EL CONGRESO, MARTHA CHÁVEZ Y LOS DERECHOS HUMANOS

Gonzalo Gamio Gehri

El problema se inició el último Halloween y terminó abruptamente hace unos pocos días. Martha Chávez fue, por un tiempo fugaz, la coordinadora del grupo de trabajo parlamentario de derechos humanos, entidad encargada de evaluar y dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones planteadas por la CVR. Nadie objetaba que la congresista mencionada esté habilitada formalmente para acceder a ese puesto, lo que se cuestionaba es la pertinencia de la designación. Difícil concebir a una persona menos idónea que Martha Chávez para desempeñar con esmero tales funciones.

No se trata esta vez de defender el Informe Final – el documento se defiende bien, ya resulta un problema crónico que los políticos sigan criticándolo sin haberlo mirado -  sino de una simple revisión de las declaraciones y el comportamiento de la parlamentaria en torno al tema de los derechos humanos. La técnica reiterada de descalificar a las víctimas – o estigmatizarlas -, amenazar con denunciar a los denunciantes, tratar como terroristas a los activistas de derechos humanos, sugerir auto-torturas, apoyar medidas de impunidad y de amnesia legal y política, etc., tan característica del discurso de los exponentes más fundamentalistas del fujimorato, encontró en ella una ejecutora implacable.

Creo que es justo pensar que esa clase de trayectoria y conducta política no alientan ni la investigación ni la acción en materia de derechos humanos. No me preocupa si este cargo lo ostenta un conservador o un liberal o un socialista – los derechos humanos son (o deben ser) parte del ideario de cualquier organización política sensata -, pero creo que la designación debió recaer en alguien que no hubiera participado del funesto cinismo político que definió la conducta del gobierno de Fujimori en este aspecto central de la vida en común.

 Lo que sorprende es la hipocresía de los parlamentarios que inicialmente apoyaron su candidatura, votaron por Martha Chávez y luego – ante la preocupación de parte de la opinión pública -, se esforzaron por desactivar el grupo de trabajo. Estaba claro que elegir a Chávez implicaba una afrenta – y un desafío – a quienes valoran las políticas de derechos humanos. El grupo de trabajo ya fue disuelto, pero el incidente revela un hecho político, la poca o ninguna importancia que nuestra autodenominada “clase política” le asigna a los derechos humanos. Ella bloquea las políticas de justicia transicional, pero ni siquiera se esfuerza por construir una “memoria alternativa” que debata conceptual y políticamente con la memoria que pretende recusar.

“Si uno considera el sentido de la injusticia tal como Rousseau, como algo innato y naturalmente proporcionado, entonces debe, al menos en principio, dar crédito a la voz de la víctima más que a la del funcionario, a la del acusado de haber causado daño o a la de los ciudadanos que se evaden de su deber”. Más allá de las sutilezas antropológicas y ontológico - morales, estas expresiones de Judith Shklar ponen de manifiesto la importancia de escuchar y contrastar la voz de las víctimas en la construcción de la respuesta democrática frente al problema de la injusticia. Lo mínimo que debemos esperar de quienes prometen dedicarse a la defensa de los derechos humanos es que le otorguen un lugar fundamental al testimonio de las víctimas y a sus legítimas exigencias éticas y legales en materia de memoria y reparación.