El artículo fue publicado en la Revista Ideele Número 231
SIN UN NORTE CLARO
Gonzalo Gamio Gehri
A punto de cumplirse dos años de
la gestión del Presidente Humala, uno se pregunta seriamente por la dirección
que ha tomado o habría de tomar su gobierno. La suscripción de una Hoja de Ruta
democrática convenció a muchos ciudadanos, que decidimos apoyar su candidatura
en la segunda vuelta de las elecciones del 2011 – especialmente a quienes
considerábamos (y seguimos considerando) a la otra opción política notoriamente
peligrosa y malsana -, pero hoy es casi inevitable sentir que la actual
administración está perdiendo la brújula, particularmente en cuanto a la dirección
de lo político. Efectivamente, la economía permanece relativamente estable, más
allá de algunos sobresaltos, pero el manejo de la cuestión política genera
serias preocupaciones.
El reciente incidente suscitado
por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el Banco Central
de Reserva y la designación del Defensor del Pueblo revela la gravedad de esta
situación. El Congreso de la
República – en cuya actual composición el partido de gobierno
representa la primera minoría – debió asignar esas plazas hace muchísimo
tiempo. Debió, además, tomar en consideración la preparación académica de los
candidatos, así como el historial de desempeño profesional y la suscripción
principios democráticos por parte de de los mismos. Se trata de organismos de
control, que requieren de personas preparadas y honestas, con vocación de
imparcialidad frente a la potencial influencia del gobierno y de los grupos
políticos. El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo
son instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de los ciudadanos en
conformidad con la
Constitución y las leyes. En abierta contradicción con la
naturaleza de esta elección, las organizaciones políticas con representación en
el Congreso decidieron negociar cuotas de poder y repartirse las plazas en
estas instituciones públicas.
Quien determinó el mayor número
de plazas para el Tribunal Constitucional fue el propio partido de gobierno. Resultaría ingenuo
pensar que estas gestiones no contaron con la coordinación y la decisión de
miembros ejecutivo, los líderes y fundadores de Gana Perú. Tomando en cuenta a
los candidatos postulados por el oficialismo resulta claro que el criterio para
elaborar la lista de candidatos no fue académico sino “político”: se pretendía
colocar en el Tribunal a personajes que contaran con la confianza del gobierno
y comulgaran con su línea política. Una vez celebrada la sesión del pleno y
consumada esta controvertida elección, el Presidente de la República planteó que
los dos personajes más cuestionados – Freitas en la Defensoría y Sousa en
el TC – dimitieran de inmediato. Más allá de que se trata efectivamente de dos
candidaturas cuestionadas en virtud de argumentos sólidos, no resultaba difícil
identificar el cálculo tras la sugerencia presidencial. En general, la reacción
de Ollanta Humala resultó evidentemente tardía, y respondió a la manifiesta
indignación ciudadana frente a la conducta irresponsable de los grupos
políticos, irresponsabilidad compartida por quienes, desde el ejecutivo,
participaron en las coordinaciones del oficialismo para llevar a cabo esta funesta
componenda parlamentaria.
Creo que esta es una situación
que grafica bien la actitud del ejecutivo en cuanto a la conducción de los
conflictos propiamente políticos en el país. Se proponen llevar a cabo alguna
medida polémica – como estas designaciones, o el tema Repsol -, y se espera
sopesar la reacción de la opinión pública para tomar una decisión, o avanzar en
una determinada dirección. Este proceder genera una sensación de tibieza y de
ausencia de un genuino programa político. Revela también – especialmente en el
caso que discutimos – una cierta pobreza en materia de convicciones
democráticas en el grupo de personas que lleva las riendas del gobierno en la
hora presente. Resulta notorio que la distribución del poder no constituye una
prioridad para la actual gestión, tampoco existe un gran interés por promover
la meritocracia como una pauta para asignar responsabilidades en el ejercicio
de la función pública. Lo que encontramos es una buena dosis del mismo juego de
fuerzas de antaño. Quienes abrigábamos la (no tan secreta) esperanza de que el
gobierno de Humala siguiera la estela política del proceso de transición
democrática iniciado en el año 2000 encontramos hoy razones para sostener que
la actual administración ha decidido reproducir los viejos patrones de la
política criolla, aquella centrada en la que la pugna entre intereses de
facción antes que en el fortalecimiento de las instituciones.
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