflicto armado más cruento de nuestra historia republicana; el Informe Final de  la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como otras investigaciones, han documentado estos hechos con rigor y detalle.

He señalado que enfrentar eficazmente a MOVADEF implica considerar dos asuntos de una particular significación para la defensa de la democracia. El primero es combatir intelectual y políticamente a MOVADEF, tanto en los espacios públicos como en las universidades. Esta clase de movimientos han encontrado una inquietante recepción en un sector de la juventud peruana que no cuenta con información rigurosa acerca de lo sucedido durante el conflicto armado interno. Esta grave situación es consecuencia de la indiferencia del Estado y de los actores políticos frente a las tareas de recuperación pública de la memoria; también es un efecto de la desidia de los partidos políticos ante la posibilidad de presentar batalla ideológica a grupos como el MOVADEF. Es cierto que en más de un sentido esta responsabilidad alcanza a toda la ciudadanía – que no puede mantenerse al margen de esta grave circunstancia -, pero compromete directamente a las organizaciones de nuestro sistema político.

MOVADEF plantea el imperio de una ideología fundamentalista y totalitaria, que rinde culto a la personalidad de un líder y que desarrolla una estrategia de acción que distingue entre fases de “trabajo político” y de “guerra popular” a partir de una presunta “lectura de la historia”, una concepción determinista y dogmática de las sociedades que no cuenta con un sustento conceptual ni empírico consistente. Ninguna de tales presuposiciones es compatible con el espíritu de la democracia. El cuidado del pensamiento crítico y el respeto por la diversidad son bienes fundamentales para un régimen libre. Este tipo de argumentos deben interrogar y desenmascarar el ideario autoritario de este y otros grupos extremistas. El debate público sobre estos problemas – y sus consecuencias para nuestras instituciones – resulta crucial para nosotros.

Este debate requiere de la presencia de los partidos políticos, aunque no sólo ellos. Los partidos han abandonado hace tiempo las tareas de formación intelectual de sus militantes, y han perdido presencia en los movimientos estudiantiles. Se han convertido en cascarones o vientres de alquiler para los proyectos electorales de individuos o grupos particulares de interés. Difícilmente en esa condición podrán convertirse en alternativas a programas sectarios como los de MOVADEF y otros. Los intelectuales y los estudiantes tienen asimismo una responsabilidad especial en esta lucha de ideas; ellos han de vindicar el lugar central del argumento y la evidencia en el debate público y académico. Han de procurar preservar la institución universitaria como un reducto de investigación y pensamiento, un escenario que rechaza el mero recurso a dogmas y slogas sin contenido racional. Otras instituciones de la sociedad civil, como los sindicatos, los colegios profesionales y las ONG, pueden convertirse en espacios de deliberación sobre lo que es justo y convergente con un ethos democrático.

Alguien podrá alegar que esta discusión se tornará estéril, porque el espíritu del MOVADEF y organizaciones similares, sedientas de ortodoxia, no podrán ser persuadidos por el mejor argumento. Es cierto que quien no es sensible al trabajo del diálogo no será capaz de escuchar y modificar sus convicciones, pero esta clase de debate público es para beneficio de toda la sociedad, que debe ser testigo de la debilidad del modelo de justicia y de comunidad política que exhiben grupos integristas como MOVADEF. La sociedad peruana debe reconocer las razones que hacen que Sendero Luminoso y sus defensores representen opciones de muerte y supresión de las libertades para los ciudadanos. Este debate cumple un rol tanto pedagógico como ético-político.

El segundo asunto relevante tiene que ver con la significación del proceso de  esclarecimiento de la memoria como un elemento básico de la construcción de la justicia en una genuina democracia. El MOVADEF propone una amnistía general para las personas involucradas en los crímenes cometidos contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Pretenden con ello favorecer a los senderistas presos por terrorismo. Amnistía es amnesia e impunidad, es borrón y cuenta nueva. Se trata de una medida que toda la legislación global en materia de derechos humanos rechaza con razón. Sobre la base de políticas de olvido y suspensión de la justicia no puede edificarse una sociedad libre e inclusiva. Una verdadera reconciliación exige honrar el derecho a la verdad y a la justicia que demandan las víctimas de la violencia. Esta es una crítica que alcanza no sólo al radicalismo de izquierda, sino también a la extrema derecha, hoy tan proclive a considerar un inaceptable indulto a Fujimori como objeto de negociación política; tal parece que la práctica antidemocrática del culto a la personalidad del líder va más allá del signo ideológico de los adeptos.

Si creemos en la justicia, en su capacidad de regular nuestra vida en común, debemos cerrar filas ante este tipo de proyectos. Ni olvido ni impunidad en materia de derechos humanos. Estamos hablando de la vida y de la dignidad de los peruanos más vulnerables, quienes fueron víctimas de crímenes terribles.  Para evitar que situaciones así se repitan debemos hacer memoria, y tenemos que librar una batalla ética y política para desenmascarar la doctrina y las prácticas de quienes desataron la tragedia más cruenta que enlutó nuestro país.  

(Aparecido en Ideele Nº 270)

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[1] Doctor en filosofía por la Universidad de Comillas. Profesor de la UARM y de la PUCP.