EL EXTRAÑO ARGUMENTO DE LA ‘MADUREZ POLÍTICA’

Gonzalo Gamio Gehri

Dos o tres columnistas de opinión de un medio de internet expresamente conservador han construido un especioso y defectuoso argumento político-electoral e ideológico. Luego de la exclusión de dos candidatos – noticia que recibieron con gran entusiasmo – han alertado a la población que la sociedad peruana se dirige a una situación de polarización. El país se divide hoy - sostienen - entre “fujimoristas” y “antifujimoristas”. Curiosamente, saludaron el fallo del JNE contra Acuña, pero se sienten preocupados ante la hipotética exclusión de la candidata de Fuerza Popular por una falta semejante. Temen que los “antifujimoristas” desarrollen una actitud supuestamente “irresponsable”; ponen las manos al fuego por el nuevo espíritu “democrático” de los fujimoristas – aducen que han ejercido una “prudente oposición” desde hace quince años -, y sugieren que los críticos de Fujimori  se impongan una disposición conciliadora con los fujimoristas, evocando la experiencia de las transiciones chilena y española. Incluso hablan (ahora sí, pero en sus términos) de la pertinencia de la  ‘Reconciliación’.  

Uno no sabe exactamente si estos columnistas son realmente ingenuos o si están participando en un extraño ajedrez ideológico local. Para empezar, sus modelos históricos no han sido descritos con rigor. Las transiciones chilena y española no han sido procesos exentos de cuestionamiento. El paso chileno a la democracia estuvo lastrado de múltiples ‘enclaves autoritarios’, como los denominan los especialistas (que incluían posiciones estratégicas de funcionarios del régimen de Pinochet, entre otras condiciones planteadas desde la dictadura); la transición española supuso la negociación de una amnistía para los actores de la guerra (que tuvo lugar cerca de cuarenta años antes) y la dictadura. Amnistía significa  - como es sabido - impunidad y silencio.

La dictadura de los noventa es un hecho doloroso y reciente. Los “vladivídeos” documentan la podredumbre de un régimen mafioso, de un grupo político oscuro y de sus cómplices en las fuerzas del orden, la empresa privada, los medios de comunicación, los partidos políticos. El escándalo de corrupción fue mayúsculo. El intensivo “lavado de cara” que ha realizado la prensa involucrada con ese régimen a esos personajes no ha sido suficiente para que mucha gente olvide los crímenes del fujimorato: delitos contra los derechos humanos, corrupción, compra de conciencias, esterilizaciones forzadas, destrucción de la institucionalidad, vínculos con el narcotráfico, etc. Muchos peruanos no pueden olvidar la huida a Japón, la renuncia por fax, entre otros gestos políticos vergonzantes. El fujimorismo no ha roto completamente con ese pasado, dada la ambivalencia de su discurso y la pervivencia de prácticas lesivas de la democracia, como el clientelismo y el lamentable “pan y circo”. La violencia hay que desestimarla siempre - eso está fuera de cualquier discusión -, pero la protesta  política observante de las leyes contra lo que significa el fujimorismo está plenamente justificada.

Alberto Fujimori está preso por crímenes comprobados. No queremos que en el Perú prevalezca la impunidad frente a ellos. Ni en España ni en Chile los hijos de los dictadores han pretendido generar “organizaciones dinásticas”, movimientos políticos de un retorcido caudillismo que se han convertido en verdaderos feudos familiares. La construcción de candidaturas basadas en el ADN de Pinochet o Franco habría impedido la marcha de la democracia en aquellos países, o habría suscitado severos problemas y preocupaciones en los espacios de opinión pública. La derecha chilena y el Partido Popular han sabido asumir una estructura democrática y un discurso republicano o liberal / conservador. El fujimorismo no ha desestimado sus raíces autoritarias. Su entorno político más relevante data de los noventa.

Un análisis detenido de aquellos alegatos falsamente “conciliadores” revela sus lagunas y equívocos. La desconfianza frente al legado y las  propuestas del fujimorismo no es un signo de “inmadurez”, sino es expresión de una perspectiva histórica basada en los hechos. Un  juicio fundado en una conciencia civil. Nos tomó a los peruanos diez años recuperar las instituciones democráticas. No resulta extraño que queramos preservar los bienes propios del Estado de derecho contra cualquier peligro potencial que pudiera debilitarlos.